jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- La tragedia que afecta a la mitad de la población de Tabasco no sólo apunta a la gigantesca corrupción de quienes han gobernado la entidad en las últimas décadas, sino a un creciente riesgo de inestabilidad social.
Lo que vive esa entidad del país no es meramente un desastre natural. Si ahora un millón de los dos millones de habitantes del estado padece los estragos de una inundación sin precedente en medio siglo, es a consecuencia del prolongado saqueo de sus recursos naturales y económicos.
En los últimos 30 años, el estado ha contado con un presupuesto de 30 mil millones de dólares. Las cifras son públicas. Basta con sumar los presupuestos que ha manejado cada uno de los últimos seis gobiernos para llegar a esa cantidad.
Desde que en 1977 el gobernador Leandro Rovirosa Wade logró negociar con el gobierno de José López Portillo el incremento significativo de los recursos que recibía el estado por la explotación del petróleo que está en el subsuelo tabasqueño, la entidad se ha convertido en el principal receptor de participaciones federales.
Después de Rovirosa, Enrique González Pedrero, Salvador Neme Castillo, Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz no dejaron de ver un aumento de esos recursos, que representan 96% de los ingresos del estado.
Ese modelo ha impedido que en el estado se desarrolle una industria de servicios propia, más allá de la extracción del crudo que hace Pemex. Como una de las zonas estratégicas del país, Tabasco es hoy el segundo productor nacional de petróleo y el segundo productor de gas natural.
Pero los recursos no se han invertido en la infraestructura necesaria que exige un estado cuyo territorio es una planicie que recibe caudales desde tres cuencas que se originan en Guatemala, Chiapas y el propio Tabasco. Además, sólo tiene una inclinación de 0.5 grados, lo cual explica que 70% del estado se encuentre inundado.
Eso significa que el estado requiere además la conservación de sus vasos reguladores naturales. Pero por el contrario. Han desaparecido en manos de especuladores inmobiliarios al amparo de la corrupción gubernamental. Esa ha sido otra manera de atentar contra la seguridad de los tabasqueños.
La entrega de recursos federales más reciente, gestionada en el último año de gobierno de Andrade y que ejerce desde enero de este año el gobierno del priista Andrés Granier Melo, es de 32 mil 500 millones de pesos, una cifra similar al presupuesto que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para actividades de seguridad nacional en todo el país.
Granier ha canalizado gran parte de esos recursos a emular programas sociales como los puestos en marcha por su paisano, el perredista Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF).
El exsenador, excónsul de México en Houston y candidato en la pasada contienda por el gobierno del estado, Humberto Hernández Haddad, ha sido a partir de esta realidad de las cifras uno de los principales críticos de lo que define como el “modelo superficial” de crecimiento, sin un desarrollo industrial y social. La tragedia, asegura, es resultado de ese engaño.
Lejos del propósito que existía para reducir las participaciones federales para Tabasco, el desastre obligará a la creación de un programa especial de emergencia que de forma obligada exige la canalización de recursos para la reconstrucción del estado.
No hacerlo, sería hacer de esta tragedia de la corrupción un desastre humanitario. Por lo pronto, los gobiernos federal y estatal se enfrentan al reto de impedir que lo que ahora es dolor se convierta en inestabilidad social, producto de la indignación. (2 de noviembre de 2007)
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
Lo que vive esa entidad del país no es meramente un desastre natural. Si ahora un millón de los dos millones de habitantes del estado padece los estragos de una inundación sin precedente en medio siglo, es a consecuencia del prolongado saqueo de sus recursos naturales y económicos.
En los últimos 30 años, el estado ha contado con un presupuesto de 30 mil millones de dólares. Las cifras son públicas. Basta con sumar los presupuestos que ha manejado cada uno de los últimos seis gobiernos para llegar a esa cantidad.
Desde que en 1977 el gobernador Leandro Rovirosa Wade logró negociar con el gobierno de José López Portillo el incremento significativo de los recursos que recibía el estado por la explotación del petróleo que está en el subsuelo tabasqueño, la entidad se ha convertido en el principal receptor de participaciones federales.
Después de Rovirosa, Enrique González Pedrero, Salvador Neme Castillo, Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz no dejaron de ver un aumento de esos recursos, que representan 96% de los ingresos del estado.
Ese modelo ha impedido que en el estado se desarrolle una industria de servicios propia, más allá de la extracción del crudo que hace Pemex. Como una de las zonas estratégicas del país, Tabasco es hoy el segundo productor nacional de petróleo y el segundo productor de gas natural.
Pero los recursos no se han invertido en la infraestructura necesaria que exige un estado cuyo territorio es una planicie que recibe caudales desde tres cuencas que se originan en Guatemala, Chiapas y el propio Tabasco. Además, sólo tiene una inclinación de 0.5 grados, lo cual explica que 70% del estado se encuentre inundado.
Eso significa que el estado requiere además la conservación de sus vasos reguladores naturales. Pero por el contrario. Han desaparecido en manos de especuladores inmobiliarios al amparo de la corrupción gubernamental. Esa ha sido otra manera de atentar contra la seguridad de los tabasqueños.
La entrega de recursos federales más reciente, gestionada en el último año de gobierno de Andrade y que ejerce desde enero de este año el gobierno del priista Andrés Granier Melo, es de 32 mil 500 millones de pesos, una cifra similar al presupuesto que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para actividades de seguridad nacional en todo el país.
Granier ha canalizado gran parte de esos recursos a emular programas sociales como los puestos en marcha por su paisano, el perredista Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF).
El exsenador, excónsul de México en Houston y candidato en la pasada contienda por el gobierno del estado, Humberto Hernández Haddad, ha sido a partir de esta realidad de las cifras uno de los principales críticos de lo que define como el “modelo superficial” de crecimiento, sin un desarrollo industrial y social. La tragedia, asegura, es resultado de ese engaño.
Lejos del propósito que existía para reducir las participaciones federales para Tabasco, el desastre obligará a la creación de un programa especial de emergencia que de forma obligada exige la canalización de recursos para la reconstrucción del estado.
No hacerlo, sería hacer de esta tragedia de la corrupción un desastre humanitario. Por lo pronto, los gobiernos federal y estatal se enfrentan al reto de impedir que lo que ahora es dolor se convierta en inestabilidad social, producto de la indignación. (2 de noviembre de 2007)
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
No comments:
Post a Comment