“Golpe de Estado”, la reforma energética: participantes en simposio del FAP





rosalía vergara

* Carrancá: Calderón, sujeto de juicio político; su iniciativa viola la Constitución

México, D.F., 6 de mayo (apro).- Participantes en el simposio “Petróleo y Soberanía Energética”, organizado por el Frente Amplio Progresista (FAP), coincidieron en que la iniciativa de reforma presentada por el presidente Felipe Calderón es un “literal golpe de Estado”.

En el primer simposio organizado el FAP participaron el exprocurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz; el exsenador del PRI, Manuel Bartlett; el historiador Lorenzo Meyer, el jurista Jaime Cárdenas y el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, quien consideró que Calderón puede ser sujeto de juicio político por el sólo hecho de haber enviado al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma energética que viola la Constitución.

Carrancá advirtió que además de Calderón, serán sujetos de juicio político los legisladores que aprueben la iniciativa porque “al ceder una posición estratégica como Petróleos Mexicanos en la forma en que pretende hacerlo el Ejecutivo es una tontería o un acto de traición”.

Por su parte, Bátiz condenó el papel de los medios de comunicación electrónicos, principalmente Televisa y Televisión Azteca, que “hacen una terrible labor de zapa en la conciencia nacional transmitiendo el discurso mentiroso del gobierno federal y asegurando que la única salvación del país es si hay ayuda de afuera, del extranjero”.

En su oportunidad, el senador priista Manuel Bartlett consideró que el objetivo de la reforma energética es producir más porque eso necesita Estados Unidos; y criticó a los legisladores priistas y panistas que pretenden avalarla. Incluso, advirtió que sus correligionarios que voten en favor de esta iniciativa en el Congreso de la Unión deberán renunciar al PRI.

“El PRI no puede votar esa iniciativa porque es privatizadora y desnacionalizadora (sic), pues violaría los principios elementales del partido. Estar en contra de Calderón es lo más necesario para el PRI.

“¿Qué pasa si Calderón se asocia con los senadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida o con el diputado Emilio Gamboa? Esos priistas están actuando con su propia naturaleza. Ellos deben renunciar al PRI. El PRI debe repudiar a los beltrones, a los emilios gamboa a los labastidas y expulsarlos del partido, porque en los principios del PRI dicen que se debe fortalecer al Estado mexicano”, reiteró.

El exsenador priista criticó también el libro del expresidente Carlos Salinas en el que acusa a sus homólogos Ernesto Zedillo y Vicente Fox de afectar a Pemex. Dijo que Salinas también tuvo responsabilidad al aplicar el neoliberalismo en el país.

Por su parte, Carrancá destacó que “el presidente Calderón miente” al negar que la reforma energética es anticonstitucional, y aseguró que cualquier persona puede demandarle “no haber cumplido con la Constitución”.

En su oportunidad, Carrancá y Rivas destacó que en la reforma energética propuesta por Calderón se anteponen leyes reglamentarias a la Constitución, lo cual es ilegal.

Señaló que el Partido Acción Nacional dice “falacias” cuando asegura que el artículo 27 constitucional sólo permite explotar el petróleo por contrato, pero no habla de la perforación de pozos de crudo, pues el texto constitucional afirma que no se pueden entregar ningún tipo de contratos en materia petrolera.

Ante eso pidió a la sociedad y organizaciones civiles demandar al presidente que cumpla con la Constitución.

“El general Lázaro Cárdenas lo dijo, son merecedores a juicio político quienes no guarden la Constitución y cualquiera puede pedirlo ante la opinión pública. Se pueden llevar a cabo acciones sociales y el pueblo puede iniciar acciones públicas. No hay que esperar, puede demandarse juicio político a los legisladores que la aprueben.

“Yo sostengo que el presidente, al enviar las iniciativas de reforma energética, ya incurrió en un acto como servidor público al margen de que se aprueben o no en el Congreso de la Unión. ¡Juicio político inmediatamente!”, exclamó.

A su vez, Juventino Castro y Castro, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en la Constitución no se habla de referéndum, pero el artículo 26 si establece que el Estado puede consultar al pueblo decisiones que le afectan, por lo que éste debe exigir la consulta y decidir no sólo sobre el contenido del puñado de iniciativas en reforma energética, sino que debe determinar si los proyectos del Estado confirman el carácter soberano del país. “Su resolución será histórica y permeará en el futuro en el criterio para iniciativas similares”, agregó.

Para el historiador Lorenzo Meyer está en juego la naturaleza de la soberanía mexicana, pues la demanda sobre el petróleo no fue del general Lázaro Cárdenas, sino del pueblo, pues la clase política pretendía decidir qué hacer con el crudo mexicano.

“En 2008 –comparó--, de nueva cuenta la clase política pretende decidir sobre los energéticos del país proponiendo extraer la renta petrolera para mantener el gasto corriente y que los capitales extranjeros o nacionales, da igual, se queden con el pastel completo. Es una decisión a la antigua.”

Para Bernardo Bátiz, exprocurador capitalino, la reforma energética es “engañosa y mentirosa porque dice cosas oscuras para engañar a la opinión pública”, respecto al petróleo mexicano.

El Frente Amplio Progresista (FAP), coordinado por Porfirio Muñoz Ledo, inició hoy un simposio antes del debate nacional en materia petrolera que comenzará el martes 13 de abril, en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina.




