Alberto Aziz Nassif
11 de marzo de 2008
El caso de Juan Camilo Mouriño no es una novedad. México está harto de que los intereses privados invadan la esfera de lo público, de que el patrimonio de todos se lo apropien unos cuantos. Esa ha sido la historia del país: primero los generales de la Revolución hicieron sus negocios; luego llegaron los civiles, también revolucionarios, e hicieron sus negocios; más tarde arribaron los empresarios que se asociaron con los políticos y también hicieron sus negocios. Ahora van de regreso: los empresarios que llegaron con el discurso de la democracia quieren probar suerte en la política y hacen negocios.
Por primera vez después del 2 de julio de 2006 López Obrador da un tiro de precisión con el expediente de Mouriño el 24 de febrero. El golpe al corazón del gobierno de Calderón fue contundente. Dos semanas después del anuncio que hizo AMLO no se ha terminado de asimilar la explosión del misil. Se han equivocado en la respuesta y cada día el problema se enreda más.
Después de la publicación que hizo EL UNIVERSAL el 28 de febrero se tardaron una semana en armar una salida. Fue en el noticiario de López Dóriga, Canal 2 de Televisa, donde Mouriño se presentó a decir que sí había firmado los contratos, que se habían asignado de forma directa sin licitación y todo estaba dentro de la legalidad.
Hoy en día cualquier cosa es “legal”, desde los incrementos salariales de los consejeros del IFE y de los ministros de la Suprema Corte, pasando por los viajes de lujo del director de Conaculta, hasta los contratos de Mouriño con Pemex, todo es completamente “legal”. Se ha llegado al ridículo de que ahora la Secretaría de la Función Pública dice que puede investigar de oficio, pero que está a la espera de alguna denuncia (EL UNIVERSAL, 10/III/08). Según la lógica del gobierno, lo que denuncia la oposición es por dos razones: porque son “enemigos de este gobierno” y/o porque no se ven a ellos mismos, que también son corruptos.
El problema tiene varias dimensiones. El lado jurídico indica a primera vista que un representante popular o un funcionario público pueden caer en conflicto de intereses cuando se da este tipo de contratos, como han señalado varios abogados a la revista Proceso. Sin embargo, la vía legal tiene varias complicaciones; la primera es que las instancias son casi todas gubernamentales; y la segunda es que en el Congreso de la Unión han privado las componendas entre el PAN y el PRI, para evitar que se forme una comisión para el caso de Mouriño. Un día el PRI dijo que acompañaba la iniciativa del PRD de formar la comisión, y dos días después los dos coordinadores del tricolor, Beltrones y Gamboa, negociaron y rescataron al secretario de Gobernación.
Qué bonita democracia, ahora el PRI le da la mano al PAN para sacarlo del problema. ¿A qué costo se habrá dado el rescate? ¿Qué consecuencias habrá del espacio que dio Televisa para el rescate? La vía jurídica se ve sumamente limitada por las componendas políticas. Estamos ante el viejo problema de un país con un estado de derecho que se manipula a conveniencia de los actores.
Se equivocó Calderón al nombrar a Mouriño, pero todo indica que no lo van a mover de su posición, a pesar de lo debilitado que puede quedar después de pasar de ser el joven poderoso a ser el joven de los contratos. Algunos piensan que Calderón debería imitar a otros políticos que han dado pasos en contra de la corrupción con la remoción de colaboradores cercanos, como lo hizo Lula en Brasil.
En este caso todo indica que va ganando la estrategia contraria: mantener en la posición al secretario de Gobernación. Para hacer cambios de este tipo se necesita un liderazgo de estadista, y hasta la fecha no parece ser el caso mexicano. La tentación de apostarle al olvido, a que pase la tormenta, es grande. Mejor nadar entre las aguas y flotar con los intereses que enfrentar la adversidad.
