Ssa y Hacienda: sin control, millonarios pagos publicitarios
| Autor: Mayela Sánchez | Sección: Medios
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Las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público gastaron, en conjunto, más de 300 millones de pesos en publicidad durante 2009. Mientras Hacienda deja sin ejercer una tercera parte de los recursos dispuestos para tal fin, Salud gasta cuatro veces más de lo que le fue autorizado. Las incongruencias entre los montos gastados que reportan las dependencias y las que maneja la Secretaría de Gobernación revelan la discrecionalidad con que se entregan recursos públicos a los consorcios mediáticos
Entre las secretarías de Estado que más dinero gastaron en publicidad en 2009 se encuentran las de Salud (Ssa) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sólo por debajo de Turismo. En conjunto, ambas dependencias erogaron 305 millones 483 mil 410 pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob). No obstante, los datos ofrecidos por la instancia responsable de asignar la publicidad oficial no concuerdan con la información dada por las propias dependencias.
La Ssa señala un gasto de 195 millones 13 mil 990 pesos para la partida 3700, correspondiente al rubro de publicidad y comunicación social, mientras que la Segob le atribuye una erogación de 158 millones 197 mil 770 pesos. La diferencia entre montos supera los 36 millones de pesos, además de que ninguna de las dos cifras coincide con la cantidad autorizada en el presupuesto de egresos de la secretaría (44 millones de pesos).
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 (PEF09) estipuló que no podría incrementarse ni se realizarían ampliaciones al gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad. No obstante, el monto que reporta la Ssa es 4.4 veces mayor al presupuesto que le fue autorizado.
Para el mismo rubro, a la SHCP le fueron autorizados 184 millones 100 mil pesos, de los que la Segob refiere como gastados 146 millones 512 mil pesos. Las facturas de las erogaciones hechas por la secretaría, cuyas copias posee Contralínea, suman 122 millones 333 mil 815 pesos, es decir 24 millones menos de lo que reporta la Segob y amparan apenas el 66.4 por ciento del monto total autorizado.
Cifras contradictorias, asignaciones desiguales
El gasto en medios electrónicos, periódicos y revistas, sumó 115 millones 504 mil 918 pesos en la Ssa y 105 millones 632 mil 347 pesos en Hacienda, de acuerdo con datos de las propias dependencias. En ambos casos, más del 80 por ciento de los montos se otorgó a televisoras y radiodifusoras.
De esta cantidad, la Ssa avaló únicamente 10 millones 388 mil pesos como entregados a medios electrónicos. La cifra equivale apenas a la décima parte de lo que reporta la Segob como gasto ejercido por dicha dependencia hasta octubre de 2009. Así, mientras la Dirección General de Comunicación Social de la Ssa señala que en publicidad en radio se erogó únicamente 1 millón 1 mil 36 pesos a favor de la Cadena Radiodifusora Mexicana, SA de CV, la información de la Segob muestra que en realidad fueron 25 empresas las beneficiadas con contratos publicitarios, por 38 millones 471 mil 700 pesos.
Entre éstas se encuentran Grupo Radiodifusoras Capital, SA de CV, que recibió 5 millones 519 mil 890 pesos; Comercializadora de Servicios Imagen, con una asignación de 3 millones 241 mil pesos; Grupo Radio Centro, con 2 millones 656 mil pesos, y Radio América de México, con 2 millones 109 mil pesos. El consorcio Cadena Radiodifusora Mexicana, SA de CV, también figura, pero con una asignación 360 mil 544 pesos mayor a la señalada por la Ssa.
Para publicitarse en televisión, la dependencia erogó 57 millones 195 mil pesos. El 90 por ciento de este monto fue para dos empresas: Televisa, que recibió 26 millones 285 mil pesos, y Televisión Azteca, a la que se le pagaron 25 millones 649 mil pesos. Sin embargo, en la información proporcionada por la Ssa sólo se menciona la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean y figura con un monto de 6 millones 888 mil 546 pesos, es decir, 20 millones menos de los que en realidad recibió.
