domingo, 04 de noviembre de 2007
Mediante "prestanombres" Fonatur vendió terrenos a precios irrisorios a Marta Sahagún y sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca *Con el proyecto Península Cancún violaron leyes ambientales y el Plan de Desarrollo Urbano de Benito Juárez
Por Gerardo Reynoso
Primera Parte
Las redes de corrupción y tráfico de influencias de los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún con el actual gobierno federal en este destino turístico, han quedado al descubierto mediante el proyecto condominal denominado Península Cancún, el cual cuenta con el amparo de estancias federales para construirse, tal y como se hiciera hace dos años con un desarrollo similar en Puerto Vallarta, Jalisco, propiedad de los hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox.
Pero ahí no concluye la extensión de los Bribiesca, ya que también han adquirido terrenos en la zona intercontinental de Isla Mujeres para poder construir lo que lleva por nombre Península Mujeres, al igual que predios en Puerto Morelos para edificar un conjunto condominal.
Estos tres proyectos en total suman una inversión de más de 65 millones de pesos, ya que los "representantes" de los hermanos Bribriesca obtuvieron los predios a precios irrisorios ante las facilidades que en su momento otorgó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para realizar las operaciones.
De hecho, la dependencia, en ese entonces encabezada por John McCarthy, dio entrada libre a los precios que manejaron los hijos de la esposa del ex presidente de la República, a través de su representante en Cancún, Alejandro Báez Meza, y por medio de la agencia inmobiliaria Lemmus InverMéxico Real State de Miguel Angel Lemmus Matus.
El caso del desarrollo inmobiliario Península Cancún data del 2005 cuando Fonatur vendió el predio ubicado en el kilómetro 23.5 de la zona hotelera a Alejandro Báez Meza, quien funge como representante del corporativo Residencial Península S.A. de C. V. Además, Báez Meza aparece como socio directo de José Felipe Tomé Velázquez, quien ya ha sido exhibido públicamente por medios de comunicación a nivel nacional, como el principal prestanombres de Marta Sahagún.
Para poder adquirir los terrenos, el representante de los Bribiesca en Cancún, entró en negociaciones directas con el encargado de la oficina de Fonatur en la ciudad, Ricardo Alvarado Guerrero, para discutir sobre todo los pormenores del precio al que se vendería el metro cuadrado de los terrenos.
Alvarado Guerrero en ese entonces, tenía la orden de John McCarthy de dar todas las facilidades a la transacción, ya que se trataba de un encargo de arriba, según revelaron fuentes oficiales de la propia dependencia que aún se mantienen dentro de la paraestatal.
Tras días de negociación, Fonatur fijó el precio: 4 mil 319 pesos por metro cuadrado, lo cual significaba una bagatela considerando que actualmente el proyecto se comercializa en aproximadamente 2 mil dólares el metro cuadrado, lo cual significa que se quintuplicó el precio del lugar. Lo que se pretendía construir era cuatro torres con 12 pisos cada una, además de tener una zona para gimnasio, spa, centro de negocios y hasta un área de jardines tropicales, muy similar al proyecto que se tiene en Puerto Vallarta, Jalisco.
Pero las negociaciones también tenían otra finalidad, misma que iba encaminada a regular la situación ambiental. Resulta ser que en ese punto, en el kilómetro 23.5 de la zona hotelera, el Plan Ordenador de Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez, contempla en un perímetro de 10 kilómetros - el área comienza en el kilómetro 21 donde también se edifica otro proyecto condominal irregular de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental -, una unidad de gestión ambiental 10 (UGA 10), la cual establece una zona restringida para densidades, por lo cual no se podían construir cuartos de hotel o de otro tipo.
Pero las normas ambientales no importaron. El proyecto residencial Península Cancún arrancó su construcción y con ello se dio la devastación neta de 13 mil metros cuadrados de manglar, situación que en su momento fue señalada tanto por el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) de Araceli Domínguez, así como por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
A tal grado llegaron los señalamientos que el 6 de julio del 2006, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tuvo que realizar inspecciones en la zona de edificación y no tuvo más remedio que clausurar temporalmente la obra bajo el argumento de "desmonte ilegal de mangle" y la falta de autorización de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para llevar a cabo esta acción.
Sin embargo, aún con la clausura el daño ya estaba hecho, así que tanto Fonatur como el grupo desarrollador con Alejandro Báez Meza al frente en representación de la familia Bribiesca, continuaron con el proceso de construcción, ya que la empresa inmobiliaria Lemmus InvertMéxico Real State encargada del proyecto sostuvo ante las autoridades federales que la consultora ambiental Sylvatica, había entregado toda la documentación, incluyendo los permisos del desmonte el 5 de julio ante la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con esto la vía quedó libre y se siguió en el trabajo de consolidar residencial Península Cancún a pesar de todas las irregularidades, al mismo tiempo que se preparaba el terreno para ajustar los otros dos proyectos de los Bribiesca en la zona norte de Quintana Roo.
