MÉXICO, D.F.; 23 de enero (Apro).- La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos acaba de aprobar lo que aquí en México la elección presidencial del 2006 con Felipe Calderón y la precandidatura de Enrique Peña Nieto para el 2012 han demostrado ser certeros ataques a la democracia.
El pasado jueves 21, en una votación dividida de cinco a cuatro, la Corte estadounidense echó abajo las restricciones legislativas que durante más de seis décadas impidieron a empresas y sindicatos pagar campañas a favor y en contra de candidatos.
Los sectores más conservadores estadounidenses, que en la víspera del primer aniversario de la llegada de Barack Obama habían recuperado el martes la mayoría en el Senado estadounidense, lograron que los jueces del máximo tribunal de ese país declararan inconstitucional los criterios vigentes desde 1947 y reforzados todavía hace seis años con la ley McCain-Feingold.
La decisión resultó del juicio interpuesto por la coalición Ciudadanos Unidos –en la que participa la Asociación Nacional del Rifle, opositora al control de armas– contra la Comisión Federal Electoral.
Bajo el argumento de que la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución debe aplicar también a las grandes corporaciones, la estrecha mayoría de la Corte abrió las puertas para que los grandes corporativos estadounidenses utilicen recursos de sus tesorerías para hacer campañas a favor o en contra de un sindicato.
La resolución de la Corte estadounidense no habla expresamente de los sindicatos ni de los grupos de interés, pero para ellos se aplicará el mismo criterio. Entre los beneficiados de esta resolución destaca la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que tiene una importante presencia en México dada la fuerte presencia de firmas estadounidenses en el país.
Lo que ahora tiene escandalizado a un sector importante de la población estadounidense es ya una práctica en México desde la elección federal del 2006.
Hay numerosas testigos y evidencias de la incursión ilegal que hicieron las organizaciones empresariales mexicanas para hacer campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador y a favor de Calderón.
El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que esa intervención –al igual que la descarada injerencia del entonces presidente Vicente Fox– desequilibró y puso en peligro la competencia, aunque en una justificación absurda señaló que no se podía cuantificar en votos a favor o en contra, por lo que no había motivo para anular la elección.
Con una injerencia aún más grave, Televisa lleva más mucho tiempo construyendo la candidatura presidencial del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.
La resolución de la Suprema Corte estadounidense desestima el poder de las empresas para incidir en el ánimo de los electores. Baste recordar lo que hicieron varias empresas mexicanas para disuadir el voto por López Obrador. En algunas, fue de un franco chantaje: empleo a cambio de voto por Calderón.
Fue tal el daño de esa conducta que el propio Congreso mexicano reformó la legislación electoral para impedir que durante las campañas las empresas contraten espacios para favorecer o criticar a algún candidato en particular.
Pero esa disposición todavía se puede venir abajo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aún está por resolver un amparo interpuesto por empresarios e intelectuales, quienes la consideran como una limitante a su derecho de expresión.
A la luz de la resolución de la Corte estadounidense, es de esperar un nuevo embate de los sindicatos patronales en su afán de seguir fabricando candidatos bajo pedido.
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