La cifra a la que alude la Ssa corresponde al contrato DF090665, firmado con Televisa para la transmisión de 18 emisiones del programa La Línea de la Salud. El costo de cada emisión (332 mil 780 pesos) supera a los 287 mil 500 pesos que la dependencia entregó al Sistema de Radio y Televisión Mexiquense para la transmisión de spots institucionales. Aun cuando el PEF09 señala la inclusión de los medios públicos en los programas y campañas de comunicación social, la Ssa destinó sólo el 3.3 por ciento de su gasto en publicidad a dos medios estatales: Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y Radio y Televisión de Hidalgo.
La SHCP favoreció con publicidad a Canal 22, Canal Once y al Instituto Mexicano de la Radio; pero al mismo tiempo contrató la transmisión de spots en sistemas de televisión restringida como Cablemás, Milenio Televisión y MVS Comunicaciones.
La Ssa señala en uno de sus contratos la conveniencia de “elevar la difusión e informar a toda la población, inclusive aquella (sic) que viva en lugares más apartados, cuáles son sus derechos en materia de salud”, también dispuso la inserción de publicidad en sistemas de televisión por cable, como Milenio Televisión, a la que le destinó 1 millón 400 mil pesos, y presupuestó 999 mil 710 pesos para la Productora y Comercializadora de Televisión, SA de CV (PCTV), que agrupa a las empresas Cablecom, Cablemás, Telecable, Megacable y Cablevisión. Los datos de la Segob, sin embargo, no constatan que estos recursos hayan sido ejercidos.
Recursos públicos en pocas manos
En los tres años que han transcurrido de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el presupuesto para publicidad y comunicación social ha aumentado, refiere el documento Gasto del gobierno en publicidad, elaborado en septiembre de 2008 por el área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC. El investigador Diego de la Mora señala en dicho texto que “no se justifica” el ejercicio de millonarios montos en publicidad del gobierno, e incluso califica de “preocupante” la proyección presupuestal que se hizo para 2009, por tratarse de un año electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados.
De la Mora alude a un monto de 1 mil 875 millones 800 mil pesos, que corresponde al previsto en el proyecto del presupuesto de egresos del año pasado para gastos de comunicación social y publicidad. Sin embargo, la información de la Segob señala que las dependencias de la administración pública federal erogaron 3 mil 203 millones 767 mil 780 pesos en 2009, es decir casi el doble de la cifra proyectada. Si se consideran todas las entidades que integran cada ramo administrativo, el monto de Hacienda suma 888 millones 576 mil 530 pesos, mientras que para Salud la cifra asciende a 332 millones 955 mil 570 pesos. Lo erogado por ambos sectores equivale al 38 por ciento del gasto total en publicidad del año pasado.
De los 221 millones 137 mil pesos que Hacienda y Salud erogaron en medios electrónicos, periódicos y revistas, los grupos empresariales que dirigen Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego fueron los mayores beneficiados, no únicamente por los contratos publicitarios que recibieron Televisa y Televisión Azteca, sino por los vínculos que tienen con algunas de las otras empresas favorecidas.
Televisa es accionista de la empresa regiomontana Multimedios, SA de CV, dirigida por Francisco González Sánchez, y que opera el sistema de televisión restringida Milenio Televisión, además de ser propietaria del Grupo Editorial Milenio.
La SHCP pagó a Milenio Televisión 1 millón de pesos y otorgó 3 millones 536 mil 622 pesos más a Multimedios, SA de CV, por la transmisión de spots. Si a eso se le suman los 366 mil 897 pesos pagados por inserciones en las páginas de Milenio Diario, 175 mil 817 pesos de Milenio Colima, 141 mil 740 pesos de Milenio Monterrey, 33 mil 468 de Milenio Tampico y 152 mil 240 de la revista Milenio Semanal, las ganancias del grupo ascienden a 5 millones 406 mil 784 pesos. Además, la Ssa pagó 4 millones 650 mil pesos al consorcio Multimedios, SA de CV, y 59 mil pesos por una inserción de media plana en la edición nacional de Milenio Diario.
Televisa también tiene el 49 por ciento de las acciones de Cablemás, vinculado con la PCTV, ambos creados por Alejandro Álvarez Guerrero. El año pasado, Cablemás recibió 2 millones 1 mil 763 pesos de la SHCP.
