Exodo del terror

domingo, 17 de agosto de 2008

Cuando miró por el espejo retrovisor, José advirtió que dos camionetas de color oscuro lo iban siguiendo. No quería asustarse, pero las historias de secuestros son tan comunes en Tijuana que dio vuelta hacia la Zona del Río, sólo para estar seguro de que no eran sus nervios los que lo estaban traicionando. José –cuya identidad real se oculta a petición suya– cuenta que una de las camionetas viró y la otra siguió de frente. Entendió en ese momento que estaba a punto de caer en una emboscada, así que giró en círculo y aceleró a fondo. Era el mes de abril de este año y José, propietario de una docena de ferreterías en Tijuana, terminaba su recorrido de todos los días y estaba a punto de irse a su casa. El empresario cayó en la cuenta de que no había ningún lugar seguro en la ciudad, ya que por regla general la policía no acude a los llamados ciudadanos. Entonces se dirigió hacia la garita de San Ysidro. Cuando llegó a la línea, respiró aliviado. Pensó que sus perseguidores no se iban a atrever a ir por él hasta allá. Pero no habían pasado ni 20 segundos cuando los dos autos se acercaron a toda velocidad. Él ya se había detenido y, como en cámara lenta, vio a dos hombres bajarse de los vehículos y dirigirse hacia él. José no lo pensó dos veces: abrió la puerta del auto y cruzó corriendo hacia Estados Unidos, donde quedó a salvo. A raíz de este episodio José y su familia decidieron salir de Tijuana y radicar en San Diego. Su caso ilustra un fenómeno: la emigración a Estados Unidos de familias de clase media a causa de la ola de secuestros que azota a la ciudad fronteriza mexicana. “Primero fueron dentistas, luego abogados y doctores. Ahora están llegando maestros, pequeños empresarios y hasta ejecutivos de alto nivel”, dice Mireya Durazo, empleada de una agencia de bienes raíces de Chula Vista cuya página de internet, dirigida a los clientes de Tijuana, se promueve con el lema: “¿Busca un lugar más tranquilo para vivir?”. Francisco Villegas Peralta, propietario de cinco restaurantes en Tijuana, es uno de esos nuevos residentes de Chula Vista. Dirigió la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en la primera ciudad y recientemente adquirió una casa en esta zona de California por 585 mil dólares. Dice que unas 200 personas, empresarios del mismo ramo y sus familias, han dejado Tijuana durante los últimos dos años. Clara Jaramillo, presidenta de Latin Credit, otra agencia de bienes raíces de Chula Vista, refiere que entre sus clientes es común encontrar a personas mutiladas: a unas les falta un dedo, a otras un pedazo de oreja. “Llegan atemorizados y listos para adquirir alguna propiedad lo más rápido posible”. En lo que va del año Latin Credit ha vendido 50 casas a familias de Tijuana. Josie Ortiz, también vendedora de bienes raíces en Chula Vista, asegura que el año pasado vendió 20 casas a familias tijuanenses, cifra que, afirma, representa un incremento de unas 10 casas en relación con años anteriores. Uno de sus clientes es un distribuidor de alimentos que compró una casa el mes pasado, después de que un policía le dijo que su nombre aparecía en la lista de un secuestrador. Otro cliente, dueño de un restaurante en Tijuana, recibió un mensaje telefónico en el que le advertían que “iban tras de él”. Métodos del terrorismo Un exitoso contador tijuanense –cuyo nombre pide omitir– sostiene que cuatro de sus nueve amigos viven ahora en San Diego. “Se van porque tienen miedo de que algo les pase a ellos o a sus familias”, dice. Y no es que sus amistades tengan un alto poder adquisitivo, sino que ahora cualquier persona puede ser plagiada en la ciudad bajacaliforniana. Según el abogado Miguel Angel García Leyva, integrante de la Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas, en Tijuana se registran al menos dos secuestros diarios. De acuerdo con datos recientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, los secuestradores están llevándose a todo tipo de personas, incluidos niños, personas de la tercera edad y mujeres, que antes casi no eran objeto de raptos. En el sector empresarial el esquema es distinto. En la mayoría de los casos las víctimas son muchachos o adultos jóvenes de 26 a 30 años de edad con padres que pueden pagar un rescate. Son privados de la libertad frente a sus domicilios, usualmente en horario matutino. A los secuestrados que son cabezas de familia los sacan de sus casas. Los comandos tocan, entran intempestivamente o echan la puerta abajo, y cuando tienen enfrente a sus víctimas les advierten que se entreguen o, de lo contrario, sus familiares van a pagar las consecuencias. “Y no oponen resistencia. Se entregan frente a las familias, que después acuden desesperadas buscando ayuda”, señala un líder empresarial que también ha sido objeto de amenazas. El importe de los rescates varía. El crimen organizado exige desde 300 mil dólares hasta 3 millones de dólares. A las familias de clase media les piden un mínimo de 10 mil dólares. Si bien no hay una cifra oficial, banqueros, cámaras de comercio, agencias de bienes raíces y organizaciones de apoyo a víctimas de secuestros en ambos lados de la frontera calculan en mil el número de familias tijuanenses que se han mudado a San Diego en los últimos tres años huyendo de la violencia o por temor a ser víctimas de un secuestro. Pero