Tamaulipas amago a quinistas

gabriela hernández CIUDAD MADERO, Tamps., 18 de agosto (apro).- Por lo menos un centenar de pensionados y jubilados del sindicato petrolero que poseen casas de descanso en la colonia Ambrosio Castillo --un privilegiado asentamiento humano con vista al Golfo de México y , colindante con playa Miramar, el mayor polo turístico del estado--, están en riesgo de perder su patrimonio.

Y es que el gobierno estatal, a través del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda (Itavu), pretende desalojarlos con el argumento de que carecen de escrituras que acrediten la legitima posesión de los predios que, en 1982, el entonces presidente José López Portillo cedió al gobierno estatal y éste, a su vez, los donó al STPRM, cuyo dirigente, Joaquín Hernández Galicia La Quina, los fraccionó y vendió a unos 500 trabajadores de la Sección Uno con facilidades, aunque sin escrituras.

“Eran tiempos en los que la palabra de La Quina se consideraba ley en esta ciudad”, justifica Juan Ignacio Lu Rodríguez, uno de los compradores originales.

El repentino interés del gobierno estatal por dichos terrenos no es gratuito: los lotes se encuentran a 200 metros de distancia de las apacibles aguas del Golfo de México y a menos 100 del libramiento Luis Donaldo Colosio, el corredor urbano que conecta este municipio con Altamira, en una zona que, por lo demás, se ha mantenido libre de inundaciones, a pesar de huracanes y tormentas.

Un atractivo adicional de la colonia Ambrosio Castillo es que este asentamiento se encuentra muy cerca de playa Miramar, el mayor polo turístico del estado de Tamaulipas.

Por todas esas bondades naturales que posee dicho asentamiento, en cuyo perímetro se encuentran lo que fueron el hospital Naturista y el Parque Recreativo, dos instalaciones que mandó edificar La Quina cuando dirigía el STPRM, cada vez cobra fuerza el rumor de que el gobernador Eugenio Hernández Flores tiene pactada con inversionistas españoles la construcción de un nuevo desarrolló turístico.

Desde ahora, sin embargo, los inconformes con la reubicación advierten que la única vocación que puede tener esa área es como desarrollo habitacional.

“Como es posible que nuestros terrenos los quieran para un proyecto turístico, si no existe acceso directo a la playa ya que estamos ubicados a mas de 200 metros de la Zona Federal y de la orilla de la playa, y cuando esta orilla ya esta ocupada con lujosas residencias de particulares a los cuales si se les ha escriturado”, aducen los propietarios.

A pesar de su inconformidad, los colonos han intentado hacer ver a las autoridades municipales y estatales que no están en contra de nuevos proyectos turísticos que pretendan construirse en la colonia. “Si hay inversionistas interesados en nuestros terrenos, muy bien, estamos de acuerdo, pero por qué no nos dejan que nosotros mismos negociemos con los interesados, que nos beneficiemos de la inversión que, con sacrificios, hicimos hace años pensando en el patrimonio de nuestras familias”, aclara Lu Rodríguez.

Oscar Pérez, otro de los afectados, cuenta que en las diferentes reuniones que han sostenido con funcionarios del Itavu para regularizar sus propiedades sólo les responden que la escrituración es imposible porque afecta los planes urbanos de la zona.

En entrevista, dice “prácticamente nos están diciendo que damos mal aspecto, que van a llegar nuevas inversiones y que estorbamos”.

Por tal razón, acusa a las autoridades de “discriminarlos”.

Y así se lo han hecho saber abiertamente:

“Cómo es posible que en playa Miramar, el Itavu no ponga ningún pretexto para escriturar la propiedad y a nosotros se nos pongan mil pretextos. Esto es injusto, inequitativo y discriminatorio”.

Los quejosos fundamentan sus juicios con un par de ejemplos:

La regularización de la propiedad del exdirigente municipal del PRI en Tampico, Benito Torres Ramírez, quien el 8 de junio de 2004 obtuvo las escrituras que lo acreditan como legítimo propietario de una superficie de 163 mil 886 metros cuadrados.

El Itavu también regularizó, el 16 de diciembre de 2004, los derechos de posesión de 85 mil 538 metros cuadrados en zona de playa en favor de Alfonso Franco Puebla.

A los costados y al frente de la colonia, saltan a la vista también fastuosas casas, algunas de ellas incluso con canchas de tenis y albercas, que se ubican en terrenos que antes fueron del sindicato petrolero.

Los lotes que se encuentran desocupados están siendo comercializados por el Itavu. En la parte frontal, la dependencia colocó letreros con la inscripción “en venta” y la acotación de que dichos predios están regularizados.

Oscar Hugo Guajardo, director jurídico del organismo de vivienda del estado, ha declarado en varias ocasiones que la colonia Ambrosio Castillo no se va a escriturar y, aún más, ha advertido a los inconformes que de no llegar a ningún arreglo perder el derecho a una permuta.

Leonardo Guzmán Sourberbielle, Elda Villanueva Garza y Dulce María Fernández, integrantes de la mesa directiva de la colonia Ambrosio Castillo, publicaron en los medios locales una carta en la que exponen su situación:

“Se esta realizando un acto de despojo a ciudadanos que no somos económicamente privilegiados. La mayoría somos jubilados o retirados y desde hace 20 años forjamos ilusiones de un patrimonio seguro en dichos terrenos mediante un gran esfuerzo económico para pagarlos”.

Advierten, así mismo, que advierten que es injusto que “por el hecho de que nuestros terrenos tengan una buena ubicación para ser fraccionados y vendidos a grupos poderosos, se beneficien con los mismos”.

