Tuesday, August 26, 2008


jenaro villamil

Se ha prolongado ya por cuatro años el juicio por daño moral que interpuso el diputado federal hidalguense Gerardo Sosa contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador de Proceso, y el escritor Alfredo Rivera, por la publicación de un libro sobre su trayectoria política. En la audiencia más reciente, y ante un juez impasible, la parte acusadora intentó presionar a los dos informadores incluyendo en el expediente sus datos personales e hizo uso indebido de un peritaje sicológico. Por lo pronto, se anunció que el Consejo de la Judicatura revisará si el juez està permitiendo que los abogados de Sosa Castelán prolonguen el juicio deliberadamente.

En un hecho sin precedentes, decenas de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos e intelectuales fueron testigos, el 18 de agosto, de la audiencia pública en la que el juez vigésimo noveno de lo civil en el Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, consintió el peritaje psicológico en contra de Alfredo Rivera y del columnista Miguel Ángel Granados Chapa para acreditar supuestas “intenciones” subjetivas de los demandados a fin de “producir efectos negativos” en contra del diputado federal hidalguense Gerardo Sosa Castelán, a través del libro La Sosa Nostra. Porrismo y Gobierno coludidos en Hidalgo.

El desahogo de esta prueba pericial constituyó una más de las muchas irregularidades que se han concatenado en el juicio por daño moral que Sosa Castelán interpuso contra Rivera, autor del libro citado, y Granados, autor del pròlogo.

Han transcurrido cuatro años desde el 6 de agosto de 2004, cuando el político priista interpuso la demanda, y el juez no ha dictado su sentencia en primera instancia, pero entre tanto ha admitido lo que la abogada defensora Perla Gómez califica como “chicanas jurídicas”.







Violatorio, el peritaje psicológico contra Granados Chapa y Rivera Flores


jenaro villamil


MEXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- Ante decenas de periodistas, directivos de medios, dirigentes de organizaciones civiles, juristas e intelectuales, se realizó la audiencia pública del juicio por daño moral entablado por el diputado federal hidalguense Gerardo Sosa Castelán contra el columnista Miguel Angel Granados Chapa y el reportero Alfredo Rivera Flores, prologuista y autor del libro La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.

En la audiencia, realizada en el juzgado 29 de lo civil del Distrito Federal, la perito en psicología de la parte acusadora, Olga Leticia Galicia García, afirmó que el peritaje psicológico realizado en contra de Granados Chapa y Rivera Flores se justifica porque la finalidad es determinar “la intención” de los demandados en contra de Sosa Castelán.

La abogada Perla Gómez, defensora de Granados Chapa y Rivera Flores, subrayó ante el juez Miguel Angel Robles Villegas que el peritaje psicológico en contra de los demandados viola el derecho a la privacidad, no constituye prueba idónea para determinar el daño moral y va en contra de la jurisprudencia establecida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que rechaza la “intencionalidad” y la subjetividad como una causal de prueba para justificar el daño moral.

Gómez afirmó que este peritaje psicológico constituye una de las irregularidades más graves de este juicio por daño moral que se ha prolongado durante cuatro años, con el consentimiento y la dilación del juez Robles Villegas.

En la audiencia pública estuvieron presentes el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; el director Editorial del periódico Reforma, René Delgado; la periodista Carmen Aristegui; el escritor Carlos Monsiváis; el abogado Javier Quijano; el periodista José Gutiérrez Vivó; la defensora de derechos humanos Clara Jusidman, y decenas de activistas y reporteros que fueron a expresar su solidaridad y apoyo a Granados Chapa y a Robles Villegas, ante la irregularidad de un juicio que, de acuerdo con la abogada Perla Gómez, tiene como objetivo principal mantener “permanentemente demandados” a los periodistas y sentar un precedente “muy negativo” en los casos de daño moral.

La abogada defensora de Sosa Castelán, Rosalía Verónica Castro Abeika, se quejó continuamente ante el juez por la presencia de los representantes de los medios de comunicación y de los especialistas que acompañaron a los acusados.

El juez Robles Villegas, quien llegó 45 minutos después de la hora acordada por él mismo para la audiencia, manifestó su sorpresa ante “el interés sorprendente” que ha adquirido el caso.

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