Lectores de Proceso reportaron que la revista comenzó a dejar de circular en Chiapas, razón por la cual este semanario ofrece a continuación en su página electrónica el reportaje sobre los excesos del gobernador de ese estado, Juan Sabines, que circula en la versión impresa de esta semana.
En contravención del calendario electoral de 2010, según el cual en Chiapas deberá votarse por la renovación del Congreso local y de los 118 ayuntamientos, el gobernador, Juan Sabines Guerrero, maniobra para posponer hasta 2012 los comicios para designar a los presidentes municipales. En su empecinamiento por controlar al Poder Legislativo no sólo convierte a los diputados en sus comparsas; también miente al asegurar que sus reformas son avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
MÉXICO, D.F., 6 de enero (Proceso).- El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, no se detiene en sus afanes de poder. Aunque se tuvo que echar para atrás en su pretensión de reelegir por decreto a los actuales diputados estatales, se empeña en cancelar las elecciones para la renovación de los 118 ayuntamientos del estado previstas para el primer domingo de julio próximo.
Con el aval del Congreso estatal, Sabines operó durante el último tercio de 2009 una reforma constitucional que tiene en la incertidumbre el proceso electoral, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que en esa entidad deberán renovarse el Congreso y los ayuntamientos este 2010.
El primer intento del gobernante chiapaneco fue en septiembre último, cuando emitió un primer decreto de reforma a la Constitución local para suspender ambas elecciones y posponerlas hasta el primer domingo de julio de 2012.
En esa propuesta, que mantuvo oculta durante semanas, Sabines argumentó que el calendario electoral de Chiapas debe homologarse con el federal y reducir, de paso, el gasto electoral en una entidad con graves problemas de pobreza.
Su intención inicial era que la actual Legislatura –la LXIII, que tiene bajo su control– se extendiera hasta el 30 septiembre de 2012, un año y 10 meses más del periodo que les corresponde. Y en esa condición, los actuales diputados designarían a los concejos municipales en sustitución de los ayuntamientos que concluyen en diciembre próximo.
El plan estaba previsto en la reforma electoral que Sabines envío al Congreso y que fue aprobada por los diputados locales el 11 septiembre en una sesión extraordinaria simulada, 48 horas después de que el mandatario la presentó. Sin embargo, su iniciativa se vino abajo debido a las violaciones a la Constitución federal que implicaba la prolongación del mandato de la actual Legislatura. Al servir de comparsas, los diputados se reelegían a sí mismos.
Esa reforma fue impugnada por diputados del PRI y el PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una acción de inconstitucionalidad. Aunque el recurso aún no se resuelve, Sabines emitió un nuevo decreto el 25 de noviembre pasado en el que aun cuando repone las elecciones para diputados en este año, mantiene la cancelación de las municipales.
El cambio de parecer ocurrió luego de que el gobernador acudiera a la SCJN, donde se entrevistó con el ministro Sergio Valls Hernández, padre del actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y excolaborador del gobernante, Jaime Valls Esponda, aspirante a suceder al propio Sabines (Proceso 1725).
A pesar de esa cercanía, Valls Hernández no se declaró impedido de conocer el caso y le dio entrada al recurso. Pero antes de que la Corte declarara inconstitucional su decreto, fechado el 12 de septiembre, Sabines se adelantó y en noviembre publicó otro para modificar su reforma.
En su primer decreto sostuvo que la Constitución federal “no contempla prohibición alguna para modificar, prorrogar periodos de congresos locales o ayuntamientos o, en su caso, de estos últimos designar consejos (sic) municipales”.
Después del encuentro con Valls, en el segundo decreto el mandatario de Chiapas señaló: “El Ejecutivo del estado no puede soslayar la existencia de criterios definidos de la SCJN (sic) que consideran inconstitucionales las prórrogas de mandatos a las autoridades electas mediante el voto popular, como lo ha determinado al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas, en fecha reciente, las relativas al estado de Guerrero, y antes, incluso, respecto a nuestro propio estado”.
Propuestas desaseadas
Impugnado el primer decreto, Sabines no vaciló tampoco en manipular al Poder Judicial de la federación. A sus maniobras en el Congreso chiapaneco para suspender las elecciones, siguieron las verdades a medias que su gobierno, a través del consejero jurídico, Carlos Octavio Castellanos Mijares, declaró en el Juzgado Séptimo de Distrito en Chiapas.
En una comunicación oficial al juzgado, que intervino ante una demanda interpuesta por el ocultamiento del contenido de la primera reforma constitucional, el gobierno de Sabines negó haber ordenado la cancelación de los comicios y menos aun que lo hubiera publicado en un decreto. El gobernador, en efecto, no ordenó la cancelación de las elecciones, pero con el Congreso en la bolsa, maniobró para imponer su iniciativa.
Sabines respondió así a la demanda de amparo interpuesta por el exdiputado priista Horacio Culebro Borrayas, quien acudió a la justicia federal ante la negativa del gobierno y el Congreso de Chiapas para que le dieran copia de los decretos emitidos por ambos para anular los comicios.
