Astillero
Pruebas de fe
Martirologio riverino preventivo
Más casos de pederastia clerical
Nuevo libro de Sanjuana Martínez
Con un sentido divino de la oportunidad, Norberto Rivera Carrera ha pedido refuerzos policiales a su alrededor y ha acelerado la campaña para declararse mártir religioso, cuando en Estados Unidos aumentan las versiones de que una corte californiana está por declararlo sujeto a proceso judicial por proteger a un sacerdote que ha abusado sexualmente de niños y cuando en México está por salir a la venta un libro en el que se documenta otro caso en el que el cardenal duranguense, junto con otros obispos, ha puesto sus santos oficios al servicio de un cura violador de infantes y pornógrafo (en ese libro también se mencionan las tareas de encubrimiento y protección a la pederastia realizadas en Guadalajara por otro cardenal, Juan Sandoval Íñiguez, y en León por el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago).
Rivera Carrera se dice amenazado de muerte y ante las caritativas cámaras de Televisa se ha mostrado vulnerable, desamparado, en permanente zozobra. Cualquier día de estos, ha dicho, le pegan un balazo o lo golpean. Como prueba, la arquidiócesis de México emitió un comunicado de prensa en el que relata que el pasado domingo un grupo de personas obstruyó el paso de los vehículos que acompañan al cardenal y le habrían “agredido físicamente”, sin precisar más, aunque líneas adelante ese mismo texto oficial habla específicamente de que “los agresores patearon, escupieron y profirieron amenazas de muerte contra el Arzobispo Primado de México”. ¿Exactamente cómo fue la “agresión física” al cardenal? ¿Hay constancia “física” de la agresión personal, para que su sacra palabra tenga validez terrena? ¿O el uso escandaloso del término “agresión física” sólo es una licencia literaria que exagera los reprobables hechos en que un puñado de personas “patearon” y “escupieron” los vehículos en que se traslada? Don Norberto, tan cercano a los políticos de elite, tal vez debería tomar nota de la paciencia franciscana con que estos congéneres suyos suelen sobrellevar algunos incidentes similares, comenzando por quien formalmente ocupa la Presidencia de México y cada vez que asoma la cabeza a un acto público cosecha mucho más de lo que tanto sofoca a quien con estos incidentes tiene suficiente para referenciarlos con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 (así como las televisoras deberían preguntarse qué hizo a los legisladores de los tres partidos principales unirse en su contra, el cardenal Rivera debería preguntarse qué ha hecho él para que una parte de la sociedad le dé trato de autoridad política, que no espiritual, espuria e ilegítima).
La colocación de la religiosa sandalia en el pie cardenalicio antes de que lleguen las nuevas espinas judiciales y literarias ha servido, además, para enderezar una nueva campaña contra el PRD. Al distinguido jefe católico no le queda ninguna duda de que sus agresores son los mismos que a nombre de resistencias civiles pacíficas y perredismo desestabilizador “han hecho rutina la profanación de la sacralidad de la Catedral Metropolitana” y cometen “terribles sacrilegios”. Los microestrategas electorales de Los Pinos deben estar felices con las declaraciones norbertinas que equivalen a declarar al PRD como un peligro para la Iglesia, lo que, aunado a la posibilidad de que el Papa B-16 visite México antes de los comicios intermedios de 2009, daría al panismo felipista inmejorables condiciones de quedarse ¡al fin! con el estratégico control reformista de la cámara federal de diputados. ¡Santas grillas, Beto!
El próximo martes 16, en la Feria del Libro de Monterrey, Sanjuana Martínez presentará su nuevo libro, Prueba de fe; la red de cardenales y obispos en la pederastia clerical, publicado por Editorial Planeta. El texto incluye evidencias de protección a pederastas por parte de Norberto Rivera, pues éste y otros obispos han ayudado al sacerdote Carlos López Valdés, y abusó del niño Jesús Romero Colín, quien no dejó tales historias sucias para sí, sino que creó una red de pornografía para intercambiar con otros sacerdotes, y con aficionados sin sotana, fotografías de niños varones desnudos. Otra parte del libro denuncia al jefe de la ultraderecha mexicana, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, como uno de los mayores encubridores de curas pederastas en el país, a través de la Casa Alberione, en el área metropolitana de Guadalajara (Pemex 3987, colonia Vista Hermosa, Barrio de San Pedrito, Tlaquepaque), que es una “clínica” de tratamiento sicológico y siquiátrico a sacerdotes metidos en conflictos de índole sexual, sobre todo en materia de violaciones a menores. El arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, es el personaje central del capítulo denominado “El abogado del diablo”, en el que se detalla la ayuda que a lo largo de dos años ha dado al cura pederasta, confeso y preso, José Luis de María y Campos, sentenciado a seis años de cárcel por abusar de cuatro monaguillos, de entre 11 y 13 años de edad. Martín Rábago no ha escatimado dinero ni poder para tratar de sacar de la cárcel a ese delincuente.