El propio PAN salió a defender al funcionario, faltaba más. A pesar de que el PAN todavía no ha logrado armar un modelo de partido gobernante distinto al del PRI, ya sabe muy bien, de forma instintiva, que tiene que defender a Mouriño al costo que sea, así lo ha planteado Germán Martínez. Luego está el PRI, que sabrá cobrar caro su rescate. Los priístas, aliados de este gobierno, se han vuelto indispensables. Para qué son los amigos, para qué se tiene el control del partido, para qué son los aliados que sí piensan en el futuro del país y no están de amargados sacando trapos sucios. El tufo de pragmatismo que ha impregnado a la política partidista ha calado hasta el hueso.
Los primeros efectos sociales están en una opinión pública que rechaza abiertamente lo que hizo Mouriño. Esta es la otra dimensión, lo que piensa la sociedad. Un 85% de los ciudadanos consideran que lo que hizo Mouriño, legal o no, va en contra de la ética y no es “moralmente correcto”. Pero eso no es todo, porque 68% considera que el secretario de Gobernación debería renunciar. Así lo destaca una encuesta de María de las Heras que se hizo el sábado pasado y que tiene 95% de confianza (Milenio, 10/III/2008).
Sin embargo, a quién en el gobierno le importa que casi nueve de cada 10 ciudadanos consideren que lo que hizo Mouriño no es ético; a quién en el PAN le importa que para siete de cada 10 mexicanos el secretario de Gobernación debería renunciar. El cálculo parece ser diferente desde dentro. Todo indica que están dispuestos a esperar que pase la tormenta; tal vez consideran que a lo mejor las elecciones internas del PRD no salen bien, y eso pondrá la atención en otros problemas. Sin embargo, la tormenta parece que se alargará: se menciona que vienen otros contratos más.
El expediente Mouriño afecta en el corto plazo la negociación sobre la reforma energética, y a mediano plazo se puede convertir en una carga para la política interna del país, sin perder de vista que en 2009 viene la elección intermedia y el cuadro de alianzas cambiará de forma importante. Lo único cierto es que las cosas ya no serán iguales para la joven promesa del gobierno calderonista. Por lo pronto, veremos en los próximos días si se forma o no la comisión legislativa que impulsa el PRD para investigar a Mouriño. En suma, veremos si el rescate que ha tenido Mouriño resiste la siguiente tormenta…
Investigador del CIESAS
Por primera vez después del 2 de julio de 2006 López Obrador da un tiro de precisión con el expediente de Mouriño el 24 de febrero. El golpe al corazón del gobierno de Calderón fue contundente. Dos semanas después del anuncio que hizo AMLO no se ha terminado de asimilar la explosión del misil. Se han equivocado en la respuesta y cada día el problema se enreda más.
Después de la publicación que hizo EL UNIVERSAL el 28 de febrero se tardaron una semana en armar una salida. Fue en el noticiario de López Dóriga, Canal 2 de Televisa, donde Mouriño se presentó a decir que sí había firmado los contratos, que se habían asignado de forma directa sin licitación y todo estaba dentro de la legalidad.
Hoy en día cualquier cosa es “legal”, desde los incrementos salariales de los consejeros del IFE y de los ministros de la Suprema Corte, pasando por los viajes de lujo del director de Conaculta, hasta los contratos de Mouriño con Pemex, todo es completamente “legal”. Se ha llegado al ridículo de que ahora la Secretaría de la Función Pública dice que puede investigar de oficio, pero que está a la espera de alguna denuncia (EL UNIVERSAL, 10/III/08). Según la lógica del gobierno, lo que denuncia la oposición es por dos razones: porque son “enemigos de este gobierno” y/o porque no se ven a ellos mismos, que también son corruptos.
