Monday, April 13, 2009


Hacia la militarizacion fronteriza

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  • Apenas unos días antes de su visita a México, programada para el 16 y 17 de abril, Barack Obama hizo amarres al menos en dos ejes importantes: solicitó al Congreso recursos adicionales para reforzar la lucha contra el narcotráfico en México desde el Pentágono, lo que fortalece la posibilidad del envío de tropas a la frontera sur, y apresuró a que se defina la dinámica de funcionamiento del Centro Conjunto de Implementación, instancia bilateral que operará en México para verificar la eficacia de la estrategia antinarco impulsada por el presidente Felipe Calderón
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Con la visita a México del presidente estadunidense Barack Obama comenzará a tomar forma la nueva estrategia bilateral de combate al narcotráfico y al crimen organizado

J. Jesús Esquivel/ Proceso


WASHINGTON, 12 DE ABRIL /Con la visita a México del presidente estadunidense Barack Obama comenzará a tomar forma la nueva estrategia bilateral de combate al narcotráfico y al crimen organizado, que tendrá como columna vertebral al llamado Centro Conjunto de Implementación (CCI, que se ubicará en la capital mexicana), en el que trabajarán funcionarios de ocho agencias federales y de dos secretarías de Estado de los dos países.

El CCI, cuya creación confirmó la secretaria de Estado Hillary Clinton en su visita a México el 25 y 26 de marzo pasado, tendrá “nueve equipos” de trabajo binacional que “verificarán” la eficacia de la lucha militar contra el narcotráfico impulsada por el presidente Felipe Calderón y respaldada con dinero, tecnología, adiestramiento y equipo bélico proporcionado por Estados Unidos.

Exactamente una semana antes de su viaje a México, el jueves 9 Obama solicitó al Congreso de su país fondos adicionales que involucran directamente al Pentágono en la lucha contra los narcotraficantes mexicanos en la frontera común.

La suma global que Obama pide al Capitolio alcanza 83 mil 400 millones de dólares, monto que se integraría al fondo presupuestal del Departamento de Defensa para financiar operaciones militares y diplomáticas en Irak y Afganistán. Una pequeña parte de esa cantidad, 350 millones de dólares, se sumaría al presupuesto del Pentágono para “afrontar la amenaza de los cárteles de la droga de México y para realizar operaciones (bélicas) que garanticen la seguridad a lo largo y ancho de la frontera sur”.

La solicitud presupuestal de Obama podría ser la primera señal de que su gobierno sí está considerando militarizar la frontera con México, como medida estratégica para evitar el contagio de la narcoviolencia que azota a casi todo el territorio mexicano, aunque con mayor grado en la frontera norte.


Los amarres


La Casa Blanca –que “por razones de seguridad” se reservó el itinerario del presidente Obama para la visita que realizará a México este jueves 16 y viernes 17 de abril– adelantó a Proceso que ambos mandatarios buscarán “poner a trabajar lo antes posible” el CCI, cuya creación está prevista en la Iniciativa Mérida. El CCI es una suerte de mecanismo de rendición de cuentas impuesto por Washington para garantizar el buen uso de los recursos que aporta al gobierno mexicano para combatir al narcotráfico.

Según la Casa Blanca, la visita a México de Obama y su encuentro en Los Pinos con Calderón es “una demostración del compromiso que tiene Estados Unidos con México” de combatir “hombro con hombro” al narcotráfico y la violencia que genera.

Un funcionario del gobierno de Obama que habló con Proceso sobre el CCI bajo la condición del anonimato, por tratarse de un proyecto con implicaciones de seguridad nacional para los dos países, explicó que la coordinación directa del CCI será compartida por el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En Washington confían en que, para cuando se realice en Los Pinos el encuentro entre Calderón y Obama, ya estarán resueltos y aceptados los términos legales de operación del CCI, “que deberán ser aceptables y compatibles con las legislaciones de los dos países”, señaló el funcionario estadunidense. En febrero pasado ya hubo una reunión en la Ciudad de México para analizar el tema.

Este proyecto implica que, por primera vez en la historia de México, la vigilancia, supervisión y calificación del trabajo contra el crimen organizado de agencias federales y del Ejército mexicano recaerá, en parte, en funcionarios extranjeros que físicamente estarán ubicados dentro del territorio nacional.

Estipulado en la legislación de la Iniciativa Mérida que aprobó el Congreso de Estados Unidos para proporcionar mil 400 millones de dólares en respaldo a la lucha contra el narcotráfico de México y Centro América, el CCI es un instrumento esencial para “respaldar los esfuerzos de seguridad y construcción de instituciones efectivas y confiables del gobierno mexicano”.

En el documento legal que dio a conocer la Casa Blanca el pasado 24 de marzo se destaca que el CCI se encargará de vigilar el buen uso de los 700 millones de dólares aprobados por el Capitolio para los primeros dos años de aplicación de la Iniciativa Mérida.

“El gobierno (de Obama) está comprometido a trabajar con el Congreso para garantizar el cumplimiento total de nuestros compromisos bajo la Iniciativa Mérida”, subraya el documento.

“También estaremos coordinando regularmente nuestros esfuerzos con el gobierno de México por medio del Grupo de Contacto de Alto Nivel, que a su vez se relacionará con los nueve grupos de trabajo que se encargarán de supervisar la implementación de la Iniciativa Mérida”.

De acuerdo con el funcionario estadunidense que habló con este semanario, ya se tiene ubicado al inmueble donde se instalará el CCI, aunque por razones de seguridad nacional no se dará a conocer al público su punto exacto de ubicación en la capital mexicana.

“En enero pasado, durante los últimos días de la presidencia de George W. Bush, funcionarios de los dos países hicieron una primera visita al inmueble”, dijo el funcionario estadunidense.

Cada gobierno seleccionará a cuatro agencias federales para integrar ocho grupos que operarán dentro del CCI, los cuales serán coordinados por un noveno grupo formado por funcionarios del Departamento de Estado y de la SRE.

De manera extraoficial, Proceso pudo confirmar tres de las cuatro agencias que representarían a Estados Unidos en el CCI: Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la Administración Federal Antidrogas (DEA), y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE). La cuarta podría ser la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Del lado mexicano se pondera la inclusión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de tres instancias más que deberán designar la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) y la Procuraduría General de la Republica (PGR).

El CCI podría comenzar a “operar de manera parcial” en junio o julio, ya que el acondicionamiento del inmueble donde se instalará quedará terminado durante el último trimestre de este año.


Diferencias


En una reunión bilateral celebrada hace unos días en Washington para hablar de los métodos de operación del CCI, el Departamento de Estado propuso que “sea un mecanismo de seguimiento que se enfoque en la construcción de capacidades y diseño de políticas conjuntas”, según reveló otro funcionario estadunidense que pidió el anonimato.

El gobierno de México, dijo, no está convencido de que esa deba ser la tarea del CCI, si bien lo considera como la “columna vertebral” de la nueva etapa en la lucha común contra los cárteles del narcotráfico.

Existen también diferencias entre el Departamento de Estado y el gobierno de Calderón sobre el apartado legal relacionado con los derechos humanos. Estados Unidos “no quiere” que los recursos materiales y humanos definidos en la Iniciativa Mérida para este rubro “vayan a parar directamente a las manos del gobierno mexicano”.

La contrapropuesta de Washington, según el funcionario estadunidense, es que “los fondos sean canalizados a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organiza


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