soledad jarquín edgar Monclova, Coah., 2 de octubre (apro-cimac).- Con la sentencia de cuatro soldados y la absolución --por las leyes civiles-- de otros cuatro militares, terminó la segunda larga noche para las mujeres que hace 15 meses fueron violadas en Castaños, Coahuila, por miembros del pelotón MK-19, perteneciente al 14 Regimiento de Caballería Motorizado, del Ejército Mexicano.
La primera interminable noche fue el 11 de julio de 2006, cuando un grupo de soldados tomó por asalto la zona de tolerancia del municipio de Castaños, ubicado a unos 14 kilómetros de esta ciudad, y agredió psicológica, física y sexualmente a 14 mujeres, además de lesionar a seis policías.
El recuerdo hace temblar a una de las mujeres agredidas. Desde la rejilla de prácticas observa atenta a los soldados que salen, uno a uno, bien vestidos, a escuchar la sentencia dictada por el juez segundo en Materia Penal, Hiradier Huerta Rodríguez.
Identificado como “el líder” por las trabajadoras de “El Pérsico” y “Las Playas”, Juan José Gaytán Santiago pierde el ritmo de su respiración al paso de las palabras que escucha. Su sentencia es de 21 años de prisión. Las lágrimas lo traicionan, trata de impedir que broten y echa el rostro hacia atrás.
Frente a él, dos mujeres ven la escena. Una parece que va a desfallecer, su esposa. La otra, una de las víctimas a las que agredió la madrugada del 11 de julio, dice: "Qué llore, no me importa, yo he llorado todos estos meses, por más de un año, por su culpa."
Gaytán Santiago agredió sexualmente a seis mujeres. Una de ellas decidió el pasado 3 de marzo retractarse de sus primeras declaraciones, incluso las que hizo ante los medios de comunicación durante ocho meses.
El primero de los cuatro militares sentenciados fue Fernando Adrián Madrid Guardiola: su castigo 31 años ocho meses de prisión. Una de las dos mujeres a quienes violó llegó tarde a la pequeña sala donde se realizaba la audiencia (el juez inició la audiencia minutos antes de lo que había anunciado); entró con una pequeña niña en brazos, luego la pequeña lloró y tuvieron que sacarla, pero ella volvió para escuchar. "Esperaba más castigo", admite.
Delgada en extremo, la mujer pierde el miedo frente a los fotógrafos. Se muestra segura de la verdad que apenas se castiga, de su dolor no recompensado. "Quería ver qué cara ponía, pero no alcancé a verlo", lamenta. “Ya no importa” --dice con enfado--, ahora está molesta porque esperaba que todos los soldados que las violaron fueran castigados, que la vida les hiciera justicia.
El juez Huerta Rodríguez apuntó que en este caso "al comprobarse de las constancias de autos que una de las víctimas resultó embarazada, conforme a la legislación civil de Coahuila, se dejaron a salvo los derechos de la madre para que concurriera a los tribunales en materia familiar e hiciera valer el derecho correspondiente a la paternidad y los alimentos. Decisión que será de la madre".
El militar Omar Alejandro Rangel Fuentes, a quien se le comprobó el delito de violación agravada a cinco de las 14 mujeres, recibió el más alto de los castigos: 41 años cinco meses de reclusión. No firmó el documento de su sentencia, volvió en silencio a su celda en el Centro de Readaptación Social para Varones.
A Rangel Fuentes "se le acreditaron múltiples violaciones”, ya que “las ofendidas” y testigos lo identificaron “directa y contundentemente” en una diligencia de confrontación y en careos.
La sentencia contra Ángel Antonio Hernández Niño, por 3 años nueve meses, mismos que podría librar si paga una "multa" de 20 mil 843 pesos, desconcertó a las mujeres agredidas. “Es una burla”, afirmaron. La abogada Sandra de Luna González adelantó que ésta, como el resto de las sentencias, incluyendo las condenatorias, serán impugnadas.
Aún están pendientes de ejecutar tres órdenes de aprehensión contra Ricardo Hernández Hernández, Berdomiano Hernández García y José Raúl Ramírez, quienes se encuentran prófugos.
