Poco antes de que el EPR propusiera un diálogo al gobierno federal, y en respuesta a un cuestionario elaborado por Proceso, los altos mandos del grupo armado revelaron que durante la gestión de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales y guerrilleros. Además identificaron, con sus direcciones, una decena de “casas de seguridad” en el DF presuntamente pertenecientes al Cisen y al Ejército, y en las cuales, afirman, sus compañeros pudieron haber sido torturados…
José Gil Olmos/ Proceso
MÉXICO, DF, 04 DE MAYO /Por primera vez en su larga vida clandestina de cuatro décadas, los mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –con orígenes en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP)-Partido de los pobres (Pdlp), fundados en 1969– propusieron una mesa de diálogo con el gobierno federal.
El propósito: encontrar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo del 2007 después de haber sido detenidos por policías del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y entregados al Ejército, que los ha torturado para sacarles información, de acuerdo con las denuncias que, desde entonces, ha hecho el grupo armado.
Antes de hacer esa propuesta de diálogo, el EPR reveló a Proceso la ubicación de una decena de casas de seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército Mexicano en la Ciudad de México, donde posiblemente han mantenido cautivos a guerrilleros y dirigentes sociales como parte de la nueva guerra sucia que está desplegando el gobierno federal.
Al responder un cuestionario de Proceso que tardó dos semanas en devolver por razones de seguridad, el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia General del EPR, asegura que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales, y sospecha que han sido torturados en las “cárceles clandestinas” mencionadas.
Dichas “cárceles” son departamentos, almacenes o casas ubicadas en colonias anexas al cerro del Ajusco o en medio de algunas colonias populares, que se caracterizan por tener protecciones al interior y no al exterior de las ventanas.
Respecto a las acusaciones de que se ha financiado con recursos del narcotráfico y a través de los secuestros, el EPR lo niega y dice que “es el Estado quien tiene estos vínculos” con el crimen organizado, auspiciado por políticos, policías y altos jefes militares.
Según el grupo guerrillero, existen bandas que reciben protección de militares y funcionarios, y en sus respuestas acusa directamente al actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, de ofrecer este blindaje en Veracruz.
La lista
El EPR cuenta con un grupo de militantes especializados en labores de contrainteligencia que dan seguimiento a las actividades de las dependencias encargadas de combatir la guerrilla. Son células especiales que dan “servicio de información”, como lo indican en el documento interno Curso de inteligencia PDPR-EPR (Proceso 1639).
Ante la pregunta de si han detectado casas de seguridad del Ejército o del Cisen que hayan utilizado para detener a sus compañeros desaparecidos, la dirigencia nacional del EPR menciona una lista de ellas en la Ciudad de México.
“En efecto, nuestro aparato de información e inteligencia tiene ubicadas infraestructura y estructura del aparato de inteligencia gubernamental, de las fuerzas represivas, de donde desde hace varios años se desplazan para reprimir a los luchadores sociales. No dudamos que esas casas sean utilizadas como cárceles clandestinas en donde estén o hayan sido llevados algunos de los desaparecidos”, explican los guerrilleros.
En juego de contrainteligencia, mencionan que una de esas casas se ubica en Barranca del Muerto número 516, al lado de la compañía Servimed, en la colonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón.
Otras dos se localizan muy cerca de ahí, en las calles de Otoño 507 y Estío 525, “de las cuales sale personal que tiene comunicación con la casa anterior”. Una más se halla en la colonia Merced Gómez, pero no dan de ella más datos, solamente que ahí se reúnen policías de la PFP, militares y elementos del Cisen, todos de civil.
“De estas casas, entre otras, salen equipos de cuatro individuos para posicionarse en áreas estratégicas de la ciudad para observar los movimientos de los luchadores sociales y ciudadanos que a ellos les parecen sospechosos”, describen los eperristas.
En la calle Concal, colonia Torres de Padierna, con el fin de planificar, se reúnen otros grupos “con una persona que tiene una bodega de distribución de cerveza que es atendida por una mujer de aproximadamente 40 años de edad”, refieren los guerrilleros.
En la misma colonia, pero en la calle de Seye 27 esquina Xoccel, en el Club de Billares Red, existe otro centro de reunión que “puede también funcionar como casa de seguridad”, indican.
Otra presunta casa de este tipo la sitúan en la calle Volcán Kiska casi esquina con Volcán Ontake, lote 8, manzana 25, colonia El Mirador. Y una más en Prolongación de Dalia y Mirasol, San Pedro Mártir, delegación Tlalpan. “Es una esquina donde está un restaurante llamado ‘Churros Capuchino’. (Los agentes) Permanecen en la esquina Mirasol, utilizando taxis Volkswagen ecológicos o automóviles particulares de la marca Tsuru”.