A las ganancias por 48 millones 728 mil 428 pesos que tuvo Televisa, se agregan los 578 mil 72 pesos que recibió Editorial Televisa, SA de CV, por inserciones de la SHCP en las revistas Tv y Novelas, Vanidades, Conozca Más, Muy Interesante, Poder y Negocios, Men’s Health y Automóvil Panamericano.
En el nicho de la radio, Televisa también recibió del erario 2 millones 519 mil 706 pesos a través del Sistema Radiópolis, SA de CV, del cual es accionaria junto con Grupo Prisa, de España.
El Grupo Salinas, que lo mismo ha incursionado en los medios de comunicación que en los servicios financieros, se benefició de la publicidad gubernamental no sólo con los 43 millones 378 mil 708 pesos que recibió Televisión Azteca de la SHCP y la Ssa, sino también con los 4 millones 120 mil 418 pesos que la SHCP pagó a la Operadora Mexicana de Televisión, SA de CV, razón social que forma parte del grupo de Salinas Pliego.
Concentraciones en medios impresos
El artículo 18 del PEF09 señala que del gasto en comunicación social del gobierno, cuando menos el 5 por ciento debía destinarse a la contratación de publicidad en medios impresos. Si bien esta disposición se cumple en ambos casos, pues periódicos y revistas recibieron 14.4 por ciento del gasto ejercido por la SHCP y 7.8 por ciento del presupuesto de la Ssa, su distribución es desigual debido a que algunos grupos empresariales concentran varios medios.
Es el caso de la Organización Editorial Mexicana (OEM), propiedad de Mario Vázquez Raña, que agrupa a 42 diarios, incluyendo a los rotatitivos El Sol de México, La Prensa y Esto. El consorcio recibió de Hacienda 612 mil 38 pesos, y de Salud, 1 millón 534 mil 240 pesos.
La empresa Ediciones del Norte, SA de CV, cobró a la SHCP inserciones en los diarios AM, Mural, Norte y Reforma. En total le fueron pagados 1 millón 739 mil 770 pesos, más 460 mil 990 de la Ssa por inserciones en Reforma.
El Grupo Servicios Informativos y Publicitarios del Sureste recibió 178 mil 403 pesos de la SHCP por anuncios en las páginas de los diarios Novedades de Campeche, Novedades Acapulco y Milenio Novedades de Yucatán. La empresa está asociada con Televisa y con Grupo Acir, el más amplio consorcio radiofónico del país. Éste, a su vez, es accionista de la empresa estadunidense Clear Channel Communications, misma que recibió de la SHCP 999 mil 343 pesos por servicios de publicidad en muebles urbanos.
El tema pendiente: la reglamentación
El pasado 1 de diciembre, el diputado por el Partido del Trabajo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, presentó una iniciativa de ley para expedir un reglamento que regule la publicidad del Estado.
El artículo 134 constitucional señala que los servidores públicos de todos los niveles tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos y que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
Sin embargo, el diputado petista evidenció la carencia de un marco normativo que garantice el cumplimiento de la ley y propuso la creación de un reglamento que establezca que no se contratará publicidad del Estado en radio y televisión, sino que se usarán los tiempos del Estado y fiscales.
La iniciativa también plantea que se permita a medios impresos y de internet contratar publicidad del Estado “conforme a criterios de equidad, objetividad, imparcialidad y transparencia, a fin de impedir su uso como censura o premio a medios de comunicación”. Asimismo, se realizaría “la contratación eficiente, transparente y unitaria de la publicidad del Estado en medios impresos e internet, estableciendo procedimientos sencillos de distribución, asignación, contratación e información sobre la publicidad contratada”.
Considera, además, la creación de un consejo de la publicidad oficial y el establecimiento de la ley de responsabilidades y sanciones como principal mecanismo para asegurar el cumplimiento de esta disposición.
