De promulgarse como está se desalentaría la inversión, considera en la argumentación

Por contradictoria y confusa veta el GDF la ley de establecimientos

Devuelve el ordenamiento a la ALDF

Plagada de calificativos, la respuesta no alude a la extensión de horarios en antros ni a la obligatoriedad de proporcionar estacionamiento gratuito

Raúl Llanos

Periódico La Jornada

Lunes 19 de julio de 2010, p. 31

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) vetó la nueva Ley de Establecimientos Mercantiles para esta capital, por considerar que los diputados locales aprobaron un documento plagado de contradicciones, imprecisiones, falto de consistencia,excesivo en requisitos, confuso en ciertos términos que generan incertidumbre jurídica, e incluye trámites que parecieran incentivos para la corrupción.

El 29 de abril pasado, los diputados de PRD, PRI, PT y Partido Verde aprobaron por 40 votos a favor y 18 en contra (PAN y los perredistas Horacio Martínez, Valentina Batres, Beatriz Rojas y Carlos Augusto Morales) el dictamen sobre dicha ley, luego de una intensa y ríspida sesión.

Las nuevas reglas de operación para los negocios de esta ciudad incluían, entre otros puntos, la polémica ampliación del horario para los llamados giros negros, de las 3 a las 5 horas, siempre y cuando cumplieran con 23 requisitos de seguridad, entre ellos: tener un médico de guardia, alcoholímetros portátiles, arcos detectores de metales e impulsar programas en favor del consumo responsable de alcohol.

También disponía que los antros no podrían ubicarse en zonas habitacionales; dividía en tres las categorías según su giro: de bajo impacto, de impacto vecinal y de impacto zonal; además obligaba a los dueños de cadenas comerciales a otorgar gratis dos horas de estacionamiento.

La iniciativa de dicha ley fue presentada inicialmente por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, en noviembre de 2009, pero, luego de varias negociaciones y cabildeos con autoridades, empresarios y diversos sectores de la sociedad, los legisladores hicieron varias modificaciones, las cuales aprobaron el penúltimo día de abril, y lo enviaron al mandatario capitalino para su publicación y entrada en vigor.

Sin embargo, luego de una intensa revisión, el GDF consideró que de publicar el documento tal cual desalentaría la inversión y no cumpliría con la intención de simplificar la apertura de negocios, por lo que decidió devolverlo a los diputados con observaciones, las cuales se mantuvieron en reserva durante varias semanas en la Comisión de Gobierno de la ALDF.

El documento está firmado por el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, y engloba en tres apartados las observaciones: insuficiencia de los alcances de la simplificación de trámites y del fomento a la actividad productiva, inconsistencias en el contenido del Proyecto de Decreto y respecto del marco normativo del Distrito Federal, e imprecisiones en el contenido del Proyecto de Decreto.

No cuestiona temas polémicos que surgieron antes, durante y después del proceso de dictaminación de la citada ley, como el cierre de los antros hasta las 5 de la mañana, y la obligación de dar dos horas gratis de estacionamiento.

Entre los señalamientos del GDF está que los diputados hicieron modificaciones al decreto con las que restan facultades al jefe de Gobierno, como ordenar verificaciones o crear programas para el otorgamiento de tarifas preferenciales en negocios que presten el servicio de estacionamiento.

Además, las autoridades resaltan que el decreto no avanza en la simplificación administrativa. Cita, por ejemplo, que poner 10 días para conceder un permiso parecería más bien un incentivo para la corrupción, y califica de excesivo colocar avisos diversos en los negocios.

Menciona que en el texto se fijan obligaciones iguales para un antro que para una farmacia o un salón de fiestas. Señala que hay confusión en lo que es un permiso y una solicitud de permiso, y cuestiona que se imponga al GDF crear un sistema nocturno de transporte.

El documento –fechado el 29 de junio– será entregado hoy por la Comisión de Gobierno a las comisiones dictaminadoras: la de Administración Pública Local y la de Fomento Económico, para que determinen qué observaciones se aceptan y elaborar un nuevo dictamen.