MEXICO, D.F, 19 de enero (Proceso).- Tras una licitación llena de sospechas y de la que varias empresas se retiraron, bajo la dirección de Juan Molinar Horcasitas el IMSS subrogó el servicio de hemodiálisis a la empresa Corphomed y al Centro de Diagnóstico Ángeles, propiedad de Olegario Vázquez Raña. Pero, además del cuestionado procedimiento, los pacientes de insuficiencia renal denuncian que esa clínica ofrece una “ilegal, deficiente, negligente e inhumana prestación de servicios”.
Con el respaldo de Juan Molinar Horcasitas, entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empresario Olegario Vázquez Raña –junto con la empresa Corphomed– logró adjudicarse un contrato de 3 mil millones de pesos por tres años por los servicios subrogados de hemodiálisis.
Sin embargo, la falta de personal capacitado e instalaciones adecuadas ha provocado serios trastornos físicos a enfermos con deficiencia renal, quienes cada tercer día “se juegan la vida” acudiendo de manera obligada y “bajo amenaza” al Centro de Atención Ángeles.
En tanto, tres de las empresas inconformes con todo el proceso de licitación, Fresenius Medical Care (corporativo alemán y líder mundial en este tipo de tratamientos que desde hace una década prestaba el servicio de manera subrogada al IMSS), MK Humana y Care Centro de Atención Renal, acudieron a las autoridades judiciales y administrativas e interpusieron dos juicios de nulidad y un amparo para echar abajo la licitación que consideran ilegal de origen.
El asunto amenaza con rebasar las fronteras pues, de no resolverse en los próximos tres meses, Fresenius podría interponer una denuncia ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, e incluso retirar su inversión en México, que a la fecha asciende a cuando menos 250 millones de dólares, según una fuente de la empresa que pidió el anonimato.
Pero más allá de las consecuencias internacionales, lo que está en riesgo es la vida de los propios enfermos, obligados a atenderse cada tercer día en las clínicas de Olegario Vázquez Raña, los cuales han sufrido paros cardiorrespiratorios, desmayos, desangrados parciales, hematomas de considerable proporción y, por si fuera poco, la constante amenaza de ser infectados por el virus del VIH o de hepatitis.
Licitación ilegal
La historia se inició en marzo de 2008, cuando el IMSS lanzó la primera licitación para subrogar los servicios de hemodiálisis en el estado de Morelos. En esa ocasión las empresas participantes se inconformaron porque las bases violentaban el principio de igualdad. En consecuencia, la licitación se canceló y se repuso en octubre del mismo año con otra, que tuvo alcance nacional, pero con las mismas bases.
Pese a que nuevamente los participantes reclamaron, la licitación número 0064 1321-007-08 siguió su curso. La empresa ganadora fue Corphomed, pero ahora fue el Centro de Diagnóstico Ángeles (CDA), del empresario Olegario Vázquez Raña, el que se inconformó. Tras un breve proceso, las autoridades fallaron a su favor.
Así, el mercado se dividió entre Corphomed y CDA, que atienden a 80% de los pacientes afiliados al IMSS que requieren hemodiálisis en todo el país. Sin embargo, la empresa de Vázquez Raña se quedó con la mayor parte de los casos, concentrados en la zona norte y sur del Distrito Federal. Le correspondió a Corphomed la zona oriente y poniente de la capital, además de una parte del Estado de México, Morelos y Querétaro.
En el resto del país, la atención al restante 20% de los enfermos fue otorgada a otras empresas, que hasta el momento no han tenido contratiempos ni reclamos de los enfermos.
El 1 de abril de 2009, día del fallo final, 10 de las empresas participantes se retiraron del concurso, no sin antes denunciar por escrito que no podían participar porque las estaban obligando a cometer ilegalidades, a violentar la norma, y además no existía igualdad de condiciones. Otras 16 empresas ni siquiera se presentaron al fallo. Así, los únicos concursantes fueron Corphomed y CDA de Vázquez Raña.
El IMSS declaró “infundadas” las reclamaciones de 10 empresas el 31 de marzo de 2009, justo un día antes de que fallara en favor de CDA y repartiera el servicio con Corphomed. Sin embargo, las empresas MK Humana, Fresenius y Care, Centro de Atención Renal interpusieron un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Care se fue a juicio de amparo ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa. Los tres litigios están en curso.
Esos juicios son largos y pueden tardar en resolverse hasta dos años, pero la apuesta de las empresas querellantes es que venza el plazo para que Corphomed y CDA tengan listas sus instalaciones el 1 de marzo de 2010, como están obligadas por el contrato firmado en octubre de 2009.
Daños y deficiencias
El 28 de diciembre, algunos miembros de la Asociación para Prevenir las Enfermedades Renales Terminales, A.C., acompañados de la nefróloga Cruz Netza Cardoso, visitaron el Centro de Diagnóstico Ángeles, ubicado en calzada Las Bombas, en Villa Coapa, al sur de la Ciudad de México, para verificar si contaba con todas las normas. El dictamen de la especialista en nefrología-bioética fue negativo: las enfermeras eran de tipo general y no especialistas, amén de que las instalaciones, el equipo y la higiene del lugar no reunían los requisitos mínimos que marcan las normas de salud para este tipo de casos.
En una carta enviada el martes 12 al director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, los afectados agrupados en esa asociación relatan que a partir del 1 de enero los funcionarios del IMSS los obligaron a acudir a las instalaciones de Vázquez Raña a sus sesiones de hemodiálisis, “de lo contrario nos amenazaban con quitarnos nuestro derecho a ser atendidos como enfermos nefrópatas y todos los demás servicios del IMSS”.