La propuesta de Cárdenas Gracia no es la primera en presentarse en el Congreso de la Unión, pues en marzo de 2002, la diputada priista Lorena Beauregard presentó la iniciativa de Ley Federal para la Regulación y Control de la Publicidad Gubernamental en materia de Prensa, Radio y Televisión; en diciembre de 2003, la diputada perredista Cristina Portillo Ayala llevó al pleno la iniciativa de Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional; y en octubre de 2007, los legisladores perredistas Carlos Sotelo y Valentina Batres presentaron la iniciativa de Ley que Regule la Publicidad del Estado. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha llegado siquiera a dictaminarse. (MS)
Lunes 12 de abril de 2010
* Fiscaliza Hacienda a políticos y funcionarios
* La lista de personas políticamente expuestas
* Reporte incriminatorio del lavado de dinero
Entre 2008 y 2009, la Secretaría de Hacienda generó mil 599 reportes de operaciones inusuales y preocupantes relacionados con las llamadas “Personas Políticamente Expuestas” (PEP´s). Al elaborar y presentar a los círculos de gobierno su más reciente evaluación sobre el problema del lavado de dinero y la posible vinculación de las esferas políticas del país, Hacienda insistió, sin embargo, en eufemismos.
En el documento destaca la importancia de continuar con la práctica de detección de anormalidades operativas u actividades “inusuales” de los PEP’s para inhibir el uso del sistema financiero mexicano para actos de probable corrupción; sin embargo, nunca llamó a estas prácticas actividades ilegales. Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consideran una operación inusual aquella que no es común en el comportamiento de los clientes del mercado financiero, y que, de acuerdo con ciertas características, se puede presumir que el dinero proviene de actividades ilícitas.
Pero más allá de los calificativos eufemísticos, es un hecho, según las investigaciones gubernamentales, que fueron los políticos del mismo partido en el poder, el PAN, los que en su mayoría, casi el 30 por ciento de los políticos investigados, quienes omitieron reportar en sus declaraciones el manejo y depósito de efectivo en sus cuentas bancarias, bursátiles y de inversión.
La Unidad de Inteligencia Financiera se dio a la tarea de analizar las cuentas y movimientos bancarios para detectar posibles operaciones vinculadas con el blanqueo de capitales de 4 mil 56 candidatos de mayoría relativa; de 3 mil 134 candidatos de representación proporcional, un total de 7 mil 190 políticos que fueron colocados bajo la lupa de la Secretaría de Hacienda.
Como parte del proceso de revisión de las elecciones federales y el análisis de las operaciones de PEP’s en el sistema financiero mexicano realizado por la UIF, se procedió a buscar datos de operaciones inusuales reportadas por instituciones sobre candidatos a diputados.
Por su parte el Instituto Federal Electoral (IFE) solicitó, además, que se examinara el comportamiento financiero de estos 7 mil 190 candidatos a diputados tanto propietarios, como suplentes clasificados por tipo de candidatura.
Hacienda justifica que de éstos 7 mil 190 candidatos investigados sólo se encontraron reportes de operaciones inusuales de 45 personas (menos del 1 por cientio). Además, aclara que el total de los reportes generados se presentaron, principalmente, por anormalidades operativas más que por ser PEP’s. Sin embargo, varios de estos reportes financieros en poder de esta columna revelan graves anomalías y confirman la complicidad de Hacienda para procesarlos penalmente por el uso de dinero sucio.
Según los doumentos oficiales, algunas operaciones revelan, a juicio de la propia SHCP, “hallazgos interesantes”. Por ejemplo, el perfil declarado al abrir la cuenta no contemplaba el perfil actual de manejo de efectivo. A pesar de ello, Hacienda encontró que el depósito promedio anual era de aproximadamente de 2.5 millones de pesos, pero va de los 80 mil hasta los 8.6 millones de pesos, con una gran actividad en efectivo.
Además, en algunos casos se utilizan pólizas de seguros para introducir el efectivo en una modalidad de inversión. Lo relevante, a pesar de que sólo reporta Hacienda a 45 personas con reportes inusuales, fue que sólo cuatro generaron una declaración fiscal de acuerdo con los recursos manejados. Al identificar el origen de los recursos, las investigaciones fiscales establecieron que los recursos provienen frecuentemente de instituciones políticas, asociaciones, gobiernos estatales y negocios propios.
