5 de octubre, 2009
Ya no es sólo Proceso. Según directores de revistas de circulación nacional y funcionarios de comunicación social, la orden de la Presidencia es que ya no se pague publicidad en estos medios impresos a partir de este mes. Así, además de la crisis financiera, la prensa deberá afrontar esa decisión de Felipe Calderón de retirarle recursos públicos a voluntad, como si se tratara de dinero privado.
Sin justificación alguna, como un simple acto de autoridad, el gobierno de Felipe Calderón emitió la orden de suspender los anuncios oficiales en las revistas de circulación nacional, como Proceso, a partir de octubre.
La decisión no ha sido comunicada oficialmente, y difícilmente lo será, debido a la discrecionalidad del Ejecutivo para disponer de los recursos federales en esta materia, pero directores de comunicación social del gobierno federal y de grupos editoriales lo dan como un hecho.
Una revisión de los números de varias revistas correspondientes a este mes muestra ya una sensible disminución de publicidad oficial respecto de septiembre, con lo que el bloqueo publicitario –del que este semanario es objeto desde el sexenio foxista– se convierte en una política de comunicación del gobierno de Calderón.
La revista Etcétera, dedicada al análisis de medios, dio a conocer esa medida el 30 de septiembre. En una nota publicada en su portal de internet, su director, Marco Levario, aseguró que la decisión fue tomada en Los Pinos:
“En octubre, el gobierno federal suspenderá el gasto en publicidad en todas las revistas del país. Y así, en esos términos y hasta nuevo aviso, fue la instrucción que recibieron los funcionarios de las dependencias desde la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República”.
Levario lo confirmó con los encargados de comunicación social de ocho secretarías de Estado. Este semanario hizo lo mismo con otros responsables de esas áreas y con directores de grupos editoriales que, a condición del anonimato, confirmaron que conocen esa decisión presidencial. También consultados, representantes del Grupo Editorial Expansión –que edita entre otras la revista Expansión, Quién y Chilango– prefirieron no hacer comentarios.
En su texto, Levario dice que los funcionarios a los que hizo preguntas al respecto le pidieron asimismo omitir su nombre. “Y nosotros –escribió– creemos que su solicitud es justificada. Por eso nos hacemos responsables de esta información que al mismo tiempo es una denuncia”.
Asegura que “la Oficina de la Presidencia de la República” evitó dar sus razones o justificaciones, simplemente ordenó que no se contratara publicidad en las revistas y, en cambio, “continuar con la promoción de las tareas del gobierno en los medios electrónicos y, en menor medida, en los periódicos”.
Debido a la falta de reglas claras para asignar la publicidad oficial, a pesar de que en el Senado y en la Cámara de Diputados se han presentado iniciativas de ley en la materia desde hace años, sólo en la Presidencia se sabe qué originó esta orden.
De mantenerse, el bloqueo amenaza la permanencia de algunos medios impresos cuya pauta publicitaria depende principalmente de los anuncios oficiales. Esta “decisión política tomada en sigilo, porque carece de bases intelectuales y éticas (...) representa el riesgo de la desaparición de proyectos editoriales de diversa índole que hay en el país. Entre éstos se encuentra, claro está, Etcétera”, admitió Levario.
Lo constató con la falta de anuncios para el número de octubre. En sus ediciones de agosto y septiembre, esa revista aún tuvo anuncios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
Medios impresos, en riesgo
La publicidad gubernamental también es una importante fuente de ingresos para Nexos y Letras Libres. En su número de septiembre, la primera facturó publicidad de Conaculta, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Diconsa (de la Secretaría de Desarrollo Social), Fondo de Cultura Económica (FCE), Secretaría de Gobernación (Segob), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
En su edición de octubre, la revista dirigida por Héctor Aguilar Camín sólo tiene anuncios del Instituto Mexicano de la Radio (Imer, de la SEP) y el FCE.
Por su parte, Letras Libres, dirigida por Enrique Krauze, tuvo en su edición de septiembre publicidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Luz y Fuerza del Centro (LFC, de la Secretaría de Energía), Conaculta, Conacyt, FCE, Inmujeres, Pemex, Diconsa, Secretaría de Turismo (Sectur), Segob y el IPN. De aplicársele la orden de Los Pinos, en su edición de octubre –que está por circular– la revista sufrirá una significativa merma en sus ingresos.
Un caso similar es el de la revista aregional.com, de la consultoría del mismo nombre que tuvo entre sus fundadores al senador Manlio Fabio Beltrones. En su número de agosto tuvo anuncios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); en septiembre, nada.
También resultará afectada Líderes, que en sus números de agosto y septiembre publicó anuncios de Sectur, IPN (SEP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la SEP, Segob y Conaculta.
Para revistas como Poder y Negocios, que se edita en Miami pero se publica en México mediante un convenio con Editorial Televisa, los ingresos por publicidad federal son mucho menores, aunque en su edición del 20 de septiembre ya no tiene ningún anuncio oficial.
Editorial Televisa ha sido, con todo, la mayor beneficiada por el gobierno de Calderón con publicidad. De acuerdo con información oficial obtenida por Etcétera a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la división editorial de la empresa de Emilio Azcárraga Jean recibió 31.5 millones de pesos entre el 2007 y marzo de este año por ese concepto.
No comments:
Post a Comment