Prueba de fe tiene un prólogo invaluable. Por primera vez alguien desde dentro tiene el valor de hablar con honestidad sobre la pederastia clerical en México. El obispo de Saltillo, Raúl Vera, bajo el título de “Hay que denunciarlos”, señala: “La pederastia no se cura como si se tratara de una enfermedad pasajera… por eso hay que reportarlos, aunque nos dé vergüenza. Una de nuestras misiones, como la de los profetas, es anunciar la vida y denunciar todo lo que la daña”. Mientras tanto, Norberto se blinda, pide policías federales y capitalinos que le cuiden y amenaza nerviosamente con una especie de guerra santa o neocristiada. Pruebas de fe, mientras en California avanza el proceso que convertiría a Rivera en un cardenal indiciado y mientras surgen más pruebas de la protección a pederastas desde las cúpulas clericales. Y, mientras Fox sigue dando vergüenza en inglés, ¡hasta mañana, con algunos ministros de la Corte convertidos en folclor con toga en lugar de pasamontaña!
Disiente de afirmaciones en Astillero
Me refiero a lo publicado por Julio Hernández López en la columna Astillero el día de ayer en relación al “actual secretario del Trabajo”, como el columnista se refiere al señor secretario Javier Lozano Alarcón.
De la lectura de la referida columna se desprende que desafortunadamente Hernández López escribe sin haberse informado sobre las acciones y tareas que ha emprendido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante la administración del secretario Lozano Alarcón, para atender a los familiares de los mineros fallecidos en el lamentable accidente ocurrido en la mina 8 de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.
Si tan sólo el columnista hubiera consultado la página de Internet de esta secretaría, donde con absoluta transparencia se publica toda la información relacionada con la atención a las consecuencias de esta tragedia, hubiera evitado incurrir en comentarios aventurados, irresponsables y, sobre todo, desinformados, pero afortunadamente para Julio Hernández sus opiniones, aunque equivocadas, no ameritan sanción alguna y tiene el innegable derecho a seguirse equivocando en su beneficio y en perjuicio de los lectores de La Jornada.
Héctor Alcudia Goya, director general de Comunicación Social
Respuesta del columnista
Vaya tufo amenazador del encargado de la comunicación social de la Policía Federal Laboral: se enoja el funcionario porque en Astillero se cree más a los testimonios de los deudos de Pasta de Conchos que al catálogo gubernamental de autocomplacencias que sobre el caso tiene en Internet (por cierto, el “actual secretario del Trabajo” y su equipo podrían informarse, en www.astillero.tv, o asomándose a las afueras de sus oficinas, de lo que opinan esos deudos sobre sus discursos, declaraciones, boletines y páginas de Internet). Sentencia el agente Alcudia Goya que “afortunadamente” para el tecleador de “comentarios aventurados, irresponsables y, sobre todo, desinformados”, esas opiniones, “aunque equivocadas” (según el Santo Tribunal del Boletín Oficial de lo Sano), “no ameritan sanción alguna”, por lo cual ese columnista, que de otra manera sería sujeto de multas o cárcel (conforme a la lógica judicial del vocero de la secretaría del trabajo) podrá “seguirse equivocando en su beneficio” (¿guardará sus millones de dólares mal habidos en Las Lomas?) y “en perjuicio de los lectores de La Jornada” (¡Gracias, patroncito, por perdonarle la vida periodística a un aporreador de teclas!) . Nada trabajosa manera de advertirle a quien no sigue la línea oficial: “merecerías cuello, por no cooperar”.
Julio Hernández López
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