Bolivia: “Rumbo al despeñadero”

jean paul guzmán saldaña La Paz, (apro).- A dos años de que Evo Morales llegó a la Presidencia, con el apoyo de 53.7% del electorado, Bolivia se encuentra hoy en un callejón político sin salida:

El proyecto de nueva Constitución es rechazado por dos terceras partes del país, y cinco de los nueve departamentos (gobernaciones) están a punto de aprobar, mediante referendos, estatutos autonómicos que fracturarán la estructura del Estado y pulverizarán la concentración del poder.

El origen de esta crisis se ubica en el proceso de elaboración del proyecto de nueva Constitución, que arrancó el 6 de agosto de 2006 con la instalación de la Asamblea Constituyente y concluyó el 9 de diciembre de 2007, con un documento que únicamente fue aprobado por el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), en una sesión que la oposición, ausente por decisión propia en la votación, denunció como ilegal, argumentando la violación de varios procedimientos.

El proyecto de Constitución, que otorga al Estado el control del sistema económico, limita las autonomías regionales y privilegia a los sectores indígenas con un poder de representación y decisión superior al de cualquier otro sector social, encontró de inmediato una firme oposición, primero en la gobernación de Santa Cruz, la región económicamente más próspera del país, que luego se extendió a otras cinco (Tarija, Beni, Pando, Chuquisaca y Cochabamba) , que comenzaron a gestar, con distinto ritmo, procesos autonómicos.

Esos procesos concretaron la redacción de los Estatutos Autonómicos, que establecen en cada gobernación una normativa administrativa, legislativa y judicial propia, que desconoce la actual composición del Estado y es incompatible con la Constitución en vigencia y con la nueva que deberá aprobarse mediante referéndum.

Los autores de los Estatutos Autonómicos afirman que la normativa propia no desintegra al país y, por el contrario, impulsa el desarrollo económico y social de las regiones para una Bolivia con más progreso.

Únicamente en las gobernaciones leales a Evo Morales (La Paz, Oruro y Potosí, ubicadas en la región andina, la de más altos índices de pobreza en el país) no se inició la redacción de sus Estatutos Autonómicos.

Para el gobierno, los Estatutos Autonómicos no sólo se encuentran fuera de la normativa jurídica, sino plantean una amenaza de desintegración del país, mientras que para las gobernaciones son la opción a un proyecto de nueva Constitución que desecha el derecho de las regiones a avanzar en procesos autonómicos. La autonomía, de hecho, fue respaldada mediante elecciones en cuatro de las nueve gobernaciones de Bolivia, el 2 de julio de 2006.

La gobernación de Santa Cruz encabeza los procesos autonómicos y, a través de la Corte Electoral de la región, convocó inicialmente a un referéndum para el 4 de mayo, en el que la población votará por el Sí o No al Estatuto Autonómico. Todas las encuestas aseguran una victoria mayoritaria del Sí.

Las gobernaciones de Beni y Pando convocaron a sus propios referendos para el 1 de junio, mientras Tarija, Chuquisaca y Cochabamba se encuentran en plena organización de esas elecciones.

Punto de quiebre

Este panorama de crisis alcanzó su punto culminante el 28 de febrero, cuando el Congreso Nacional aprobó dos leyes cruciales: una para convocar a un referéndum el 4 de mayo, destinado a aprobar o rechazar el proyecto de nueva Constitución, y otra destinada a anular la legalidad de los referendos autonómicos programados por las gobernaciones.

Sin ningún debate, el Congreso aprobó esas medidas en apenas media hora, con la oposición ausente, debido a que grupos de choque de campesinos y mineros leales al MAS cercaron el Palacio Legislativo, ante la indiferencia de la policía, e impidieron que diputados y senadores de otros partidos participaran en la sesión.

Además de la oposición, juristas y constitucionalistas calificaron de “ilegal” la sesión de Congreso, ya que su directiva, presidida por el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, ignoró varios procedimientos necesarios para la aprobación de las leyes, entre ellos la comprobación del quórum reglamentario, la verificación del voto y el análisis previo en comisiones de los proyectos de Ley.

Desahuciada cualquier posibilidad de diálogo y, por tanto, de concertación, la decisión del Congreso abrió las puertas a posiciones radicales. En Santa Cruz, el Comité Cívico (organización opositora que congrega a los sectores sociales y económicos mayoritarios de la región) convocó, mediante declaración de su presidente, Branko Marinkovic, “a defender la democracia y nuestro referéndum autonómico que tanto anhelamos”.

Jorque Quiroga, jefe de Poder Democrático y Social (Podemos), principal partido de la oposición, fue más drástico aún y afirmó que, tras la decisión congresal, “el señor (Evo) Morales ha dejado de ser presidente democrático y constitucional, y se ha convertido en un gobernante de facto. La democracia está herida de muerte por esas acciones”.

Evo Morales, por su parte, promulgó el 29 de febrero las leyes aprobadas en el Congreso y convocó a iniciar una campaña destinada a lograr la aprobación del proyecto de Constitución, “votando por el Sí” y “todo por la unidad de los bolivianos”.

La determinación más drástica surgió el 3 de marzo del Consejo Nacional Democrático (Conalde), integrado por los gobernadores y representantes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, quienes decidieron desconocer el carácter democrático del gobierno y no acatar las leyes aprobadas en el Congreso para convocar al referendo de aprobación del proyecto de Constitución y sobre las consultas autonómicas.

