| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
Hasta ahora, el Departamento de Estado ha ocultado su papel en el financiamiento de los medios noticiosos venezolanos, una de las armas más poderosas de la oposición contra el presidente Hugo Chávez y su movimiento bolivariano. La UPAD, que sirve de intermediaria, eliminó efectivamente las huellas gubernamentales del dinero. Sin embargo, como señaló un documento del Departamento de Estado intitulado “Requerimientos Específicos de la Oficina/Programa”, las propias políticas del Departamento de Estado requieren que “todas las publicaciones” financiadas por el departamento “reconozcan el apoyo”. Pero la UPAD fue simplemente dispensada de esa provisión. “Para los propósitos de esta subvención” agrega el documento "no se requiere que el receptor reconozca públicamente el apoyo del Departamento de Estado de EE.UU.”
Antes de 2007, el mayor financiador de las actividades de “promoción de la democracia” en Venezuela no fue el Departamento de Estado sino la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) junto con la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Pero en 2005, el financiamiento velado de esas organizaciones fue denunciado por la abogada venezolano-estadounidense Eva Golinger en una serie de artículos, libros, y conferencias (revelación: este autor obtuvo muchos de los documentos). Después de que la USAID y la NED fueron desenmascaradas, obligando a la principal intermediaria de USAID, Development Alternatives Inc. (DAI), un contratista basado en Maryland, a cerrar su oficina en Caracas, el gobierno de EE.UU. buscó aparentemente nuevos canales de financiamiento, uno de los cuales parece haber sido suministrado por la UPAD.
Aunque los 700.000 dólares asignados a la UPAD, lo que señala el documento de requerimientos del Departamento de Estado, no parecen mucho dinero, los fondos se han utilizado estratégicamente para comprar los mejores medios noticiosos de Venezuela y reclutar a periodistas. Esto se ha logrado a través de la colaboración con ONG opositoras, muchas de las cuales tienen un fuerte enfoque mediático. El documento de requerimientos es el único que nombra alguna de esas organizaciones, lo que fue probablemente un descuido del Departamento de Estado, ya que en los demás documentos se han suprimido los nombres de los receptores y mucha más información. El documento de requerimientos nombra a Espacio Público y al Instituto Prensa y Sociedad, dos destacadas organizaciones vinculadas a la oposición venezolana, como receptoras de “sub-subvenciones”.
Ninguna de las dos organizaciones revela su conexión con el Departamento de Estado. Espacio Público, según su sitio en la red, es una “asociación civil no gubernamental, sin fines de lucro, independiente y autónoma de partidos políticos, instituciones religiosas, organizaciones internacionales de cualquier gobierno”. Dos o tres imágenes en el sitio son de manifestaciones contra Chávez. El otro “sub-subvencionado”, la sección venezolana del Instituto Prensa y Sociedad (IPyS-Ve) es una organización periodística basada en Perú que comenzó con financiamiento de USAID, y que ha seguido recibiendo dinero de USAID mientras lanza una serie de ataques contra Chávez. Se ha opuesto explícitamente a Chávez desde el año 2000, cuando lo acusó falsamente de dar refugio al jefe de espías del dictador peruano Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos (las propias autoridades de Chávez arrestaron posteriormente a Montesinos y lo extraditaron a Perú).
Los documentos detallan una serie de subvenciones distribuidas en pequeñas cantidades a periodistas individuales anónimos. Incluyen dos tipos de subvenciones “para información innovadora e información investigadora” y el contenido vencedor es diseminado en línea “y a audiencias mediáticas independientes seleccionadas”. Aunque no sabemos quién obtuvo esas subvenciones, sabemos que fueron sustanciales. Una de ellas consistía de 10 subvenciones de un año de 25.000 dólares cada una. Para muchos periodistas, especialmente en Latinoamérica, 25.000 dólares al año es un salario elevado. La UPAD también realiza “dos competencias, una por año, por un total de 20.000 dólares otorgados a por lo menos 6 participantes”.
El programa de la UPAD para Venezuela también apoya la educación en periodismo, con el fin de producir trabajo de investigación “vía tecnologías mediáticas innovadoras”, según un “Memorando de Acción” para una subvención del año fiscal 2007. Esta subvención incluye “una serie de entrenamientos para periodistas locales centrados en las habilidades básicas y avanzadas de información basada en Internet y de información de investigación”, según el documento de requerimientos. El programa educativo involucra a “una amplia gama de organizaciones mediáticas y medios noticiosos venezolanos, incluyendo a asociados universitarios”, en lo que apunta a “establecer un curso por escuela en información de investigación”. La UPAD propone concentrarse no sólo en universidades en la capital Caracas, sino también en otras regionales en “los Andes, Centro-Este, Zulia y la región occidental del país”. En cada región, “los asociados locales firmarán acuerdos con instituciones académicas que enseñan comunicaciones sociales”.
Las revelaciones de financiamiento estadounidense de periodismo venezolano siguen de cerca un informe publicado en mayo por el think tankeuropeo de centroderecha FRIDE, que estableció que desde 2002 EE.UU. ha gastado entre unos 3 y 6 millones de dólares por año “en pequeños proyectos con partidos políticos y ONG” en Venezuela, con fondos distribuidos a través de una sopa de letras de canales cambiantes y entrecruzados. (El informe fue eliminado del sitio de Internet de FRIDE poco después de su publicación.) Por lo tanto parece que el programa de periodismo de la UPAD forma parte de un programa mucho más amplio de refuerzo de la oposición venezolana.
Es posible que los periodistas y estudiantes venezolanos que se beneficiaron con las subvenciones y la educación desconocieran que los sufragaba el Departamento de Estado. Sin embargo, el apoyo encubierto de un Estado extranjero a un periodismo aparentemente independiente viola principios básicos de integridad profesional.
rJV
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