Los eperristas identifican como centros de reunión y planeación de los órganos de seguridad, una casa en Pirineos 8, colonia Banjidal, Iztapalapa, con fachada mercantil, y una más en avenida Imán y Tlalpan, donde, afirman, se concentran 20 agentes “para distribuirse en sus zonas de espionaje”.
Según el EPR, todos esos elementos fueron dirigidos por el comandante de la AFI Francisco Garduño Juárez, y utilizan a jovencitas de 14 a 27 años como espías, induciéndolas al consumo de cocaína detrás del hospital Ángeles.
Revela el grupo guerrillero que han identificados al menos a 25 de estos agentes con sus nombres, direcciones y familias. Pero aseguran que de ninguna manera actuarán de manera personal porque ellos luchan sólo contra el régimen y, además, cuentan “con una ética revolucionaria” que les impide cobrarse personalmente los agravios.
Al hacer un recorrido por algunos de estos domicilios, los reporteros pudimos confirmar no sólo la existencia de esas casas y departamentos en las direcciones proporcionadas, sino también observar que en todas había barrotes internos en las ventanas, como en la casa de Barranca del Muerto, que a primera vista pareciera abandonada.
Además, algunas de esas presuntas “casas de seguridad” se encuentran en lugares apartados y solitarios, como las dos ubicadas en la colonia Torres de Padierna, a las faldas del Ajusco.
Desaparecidos del calderonismo
Los mandos del EPR denuncian que en el sexenio de Felipe Calderón continúan las prácticas de guerra sucia que los gobiernos priistas mantuvieron en los años 70, y no dudan en hacer cuentas: son 30 los líderes sociales y guerrilleros desaparecidos en la presente administración.
“Negamos categóricamente las versiones difundidas desde los diferentes aparatos de inteligencia militar y del Cisen que han deslizado la idea de que la desaparición de nuestros compañeros fue producto de ajustes de cuentas entre revolucionarios. Eso es totalmente falso y calumnioso, típica maniobra de los operativos psicológicos y de contrainformación, componente activo de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), que pretende desacreditar nuestra lucha y el carácter revolucionario de ésta para justificar el asesinato de los más de 30 detenidos-desaparecidos que el gobierno de Calderón niega y de cuyos crímenes de lesa humanidad es responsable”, sostiene el EPR.
La dirigencia nacional de esta organización insiste en que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mayo del 2007, siguen vivos y están en manos “de la parte más reaccionaria del Ejército Mexicano” que, asegura, es la que sostiene y apuntala al gobierno de Felipe Calderón.
En este sentido, rechaza las declaraciones de la Sedena, de la PGR y de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que no han registrado la detención de los dos militantes del EPR.
“Las respuestas oficiales sobre la detención de nuestros compañeros sólo han sido falacias. La declaración oficial y oficiosa de que el gobierno federal está investigando el paradero de nuestros compañeros sólo es una maniobra para ganar tiempo, para borrar toda evidencia y eludir mayores responsabilidades. ¿A qué oficiales y de qué rango protegen? ¿Qué temores les inquietan, al grado de que familiares de Felipe Calderón tienen protección del Estado Mayor Presidencial? La verdad tarde o temprano siempre la conoce el pueblo.
Hoy niegan, como lo hicieron los priistas en el pasado, la desaparición de luchadores sociales. ¿Cuánto tiempo pasará para que se acepte la realidad y se finque responsabilidad a los criminales de Estado?”
El EPR también rechaza la declaración –hecha por otras organizaciones armadas– de que Cruz Sánchez y Reyes Amaya pudieron haber sido aprehendidos en un hotel de la ciudad de Oaxaca por policías del estado, a quienes miembros del grupo guerrillero les habrían filtrado la ubicación de sus compañeros.
“Hay quienes desde la clandestinidad han hecho aseveraciones de una supuesta infiltración que condujo a la detención de nuestros compañeros, a lo cual tenemos que decir que se equivocan rotundamente en sus análisis subjetivos porque están hechos sobre premisas falsas, dolosas y fantasiosas.”
E inclusive advierten que ellos saben “quiénes contribuyeron a la detención” pero que los nombres y detalles los revelarán en el momento oportuno.
Aseveran que el gobierno de Calderón ha renovado las viejas prácticas contrainsurgentes a través del espionaje, los intentos de filtración en organizaciones legales o clandestinas y la detención de luchadores sociales. Esto, con la idea de encontrar los hilos materiales que conduzcan a las diferentes direcciones del movimiento revolucionario.
Los gobiernos panistas –advierten los guerrilleros–, como lo hicieron en su tiempo los priistas, reciben apoyo financiero y tecnológico de Estados Unidos para combatir la guerrilla. Ejemplo de ello es el Plan México o Iniciativa Mérida, que “no hace más que legalizar y hacer pública dicha ayuda”.