Durante semanas, los ejemplares del Periódico Oficial del estado en los que se publicaron los decretos del Congreso y del gobierno chiapaneco sobre esa reforma estuvieron inaccesibles.
El ocultamiento fue parte de la maniobra en la que los diputados del PAN jugaron un papel central. Durante más de 40 días, el Congreso guardó hermetismo. En el estado sólo corría el rumor de que los diputados se habían reelecto y en lugar de terminar en noviembre de 2010, lo harían hasta septiembre de 2012.
La ejecución de la maniobra comenzó el 9 de septiembre de 2009, cuando la Comisión Permanente del Congreso convocó a los 40 diputados para sesionar el día 11 a las 20:00 horas.
El objetivo, dijeron, era “analizar y votar 12 iniciativas remitidas por el secretario general de Gobierno”. Las propuestas de ley habían sido dadas a conocer en la sesión ordinaria de ese mismo 9 de septiembre y de inmediato fueron turnadas a comisiones legislativas para su estudio y dictamen.
Entre las 12 propuestas de Sabines estaba la “Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del estado de Chiapas”.
Los diputados empezaron a sesionar poco después de las 10 de la noche del 12 de septiembre. Se saltaron los primeros dos puntos del orden del día y siguieron con el tercero. La reforma, que debía discutirse como prioritaria, estaba en el segundo punto del orden del día. El debate nunca ocurrió, al menos públicamente.
Los diputados estaban nerviosos esa noche. No todos llegaron, al menos 10 faltaron. Los que sí asistieron entraban y salían de sus cubículos, iban y regresaban de su curul. Hablaban por celular sin parar. Fue tal el desorden de esa sesión extraordinaria, que ni siquiera se realizó el acto protocolario para su instalación.
Se aprobó casi todo el paquete de iniciativas, y poco antes de la medianoche, sin precisar el motivo, la presidenta de la LXIII Legislatura local, Ana Elisa López Coello, del PAN, declaró un receso para reiniciar la sesión entre 30 y 40 minutos después.
Sandra de los Santos, reportera del diario local El Heraldo de Chiapas, hizo guardia esa noche en el palacio legislativo, pero nunca vio que en la sala de sesiones los diputados aprobaran reforma constitucional alguna en materia electoral. Pasada la medianoche, los diputados cerraron la sesión y se despidieron.
Una reforma hechiza
De haber aprobado esa noche la reforma constitucional, los diputados debieron de enviarla a los ayuntamientos para su validación y esperar que al menos 50% más uno de los cabildos la regresaran ratificada. Sólo después de ese trámite, el Ejecutivo local la podría publicar en el Periódico Oficial. Pero el día 12 (sábado), Sabines publicó la reforma con la supuesta recepción de 67 actas de cabildo de igual número de ayuntamientos.
Ese mismo fin de semana operadores políticos del gobierno estatal estuvieron en los ayuntamientos para que los cabildos firmaran actas de acuerdo para validar la reforma. La versión fue confirmada a Proceso por un presidente municipal que por temor a represalias pide omitir su nombre.
Pero toda confirmación oficial sobre las reformas se diluyó y ningún diputado se atrevió a hablar del tema; mucho menos los alcaldes, ni Juan Sabines, ni su secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, exministro de la SCJN.
En el expendio oficial del periódico del estado, que depende de Castañón, los empleados confirmaron la inexistencia de tales publicaciones. En la página del Periódico Oficial, los ejemplares tampoco aparecían, a pesar de referir que estaba actualizada al 30 de septiembre.
El Congreso también coadyuvó al ocultamiento de esa información. En su página oficial, el registro de las actividades legislativas se saltó de la sesión de la Comisión Permanente del día 9 al 23 de septiembre, por lo que omitió la del día 11 y las subsecuentes.
El exdiputado priista Mario Carlos Culebro Velasco, líder de la Agrupación Política Nacional Renovación, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso.
Cuando todo era rumor todavía, fue el mismo gobernador quien el 15 de septiembre rompió el silencio y confirmó la reforma, pero se la endosó al PRI. La dirigente local del partido, Arely Madrid Tovilla, quien en ese momento participaba en una reunión con Sabines, guardó silencio, a pesar de que en el Congreso se presentó como una propuesta enviada por la secretaría general de Gobierno.
En el marco del Foro Internacional de la Mujer Rural en Chiapas, Sabines aseguró que la reforma fue respaldada de forma unánime en el Congreso y calificó de “positivo” posponer la elección de diputados y ayuntamientos para el 2012. Precisó que los alcaldes serían sustituidos por concejos municipales formados y avalados por el Legislativo local.
Expuso que al menos 40% de esos concejos deberían de estar reservados para mujeres, lo que le ganó el aplauso de sus oyentes. Madrid Tovilla salió del encuentro a toda prisa y no quiso responder al deslinde hecho por Sabines, quien tampoco encaró a la prensa.
