| Las Policías: improvisación, caos, desastre |  |  |  |
domingo, 17 de agosto de 2008 | |
| * Mientras los cárteles de la droga asesinan impunemente y se diversifican en el secuestro y la extorsión, el gabinete de seguridad del espurio Felipe Calderón sigue improvisando: cambia jefes policiacos a capricho, unifica corporaciones sin plan alguno y, sobre todo, promueve la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública -que pospuso por darle prioridad a la energética- sin depurar las corporaciones federales, hoy conocidas por su corrupción e ineficiencia  El proyecto impulsado por el secretario ilegítimo de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, es duramente cuestionado pues sólo en paìses africanos prevalece este modelo “que en Italia, Francia, Alemania, e incluso en Colombia y El Salvador, es visto como de los más atrasados del mundo”.(Ricardo Ravelo/APRO) Presentada a principios del sexenio usurpador ante el Congreso de la Unión como la panacea para abatir al crimen organizado y frenar la corrupción policiaca, la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que entre otros proyectos incluye la unificación de todas las policías del país, permanece congelada y es probable que en septiembre próximo se discuta su viabilidad, sostiene Juan Rivera Bedolla, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Otras causas que frenaron el proyecto –dice el especialista– son de carácter político, pues las policías de los estados y municipios son instrumentos de poder de gobernadores y alcaldes, y están diseñadas para servir a los intereses políticos y a poderes paralelos como el narcotráfico, no a la sociedad. Pese a las críticas, y en los momentos en que el país padece su más severa crisis en la materia, la iniciativa de reforma a los cuerpos de seguridad parece tener futuro en la Cámara de Diputados, dice el legislador priista Rivera Bedolla, quien cree posible que se concrete la unificación, aunque advierte: “No será fácil”. Entrevistado el jueves 14, el diputado explica que la unión referida –que involucraría a 400 mil policías agrupados en mil 600 cuerpos de seguridad en todo el país– está detenida porque las corporaciones están implicadas en secuestros y narcotráfico, es decir, por el crimen organizado. Por ello, explica, para aprobar la reforma es necesario depurar a todas esas corporaciones y hacer una selección de sus elementos. También tendrán que establecerse criterios estrictos para ser policía, como pasar estudios patrimoniales, registros de voces y estudios de ADN; y lo más importante: que cuenten con la misma capacitación y se les pague mejor. Los bajos sueldos de los policías alarman al legislador. Dice que con esta crisis de seguridad que azota al país “no es posible” que los policías estatales o municipales perciban sueldos que, en promedio, apenas llegan a los 5 mil pesos mensuales. Los agentes federales ganan 14 mil pesos, pero también es insuficiente, dice, porque “con estos salarios nadie quiere arriesgar su vida, y creo que tienen razón”. Las protestas que hasta ahora habían realizado policías estatales (de Sinaloa, Nuevo León y Coahuila) ya alcanzaron a las corporaciones federales. El viernes 15, unos 5 mil agentes realizaron un paro de labores en protesta porque la SSP modificó su esquema de descanso. La inconformidad se desató cuando el coordinador de Seguridad Regional, Ramón Pequeño, envió el miércoles 13 a las 34 comandancias regionales y 32 comisarías de aeropuertos el oficio 30/2008, mediante el cual ordenó que a partir del 15 de agosto sólo tendrán un día de descanso por seis de trabajo y sin la posibilidad de acumularlos. El diputado Rivera Bedolla señala que en los estados la situación de los policías es aún peor, puesto que en marzo pasado se aprobó una partida de 3 mil 500 millones de pesos para otorgarles 25% de aumento salarial a los agentes que trabajan en 150 municipios que se consideran críticos. Sin embargo, dice el priista, hasta la fecha los gobiernos estatales no han aplicado los incrementos, a pesar de que ya tienen los recursos. –¿Cuál es su diagnóstico de la corrupción policiaca en el