Mitos y verdades sobre la política de seguridad

2010-01-18

Teresa Incháustegui R.

La guerra contra el narco es uno de los temas más debatidos en nuestro país, pero hasta ahora no habíamos tenido acceso a una elaboración articulada en defensa de esta política gubernamental, como la que presenta Joaquín Villalobos en “Doce mitos de la guerra contra el narco’’.
En este alegato se construye una dialéctica que opone tesis contra fácticas a 12 aspectos que son lugares comunes en torno al debate de la lucha contra el narco. No puedo detenerme a analizar cada una de éstas y sólo abordaré las que me parecen más cuestionables. Comparto que el origen del problema se debe a un cambio estructural en el mercado regional de las drogas que recolocó a México en una nueva especialización criminal. Pasó de ser territorio de tránsito a ser territorio de tráfico y las organizaciones criminales adoptaron una estructura descentralizada en pequeñas células, que fue requiriendo una paraestructura de seguridad y control tan descentralizada como la primera, conformada por sicarios (Los Zetas).

Éstos son los directamente responsables de la terrible violencia delincuencial que asola a cuando menos siete entidades de la República.
Cierto también que el control territorial ganado por esta doble estructura exigía un acción decisiva del estado para recuperar el terreno, pero el remedio puesto mediante la militarización de estas zonas no ha sido efectivo y por varias razones la criminalidad asociada al narco no ha disminuido, ni el trasiego de drogas ha sido controlado.
2) La base económica de las organizaciones criminales (Estimada en 4.3�el PIB en 1992 por Reuter y Ronfeldt) está intocada y los niveles de la renta criminal (Estimándose en 290�or Mejía y Restrepo, 2008) no han diminuido. Por el contrario, es plausible aceptar como sugieren algunos estudios, que los grados de violencia entre las bandas estén directamente relacionados con los niveles de criminalidad que no se han reducidos por la guerra declarada por el gobierno.
Aún menos cuando en materia de consumo hay incremento del mercado y ninguna política seria de atención a las adicciones, Ni en México Ni en Estados Unidos.
3) Hay aproximadamente 17 mil muertos, la mayoría sicarios y gente ubicada en la baja estructura de las organizaciones criminales, aunque también han muerto militares, policías, testigos protegidos, además de periodistas, mujeres, profesores, niños, que iban pasando por ahí.
Se ha detenido a más de 58 mil personas, aunque sólo en 1.8�e los casos ha habido sentencia en firme. Las cárceles están atestadas de pequeños criminales y las instituciones de justicia se hallan colapsadas, ampliándose el horizonte de impunidad que hace atractivo el crimen y la comisión de delitos.
Ha sido este ampliado horizonte de impunidad lo que ha estimulado la diversificación de las actividades criminales de sicarios hacia el secuestro y la extorsión. Hace también rentable la corrupción e involucramiento de militares, policías, jueces, funcionarios, en las operaciones criminales y la protección de narcos y extiende sobre el resto de la sociedad una erosión moral y cívica que facilita el involucramiento de jóvenes “nini’’ (Ni estudian Ni trabajan que aproximadamente son 54�e la población entre 18 y 34 años en actividades criminales o ilegales de diversa índole.
4) Las corporaciones policiales mexicanas rezagadas en su desarrollo institucional, respecto a sus homólogas en Chile, Argentina, Brasil o incluso Colombia, que iniciaron sus primeras reformas una década y media antes, no han mejorado sustancialmente.
La militarización, los recursos en el presupuesto de seguridad desde 2006 (Entre 40 y 43�y la sustitución de mandos civiles por militares incluso de las direcciones de seguridad pública de los municipios más ricos y poblados, ha borrado los escasos avances en orden a lograr una policía civil, profesionalizada y apta para atender la seguridad de los ciudadanos, respetando los derechos humanos y con las habilidades adecuadas para realizar una labor preventiva.
Cierto es que, como señala el texto comentado, toda política que pretenda detener la violencia criminal requiere: “determinación y velocidad sin retroceder, privilegiando lo masivo sobre lo cualitativo’’, pero no lo es menos que también se requiere eficacia.
Y hasta el momento la guerra contra el narco y la narcotización de la política de seguridad han desechado el uso de la inteligencia y privilegiado la fuerza, pero no ha sido eficaz para detener la criminalidad, parar la violencia, menos aún para construir condiciones de seguridad para la ciudadanía.
Por el contrario, en los lugares donde la actual estrategia se ha desplegado en toda su extensión, como es el caso de Ciudad Juárez, los delitos, en especial el homicidio se han triplicado. En estos sitos, es verdad, México o se colombianiza, en realidad se africaniza, porque los índices criminales en el estado de Chihuahua son semejantes a los Zambia y la población vive amenazas, vejaciones y agresiones, incluso por parte de aquellos que han sido enviados para protegerlos.
En tanto las finanzas de los municipios militarizados han sido agotadas por el costo del tren de alojamiento y manutención de las fuerzas armadas, que corre a cuenta de su erario.
Se requiere en cambió -como ha sido reiteradamente advertido- una estrategia de lucha criminal más inteligente e integrada, con arraigo en enfoques preventivos con miras a recuperar el terreno social perdido ante la criminalidad, involucrando la participación ciudadana, el trabajo de recuperación de confianza vecinal y la cultura de respeto a la ley, a los derechos y a la diversidad.
Es falso como afirma Villalobos que sea “difícil reducir el poder del crimen organizado y frenar su violencia bajo condiciones democráticas’’.
La democracia no es un obstáculo para el combate a la criminalidad, sino todo lo contrario. Las dificultades para erradicar la impunidad y la corrupción incrustada en cuerpos policiales, se elevan ante la falta de transparencia y la ausencia de mecanismos para auditar el desempeño y los resultados de los cuantiosos recursos que se han destinado a la seguridad.
La fallida transición democrática tiene al país fragmentado políticamente, sin acuerdos básicos sobre las tareas esenciales que deben abordarse como estado y cercenado por poderes fácticos, regionales y nacionales, que lo atan para hacer las transformaciones indispensables y retomar un desarrollo equitativo: Una reforma fiscal progresiva, educación de calidad, una economía no monopólica, eliminación de fueros y el fin de la impunidad, que son condición sine qua non para un combate efectivo del crimen en todas sus variantes.