De esas 41 personas que no justificaron el uso de efectivo, el 80 por ciento pertenece a los principales partidos: el Partido Verdad:10 por ciento; Nueva Alianza, 7 por ciento; Salvemos México (PT y PC) 7 por ciento; Convergencia 3 por ciento; PSD 3 por ciento; PAN 29 por ciento; PRD 12 por ciento y PRI 29 por ciento. La SHCP destacó que el periodo en el que se generaron los reportes de inusualidad operativa fueron en fechas diferentes a periodos electorales.
Los reportes incriminatorios
En agosto de 2009 esta columna y la revista Contralínea dieron a conocer que, con el propósito de impedir que dinero proveniente del crimen organizado sirviera para financiar campañas políticas, Hacienda llevaba a cabo investigaciones fiscales, financieras y de lavado de dinero precisamente sobre las PEP´s que pertenecían a todos los partidos políticos.
En esa ocasión informé como el diputado federal del PRI, Emilio Chuayfett Chemor, era uno de los muchos políticos que ahora son investigados por las autoridades financieras del país encargadas de prevenir e impedir que dinero sucio proveniente del narcotráfico, tráfico de armas, fraudes financieros y secuestros, sea utilizado para financiar las campañas políticas.
Chuayfett, según los reportes de la SHCP, realizó operaciones financieras en instituciones bancarias con operaciones del país por 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron depósitos en efectivo. Hacienda buscó el origen de esos recursos para descartar que no fueron resultado de alguna actividad ilícita. No obstante, el legislador no pudo convencer a las autoridades y en el expediente abierto en su contra se estableció que Chuayfett nunca aclaró plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones “inusuales” y “relevantes”.
La SHCP explica en el documento que da a conocer los resultados globales de su investigación con la intención de que las autoridades detecten y analicen casos de alto riesgo para que sean atendidos por la autoridad competente.
También, por primera vez, Hacienda revela la metodología de sus investigaciones. Explica que en la base de datos de la UIF están aquellos reportes que incluyen dentro de los campos de razón de “inusualidad” así como la descripción y ubicación de palabras clave relacionas con PEP’s. Así, de los reportes obtenidos se realiza un filtro para determinar cuáles clasifican dentro del concepto de personas políticamente expuestas. De esta forma, resultó que con la palabra clave “Gobierno” se generaron 641; con “Secretario”, 232; con “Pemex”, mil 193; con “Juez”, 182; “Diputado”, 112; “PEPS”, 111; “Servidor Público”, 98; “Ministerio Público”, 83; “Gobernador”, 37 ; “Político”, 27 y “Congreso”, 18.
Con la palabra “Gobierno” se encontró el 40 por ciento de los reportes generados, mientras que la palabra “Secretario” fue el 15 por ciento. Considerando la entidad federativa donde se localiza la sucursal que emite el reporte, se observa que es el Distrito Federal el que registra el mayor número de reportes de operaciones inusuales y preocupantes relacionadas con PEP´s (39 por ciento del total). En otras 12 se concentra el 80 por ciento de las operaciones detectadas con más de 30 reportes cada uno.
Considerando la entidad federativa de origen del titular de la cuenta, se observa que los reportes se generaron en su mayoría para sujetos del Distrito Federal, Zacatecas, Hidalgo y el Estado de México. Las autoridades financieras del país destacan, sin embargo, que no se observa una fuerte concentración de reportes de operaciones inusuales en algún estado en particular, pero que el mayor número de las reportadas se encuentran en Estado de México, Veracruz, Zacatecas y Chiapas.
Sobre el IFE, la SHCP precisó que la “inusualidad” de los casos revisados (91 por ciento del total) corresponde con un manejo irregular de cuentas personales en las instituciones financieras, al utilizarlas para un uso diferente al inicialmente convenido con las mismas y este comportamiento no se presenta necesariamente en periodos electorales.
El pasado 8 de abril Hacienda emitió un boletín en el que hace un recuento de sus acciones contra el lavado de dinero, y precisa que en los últimos dos años la UIF recibió un promedio anual de 45 mil reportes inusuales, y remitió a las autoridades encargadas mil 277 reportes de inteligencia, es decir 322 reportes menos que los registrados entre los políticos, lo que revelaría la concentración de actividades “inusuales” entre la clase política, en donde las operaciones de efectivo parecen ser una gran constante.
