Violencia recurrente, secuestros, levantones, asaltos… Larga es la lista de agravios que padecen desde 2006 los habitantes de Zacatecas. Lo mismo se ven afectados los municipios del sur que los del norte, quienes se quejan de que las autoridades no hacen nada por detener el desenfreno provocado por sicarios de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas, quienes ya impusieron su ley en la región. La gobernadora Amalia García pidió ayuda a la arquidiócesis de Guadalajara, pero de nada sirvió.
Ante la imposibilidad de controlar la ola de violencia que se incrementó en esta entidad a partir de 2007, la gobernadora Amalia García Medina pidió apoyo a la arquidiócesis de Guadalajara, a la que pertenecen los sacerdotes del sur de esta entidad.
Alberto Osorio Méndez/ Proceso
ZACATECAS, Zac., 23 DE AGOSTO /Ante la imposibilidad de controlar la ola de violencia que se incrementó en esta entidad a partir de 2007, la gobernadora Amalia García Medina pidió apoyo a la arquidiócesis de Guadalajara, a la que pertenecen los sacerdotes del sur de esta entidad.
A principios de mes, en una reunión con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez a la que asistieron también algunos eclesiásticos locales, García Medina habló de los secuestros y levantones realizados por presuntos sicarios de Los Zetas y los seguidores de Joaquín El Chapo Guzmán, así como de la zozobra en que viven los zacatecanos a causa de las extorsiones, asaltos y robos de que son objeto.
En aquel encuentro, efectuado en la capilla de Jesús, a un costado de la Casa del Sacerdote, en el sector Hidalgo, cerca del primer cuadro de la ciudad, la gobernadora pidió a los religiosos que invitaran a sus feligreses a denunciar los actos ilícitos; incluso los exhortó a que aconsejaran a los jóvenes para que no se dejaran seducir por las drogas y el narcotráfico.
El cura de la parroquia de Santiago Apóstol se abocó a la encomienda, pero pronto comenzó a recibir amenazas, por lo que sus superiores decidieron cambiarlo de adscripción. En Tlaltenango, cuyas parroquias pertenecen a la diócesis de Zacatecas, los religiosos aseguran que “la población vive con miedo” y teme ser víctima de un secuestro.
De acuerdo con un reporte de inteligencia del gobierno federal dado a conocer en enero, durante el último año en la capital de Zacatecas presuntos zetas realizaron 40 levantones y se registraron 32 asesinatos (Proceso 1630).
Algunos vecinos del sur del estado dicen a este semanario que en lugar de pedir ayuda a la iglesia, las autoridades deben permitir a los civiles portar armas para defenderse
En un recorrido por municipios sureños de Zacatecas, como Fresnillo, Jerez, Momax, Tepechitlán, El Teúl, García de la Cadena, Juchipila, Apozol, Sombrerete, Chachihuite, así como Tlaltenango y Moyahua, este reportero entrevistó a decenas de comerciantes y a líderes sociales; todos coincidieron en que gente de Los Zetas y sus aliados de la banda de los hermanos Beltrán Leyva están sembrando el terror en la región para apropiarse de la plaza y sacar del territorio a sus rivales del cártel que encabeza El Chapo.
Algunos de los entrevistados, quienes se negaron a decir su nombre, sostienen incluso que en el marco de ese pleito que se inició a fines de 2007, Los Zetas exigen el pago de “derecho de piso” a quienes están ligados al narcotráfico.
El presidente municipal de Tlaltenango, Martín del Real, por ejemplo, asegura que en julio pasado en un solo día 50 personas recibieron llamadas telefónicas en las que sus interlocutores les pedían entre 5 mil y 8 mil dólares para evitar el secuestro de algún familiar.
En Fresnillo, gobernado por David Monreal Ávila, hermano del exgobernador Ricardo Monreal, los más atemorizados son los empresarios dedicados a la venta de gas, los vendedores de chiles secos y otros productos. El regidor Gustavo Torres, secretario de la Comisión de Gobernación, asegura que David Monreal ya pidió el apoyo del gobierno federal pero hasta ahora sólo han enviado elementos para que vigilen la localidad.
También en el norte
En la zona norte la violencia también tocó a Chalchihuite, poblado en el que desde mayo pasado quedó acéfala la Dirección de Seguridad Pública, luego de que el presidente municipal, Juan Nava Pérez, destituyó a Abundio García Ruiz, acusado de actos de corrupción.
En febrero de 2008, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHZ) emitió una recomendación contra el ayuntamiento por actos de tortura de ese servidor público, a quien se acusaba de golpear y detener en forma arbitraria a un ciudadano, según el expediente 93/2008 de la CEDHZ.
El pasado 13 de julio, 500 lugareños fueron asaltados por un grupo de 30 hombres fuertemente armados mientras se realizaba una carrera de caballos. Los delincuentes exigieron la entrega de billeteras, relojes y todo tipo de pertenencias a los asistentes. Al día siguiente los periódicos zacatecanos informaron que se trató de un “cobro de impuestos” orquestado por Los Zetas, quienes se molestaron porque, según los diarios, los organizadores de la competencia “no pidieron permiso”. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia asegura que “nadie levantó una sola denuncia”.
En el municipio de Sombrerete, en la misma región norte, el director Seguridad Pública, Cenobio Puente García, desapareció el 14 de septiembre de 2007. Y aunque las autoridades presumen que se trató de un secuestro, la familia se negó a levantar la denuncia. Hasta la fecha Cenobio no aparece.
En la población norteña de Tayahua, una familia entera salió huyendo hacia Estados Unidos en junio pasado, luego de que uno de sus integrantes fue secuestrado por el grupo de Los Zetas y se les obligó a pagar mas de millón de pesos por su liberación.