En Pemex, Calderón intenta trampear la Constitución, advierten especialistas


Busca modificar leyes secundarias para privatizar la paraestatal, concluyen en foro del FAP



■ Él y los legisladores que aprueben esa iniciativa serían sujetos de juicio político, coinciden Lorenzo Meyer, Juventino Castro y Castro, Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas

Ciro Pérez Silva

El intento de Felipe Calderón de “trampear” la Constitución modificando leyes secundarias para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) lo hace sujeto de juicio político, advirtió el doctor en derecho Raúl Carrancá y Rivas, al participar en el simposio Petróleo y seguridad energética, que organiza el Frente Amplio Progresista (FAP).

En ese foro, ponentes como Lorenzo Meyer, Juventino Castro y Castro, Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas, coincidieron en que la propuesta presidencial de reforma intenta “un golpe de Estado constitucional”, y enfatizaron que la única forma de detener esta maniobra para privatizar Petróleos Mexicanos es la movilización social.

Luego de advertir que los mexicanos están en su derecho de reclamarle a Felipe Calderón el cumplimiento de la Constitución, los participantes convinieron en que también serían sujetos de juicio político aquellos legisladores que llegasen a aprobar dicha iniciativa pues, a juicio de Bernardo Bátiz, “ceder una posición estratégica como Pemex”, en la forma que pretende el Ejecutivo federal, “es o una tontería o un acto de traición”, mientras Jaime Cárdenas advirtió que los senadores del PRI Francisco Labastida, “responsable del Pemexgate”, y del PAN Juan Bueno Torio, ex funcionario de la paraestatal, o el diputado priísta Emilio Gamboa, entre otros, deben excusarse de participar en los debates sobre el tema, “por su evidente conflicto de intereses”.

En sus intervenciones, cada uno de los ponentes que participaron en la mesa de discusión denominada Expropiación petrolera y soberanía nacional, subrayaron que es imprescindible la movilización social para detener el “fraude constitucional” que pretende llevar a cabo el gobierno calderonista, al tiempo que el ex senador priísta Manuel Bartlett condenó el papel de los medios electrónicos, destacadamente de las televisoras, “que hacen una brutal labor de zapa en la conciencia nacional, transmitiendo el discurso mentiroso del gobierno y asegurando que la única salvación posible para México es que la ayuda venga de afuera”.

Al frente de la Comisión de Energía y Desarrollo del FAP, responsable de la organización del simposio, Porfirio Muñoz Ledo adelantó –al presentar a los integrantes de la mesa– que de prosperar la iniciativa de Calderón, México se encontraría “en el dintel de la ruptura del orden constitucional”, y confió en que el debate sobre la iniciativa de reformas a Pemex “no sea un debate a la antigüita en el que se oye a muchos, se escucha a pocos y no se hace caso a nadie”.

La apertura de las intervenciones ante el colmado auditorio de la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo a cargo del ex consejero del Instituto Federal Electoral Jaime Cárdenas, quien sostuvo que la pretensión de Calderón Hinojosa de violar la Constitución a través de cambios en las leyes secundarias, rompe el pacto social y político que dio origen al Estado mexicano.

Cárdenas, quien dijo haberse “espantado” ante la lectura de las iniciativas del Ejecutivo, destacó que la propuesta concede a un comité de transparencia y auditoría la facultad de legislar en materia de adquisiciones, contratos y obras, y al comité de remuneraciones la de fijar salarios, potestades ambas que son responsabilidad del Congreso; establece límites a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y otros órganos de control para que no fiscalicen las actividades de la paraestatal; crea consejeros al margen de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; permite la adjudicación directa de contratos y otorga facultades a la empresa petrolera para contratar deuda externa, entre otros ejemplos de violaciones concretas a la Constitución.

“Con esta reforma, el gobierno federal pretende dos cosas simultáneamente: maximizar la extracción del petróleo y traer inversión extranjera, que equivale a tener el pastel y comérselo”, señaló en su turno Lorenzo Meyer, quien sostuvo que en el tema del petróleo está en juego la naturaleza del nacionalismo mexicano.

Tras un breve recuento de la historia del petróleo en México, Meyer destacó que a diferencia de otras etapas, destacadamente las del siglo pasado, por primera vez se logró que antes de la aprobación de alguna ley se le abriera espacio a la opinión pública. “En el caso del Congreso, PAN y PRI dan la mayoría para aprobar la iniciativa de Calderón, y si no entra en el debate otro actor, que es la sociedad, que es el pueblo, esto no se podrá impedir.”

A su vez, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro aseveró que cualquier reforma –“y en mi concepto ésta lo es”– que promueva que un área estratégica fundamental para el país acepte la intervención de particulares, debe clasificársele como inconstitucional, además de que en la iniciativa se propone claramente “trampear” a la Constitución.

Referendo y plebiscito

Al plantear vías de acción para la participación social en la defensa del petróleo, los ponentes recordaron que si bien no se contempla en la Carta Magna las figuras del referendo o plebiscito, sí se establece la obligación del gobierno de consultar al pueblo, particularmente en lo que toca a reformas como las que propone.

Mencionaron los ponentes que el artículo 26 constitucional encomienda al Estado mexicano la organización de “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”. Y para propiciar este encargo constitucional, el tercer párrafo ordena: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

“Los mexicanos deben honrar la sabiduría política de su Constitución: lo que se proponga para el mejor manejo de los recursos naturales del subsuelo, que son del exclusivo manejo de la nación, debe consultarse, analizarse y votarse directamente por la nación”, subrayó el ministro Castro y Castro.