“Las determinaciones (del Conalde) lo único que hacen es conducir hacia un cauce antidemocrático y, por supuesto, están orientadas a que un régimen (neoliberal) retorne al país”, comentó inmediatamente el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Sin embargo, el propio Senado, con mayoría opositora, aprobó el 6 de marzo una resolución que recomienda la “inobservancia” a las leyes mencionadas. El presidente del Senado y militante de Podemos, Oscar Ortiz, declaró al respecto: “La Constitución del MAS nunca entrará en vigencia porque dos tercios del país la desconocen y se niegan a aceptarla”.

Pero las cosas podrían no quedar allí. Las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Pando estudian adelantar el referéndum autonómico para el 27 de abril, es decir una semana antes de lo previsto y una semana antes, también, de la fecha del referéndum para aprobar el proyecto de Constitución.

Con esa decisión, las gobernaciones planifican tener refrendados sus Estatutos Autonómicos por el voto popular antes de la probable aprobación del proyecto de Constitución.

Así, sostienen, podrán ignorar la posible vigencia de la nueva Constitución, al haber aprobado con anterioridad sus Estatutos Autonómicos.

Incertidumbre

Con este panorama, políticos y analistas consultados por Apro, independientemente de su posición ideológica, comparten la incertidumbre y, sobre todo, el pesimismo sobre la convivencia democrática en Bolivia.

“(El MAS) avanza sin reparos en imponernos las condiciones para votar una Constitución manoseada sin límites (primero un índice leído en un cuartel, luego una sesión congresal ilegal que trasladó la sede de los debates, luego una lectura atropellada de 411 artículos en Oruro, luego los cambios a ese texto que un equipo clandestino hizo, vulnerando las más elementales normas). ¡Y esa es la Constitución que deberemos votar los bolivianos el próximo 4 de mayo!”, dijo Carlos Mesa, periodista y expresidente de la República, agregando que el gobierno y las gobernaciones opositoras actúan “movidos por la lógica de ‘tú tienes tu Constitución, yo tengo mis estatutos’, como si todo se resumiera a un empate de irracionalidades. En ese contexto, era obvio que el diálogo de enero era imposible, pues las partes sabían que no tenían nada para ceder”.

Otro expresidente de la República, Eduardo Rodríguez Veltzé, propone: “Concertar un referéndum único que permita reconducir todo el proceso constituyente, incluyendo el tema de las autonomías. Es indispensable recuperar la genuina representación del poder constituyente ciudadano, erosionado por la forma de su ejercicio y sus resultados. Si existiera una voluntad política sana y con miras a una Constitución de amplio respaldo, corresponde preguntarle al soberano únicamente si está de acuerdo con abrir un nuevo proceso constituyente con reglas claras que garanticen su normal desarrollo y la aprobación ordenada de sus resultados. Esta consulta evitará la confrontación y corresponderá a la voluntad y vocación ciudadanas”.

Sin embargo, hoy no existe en Bolivia una iniciativa de concertación que logre sentar en una mesa de diálogo a los protagonistas del conflicto. El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, graficó esta coyuntura de la siguiente manera:

“Bolivia observa hoy la próxima colisión de dos locomotoras: una impulsada por el proceso de cambio que se expresa en la nueva Constitución y otra alimentada por los Estatutos Autonómicos, que buscan el renacimiento del neoliberalismo y la desintegración del país”.

A este panorama político debe agregarse una situación económica que tiende a deteriorarse con una inflación al borde del descontrol.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación acumulada entre enero y febrero llegó a 3.74%, más de la mitad de la previsión establecida para todo el 2008 (7.07%).

En febrero la inflación alcanzó 2.62%, la más alta desde julio del 2007, cuando registró 2.68%. En los últimos doce meses la inflación acumulada se situó en 13.32%, la más alta de Sudamérica después de Venezuela y Argentina.

“Si no se frena la agenda política y se prioriza la agenda económica para detener el desorden, la inflación y el desabastecimiento, se agudizará el desempleo y la pobreza; por lo tanto la crisis se hará insostenible”, comentó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoud.

Para el politólogo Jorge Lazarte, “no otra cosa que el pesimismo puede marcar hoy la realidad de Bolivia, porque los posibles puentes de concertación se han quebrado”. El proyecto de Constitución que debía fundar un pacto social “ha sido suplantado por un proyecto impuesto unilateralmente y, por lo tanto, sin legitimidad. Ciegos, los actores políticos están empujando al país al despeñadero, unos a través de un proyecto de Constitución con el que no está identificada la mayoría del país, otros por medio de Estatutos que fundan mini-Repúblicas”, agrega.

“Vale decir que con la ley sancionada el jueves 28 de febrero, en el Parlamento sitiado y secuestrado, y promulgada al día siguiente por Evo Morales, se han dejado todas las formalidades para el cesto de basura y el vale todo se ha impuesto. Que nadie dentro de Bolivia y en el resto del mundo se confunda: la Asamblea Constituyente ha muerto, la ley ha muerto… es la hora de los señores de la guerra”, comentó el analista Ricardo Paz Ballivián.

Hoy, definitivamente, no es posible encontrar pronósticos políticos alentadores en Bolivia. (10 de marzo de 2008)