VENUSTIANO CARRANZA, Chis., 31 de diciembre (apro).- José Manuel Hernández Martínez, mejor conocido como Chema, líder de la Organización Campesina Emiliano Zapata -Región Carranza (OCEZ-RC) fue capturado por policías estatales el pasado 30 de septiembre.
Luego de su aprehensión, fue exhibido públicamente como un delincuente ligado al grupo de los sicarios Los Zetas, que se dedicaba al tráfico de armas, drogas, indocumentados, y secuestro.
Pero no fue todo: las autoridades desempolvaron 17 averiguaciones previas, en las que lo acusan de invasor de tierras.
Chema enviado al penal estatal de El Amate en Cintalapa y posteriormente lo trasladaron al penal federal de El Rincón en Tepic, Nayarit. La misma PGJE de Chiapas filtró supuestos "informes de inteligencia" a diversos medios impresos locales y nacionales, en los que lo presentó como gestor de un probable alzamiento armado en 2010.
A pesar de lo anterior, el pasado 24 de diciembre el propio gobernador del estado, Juan Sabines, pagó la fianza y Chema abandonó la prisión. Hoy, Chema dialoga y negocia con los representantes de Sabines en la vía pública, en la Plaza de la Catedral o Plaza de la Paz de San Cristóbal de Las Casas.
Por sus antecedentes, Chema, sabía que tarde o temprano volvería a caer en prisión.
Y es que desde que la primera ocasión en que fue arrestado, en la década de los ochenta, los servicios de inteligencia del gobierno federal y estatal siempre han seguido sus pasos. En su pequeña comunidad, donde conviven no más de 70 familias, ya es costumbre ver incursiones militares aéreas y terrestres.
Chema sabe que él es el objetivo y como en los últimos años ha visto morir o desaparecer a muchos de sus amigos, teme perder la vida y por eso siempre anda a salto de mata. “No que hayan desaparecido porque se fueron a la clandestinidad, a la guerrilla. No. Fueron desaparecidos por el gobierno”, acusa.
En entrevista, el dirigente de la OCEZ-RC tiene claro que las autoridades federales siempre lo han ligado a grupos armados, como el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
“Siempre me han ligado a grupos armados, antes me decían que era yo del PROCUP, luego me acusaban de ser del EPR. Siempre he cargado con ese estigma, pero nuestra lucha siempre ha sido la vía civil y pacífica, nunca la militar”, aclara Chema.
El indígena chiapaneco creció en una región donde todas las tierras comunales estaban en manos de caciques y hacendados que la explotaban, por lo que, en 1969, inició un movimiento para recuperar sus tierras en alianza con una comunidad de tzotziles.
En algunas ocasiones, cuenta, fue necesario hacer uso de las armas para defenderse de las guardias blancas. “Eran armas de bajo calibre, como la 22, armas de caza, jamás fueron armas de alto poder”, acota.
Chema narra luego que en 1975, cuando tenía 20 años, ingresó a la OCEZ como activista –pegaba volantes--, y que en 1976 se dedicó de lleno a la lucha social. Fue en ese año cuando, dice, el Ejército Mexicano atacó la Casa del Pueblo, sede de la OCEZ en este poblado.
Su padre -quien antes de ser líder de la organización fue un jornalero de una familia caciquil de apellido Albores en la región- Manuel Hernández de la Torre, tuvo que huir de la región y se convirtió en un perseguido político.
Tras ese operativo del Ejército, Chema estuvo arrestado 15 días en la 31 Zona Militar.
A sus 55 años, Chema tiene ahora una vida austera en la comunidad 28 de junio: Vive en una pequeña casa de tabique y apenas tiene lo indispensable para vivir.
El pasado 30 de septiembre, antes de que policías ministeriales disfrazados de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo detuvieran, Chema convirtió su modesta vivienda en una especie de centro de arraigo. No salía por temor a que lo aprehendieran, como finalmente sucedió.
Era la cuarta ocasión en que caía preso. En 1983 y en 1985 fue recluido por el delito de despojo.
Chema insiste que su rebeldía le ha traído muchos problemas porque las autoridades lo han ligado a grupos armados clandestinos, al crimen organizado y hasta el tráfico humano.
Sin embargo, afirma que él nunca ha tenido compromiso alguno con ese tipo de organizaciones. Su lucha es, reitera, pacífica.
Reseña:
“Decidimos no participar en el movimiento armado porque no teníamos la preparación ni la conciencia suficiente para resistir, porque había en ese momento demandar urgentes de las comunidades que se estaban muriendo de hambre, y el EZLN decían que la lucha por la tierra era perder el tiempo, ellos lo que querían era acabar con el gobierno y su Ejército, y luego ver lo de la tierra”.
“Con el EPR no hemos tenido contacto. Hace varios años, en los 80, a través de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala tuvimos contacto con el doctor Martínez Soriano, luego de su encarcelamiento nuestro compromiso fue luchar por su libertad, pero no había una relación más allá de eso, no pertenecimos al Procup. A partir de ahí dicen que somos parte pero no es así”.
El pasado 30 de septiembre, Chema fue llevado a prisión por cuarta ocasión. Estuvo unos días en el penal de El Amate y luego fue trasladado al penal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.
En el intento por rescatarlo, varios de sus compañeros sufrieron un accidente en la camioneta en la que viajaban y dos de ellos murieron, uno más sigue hospitalizado y con riesgo de discapacidad permanente.
A Chema lo acusaron de tener ligas con Los Zetas, con la banda de secuestradores Los Pelones, con tráfico de drogas, con el decomiso de un arsenal.
“Policías de Chiapas, me llevaron a la cárcel de Tepic, el periódico Reforma donde salió algo por demás difamatorio y me dijeron que viera lo que había salido publicado y que con eso me iban a chingar”, recuerda Chema.
A pesar de la campaña de hostilidad en su contra, Chema y sus compañeros José Manuel Hernández de la Torre y Roselio de la Cruz González fueron liberados el pasado 24 de diciembre.
Un par de días después, el dirigente indígena se sumó al plantón que mantienen varios de sus compañeros en la plaza de la catedral de San Cristóbal de Las Casas y en las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Piden el cancelación de las 11 órdenes de aprehensión contra integrantes de la organización y los 17 procesos penales abiertos en contra de Chema.
Chema dice que si el gobierno quiere prevenir un levantamiento armado, debe erradicar la pobreza y la marginación, atender las demandas sociales de las organizaciones sociales, resolver el problema agrario, porque, a 100 años de la Revolución Mexicana, aclara, todas esas demandas continúan vigentes.
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