Luego del gobernador, el 21 de septiembre, el Congreso también confirmó la reelección a través de una comunicación oficial firmada por la presidenta del Congreso y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Pedrero Rodríguez. Pero para entonces aún no se sabía en qué fecha había sido publicada la reforma en el Periódico Oficial.
Los diputados panistas deslindaron a Sabines y señalaron que “la decisión de homologar las elecciones fue propuesta por los 40 diputados”.
Según su versión, al cancelar las elecciones se ahorrarían 815 millones de pesos. Aseguraron que “por acuerdo de todos los diputados, (esos recursos) se destinarán a atender distintos rezagos y pendientes, como la conclusión de la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso del huracán Stan”, que afectó a Chiapas en 2005.
Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, las elecciones de 2007 en las cuales se votó por los alcaldes y diputados actuales costaron 374 millones 236 mil 551 pesos con 59 centavos. Además, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marco Antonio Ruiz Guillén, ya había asegurado que no pediría más de 400 millones de pesos para el proceso electoral que inicia el 1 de marzo próximo.
Información tardía
Fue hasta finales de octubre cuando estuvieron disponibles los ejemplares del Periódico Oficial con la reforma. En el número 186, del 11 de septiembre, se publicó la minuta proyecto del decreto de reforma aprobada por el Congreso. En el número 187, del día siguiente, Sabines publicó el decreto 328 con la reforma “aprobada” por 67 ayuntamientos.
De acuerdo con esas fechas, cuando los diputados cerraron la “sesión” la madrugada del 12 de septiembre, el decreto del gobernador ya se estaba imprimiendo en los Talleres Gráficos del gobierno del estado.
Abordada por Proceso, la diputada López Coello justificó la reforma con el argumento del ahorro de recursos en tiempos de crisis económica.
–Los chiapanecos no supieron nada de tales reformas –se le dijo.
–Si la gente de la calle no lo sabe es porque no ha encendido la televisión.
–¿Por qué no se consultó a la sociedad?
–Yo creo que todas las voces fueron escuchadas. La gente está harta de tantas contiendas, están hartos de tanto pleito entre partidos, están hartos que se tire el dinero en campañas y eso lo han dicho toda la vida.
Pese a la defensa de la reforma hecha por Sabines y los panistas, el gobernador tuvo que echarse para atrás debido a que su propuesta violaba la Constitución federal. Así lo hizo ver el exdiputado Horacio Culebro Borrayas en una demanda que interpuso contra Sabines en la PGR.
El exdiputado considera que Sabines, a través de su consejero jurídico, engañó al juez séptimo de Distrito en Chiapas al declarar que no había ordenado la cancelación de las elecciones y mucho menos que esa disposición había sido publicada en el Periódico Oficial.
Culebro acusa al gobernador de “falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, coalición de servidores públicos y los que resulten”. Además de Sabines, implica a Castañón y a los diputados de la LXIII Legislatura del estado.
En su demanda, el exdiputado –quien asegura haber sufrido persecución a raíz de la demanda– refiere que la cancelación de elecciones como lo hizo Sabines contravienen varias tesis de la SCJN. Una de ellas, la 47/2006, señala que es inconstitucional “el sistema normativo establecido en una Constitución local para dar operatividad a la intención de homologar tiempos de los comicios locales con los federales”.
Añade que de esa manera se amplía el mandato de la Legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentran en ese momento en curso, más allá del periodo para el cual han sido electos de manera directa y democrática.
Esa ampliación, precisa, equivale a que esos órganos representativos se coloquen, de facto, como los únicos votantes y ciudadanos elegibles, privando de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, colocándose como triunfadores de una tácita elección.
A pesar de que ese criterio de la Corte incluye tanto al Congreso como a los ayuntamientos, Sabines sólo rectificó en la suspensión de las elecciones para diputados y mantuvo la prórroga en los 118 ayuntamientos.
En su decreto, publicado el 25 de noviembre con el número 11, establece que las elecciones para el Congreso se realizarán como estaban previstas originalmente, el 4 de julio próximo, pero que los diputados durarán en encargo hasta el 30 de septiembre de 2012. De esa manera, ese año se empatarán las elecciones para el Congreso estatal con las federales.
Respecto a los ayuntamientos, insiste en que una vez que concluya la gestión de las actuales administraciones, los nuevos diputados “por única ocasión y de manera excepcional”, dentro de los 30 días siguientes al inicio de sus funciones –el 16 de noviembre próximo–, elegirán a los concejos municipales que ejercerán entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2012.
En ese lapso media la conclusión de los actuales ayuntamientos y el primer domingo de julio de 2012, cuando se elegirá a nuevos presidentes de los 118 municipios que entrarán en funciones el 1 de octubre de ese año. El decreto también precisa que, en lo que atañe a los concejos municipales, la próxima Legislatura –la LXIV– deberá respetar la actual representación política en los ayuntamientos.
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