Indígenas chiapanecos aseguran estar en prisión por pertenecer al EZLN

Al rendir su declaración, se dicen víctimas de tortura por parte de policías vestidos de civil

Se oponen a los proyectos neoliberales que intentan convertir sus tierras en un nuevo Cancún

Hermann Bellinghausen

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El Amate, Chis. 6 de mayo. Las razones por las que he sido detenido es por pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), manifestó hoy Miguel Vázquez Moreno al rendir su declaración en el juzgado segundo de lo penal, en el Centro Estatal para la Reinserción de Sentenciados (CERSS) número 14, El Amate, donde ningún funcionario o empleado, por cierto, lleva cubrebocas ni se da por enterado de que existe una emergencia sanitaria nacional y estatal.

A diferencia de su primera declaración rendida bajo coerción en condiciones de arraigo, Vázquez Moreno es asistido por un traductor de su lengua, si bien de una variante dialectal (el traductor ofrecido por las autoridades es de Cancuc, mientras los ocho detenidos de San Sebastián Bachajón hablan el tzeltal de Chilón). Pero, al menos, se entienden, que ya es bastante.

Detrás de la barandilla se declara inocente de los delitos que le imputan, por lo que solicita que se le dicte el auto de libertad por falta de elementos para procesarlo. Y se presenta así: Soy originario del ejido San Sebastián Bachajón y formo parte de las bases de apoyo del EZLN, organización que defiende su derecho a ejercer su autonomía y libre determinación como pueblos indígenas, su derecho al territorio y a los recursos naturales.

Los gobiernos federal y estatal quieren imponer proyectos económicos neoliberales en nuestro territorio autónomo; como indígenas, la tierra es nuestra vida, de ahí comemos, trabajamos, crecen nuestros hijos y es algo sagrado, por eso consideramos que la tierra no se vende sino que se trabaja y se cuida agrega.

Nuestro territorio es rico en agua, animales, recursos naturales, del que el gobierno de Juan Sabines Guerrero y el federal de Felipe Calderón Hinojosa han dicho públicamente “que quieren hacer un ‘Cancún chiapaneco’, pero despojando a nosotros los indígenas, de nuestra vida que es la tierra, sólo para que las empresas extranjeras y del país se hagan más ricas, así como los funcionarios de gobierno que se beneficien de estos proyectos”.

Dentro de tales proyectos económicos, expone, se encuentra la Carretera Integralmente Planeada Palenque (CIPP), que la quieren atravesar por nuestro territorio autónomo sin respetar nuestros derechos; estos proyectos quieren ser impuestos a los pueblos indígenas sin importar nuestra palabra y con discriminación nos quieren quitar nuestras tierras para fines turísticos y sólo para beneficiar a los empresarios y al gobierno federal y estatal, haciéndonos a un lado porque para ellos le damos mal aspecto a esos centros ecoturísticos, siendo que nosotros somos originarios, descendientes de los pueblos que han vivido en estas tierras desde antes de cualquier cosa que existiera como gobierno oficial.

Refiere que fue detenido el 18 de abril pasado en el crucero de Agua Azul, junto con dos compañeros más, sin justificación alguna, por varios elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes luego lo trasladaron a Tuxtla Gutiérrez, donde unos policías vestidos de civil me decían que yo era un asaltante y que tenía que firmar unas hojas de las cuales no conocía el contenido.

Dichas hojas son la declaración ministerial que la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada ha exhibido como prueba en su contra ante el juez, por lo que Vázquez Moreno se niega a ratificar en ninguna de sus partes la declaración ministerial, puesto que nunca tuvo pleno conocimiento de su contenido.

En términos similares declararon para conocimiento del juez, los otros siete detenidos, todos adherentes de la otra campaña, que en algunos casos fueron objeto de tortura para autoinculparse.

Tras 3 años encarcelada, ordenan liberar a tzotzil a la que le violaron sus derechos

Las autoridades no respetaron el debido proceso, dice la SCJN

Jesús Aranda

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó ayer a la indígena tzotzil Sebastiana Gómez Gómez y ordenó su inmediata libertad en razón de que el Estado mexicano no cumplió con su obligación de designarle un defensor e intérprete que hablara la lengua de la acusada y a que pasó casi 3 años en prisión sin que le fuera dictada sentencia.

Gómez Gómez fue sentenciada en primera instancia a 14 años de prisión, acusada de transportar cocaína, y luego de una serie de procesos legales, el máximo tribunal consideró que fueron violadas sus garantías constitucionales y lo indicado en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los gobiernos a garantizar que los miembros de los pueblos indígenas puedan comprender y hacerse entender en los procedimientos legales en que estén involucrados.

Con la sentencia, la SCJN ratificó el derecho de los indígenas a ser defendidos legalmente en su lengua natal, independientemente de que hablen español, así como la obligación del Estado de garantizar la existencia de defensores públicos bilingües.

El año pasado, el máximo tribunal ejerció su facultad de atracción para conocer este amparo, en el que la acusada contó –en etapas posteriores del proceso en su contra– con la asesoría legal del defensor público Santos Sánchez Altunar, quien inicialmente pidió la intervención de la SCJN, pero al no estar legitimado para hacerlo, el ministro Sergio Valls retomó la petición.

La primera sala de la Suprema Corte subraya en la sentencia, elaborada por Olga Sánchez Cordero, que inde- pendientemente de que la acusada fuera bilingüe, tanto el Ministerio Público como el juzgado de distrito con sede en Chiapas, tenían la obligación de facilitarle un defensor que hablara su lengua y que además conociera sus usos y costumbres, y no únicamente un traductor como aconteció.

Lo anterior se tradujo en una violación del debido proceso, ya que no se cumplió con la garantía constitucional de que la detenida contara con una defensa adecuada, ante lo cual, los ministros resolvieron conceder el amparo solicitado.

Además, la indígena tenía más de 3 años en prisión, lo que excedía con mucho lo consagrado en la Constitución, de que la justicia debe ser pronta y expedita.

En la sentencia, los ministros determinaron su inmediata libertad por lo que respecta al delito que se le imputa, aunque el juez de la causa tendrá antes que verificar que no exista alguna otra acción legal en su contra que la obligue a permanecer en prisión.

Gómez Gómez fue detenida en un retén de revisión en la frontera de Chiapas y Guatemala, cuando pretendía introducir como burrera unos kilogramos de droga al país, a petición de una persona que le pidió pasar un paquete a México a cambio de un pago en efectivo.

Ella alegó durante el juicio que no conocía el contenido del paquete y que no había violado ninguno de los usos y costumbres de su comunidad.