país? –se le pregunta al presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. –Estamos conscientes de que hay infiltración –responde–, hay delincuentes dentro de las policías, y el problema es muy grave a nivel municipal, sobre todo. Por eso, antes de homologar a todos los cuerpos de policía federal, estatal y municipal, se debe limpiarlas mediante un proceso de saneamiento riguroso, que por desgracia no se ha hecho todavía. –¿Puede considerarse como un hecho la unificación de las policías a nivel nacional o cree usted que llevará mucho más tiempo? –La idea es que en el próximo período de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, se deben tener listos los ajustes al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a más tardar en seis meses debemos tener a la policía unificada. Crimen diversificado Sin embargo, al menos en lo que a las policías federales se refiere, ya dieron muestra de ineficiencia pese a que desde principios de 2007 operan en forma unificada, pues el crimen organizado sigue imparable en todo el país. Estas fallas, según el comisario Javier Herrera Valles, se deben a la ausencia de un modelo eficaz, a la falta de coordinación y a la improvisación que impera en de la SSP. En abril pasado, tras cumplirse un año de que la Policía Federal comenzó a operar unificada bajo un solo mando, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García, destacó las bondades de su proyecto al afirmar que el cuerpo policiaco integrado por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP) ya dispone de la capacidad de investigación de la primera y del despliegue de la segunda. Sin que el proyecto se sometiera a discusión en el Congreso, García Luna aceleró la unión de la AFI y de la PFP mediante el acuerdo 05/2007, publicado el 25 de abril de 2007, y enseguida creó la instancia de coordinación única. Hasta el 30 de marzo de este año, la Policía Federal disponía de 24 mil 533 efectivos, integrados por 18 mil 640 elementos de la PFP y 5 mil 893 de la AFI. En tanto que en las entidades federativas siguen operando, bajo diversos mandos, cerca de 370 mil policías estatales y municipales sobre los que no se tienen controles estrictos. De esta forma, en medio del caos por la inseguridad y sin que existan niveles óptimos de coordinación con todas las instituciones del ramo, la SSP instaló su propia división de Inteligencia Policial y comenzó a monitorear vuelos, carreteras, aduanas, penales federales y calles del Distrito Federal. Ninguna de estas medidas resultó eficaz frente a la avasallante violencia del narcotráfico y las acometidas de las bandas dedicadas al secuestro: los cárteles de Tijuana, del Golfo, de Sinaloa, de Juárez y del Milenio siguen activos y continúan cobrando vidas: cerca de 4 mil crímenes se han perpetrado durante 19 meses de gobierno y de “guerra” al narcotráfico. A pesar de que el rescate de los espacios de convivencia social y el combate a la delincuencia común y al crimen organizado han sido las principales banderas del presidente Felipe Calderón desde el arranque de su gobierno, los cambios al SNSP pasaron a segundo término cuando decidió impulsar la reforma energética, que no parecía tan urgente como la otra. Ahora, el gobierno espurio empieza a tomar medidas emergentes, como la creación de un cuerpo antisecuestros en la Secretaría de Seguridad Pública –que se anunció la semana pasada–, exige mayor cooperación de los gobiernos estatales y hace un llamado a la “unidad social contra el delito”, cuando México ya ocupa el primer lugar en secuestros en el mundo, según el informe Secuestro: un negocio explosivo, que la organización pacifista holandesa IKV-Pax Christi dio a conocer el jueves 14 en Bogotá, Colombia. “México es conocido actualmente como el país de Latinoamérica donde se corre el mayor riesgo de ser secuestrado”, señala el informe, y destaca que por debajo de México están Irak, India, Sudáfrica y Brasil. Añade que, además del secuestro, son alarmantes las extorsiones telefónicas por medio de secuestros falsos, y que la Ciudad de México “es considerada en todas partes como la más peligrosa de