Huerta Martínez aseguró que nueve de las 14 víctimas "ven satisfechas sus pretensiones punitivas"; recordó que dos de ellas –Wendy y Nubia--, se retractaron; y una negó los hechos y desconoció la firma que se estampaba en los documentos.
Sobre las exoneraciones, el juez explicó que en dos casos no se acreditó la cópula, "porque el médico legista establecía que no había enrojecimiento de los introitos vaginales", casos en que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "el dicho no es suficiente"; además, tampoco hubo testigos, ya que se retractaron.
La “ofendida” negó haber sido violada por Norberto Francisco Vargas, y desconoció la firma que obraba en la denuncia, por lo que fue nulificada la querella e identificación de la persona; en el caso de Norberto González Estrada, el juez consideró suficiente el hecho de que éste habría sido el conductor de la camioneta Hummer, en que se trasladaron los soldados.
Sobre el tercer militar absuelto, Rosendo García Jiménez, a quien la mujer agredida no pudo identificar en una diligencia de confrontación, el juez dijo que el día de los hechos éste se encontraba en un lugar diferente. “Él no pertenecía a la base del IFE, sino a Las Flores, como referencia al ser notificado, los militares dijeron él que hace aquí, no es de nuestro destacamento", agregó.
El juez no explicó el caso de Casimiro Ortega Hernández, absuelto por el delito de violación, no así por el delito de lesiones a policías, por lo cual tendrá que pagar 482.10 pesos.
Justicia a medias
La abogada coadyuvante Sandra de Luna se inconformó por la decisión del juez Hiradier Huerta de exonerar a cuatro soldados, la cual calificó de “misógina”, y reiteró que impugnará todas las sentencias, porque “no puede haber justicia a medias para las mujeres”.
Explicó que la violación es un delito de realización oculta. Sin embargo, aclaró que en el caso de Castaños hubo testigos, por lo que es sorprendente la decisión del juez Hiradier Huerta.
Reiteró que aun cuando está satisfecha por las tres sentencias condenatorias, las consideró insuficientes, por lo cual, agregó, presentará el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque se requiere sancionar a quienes con esta determinación violan los derechos de las agraviadas, que "podría ser el juez y el propio gobierno estatal".
De Luna González recordó que a las mujeres agredidas como a la coadyuvacia no se les olvida que aún están prófugos tres militares que participaron en la violación masiva, por lo que exigió su detención y proceso judicial por el fuero común.
Coincidió con el juez Huerta Rodríguez en que Coahuila "hace historia" al condenar por primera vez a un pelotón de soldados del Ejército Mexicano, "un parteaguas para la aplicación de justicia y de la ley, ya que en ningún estado de la República y, de acuerdo con fuentes periodísticas, en ninguna parte de América Latina se había procesado a militares".
La pesadilla para las 14 mujeres agredidas por los soldados empezó cuando el pelotón MK-19 abandonó las instalaciones del IFE y el municipio de Monclova, donde cumplían el servicio de resguardar las boletas electorales y se trasladaron a la zona de tolerancia de Castaños.
Fojas y escándalo
El juicio de ocho de los 12 militares, que fueron identificados por 14 mujeres inicialmente como sus atacantes sexuales, quedó registrado en 52 mil 532 fojas por las dos caras, 19 expedientes, 102 audiencias, 418 personas que concurrieron, 32 apelaciones, cuatro soldados sentenciados y cuatro más absueltos por la justicia del fuero común y que ahora enfrentarán a la justicia militar.
Todo ello en medio de un "escándalo" por la supuesta filtración de información a la agencia Apro, que pone en tela de juicio al propio juez, quien se descartó como el informante, pero en el que también estarían involucrados el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Alberto Pérez Mata, y el magistrado Natalio Ricardo Dávila Moreira, las tres únicas personas que conocían el fallo.