En algunos municipios, pese a la ola de secuestros, la población no se arredra. El 12 de junio pasado, cerca de 60 taxistas que operan en la capital del estado y en el municipio de Guadalupe realizaron una manifestación en la que exigieron al gobierno de Amalia García hacer valer el estado de derecho.
Así mismo, denunciaron el robo de 21 unidades y los levantones permanentes que presuntamente hacen Los Zetas en esa zona. Juan Valdez, secretario de la Unión de Choferes de Guadalupe, dijo en esa ocasión: “Ya estamos hartos de que Los Zetas hagan de las suyas en el estado. Nos bajan de nuestros taxis, nos golpean, nos encajuelan, nos amenazan y nos quitan el dinero. Muchas veces lo hacen incluso frente a los policías, quienes no se atreven a detenerlos”.
En Fresnillo, donde fue secuestrado el campesino Baldomero Elizalde Domínguez el domingo 3, alrededor de cien habitantes de El Mezquite, Patillos y Chichimequillas se organizaron para protestar frente a la Casa de Justicia de ese municipio y frente a palacio de Gobierno en Zacatecas para exigir a la Procuraduría de Justicia la aparición de Baldomero.
Semanas negras en el sur
El 2 de mayo pasado en García de la Cadena, a 10 kilómetros del límite con Jalisco, se localizaron siete cuerpos a un costado de la carretera Guadalajara-Colotlán. Según los informes de la Procuraduría de Justicia de Zacatecas, los ejecutados fueron trasladados desde Jalisco y abandonados en territorio zacatecano por un camión de volteo.
Cuatro días después en Villa de Cos, ubicado a 60 kilómetros de la capital zacatecana, se registró un enfrentamiento entre miembros del Ejército y un grupo de 40 sicarios que viajaban a bordo de 10 vehículos. La refriega dejó tres muertos, entre ellas la menor Noemí Pinales Hernández, de 9 años.
El 27 de julio, un grupo armado robó un vehículo a un alto funcionario del gobierno de Amalia García en las inmediaciones del hotel Paraíso Caxcán, en el municipio de Apozol. Dos patrulleros persiguieron a los asaltantes, quienes los intimidaron con armas largas, por lo que desistieron. Días después la unidad robada fue recuperó cerca de la comunidad de San Miguel. Desde entonces, los teléfonos de la policía reciben llamadas intimidatorias en las que se pide a los agentes “no entrometerse”.
Una noche, la policía de Apozol recibió una llamada sobre un supuesto accidente; cuando los agentes salieron de las instalaciones, un grupo de presuntos zetas irrumpieron en la comandancia para hacer la advertencia en forma personal, “No es un juego”, dijeron a los guardias.
Desde entonces, el comandante Orfil Medina Huerta y su familia huyeron de la comunidad, mientras que ocho de los 12 elementos del cuerpo de Seguridad Pública renunciaron ante el temor de ser levantados o ejecutados.
La sombra de “Los Zetas”
El pasado 4 de enero, el periódico Imagen informó que los policías ministeriales aseguraban que el procurador estatal Carlos Pinto Núñez era proteger a Los Zetas. No pasó nada. Hoy, el funcionario aludido es el secretario general de Gobierno de Zacatecas.
Entrevistado sobre aquellas imputaciones, que se repiten con frecuencia, Pinto Núñez truena contra sus detractores; dice que es una “infamia” cuyo propósito es dañar la imagen de la administración que encabeza Amalia García Medina.
–¿Secretario, es usted muy cauteloso cuando habla de Los Zetas? –pregunta Proceso.
–Pregunta lo que tú quieras. Nosotros no negamos la existencia de grupos armados; Zacatecas no es la excepción.
–¿Se publicó en algunos medios que usted había sugerido no meterse con Los Zetas?
–Esa es una infamia. Lo que hemos ordenado es que nadie sea cooptado por Los Zetas; es decir, que nadie se meta con ellos.
–¿No meterse en el sentido de no ser cooptado? –se le insiste a Pinto Núñez.
–Mire, nada más para que vea.
Y manda llamar al director de Seguridad Pública y Tránsito, Antonio Caldera Martínez, a quien interroga: “Toño, Toño, ¿qué hemos dicho sobre el asunto de no meterse con Los Zetas?” “Que no se metan con nadie” –responde Caldera.
Luego llama al director de la Policía Estatal Preventiva, Héctor Efrén Medina, y le pregunta: “¿Qué les hemos advertido sobre la corrupción?” “Bueno, cada semana se reúne el gabinete de Seguridad Pública y le informamos a sus integrantes que no se metan en cosas malas, que se dediquen a su trabajo”.
–¿Hay gente sancionada? –reitera el reportero a Pinto Núñez.
–No. Por parte de mi corporación, hasta ahora no la hay.
–¿Hay funcionarios amenazados?
–Bueno, mire. Déjeme decirle algo que me parece importante. Estos grupos siempre intimidan, pero también nuestra gente está advertida que tiene que resistir esas intimidaciones. Intimidan a la gente…
–En materia de secuestros, ¿ha sido afectado algún familiar de funcionarios de primer nivel del gobierno estatal?
–No.
–¿Cómo se encuentra usted?
–Yo me encuentro tranquilo. Nosotros estamos tranquilos trabajando.
E insiste en que la gente que promueve acusaciones en su contra carece de valor civil y sólo busca utilizar los medios de comunicación para sembrar la intriga:
“Yo digo: si alguien tiene la prueba de que algún funcionario está involucrado en el narcotráfico, que presente la denuncia. Nosotros con mucho gusto compareceremos antes las instancias correspondientes”.
Y remata: “Politizar el tema de seguridad pública es una irresponsabilidad”.
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