De hecho, afirman que la asistencia militar estadunidense en la lucha contra el narcotráfico tiene una parte de lucha contrainsurgente, pues la organización táctica y operativa de la Marina, el Ejército, la AFI y la PFP, así como de las policías ministerial, estatal e intermunicipal, está diseñada a partir de los manuales de contrainsurgencia.
Pero todos esos esfuerzos del Estado, adelanta el EPR, serán inútiles pues los nuevos elementos de la guerrilla han asumido la ideología y los lineamientos político-militares del grupo armado, “lo que blinda la estructura en la que participan, reduciendo la posibilidad de golpes estratégicos”.
La narcopolítica
El pasado 31 enero, el general Justiniano González Betancourt, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, dijo –durante una reunión de legisladores de su partido en San Miguel Regla, Hidalgo– que era probable que el EPR tuviera financiamiento del narcotráfico para obtener armas y municiones.
Posteriormente, a raíz de la muerte de cuatro mexicanos que se hallaban en el campamento de las FARC en Ecuador, junto con Lucía Morett –quien resultó herida y hoy se encuentra bajo la protección de Nicaragua-, hubo versiones de que el grupo guerrillero colombiano tenía vínculos con el EPR.
Los dirigentes eperristas dicen que esas “son versiones tendenciosas y mal intencionadas que están diseñadas en un contexto de la política contrainsurgente en su versión antiterrorista”.
Exponen que uno de sus principios políticos consiste en trabajar con sus propios recursos y capacidades bajo la idea de que “en México la revolución la hacemos los mexicanos”. No obstante, aclaran que esto no significa que no exista la solidaridad que se da entre revolucionarios, porque para el EPR la FARC “no es narcoguerrilla”.
En todo caso, los eperristas afirman que los señalamientos “irresponsables” de que los estudiantes muertos en el campamento de las FARC eran guerrilleros, son parte de una estrategia para justificar una nueva ofensiva de represión contra activistas políticos de la UNAM, el Politécnico y otras instituciones educativas.
Revira el EPR: “Es el Estado quien tiene vínculos con este fenómeno a través de los diferentes grupos de poder involucrados en estas actividades”.
Y da ejemplos.
“1. De todos los detenidos como presuntos narcotraficantes o integrantes de grupos delictivos, siempre sale a relucir que son o fueron integrantes de cuerpos policiacos o militares, teniendo nexos con los diferentes niveles de gobierno. De ahí que resulte baladí el argumento de (Eduardo) Medina Mora de que no hay policías malos, sino narcotraficantes infiltrados en la policía.
“2. Es del dominio público, (que) en la Depresión del Balsas, desde la XXI Zona Militar con sede en Morelia, Michoacán, se otorgan los permisos para la siembra de estupefacientes, siendo supervisadas las áreas sembradas por oficiales de la región militar con sede en Irapuato, Guanajuato. Los sembradíos que son destruidos obedecen a que no cubren la cuota económica establecida por dichos oficiales. Lo mismo sucede con la protección que da el Ejército Mexicano para la siembra de la amapola en el corredor de La Huacana, Michoacán, hacia el estado de Guerrero. Al igual que con la jurisdicción de la XLII Zona Militar con sede en Apatzingán.
“3. Las bandas dedicadas al tráfico de enervantes, emigrantes y trata de blancas en la región de Sotavento, Veracruz, están vinculadas a la protección que les proporciona Miguel Ángel Yunes Linares.
“4. En el estado de Guanajuato funcionarios y policías están involucrados en bandas delictivas que van desde el robo de vehículos hasta el narcomenudeo. Celaya y León son los ejemplos más ilustrativos.
“5. En el norte del país la historia se repite: policías y funcionarios de toda índole a cada rato quedan al descubierto como parte del fenómeno del narcotráfico y la corrupción.
“6. Lo mismo sucede en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Sonora, Chihuahua y el resto del país: funcionarios de todos los niveles de gobierno están coludidos con éste fenómeno.”
El EPR precisa que ellos hablan por sí mismos, por nadie más, y que es falso que los grupos guerrilleros mexicanos tengan vínculos y financiamiento del narcotráfico, pues sólo son insinuaciones de “sesudos analistas o funcionarios de diferente nivel” encaminadas a fortalecer la campaña mediática de desprestigio que el gobierno de Calderón y los cuerpos de inteligencia orquestan para deslegitimar la lucha revolucionaria.
Niegan también que mantengan su lucha a través de asaltos bancarios o secuestros de empresarios, como lo hicieron sus predecesores en los años 70 y 80. Los mandos eperristas indican que desde el año 2000 establecieron como política “no recurrir a las acciones de expropiación” para hacerse de recursos.
Explican que a raíz del primer congreso del PDPR, realizado ese año, se aprobó como resolutivo “hacer la revolución a partir de los recursos y medios que aporte nuestro pueblo”.
Por eso, insisten, las versiones de asaltos y secuestros “constituyen una falacia, una calumnia, propaganda oficial que pretende desacreditar el carácter de nuestra lucha”.
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