El problema tiene varias dimensiones. El lado jurídico indica a primera vista que un representante popular o un funcionario público pueden caer en conflicto de intereses cuando se da este tipo de contratos, como han señalado varios abogados a la revista Proceso. Sin embargo, la vía legal tiene varias complicaciones; la primera es que las instancias son casi todas gubernamentales; y la segunda es que en el Congreso de la Unión han privado las componendas entre el PAN y el PRI, para evitar que se forme una comisión para el caso de Mouriño. Un día el PRI dijo que acompañaba la iniciativa del PRD de formar la comisión, y dos días después los dos coordinadores del tricolor, Beltrones y Gamboa, negociaron y rescataron al secretario de Gobernación.
Qué bonita democracia, ahora el PRI le da la mano al PAN para sacarlo del problema. ¿A qué costo se habrá dado el rescate? ¿Qué consecuencias habrá del espacio que dio Televisa para el rescate? La vía jurídica se ve sumamente limitada por las componendas políticas. Estamos ante el viejo problema de un país con un estado de derecho que se manipula a conveniencia de los actores.
Se equivocó Calderón al nombrar a Mouriño, pero todo indica que no lo van a mover de su posición, a pesar de lo debilitado que puede quedar después de pasar de ser el joven poderoso a ser el joven de los contratos. Algunos piensan que Calderón debería imitar a otros políticos que han dado pasos en contra de la corrupción con la remoción de colaboradores cercanos, como lo hizo Lula en Brasil.
En este caso todo indica que va ganando la estrategia contraria: mantener en la posición al secretario de Gobernación. Para hacer cambios de este tipo se necesita un liderazgo de estadista, y hasta la fecha no parece ser el caso mexicano. La tentación de apostarle al olvido, a que pase la tormenta, es grande. Mejor nadar entre las aguas y flotar con los intereses que enfrentar la adversidad.
El propio PAN salió a defender al funcionario, faltaba más. A pesar de que el PAN todavía no ha logrado armar un modelo de partido gobernante distinto al del PRI, ya sabe muy bien, de forma instintiva, que tiene que defender a Mouriño al costo que sea, así lo ha planteado Germán Martínez. Luego está el PRI, que sabrá cobrar caro su rescate. Los priístas, aliados de este gobierno, se han vuelto indispensables. Para qué son los amigos, para qué se tiene el control del partido, para qué son los aliados que sí piensan en el futuro del país y no están de amargados sacando trapos sucios. El tufo de pragmatismo que ha impregnado a la política partidista ha calado hasta el hueso.
Los primeros efectos sociales están en una opinión pública que rechaza abiertamente lo que hizo Mouriño. Esta es la otra dimensión, lo que piensa la sociedad. Un 85% de los ciudadanos consideran que lo que hizo Mouriño, legal o no, va en contra de la ética y no es “moralmente correcto”. Pero eso no es todo, porque 68% considera que el secretario de Gobernación debería renunciar. Así lo destaca una encuesta de María de las Heras que se hizo el sábado pasado y que tiene 95% de confianza (Milenio, 10/III/2008).
Sin embargo, a quién en el gobierno le importa que casi nueve de cada 10 ciudadanos consideren que lo que hizo Mouriño no es ético; a quién en el PAN le importa que para siete de cada 10 mexicanos el secretario de Gobernación debería renunciar. El cálculo parece ser diferente desde dentro. Todo indica que están dispuestos a esperar que pase la tormenta; tal vez consideran que a lo mejor las elecciones internas del PRD no salen bien, y eso pondrá la atención en otros problemas. Sin embargo, la tormenta parece que se alargará: se menciona que vienen otros contratos más.
El expediente Mouriño afecta en el corto plazo la negociación sobre la reforma energética, y a mediano plazo se puede convertir en una carga para la política interna del país, sin perder de vista que en 2009 viene la elección intermedia y el cuadro de alianzas cambiará de forma importante. Lo único cierto es que las cosas ya no serán iguales para la joven promesa del gobierno calderonista. Por lo pronto, veremos en los próximos días si se forma o no la comisión legislativa que impulsa el PRD para investigar a Mouriño. En suma, veremos si el rescate que ha tenido Mouriño resiste la siguiente tormenta…
Investigador del CIESAS
No comments:
Post a Comment