Latinoamérica”. El incremento de los plagios es explosivo. El diagnóstico refiere que 200 personas fueron secuestradas durante 2006 en Tijuana, Baja California, “por motivos económicos”. Las víctimas fueron “hombres de negocios exitosos y miembros de la clase media acomodada”. Buena parte de las bandas de secuestradores provienen de “la mafia de las drogas”, pues utilizan el plagio como medio de “venganza o chantaje”. De acuerdo con IKV-Pax Christi, en el mundo se cometen 25 mil secuestros al año, la mayoría en países latinoamericanos, y predominan las causas económicas. Las zonas fronterizas son las más peligrosas. En el caso de México, se destaca que el estado de Baja California es famoso por la influencia de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, dos de las organizaciones para las que el secuestro significa “un lucrativo ingreso adicional sobre sus ingresos por el tráfico de drogas”. Datos del SNSP consultados refuerzan las afirmaciones del informe citado, pues oficialmente se registraron 467 secuestros tan sólo en 2007. Según la misma fuente, los estados más golpeados son el Distrito Federal, con 77 plagios; el Estado de México, con 67; Baja California con 45 y Guerrero con 30. Autoridades federales estiman que la cifra puede ser mayor y que por lo menos hay de tres a cinco secuestros por entidad que no se denunciaron “por desconfianza hacia las propias autoridades”. Los datos oficiales establecen, además, que en el Distrito Federal y en el Estado de México operan unas 300 bandas dedicadas al plagio y al llamado “secuestro exprés”. En otras entidades el panorama es aún más complejo. Hasta el año pasado, por ejemplo, tanto autoridades estatales como federales pensaban que los secuestros iban en aumento debido a que algunos cárteles de la droga habían diversificado sus operaciones involucrándose en el tráfico de personas, piratería y secuestro. Aunque, en efecto, esta diversificación criminal se detectó en organizaciones “atomizadas”, como el cártel de Tijuana, en Baja California, y Los Zetas, en el Golfo de México, lo cierto es que amplias redes de policías, expolicías y delincuentes menores (que se volvieron violentos con el rentable negocio del secuestro) comenzaron a extorsionar y plagiar comerciantes, ganaderos, abarroteros y empresarios mayores, en la mayoría de los casos identificándose como miembros de Los Zetas. Un caso que ilustra lo anterior fue el asesinato, el mes pasado, de un joven originario de Cosamaloapan, Veracruz, llamado Zeus Puerto. Su cadáver apareció mutilado de las manos cerca del municipio de Otatitlán, en la misma entidad. En una cartulina tenía el mensaje: “Esto les pasa por andar secuestrando y extorsionando a nombre de la organización”. Improvisación perpetua Ante la evidente descomposición del país, agudizada por la infiltración de criminales en las policías o la vinculación de éstos en la protección de redes de secuestradores y narcotraficantes, los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales van de mal en peor. Desde abril de 2007, cuando el titular de la SSP, Genaro García Luna, empezó su ensayo policiaco al unificar la AFI y la PFP bajo una instancia de coordinación, no ha dejado de meterse en confrontaciones. De acuerdo con el comisario Javier Herrera Valles, mando regional que está sin trabajo por denunciar las corruptelas en la secretaría, García Luna se peleó con Ardelio Vargas Fosado, primer comisionado de la Policía Federal, meses después de haber sido designado en el puesto, en una de las primeras rupturas internas por diferencias en los proyectos y estrategias. Entre cambios y reacomodos, los problemas continuaron y la unificación policial no arrojaba resultados. En mayo de 2007, recuerda Herrera Valles, apenas dos meses después de que García Luna había seleccionado, según él, a lo mejor de la AFI y de la PFP, aplicó exámenes en 34 regiones de la AFI y en 32 de la PFP. El resultado: tuvo que destituir a 284 mandos, entre ellos a los comandantes regionales de ambas policías. Los cambios y ajustes siguieron en la SSP. Se incorporaron nuevos policías, la mayoría llevados de la AFI, y los colocaron