Mario Amorós
En el corazón de Santiago de Chile se alza el imponente edificio construido por el Gobierno de Salvador Allende para la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, que en su origen adoptó el nombre de Gabriela Mistral. En abril de 1972, en la inauguración de aquella Conferencia, el presidente Allende pronunció un memorable discurso en defensa del derecho de los pueblos del Tercer Mundo a nacionalizar sus riquezas naturales para ponerlas al servicio de su desarrollo social y económico, tal y como su país había hecho un año antes: el 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional había aprobado, por unanimidad, la estatización de la gran minería del cobre, el “sueldo de Chile”, en palabras de Allende, que aportaba a la nación más del 70% de sus ingresos por divisas.
Después del 11 de septiembre de 1973, con La Moneda devastada por el bombardeo de la aviación, la Junta encabezada por Pinochet se instaló en este enorme edificio y lo rebautizó con el nombre de Diego Portales, el arquitecto del régimen oligárquico con la Constitución impuesta en 1833. La huella de los golpistas aún persiste allí: las puertas de sus salas de conferencias tenían un elaborado pomo labrado con la forma de un puño alzado, muestra del orgullo de una clase obrera que construía el socialismo en democracia, pluralismo y libertad. La dictadura no dudó en girar esos pomos para colocar los puños hacia abajo, toda una metáfora de la refundación neoliberal del país impulsada por Pinochet y los Chicago boys. Chile evoca estos días los 36 años del golpe de Estado con la noticia del procesamiento de más de 130 represores, dictado por el juez Víctor Montiglio, debido a su responsabilidad en la desaparición de centenares de militantes de izquierda entre 1974 y 1976. La memoria de los años más duros de la dictadura se entrelaza con la coyuntura política, condicionada por los comicios del 13 de diciembre, que renovarán la Cámara de Diputados y la mitad del Senado y elegirán al sucesor de Michelle Bachelet. Después de 20 años de hegemonía indiscutida de la Concertación de Partidos por la Democracia, por primera vez el candidato de la derecha, el empresario multimillonario Sebastián Piñera, encabeza las encuestas, aunque permanece alejado de la mayoría absoluta que evitaría una segunda vuelta, que tendrá lugar el 17 de enero.
El perfil de los cinco candidatos que probablemente le disputarán la Presidencia de la República, todos procedentes de una Concertación en proceso de descomposición, confirma el fin de un largo ciclo inaugurado por la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988 y la victoria de Patricio Aylwin en 1989. El candidato de la coalición gubernamental, el democristiano Eduardo Frei (presidente entre 1994 y 2000), es el único que valora satisfactoriamente el balance de dos décadas de Gobierno. Jorge Arrate (ministro con Allende, Aylwin y Frei y ex presidente del Partido Socialista) es la opción del Partido Comunista, la Izquierda Cristiana y sectores muy representativos procedentes del socialismo y quien plantea un programa de transformaciones más nítido, con la renacionalización del cobre entre sus propuestas más relevantes. Los senadores Alejandro Navarro (también alejado del PS) y Adolfo Zaldívar (ex presidente de la Democracia Cristiana) aparecen con escaso apoyo en unos sondeos que casi a diario confirman el sorprendente respaldo al diputado Marco Enríquez-Ominami, procedente de las filas socialistas. Enríquez-Ominami, hijo de Miguel Enríquez (el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria muerto en 1974 cuando combatía contra decenas de agentes de la DINA), utiliza hábilmente su juventud (36 años), su aparente distanciamiento de la política tradicional y las nuevas tecnologías, así como un programa muy ambiguo, con guiños tanto a la izquierda como a la derecha (acaba de proclamarse “pinochetista” en relación con una posible salida al mar para Bolivia), para concitar un apoyo social que amenaza ya las posibilidades de Frei de superar la primera vuelta, algo impensable hace unos meses.
La otra novedad de estas elecciones es el “acuerdo instrumental” suscrito por la Concertación con el Partido Comunista y sus aliados para presentar una lista unitaria de candidatos a diputados con la aspiración de conquistar una amplia mayoría frente a la derecha y poner término a dos décadas de exclusión parlamentaria del PC. La ley electoral (impuesta por Pinochet en su Constitución de 1980) exige votaciones próximas al 30% para alcanzar un escaño y concede, de manera calculada, una desproporcionada representación al segundo bloque (la derecha), por lo que garantiza casi un empate técnico en el Congreso Nacional que impide la aprobación de las reformas democráticas pendientes. A un año de la conmemoración del bicentenario de la independencia, Chile se acerca a una encrucijada trascendental. Sebastián Piñera representa la perpetuación del modelo neoliberal, la persistencia de la herencia pinochetista (código laboral represivo, ley electoral binominal, privilegios de las Fuerzas Armadas, Ley de Amnistía de 1978) y un viraje conservador en política internacional, frente al positivo balance de Michelle Bachelet en este último terreno. Su posible rival en la carrera definitiva hacia La Moneda, Eduardo Frei o Marco Enríquez-Ominami, se decidirá a enfrentar las asignaturas pendientes de la Concertación (nueva Constitución, renacionalización de la minería del cobre, justicia para el pueblo mapuche, una nueva política económica y social que supere el paradigma neoliberal) si la izquierda que encarna sobre todo la candidatura de Jorge Arrate alcanza un significativo apoyo popular que pueda condicionar la segunda vuelta y si el partido de Pablo Neruda y Víctor Jara retorna al Parlamento. Sólo así el puño podrá alzarse de nuevo.
Mario Amorós es Periodista e historiador. Su último libro es ‘Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo’
Ilustración de Mikel Casal
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