Pero México, dice la SHCP, está avanzando en el combate contra el lavado de dinero y ha dado muestra de ello en la presente administración de un compromiso internacional en la lucha contra el lavado de dinero, lo que se refleja en un incremento en los reportes de actividades financieras inusuales que obedece, tanto a las acciones de revisión iniciadas por la UIF, como por la incorporación de nuevos actores al monitoreo de estas actividades, como son los transmisores de dinero y centros cambiarios.
En 2008, refiere Hacienda, se alcanzó un total de 36 mil 934 reportes de operaciones inusuales, cifra que llegó a 52 mil 958 en 2009 y hasta febrero del presente año alcanza los 7 mil 867 reportes.
Precisa que el volumen de reportes de operaciones inusuales varía de país a país y principalmente está relacionado con el tamaño de su sistema financiero, de la utilización de instrumentos de riesgo (entre otros el efectivo) y del grado de atención que se le preste a las
recomendaciones de la comunidad internacional sobre las mejores prácticas mundiales para combatir el fenómeno del lavado de dinero. Tomando en cuenta los resultados de los análisis e investigación de la clase política, también diríamos que depende del desarrollo de su democracia pero sobre todo de la honestidad de su clase política.
La SHCP también precisa otra clasificación que analizaremos más adelante: la participación de directivos del sector financiero. De hecho, si en las operaciones identificadas como inusuales interviene algún empleado de la institución, ésta debe elaborar un Reporte de Operación Preocupante. En 2008 se recibieron un total de 96 reportes de operaciones preocupantes, en 2009 se llegó a 119 y en el presente año se han recibido 28 reportes de este tipo.
Cabe señalar que una operación o comportamiento inusual detectado por las instituciones financieras puede o no referirse a operaciones originadas por actividades ilícitas, esto se debe a que las instituciones no tienen disponible toda la información necesaria para un análisis integral, es por ello que se hace necesaria la intervención de la UIF, la cual tiene mayor información, lo que le permite identificar con mayor grado de certeza aquellas operaciones que pudieron ser originadas en actividades lícitas.
Entre 2008 y febrero de 2010, la UIF remitió a las autoridades encargadas del combate a este tipo de delitos financieros un total de mil 277 Reportes de Inteligencia, 938 derivados de peticiones que la autoridad procuradora de justicia realizó y 339 derivados de análisis de la propia UIF, que se consideraron podrían estar relacionados con ilícitos.
En estos Reportes de Inteligencia se informó a la autoridad sobre 3 mil 495 sujetos, con 12 mil 536 Reportes de Operaciones Inusuales y 196 Reportes de Operaciones Preocupantes reportados por las instituciones financieras.
El lavado de dinero y las remesas
A las compañías especializadas en el envío de remesas así como los bancos que atienden este mercado, no sólo les está afectando la crisis económica sino también las fluctuaciones en el tipo de cambio y las medidas para combatir y prevenir el crimen organizado. Una de las empresas que controla más del 17 por ciento del mercado de remesas entre México y Estados Unidos, Western Union, ha invertido más de 40 millones de dólares en garantizar los controles necesarios para evitar que el dinero ilícito ingrese a sus circuitos de transferencia. Además durante los próximos dos años espera invertir más de 23 millones de dólares para garantizar la seguridad del negocio.
A pesar de ello, las compañías de este sector esperan mayor regulación por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos como por ejemplo: prohibir transacciones entre ciertas ciudades de México y Estados Unidos; imponer requisitos adicionales de capitalización para proveer los servicios de transferencia de efectivo; limitar los márgenes de ganancia o las comisiones generadas en el negocio de transferencia de efectivo; solicitar información adicional a quienes soliciten los servicios de transferencias; exigir que el monto de las transferencia permanezca en fideicomisos cuando se trate de grandes sumas así como limitar el número de transferencias a un individuo. Esto ya sucedió en Estados Unidos en donde se modificaron las reglas para ciertos servicios de pagos directos.
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