en cargos de nueva creación, muchos de éstos inexistentes en el reglamento de la SSP. Por ejemplo, fue incorporado Igor Labastida Calderón, quien en la PFP fungía como director general de Tráfico y Contrabando, área adscrita a la Coordinación de Seguridad Regional, cuando en realidad el oficial dependía de la Coordinación de Inteligencia. Poco después, y a raíz de que fue asesinado, el pasado 25 de junio se difundió el dato de que Labastida Calderón era investigado por su presunta vinculación con el cártel de Sinaloa. Amigo cercano de Édgar Millán, otro de los altos mandos de la PFP acribillado el 8 de mayo de este año, también ocupó un cargo inexistente en la PFP: García Luna se lo llevó de la AFI y lo nombró comisionado de mandamientos judiciales –cargo que no existe en el reglamento– y luego coordinador general de Seguridad Regional de la PFP. Otro problema que Herrera Valles califica de “muy grave” es la falta de continuidad de los funcionarios en sus cargos. “Ni bien los nombran cuando ya los están cambiando”, dice el comisario, quien ejemplifica con el caso de Facundo Rosas, actual subsecretario de Seguridad, quien inició como comisionado de Análisis Policial –otro cargo inexistente–, luego fue nombrado coordinador de Inteligencia, fungió como comisionado interino de la PFP y, finalmente, fue designado subsecretario de Inteligencia Policial. Ramón Pequeño ha sido el más rotado dentro de la SSP desde que se integró a la PFP en 2007: inició como titular de la División Antidrogas –otro cargo inexistente en el reglamento, dice Herrera– en sustitución de Armando Espinoza de Benito; luego pasó a la División de Análisis Policial en relevo de Rosaura Paz, y al poco tiempo fue nombrado jefe del área de Delitos Federales, cargo también inexistente. Posteriormente pasó a la coordinación de Inteligencia y ahora funge como coordinador de Seguridad Regional. Por este último puesto han desfilado otros funcionarios “que no han tenido continuidad” –dice Herrera–, como Maribel Cervantes Guerrero, quien en la reestructuración de abril de este año fue nombrada coordinadora de Inteligencia después de fungir como coordinadora de la Unidad de Desarrollo. Otro caso: Héctor Garay Cadena era jefe de supervisión de la zona centro en 2007, luego fue comisionado para encabezar el Operativo Conjunto Nuevo León, en cuyas acciones fueron asesinados cinco policías bajo su mando, tres de ellos después de ser secuestrados en el hotel donde se hospedaban. Durante el referido proceso de reestructuración de abril, Garay fue nombrado comisionado antidrogas, pero enseguida fue removido y designado comisionado interino de la PFP. Los cambios en la PFP no parecen tener fin. Hasta la citada reestructuración interna quedó inconclusa, pues en julio pasado el titular de la SSP emitió el acuerdo 05/2008 para sustituir las comandancias de región, que en junio de 2007 habían sido reforzadas –según García Luna, con “los mejores mandos de la SSP”–, y en su lugar creó las coordinaciones estatales. Según Herrera Valles –y lo corroboran otros mandos consultados en la SSP–, a “esos 34 comandantes de región los trajo a la Ciudad de México para evaluarlos y determinar qué elementos se incorporarían a las coordinaciones estatales. Cabe aclarar que la coordinación estatal no existe en el reglamento”. –¿Y qué pasó con los mandos sometidos a evaluación? –se le pregunta a Herrera. –Sólo 16 aprobaron los exámenes, los capacitaron junto con militares, agentes del CISEN, afis y miembros de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el resto terminó reacomodado en las coordinaciones estatales. Ante el incremento de los plagios, García Luna anunció otro experimento policiaco: la Unidad Antisecuestros de la PFP. Sin embargo, como hay escasez de elementos, la SSP recurrirá a 300 estudiantes que toman un curso de investigadores en el Instituto de Capacitación (Icap) de la PGR, a quienes ya les anunciaron que se incorporarán a la lucha contra el secuestro, pese que no cuentan con el perfil adecuado y no han tenido prácticas de tiro. (Ricardo Ravelo/APRO) |
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