SAN SALVADOR, 15 de enero (apro).- Almudena Bernabeu, abogada y querellante ante la Audiencia Nacional de España en el proceso que se abrió en noviembre de 2008 por el renombrado “Caso Jesuitas”, aseguró que los 14 altos oficiales que habrían planificado y ordenado la masacre contra seis sacerdotes en 1989, en El Salvador, serían llamados a Madrid para testificar en febrero próximo ante el Juez Eloy Velasco.
El 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera en contra la capital salvadoreña, fueron masacrados seis sacerdotes jesuitas y académicos de la Universidad Centroamericana (UCA), entre ellos su rector, Ignacio Ellacuría.
El proceso que se sigue en Madrid está cada vez más consolidado, con novedosas pruebas, aseguró Bernabeu, nacida en Valencia, España. Y añadió que de no acatar el llamado del juez, a los exjerarcas del ejército salvadoreño se les podría decretar orden de arresto internacional.
La abogada española representa los intereses de los asesinados jesuitas españoles: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, así como del salvadoreño (sj) Joaquín López y López, y de las empleadas Elba y Celina Ramos, todos asesinados el 16 de noviembre de 1989 por un comando militar durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
No es la primera vez que Bernabeu demanda a militares salvadoreños. En años pasados, desde el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con sede en San Francisco, California, llevó a cuatro altos exjefes del ejército salvadoreño, residentes en Estados Unidos, a juicios civiles, mismos que ha ganado y obligado a pagar millonarias indemnizaciones a víctimas civiles en casos de torturas y asesinatos durante la guerra salvadoreña.
Los militares que fueron vencidos en juicio en tribunales federales, procesados por causas civiles, son los exministros de Defensa Guillermo García y Eugenio Vides Casanova; el exjefe de la Guardia Nacional (GN), Nicolás Carranza, y el capitán Álvaro Saravia, este último por el caso de su involucramiento en el asesinato del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980. Los cuatro militares también están inmersos en procesos de posible deportación de Estados Unidos.
“En estos momentos estamos ya de lleno en la fase de instrucción en el Tribunal de España; seguimos recopilando pruebas y presentándoselas al juez, al mismo tiempo que el juez, de oficio, va a ordenar ciertas diligencias, incluyendo tomarles declaración a los querellados”, aseguró Bernabeu a Apro.
Es la primera vez que oficiales salvadoreños, entre los que resaltan el exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, general René Emilio Ponce, así como su segundo al mando, general Orlando Zepeda, y el exjefe de la Fuerza Aérea, Juan Bustillo, entre otros, son procesados penalmente en tribunales internacionales por una masacre contra civiles.
En su alegato acusador, Bernabeu sostuvo que el asesinato de los jesuitas y de sus dos empleadas se trató de un crimen de lesa humanidad y terrorismo, así como de otras violaciones de “derechos de gentes”, contemplados en la justicia internacional.
Referente a lo que se ha hecho hasta el momento, la jurista española dijo: “Han declarado en calidad de testigos, hasta ahora: la catedrática estadounidense Terry Karl; la analista también estadounidense Kate Doyle; los exfiscales salvadoreños Sidney Blanco y Henry Campos. También, en mayo de 2009, lo hicieron miembros de las diferentes fuerzas políticas de España, que fueron observadores del juicio que se hizo en El Salvador en 1991, incluyendo el exembajador de España en El Salvador, Fernando Álvarez de Miranda.
“Creo que el testimonio de Terry Karl, analista en documentos desclasificados de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, sin duda, y el de los exfiscales, han sido muy importantes. El testimonio de Terry Karl es fundamental por la nueva y más concreta información que proporciona sobre los hechos y los responsables”, agregó.
Bernabeu siente ahora más confianza en la querella porque la nueva información ha fortalecido el caso, y explica: “Es interesante que los querellados hayan descalificado los documentos de la CIA y del Pentágono. Sin embargo, se trata de documentos elaborados por las agencias de Estados Unidos, con las que muchos de los querellados, como miembros del Alto Mando del ejército salvadoreño, tenían trato a menudo”.
Y añadió que “los más relevantes son los documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Defensa de EU (Pentágono). Estos documentos han permitido comprobar que el asesinato respondió a un plan bien orquestado, y quizá lo más importante que revela es el nivel de organización y preparación que involucró a muchas ramas del gobierno de entonces, durante varios días. Ha permitido establecer y eliminar dudas que antes se tenían... Perdona, pero no puedo ser más concreta”.
Analistas locales e internacionales aseguraron que los documentos del Pentágono y la CIA arrojan datos que presumen y fortalecen la idea acerca de que el crimen contra los jesuitas fue un acto premeditado y planificado por las más altas estructuras militares.
Por otra parte, en los documentos, según publicaron agencias internacionales de noticias, se indica que estamentos políticos también incitaron al crimen; en particular se menciona a Roberto D´Aubuisson, fundador y entonces máximo líder del partido de gobierno, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), a quien también se vincula con el magnicidio en 1980 del arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
“La semana que inicia con el 8 de febrero serán citados los querellados. Ya ha salido la rogatoria a El Salvador”, dijo Almudena Bernabeu.
Explicó que “quedarían en rebeldía si no atienden el llamado y, en todo caso, se podría decretar órdenes de arresto internacional. Sería mejor que accedieran a testificar y que ejerciten sus derechos. Si lo rechazan no van a poder decir nunca más ni utilizar como excusa que sus derechos se están violando o que no se está observando el debido proceso. Esta es su oportunidad”.
El general retirado René Emilio Ponce considera que el “caso de los jesuitas” es “cosa juzgada” y, además, estima que los exoficiales salvadoreños no tendrán “garantías para sus derechos”, por lo tanto, no sabe si atenderá el posible reclamo que le haga el juez Eloy Valdés, de presentarse a declarar como querellado en Madrid.
La sociedad salvadoreña está a la expectativa. Nunca estamentos tan poderosos de El Salvador han enfrentado reclamos penales internacionales por delitos de lesa humanidad. La incertidumbre se centra en el hipotético caso de que los 14 acusados sean llamados a juicio en Madrid y tengan que ser deportados por las autoridades locales, que en este caso responden a una filosofía democrática y de justicia, como lo ha expresado el actual presidente Mauricio Funes, el primer mandatario de izquierda que gobierna en El Salvador y quien asumió el gobierno el 1 de junio de 2009.
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