vivir en San Diego tampoco los pone a salvo… Por razones de negocios muchas de estas familias tienen que seguir cruzando a Tijuana y eso las hace blanco de secuestros. Alex Horan, quien encabeza el escuadrón anticrímenes violentos del FBI en San Diego, describe a los secuestradores como grupos muy sofisticados que operan con los mismos métodos de las células terroristas, cada una con un jefe y con claras divisiones de trabajo y funciones. “Usualmente un grupo está encargado de realizar el secuestro, otro de transportar a la víctima, otro más de ocultarlo. Otro grupo se encarga de las negociaciones y el rescate. Muchas veces no existe relación entre una célula y otra, lo que hace más difícil la localización de los secuestrados”, dice Horan a Proceso. En 2007 por lo menos 26 residentes del condado de San Diego fueron secuestrados en Baja California. En el 90% de los casos las víctimas eran familias mexicanas de clase media, recién llegadas y sin nexos criminales. Por lo general son propietarias de algún negocio en Tijuana, Rosarito o Ensenada, y tienen parientes en San Diego. Usualmente las víctimas son hombres de unos 40 años de edad que deben cruzar la frontera varias veces a la semana. Las autoridades calculan en 10 mil las personas que viven en el condado de San Diego pero que trabajan o tienen negocios en Tijuana. “Cuando se encuentran conduciendo su vehículo en territorio mexicano, las personas son detenidas muchas veces por secuestradores disfrazados de policías”, dice Horan, y añade: “Los plagiarios portan armas y simulan un retén. En uno o dos minutos, alguien empuja a la víctima dentro de la cajuela del vehículo y se consuma el secuestro. El auto queda abandonado en el sitio”. El FBI no tiene una cifra exacta de cuantos secuestros similares a estos han ocurrido, ya que los familiares por lo general no los reportan, por temor, dice Horan. Fronteras rebasadas Pero los secuestros ya no se limitan al territorio mexicano. San Diego, y particularmente Chula Vista, vive un incremento alarmante de este tipo de delitos, los cuales son cometidos al parecer por comandos procedentes de Tijuana. La asociación Esperanza y Vida contra las Desapariciones Forzadas ha registrado 16 casos de ciudadanos estadunidenses de origen mexicano plagiados en ciudades del sur de California, así como tres casos de mexicanos secuestrados al norte de la frontera y llevados a Tijuana. “A principios de este año una persona fue plagiada junto con una menor en San Ysidro y fueron traídas a Tijuana; pagó 100 mil dólares por su liberación, pero en su cautiverio vio a otras 15 personas raptadas ahí donde lo mantenían”, cuenta Fernando Ocegueda Flores, representante de la mencionada asociación civil y de las familias de víctimas de secuestro en San Diego. A las diez y media de la noche del 8 de febrero pasado, los vecinos de Eastlake, una zona adinerada de Chula Vista en la que se han asentado numerosas familias de Tijuana, supieron que la tranquilidad suburbana que buscaban había terminado y que la ola de secuestros y asesinatos de la que venían huyendo los había alcanzado. El cadáver de Joel Fonseca Jr., un hombre que tenía de 23 años de edad, fue encontrado a las puertas de su auto, un Mercedes Benz, que se hallaba en el estacionamiento de una lujosa unidad de departamentos. De acuerdo con el guardia de seguridad, al escuchar dos detonaciones corrió hacia el estacionamiento, donde alcanzó a ver una camioneta blanca que velozmente se alejaba del lugar. La policía de Chula Vista, encargada de investigar el caso, informó que mientras levantaba las evidencias llegó un sujeto y les dijo que a él y a Fonseca los habían secuestrado tres personas enmascaradas, pero que a él lo habían dejado en libertad a una milla de distancia. El 5 de junio se repitió la escena. Esta vez Osvaldo Gil, de 42 años, fue levantado por equivocación por dos sujetos en Eastlake. Según informes de la policía, Gil salió con sus amigos a tomar unas copas y para regresar a su casa llamó a un taxi. Una vez en Eastlake, dos sujetos se le cerraron, lo bajaron del vehículo y se lo llevaron, informó el taxista. Al ver las identificaciones de su víctima, los captores se dieron cuenta de que habían cometido un error y lo liberaron 36 horas más tarde en un punto de la ciudad de San Diego conocido como South Park. Ante el nuevo plagio ocurrido en la zona de Eastlake en Chula Vista, las autoridades locales dijeron que con éste ya son cuatro los plagios ocurridos aquí en tres meses. “Ya son varios los casos que tenemos en Chula Vista, y aunque se parecen a los que ocurren en Tijuana, no tenemos manera de comprobarlo”, dijo Bernard González, vocero de la policía de esa ciudad. Darrell Foxworth, vocero del FBI en San Diego, señala que entre el 1 de octubre de 2007 y el 23 de mayo de 2008 esta dependencia ha recibido el reporte de 16 ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes de Estados Unidos que han sido secuestrados en Tijuana, así como en los condados de San Diego e Imperial, ambos fronterizos con México. “El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos secuestros han ocurrido, porque los familiares en la mayoría de los casos prefieren no reportarlos debido a que no confían en las policías o porque temen que con la participación del FBI se ponga en peligro a sus seres queridos”. (Alejandro Maciel/APRO)