Molesto, Huerta Rodríguez cerró el capítulo de "una nueva historia" con relación a la justicia que debe aplicarse a los militares violadores; y aseguró que solicitará una investigación al Consejo de la Judicatura para que castigue a quien filtró la información, porque causó múltiples perjuicios al desarrollo y notificación de las sentencias, pese a que "era errónea y equivocada".
La primera interminable noche fue el 11 de julio de 2006, cuando un grupo de soldados tomó por asalto la zona de tolerancia del municipio de Castaños, ubicado a unos 14 kilómetros de esta ciudad, y agredió psicológica, física y sexualmente a 14 mujeres, además de lesionar a seis policías.
El recuerdo hace temblar a una de las mujeres agredidas. Desde la rejilla de prácticas observa atenta a los soldados que salen, uno a uno, bien vestidos, a escuchar la sentencia dictada por el juez segundo en Materia Penal, Hiradier Huerta Rodríguez.
Identificado como “el líder” por las trabajadoras de “El Pérsico” y “Las Playas”, Juan José Gaytán Santiago pierde el ritmo de su respiración al paso de las palabras que escucha. Su sentencia es de 21 años de prisión. Las lágrimas lo traicionan, trata de impedir que broten y echa el rostro hacia atrás.
Frente a él, dos mujeres ven la escena. Una parece que va a desfallecer, su esposa. La otra, una de las víctimas a las que agredió la madrugada del 11 de julio, dice: "Qué llore, no me importa, yo he llorado todos estos meses, por más de un año, por su culpa."
Gaytán Santiago agredió sexualmente a seis mujeres. Una de ellas decidió el pasado 3 de marzo retractarse de sus primeras declaraciones, incluso las que hizo ante los medios de comunicación durante ocho meses.
El primero de los cuatro militares sentenciados fue Fernando Adrián Madrid Guardiola: su castigo 31 años ocho meses de prisión. Una de las dos mujeres a quienes violó llegó tarde a la pequeña sala donde se realizaba la audiencia (el juez inició la audiencia minutos antes de lo que había anunciado); entró con una pequeña niña en brazos, luego la pequeña lloró y tuvieron que sacarla, pero ella volvió para escuchar. "Esperaba más castigo", admite.
Delgada en extremo, la mujer pierde el miedo frente a los fotógrafos. Se muestra segura de la verdad que apenas se castiga, de su dolor no recompensado. "Quería ver qué cara ponía, pero no alcancé a verlo", lamenta. “Ya no importa” --dice con enfado--, ahora está molesta porque esperaba que todos los soldados que las violaron fueran castigados, que la vida les hiciera justicia.
El juez Huerta Rodríguez apuntó que en este caso "al comprobarse de las constancias de autos que una de las víctimas resultó embarazada, conforme a la legislación civil de Coahuila, se dejaron a salvo los derechos de la madre para que concurriera a los tribunales en materia familiar e hiciera valer el derecho correspondiente a la paternidad y los alimentos. Decisión que será de la madre".
El militar Omar Alejandro Rangel Fuentes, a quien se le comprobó el delito de violación agravada a cinco de las 14 mujeres, recibió el más alto de los castigos: 41 años cinco meses de reclusión. No firmó el documento de su sentencia, volvió en silencio a su celda en el Centro de Readaptación Social para Varones.
A Rangel Fuentes "se le acreditaron múltiples violaciones”, ya que “las ofendidas” y testigos lo identificaron “directa y contundentemente” en una diligencia de confrontación y en careos.
La sentencia contra Ángel Antonio Hernández Niño, por 3 años nueve meses, mismos que podría librar si paga una "multa" de 20 mil 843 pesos, desconcertó a las mujeres agredidas. “Es una burla”, afirmaron. La abogada Sandra de Luna González adelantó que ésta, como el resto de las sentencias, incluyendo las condenatorias, serán impugnadas.
Aún están pendientes de ejecutar tres órdenes de aprehensión contra Ricardo Hernández Hernández, Berdomiano Hernández García y José Raúl Ramírez, quienes se encuentran prófugos.