Pero ahí no concluye la extensión de los Bribiesca, ya que también han adquirido terrenos en la zona intercontinental de Isla Mujeres para poder construir lo que lleva por nombre Península Mujeres, al igual que predios en Puerto Morelos para edificar un conjunto condominal.
Estos tres proyectos en total suman una inversión de más de 65 millones de pesos, ya que los "representantes" de los hermanos Bribriesca obtuvieron los predios a precios irrisorios ante las facilidades que en su momento otorgó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para realizar las operaciones.
De hecho, la dependencia, en ese entonces encabezada por John McCarthy, dio entrada libre a los precios que manejaron los hijos de la esposa del ex presidente de la República, a través de su representante en Cancún, Alejandro Báez Meza, y por medio de la agencia inmobiliaria Lemmus InverMéxico Real State de Miguel Angel Lemmus Matus.
El caso del desarrollo inmobiliario Península Cancún data del 2005 cuando Fonatur vendió el predio ubicado en el kilómetro 23.5 de la zona hotelera a Alejandro Báez Meza, quien funge como representante del corporativo Residencial Península S.A. de C. V. Además, Báez Meza aparece como socio directo de José Felipe Tomé Velázquez, quien ya ha sido exhibido públicamente por medios de comunicación a nivel nacional, como el principal prestanombres de Marta Sahagún.
Para poder adquirir los terrenos, el representante de los Bribiesca en Cancún, entró en negociaciones directas con el encargado de la oficina de Fonatur en la ciudad, Ricardo Alvarado Guerrero, para discutir sobre todo los pormenores del precio al que se vendería el metro cuadrado de los terrenos.
Alvarado Guerrero en ese entonces, tenía la orden de John McCarthy de dar todas las facilidades a la transacción, ya que se trataba de un encargo de arriba, según revelaron fuentes oficiales de la propia dependencia que aún se mantienen dentro de la paraestatal.
Tras días de negociación, Fonatur fijó el precio: 4 mil 319 pesos por metro cuadrado, lo cual significaba una bagatela considerando que actualmente el proyecto se comercializa en aproximadamente 2 mil dólares el metro cuadrado, lo cual significa que se quintuplicó el precio del lugar. Lo que se pretendía construir era cuatro torres con 12 pisos cada una, además de tener una zona para gimnasio, spa, centro de negocios y hasta un área de jardines tropicales, muy similar al proyecto que se tiene en Puerto Vallarta, Jalisco.
Pero las negociaciones también tenían otra finalidad, misma que iba encaminada a regular la situación ambiental. Resulta ser que en ese punto, en el kilómetro 23.5 de la zona hotelera, el Plan Ordenador de Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez, contempla en un perímetro de 10 kilómetros - el área comienza en el kilómetro 21 donde también se edifica otro proyecto condominal irregular de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental -, una unidad de gestión ambiental 10 (UGA 10), la cual establece una zona restringida para densidades, por lo cual no se podían construir cuartos de hotel o de otro tipo.
Pero las normas ambientales no importaron. El proyecto residencial Península Cancún arrancó su construcción y con ello se dio la devastación neta de 13 mil metros cuadrados de manglar, situación que en su momento fue señalada tanto por el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) de Araceli Domínguez, así como por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
A tal grado llegaron los señalamientos que el 6 de julio del 2006, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tuvo que realizar inspecciones en la zona de edificación y no tuvo más remedio que clausurar temporalmente la obra bajo el argumento de "desmonte ilegal de mangle" y la falta de autorización de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para llevar a cabo esta acción.
Sin embargo, aún con la clausura el daño ya estaba hecho, así que tanto Fonatur como el grupo desarrollador con Alejandro Báez Meza al frente en representación de la familia Bribiesca, continuaron con el proceso de construcción, ya que la empresa inmobiliaria Lemmus InvertMéxico Real State encargada del proyecto sostuvo ante las autoridades federales que la consultora ambiental Sylvatica, había entregado toda la documentación, incluyendo los permisos del desmonte el 5 de julio ante la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con esto la vía quedó libre y se siguió en el trabajo de consolidar residencial Península Cancún a pesar de todas las irregularidades, al mismo tiempo que se preparaba el terreno para ajustar los otros dos proyectos de los Bribiesca en la zona norte de Quintana Roo.
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