Alberto Aziz Nassif

¿Va en serio la regulación a monopolios?

13 de abril de 2010


La iniciativa que presentó la semana pasada Felipe Calderón en contra de las prácticas monopólicas, llega como parte de la agenda que anunció durante el mensaje del Tercer Informe de Gobierno. Como bien nos recuerda Miguel Ángel Granados Chapa, la primera acción del gobierno legítimo de López Obrador (AMLO), el día 22 de noviembre del año 2006, fue una iniciativa de “Ley de Precios Competitivos” para beneficiar al consumidor.

En ambos casos se establece que las prácticas dominantes de mercado afectan a los consumidores y, de forma más pronunciada, al sector de menores ingresos. En la presentación de Calderón se menciona que hay 30% del gasto de los hogares que “tiene algún tipo de problema en la competencia, y en esos mercados los consumidores gastan alrededor de 40% más de lo que les costarían los bienes y servicios si existieran más empresas ofreciéndolos en condiciones competitivas. Este problema es mayor aún cuando se trata de los hogares más pobres del país, porque destinan más del 40% de sus ingresos a pagar bienes y servicios que son más caros simplemente porque hay pocas, o incluso una sola empresa que los produce”. En 2006 AMLO señaló en su iniciativa que había un serio desnivel de precios entre México y Estados Unidos y puso varios ejemplos: cemento gris, 223% más caro en México que en Estados Unidos; internet de banda ancha, 260% más; teléfono celular 312%; teléfono de línea fija 65% más; electricidad comercial 131%; cablevisión básico 116%; comisión bancaria compras con tarjeta en almacenes 3600% más.

La iniciativa de Calderón propone un decálogo de medidas que van desde la simplificación de trámites, la introducción de la figura de audiencia oral, pasando por un incremento en la penalización de las prácticas monopólicas, hasta la transformación de la Comisión Federal de Competencia para darle más facultades y mejores instrumentos para la regulación. Sin que se considere que esta reforma pueda representar un cambio automático, porque todavía falta ver si se aprueba y en qué términos, luego tendríamos que ir a ver cómo se regulan a esos poderosos intereses de los que está plagado el deficiente mercado en nuestro país.

En la mayoría de las evaluaciones internaciones nuestro país se ha deteriorado, sobre todo las capacidades regulatorias del Estado. En los últimos años hemos retrocedido en materia de gobernabilidad, de respeto a los derechos humanos y, por supuesto, México ha perdido competitividad.

Recientemente se hizo una evaluación sobre los cuatro órganos reguladores y tres de ellos fueron reprobados por el grupo de expertos a los que convocó el Centro de Estudios Espinoza Iglesias. Una de las peores caras del México público es su debilidad institucional, sobre todo cuando se trata de la regulación de bienes y servicios. Existe una cultura de competencia débil; las reglas están mal diseñadas y son insuficientes; el desempeño de los funcionarios suele darse en un contexto de instrumentos poco efectivos y enormes presiones corporativas de las grandes empresas, por lo cual la regulación es muy ineficiente. En el estudio “Evaluación del desempeño de los órganos reguladores en México” se reprueba a los órganos que regulan la energía, las telecomunicaciones y la competencia, y sólo se salvó la Comisión Bancaria y de Valores, pero incluso se considera que en un contexto financiero más competitivo y robusto, posiblemente también se volvería ineficiente.

Sin duda, estamos ante uno de los problemas estructurales más importantes para el desarrollo del país. Cualquier logro serio en materia de regulación y penalización de prácticas monopólicas constituye un avance, no sólo para mejorar la economía de los hogares y de los sectores con menos ingresos, sino para recuperar un poco la capacidad del Estado y disminuir la captura en la que estamos atrapados cada vez con mayor fuerza. Si se piensa en términos de Estado de derecho se trataría sólo de cumplir con el artículo 28 de la Constitución. Imaginemos que se pueda meter a un orden racional y competitivo a Telmex, Telcel, Televisa, Televisión Azteca, Cablevisión, Cemex, a la red de hospitales del grupo Ángeles y un muy largo etcétera de empresas, cuyas prácticas afectan la economía de millones de hogares.

La semana pasada vimos cómo Televisa estuvo detrás de la reforma de medios que se presentó en el Senado, iniciativa que pretende la renovación automática de las concesiones. Por eso frente a la pregunta: ¿van en serio la regulación a monopolios? La respuesta es una gran duda…

Investigador del CIESAS

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