Los denunciantes exponen 32 faltas a las normas que los ponen en riesgo, hacen responsable a Karam Toumeh en caso de perder la vida y le dan un plazo de hasta el lunes 18 para cancelar los contratos con CDA, o de lo contrario presentarán una demanda penal en su contra por omisión, y otra más contra las clínicas de Vázquez Raña.
Entre las principales deficiencias que han vivido los enfermos con el servicio que presta el Centro de Diagnóstico Ángeles destaca que el IMSS le permite reutilizar dializadores, lo cual va contra la NOM-171-SSAI/198 y la NOM-197-SSA1/2000 sobre ese tipo de tratamientos.
Lo grave es que los enfermos son conectados a máquinas que fueron utilizadas previamente con otros pacientes portadores de VIH o que padecen hepatitis, según denuncian en su carta a Daniel Karam Toumeh.
Según su propio relato, los enfermos no son atendidos por nefrólogos ni por enfermeras certificadas, sino por internistas y médicos generales. Además, quienes operan las máquinas de hemodiálisis no saben cómo usarlas; a muchos les han dado sólo media hora de tratamiento en lugar de las cuatro horas que se requieren; varios se quejan de que les provocaron hematomas y alergias por falta de pericia, y dicen que quienes los atendieron los obligaron a que ellos mismos se sellaran las fístulas con pedazos de diúrex.
Para colmo, las instalaciones del CDA se encuentran en una zona periférica de la Ciudad de México, lo que obliga a los enfermos a realizar grandes desplazamientos que pueden afectar aún más su salud, lo cual también contraviene las bases de la licitación pública.
En su carta de denuncia, la asociación que encabeza una de las enfermas, Juana González González, le pide al director del IMSS que “rescinda de inmediato” los contratos que celebró con CDA y le advierte que si no cumple con su demanda, la asociación “le hará a usted directamente responsable de los decesos y afectaciones de salud”.
La asociación cuenta con videos y grabaciones en las cuales los propios empleados del CDA aceptan que no cuentan con médicos nefrólogos.
La asociación le anuncia al director del IMSS que “los pacientes nefrópatas estamos dispuestos a denunciar penalmente a todos y cada uno de los involucrados en la ilegal, deficiente, negligente e inhumana prestación de servicios que usted nos ha obligado a tomar en el Centro de Diagnóstico Ángeles, pero adicionalmente, como esas deficiencias se las estamos haciendo saber a usted, consideramos que usted mismo puede y debe hacer las denuncias correspondientes, para lo cual usted podrá contar con el apoyo de esta organización”.
Muertes en Querétaro
Una de las razones por las cuales el CDA de Vázquez Raña ya está dando el servicio, pese a que según el contrato debía contar con instalaciones e iniciar los servicios a partir del 1 de marzo, es que al vencerse el contrato de Fresenius el pasado 31 de diciembre, la directora de Adquisiciones del IMSS, Carmen Zepeda, le solicitó una cotización para dar el servicio durante todo 2010. Ese mismo día, otro de sus subalternos, Agustín Amaya Chávez, le pidió una cotización por enero y febrero. Los documentos fueron entregados tal y como se les solicitó.
Amaya Chávez les dijo a los enfermos que Fresenius nunca les cotizó, por lo que tendrían que atenderse obligadamente en el CDA a partir del 1 de enero.
Ante las afectaciones que han tenido por la deficiente atención, los enfermos enviaron una carta a Fresenius para solicitar que los atienda hasta que no se resuelva el asunto, pues su vida está en peligro. Fresenius aceptó debido a que una de las reglas es que cuando alguien que está en estado grave acude a un centro se le debe atender. Las facturas las está haciendo a nombre de los enfermos pero espera que el IMSS les pague el dinero, según la abogada de la asociación, Laura Trevilla.
Sin embargo, el Centro de Diagnóstico de Vázquez Raña no sólo recibió una licitación a modo, sino que los dos contratos derivados de la licitación –cuya copia tiene Proceso– establecen pagos por hemodiálisis realizadas en 2009 “como garantía mínima”, uno por 25.6 millones de pesos (S90052) y otro por 17 millones (D85183), a pesar de que la licitación establece que iniciaría la prestación de esos servicios a partir del 1 de marzo de 2010.
Los documentos los tienen las tres empresas que iniciaron procesos administrativos contra la licitación y les fueron entregados y certificados por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
En el caso de Corphomed, la otra empresa beneficiada con los contratos para prestar servicios subrogados de hemodiálisis, el panorama para los enfermos con deficiencia renal empeora, pues le fue clausurado e inhabilitado uno de sus centros de atención en Querétaro el pasado 5 de enero, luego de la muerte de 33 enfermos de afección renal, aunque el cierre obedeció a que no cumplía con las normas mínimas de protección civil.
Según el portal del IMSS en internet, el cierre se debió a que “la empresa actuó con dolo al presentar documentación apócrifa”. Y aunque fue clausurada, la propia orden de clausura establece que esta misma empresa podrá continuar brindando el servicio en otros centros.
Por si fuera poco, Corphomed ofreció ocho contratos de servicios que firmó con el IMSS como garantía de un crédito por 50 millones de pesos que solicitó al Banco Multiva el 11 de diciembre de 2008. Esta empresa fue embargada en abril de 2009 por Johnson & Johnson Medical de México por un adeudo de 5.8 millones de pesos. Más tarde pidió un préstamo de 30.6 millones de pesos a Factoring Corporativo.
Este reportaje se publica en la edición 1733 de la revista Proceso que empezó a circular el sábado 16 de enero.
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