Huerta Martínez aseguró que nueve de las 14 víctimas "ven satisfechas sus pretensiones punitivas"; recordó que dos de ellas –Wendy y Nubia--, se retractaron; y una negó los hechos y desconoció la firma que se estampaba en los documentos.
Sobre las exoneraciones, el juez explicó que en dos casos no se acreditó la cópula, "porque el médico legista establecía que no había enrojecimiento de los introitos vaginales", casos en que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "el dicho no es suficiente"; además, tampoco hubo testigos, ya que se retractaron.
La “ofendida” negó haber sido violada por Norberto Francisco Vargas, y desconoció la firma que obraba en la denuncia, por lo que fue nulificada la querella e identificación de la persona; en el caso de Norberto González Estrada, el juez consideró suficiente el hecho de que éste habría sido el conductor de la camioneta Hummer, en que se trasladaron los soldados.
Sobre el tercer militar absuelto, Rosendo García Jiménez, a quien la mujer agredida no pudo identificar en una diligencia de confrontación, el juez dijo que el día de los hechos éste se encontraba en un lugar diferente. “Él no pertenecía a la base del IFE, sino a Las Flores, como referencia al ser notificado, los militares dijeron él que hace aquí, no es de nuestro destacamento", agregó.
El juez no explicó el caso de Casimiro Ortega Hernández, absuelto por el delito de violación, no así por el delito de lesiones a policías, por lo cual tendrá que pagar 482.10 pesos.
Justicia a medias
La abogada coadyuvante Sandra de Luna se inconformó por la decisión del juez Hiradier Huerta de exonerar a cuatro soldados, la cual calificó de “misógina”, y reiteró que impugnará todas las sentencias, porque “no puede haber justicia a medias para las mujeres”.
Explicó que la violación es un delito de realización oculta. Sin embargo, aclaró que en el caso de Castaños hubo testigos, por lo que es sorprendente la decisión del juez Hiradier Huerta.
Reiteró que aun cuando está satisfecha por las tres sentencias condenatorias, las consideró insuficientes, por lo cual, agregó, presentará el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque se requiere sancionar a quienes con esta determinación violan los derechos de las agraviadas, que "podría ser el juez y el propio gobierno estatal".
De Luna González recordó que a las mujeres agredidas como a la coadyuvacia no se les olvida que aún están prófugos tres militares que participaron en la violación masiva, por lo que exigió su detención y proceso judicial por el fuero común.
Coincidió con el juez Huerta Rodríguez en que Coahuila "hace historia" al condenar por primera vez a un pelotón de soldados del Ejército Mexicano, "un parteaguas para la aplicación de justicia y de la ley, ya que en ningún estado de la República y, de acuerdo con fuentes periodísticas, en ninguna parte de América Latina se había procesado a militares".
La pesadilla para las 14 mujeres agredidas por los soldados empezó cuando el pelotón MK-19 abandonó las instalaciones del IFE y el municipio de Monclova, donde cumplían el servicio de resguardar las boletas electorales y se trasladaron a la zona de tolerancia de Castaños.
Fojas y escándalo
El juicio de ocho de los 12 militares, que fueron identificados por 14 mujeres inicialmente como sus atacantes sexuales, quedó registrado en 52 mil 532 fojas por las dos caras, 19 expedientes, 102 audiencias, 418 personas que concurrieron, 32 apelaciones, cuatro soldados sentenciados y cuatro más absueltos por la justicia del fuero común y que ahora enfrentarán a la justicia militar.
Todo ello en medio de un "escándalo" por la supuesta filtración de información a la agencia Apro, que pone en tela de juicio al propio juez, quien se descartó como el informante, pero en el que también estarían involucrados el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Alberto Pérez Mata, y el magistrado Natalio Ricardo Dávila Moreira, las tres únicas personas que conocían el fallo.
Molesto, Huerta Rodríguez cerró el capítulo de "una nueva historia" con relación a la justicia que debe aplicarse a los militares violadores; y aseguró que solicitará una investigación al Consejo de la Judicatura para que castigue a quien filtró la información, porque causó múltiples perjuicios al desarrollo y notificación de las sentencias, pese a que "era errónea y equivocada".
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