En tiempos de La Quina

Cuando los colonos compraron los terrenos, la palabra de Joaquín Hernández Galicia La Quina

Entre 1981 y 1985, el entonces poderoso líder sindical puso en venta 500 lotes de 200 metros cuadrados cada uno con vista a la playa. Debido a las facilidades que otorgó La Quina para pagar los terrenos –en abonos semanales--, más de un centenar de trabajadores aprovecharon la oferta.

En ese entonces, era el sueño de cualquiera, aquí en Madero, de tener un terrenito cerca de la playa, como patrimonio familiar, “así que muchos nos animamos y con sacrificios fuimos pagando”, recuerda Lu Rodríguez.

Dice que cada lote tuvo un costo de 750 mil pesos “de los de antes”, y muestra los comprobantes de los pagos que hicieron en ese entonces al sindicato.

En cada uno de los recibos, hechos en papel membretado de la Sección Uno del STPRM, se puede leer: “para la recuperación de la inversión que hizo la Sección Uno para que el pueblo tenga lotes baratos que posteriormente se regularizarán de acuerdo con la ley y el Corett”.

Gracias a La Quina, el 29 de noviembre de 1982 el entonces presidente José López Portillo publicó un decreto presidencial que establecía la desincorporación de más de 5 mil hectáreas de este municipio en favor del gobierno estatal. Parte de esa suprficie comprende lo que ahora es la colonia Ambrosio Castillo.

Dicho decreto marcaba con claridad en el artículo Cuarto que el gobierno del Estado tendría que llevar a cabo la regularización de esa superficie tomando en cuenta que la titulación sería en favor de los actuales ocupantes de los predios y que las enajenaciones que se hicieran tendrían que ser por lotes “promedio de la zona”. Las ventas por encima de esa extensión, dice, se harían a precio comercial.

Con base en ese decreto, Hernández Galicia ofreció seguridad a las colonias ya existentes, repartió y vendió otras áreas, pero también regaló grandes terrenos a sus protegidos y prestanombres.

Sin embargo, nunca se preocupó por regularizar dichos terrenos. El exregidor perredista, Raymundo Mora, dice que La Quina acostumbraba dejar sin trámite legal las operaciones de tierras del sindicato y de todo lo que tuviera que ver con Madero, igual que tramitaba doble documentación sobre la misma área.

“Siempre daba por hecho que su palabra era ley y que su poder sería eterno”, recuerda el exfuncionario municipal.

Apunta que más tarde el gobierno estatal, a través del Comité de Regularización de Tierras de Tamaulipas (CORETT), empezó a meter orden en la zona, pero aclara que nunca acabó de regularizar por los intereses que La Quina detentaba en dicho asentamiento.

“Construyan, construyan, son de ustedes”, decía en repetidas ocasiones La Quina a los trabajadores que compraron predios en la colonia.

Sin embargo, en enero de 1989, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari puso fin al cacicazgo de La Quina metiéndolo a la cárcel por un presunto tráfico de armas, “los líderes que llegaron al sindicato se dedicaron a vender todas las propiedades que pudieron, pero nadie atendió las escrituraciones que estaban pendientes, entre ellas, la de la colonia Ambrosio Castillo”, rememora Lu Rodríguez,

Los documentos con los que amparan su legítima propiedad son los recibos de pago, dice Oscar Pérez, quien admite que hubo compañeros que prefirieron vender ante la incertidumbre que surgió luego de la detención de La Quina.

La escrituración inconclusa de buena parte de las 5 mil 53 hectáreas donadas por el gobierno federal en 1982, dio pie a que, en noviembre del 2002, el entonces gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba firmara un contrato con la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) –hoy Secretaría de la Función Pública-- para “formalizar” la donación de esa área.

En la declaración 1.13 del acuerdo, se aclara que lo que busca el gobierno estatal con esta acción es que los terrenos sean enajenados “a título oneroso y fuera de subasta” en favor de sus actuales ocupantes y de terceros los que se encuentren vacantes.

El perredista Raymundo Mora explica que aunque este contrato ratifica la cesión del decreto presidencial de 1982, el exgobernador Yarrington aprovechó esta coyuntura para anular todo lo hecho anteriormente y forzar a una nueva regularización.

Según Mora, Yarrigton emprendió un juicio para pedir la nulidad de los terrenos que vendió la sección Uno del sindicato petrolero, cuyos dirigentes inicialmente se defendieron, pero terminaron negociando con el gobierno estatal.

A decir de Mora, la versión que se maneja es que el sindicato cedió al gobierno estatal los terrenos de las colonias Fundadores y Ambrosio Castillo, a cambio de respetar la posesión de las áreas del recreativo y del hospital naturista.

En una de las varias cartas abiertas publicadas en los diarios locales, los colonos confirman que funcionarios del ITAVU les informaron que las autoridades estatales llegaron a un acuerdo con los dirigentes de la sección Uno del sindicato petrolero que dirige, Esdras Romero, para cederles los terrenos que La Quina vendió a los trabajadores para la construcción de un proyecto turístico.

“Cómo es posible que el secretario general de la sección Uno del sindicato petrolero, Esdras Romero, venda, done o convenga por algún interés en particular nuestros terrenos, si ellos mismos nos lo vendieron hace más de 20 años”, cuestionan los afectados.

En las últimas semanas, el gobierno estatal ha aumentado la presión para que los colonos acepten reubicarse. De no acceder, les dicen, se quedarán sin nada.
era “ley” en esta ciudad.