El candidato y el juez

Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 31 de mayo.- Seguramente ya se encontraron estas dos personas cuyos nombres resuenan en la escena nacional desde hace media semana. Claro que se habla más de Gregorio Sánchez Martínez y menos, casi nada, de Carlos Alberto Elorza Amores. Este último es el causante formal de la detención del primero. Él es juez segundo penal de la Federación en Nayarit, y su oficina está adosada a la cárcel de mediana seguridad de San José del Rincón, cerca de Tepic. Se le solicitó una orden de aprehensión contra Sánchez Martínez, y aunque probablemente el pedido no estaba bien fundado, no tuvo empacho en ordenar la detención del alcalde de Cancún con licencia, candidato de tres partidos (PRD, PT y Convergencia) a la gubernatura de Quintana Roo.

Chiapaneco, Elorza Amores estudió derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, y al graduarse de abogado volvió a su entidad natal, donde ingresó a la administración local de justicia. Luego, allí mismo, pasó a la judicatura federal. Aunque las instituciones donde obtuvo la maestría y el doctorado no resistirían una prueba de rigor académico, alcanzó esos grados, lo que muestra su gana de ascender. De modo que lo consiguió poco a poco hasta llegar a juez de distrito. No sé si por azar, o porque ya había dado muestras de que era una persona dúctil a indicaciones ajenas a la naturaleza de su trabajo, se le encomendó una titánica y delicada labor: recibió hace un año justamente a 27 personas, alcaldes y funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán, a los que se detuvo en una redada insolente y peligrosa.

Elorza Amores los arraigó por 40 días y luego les inició proceso penal por nexos con el narcotráfico, misma conducta que se le achaca a Sánchez Martínez. Pero sus órdenes de aprehensión eran frágiles, y poco a poco sus víctimas –es decir, los destinatarios de tales mandamientos, solicitados por la Procuraduría General de la República igualmente de modo desaprensivo—obtuvieron amparo en tribunales de garantías y paulatinamente salieron en libertad, por la sencilla razón de que no cometieron los delitos que se les imputaron. Apenas este 21 de mayo quedó libre el procesado en falso número 19. Quedan todavía ocho personas detenidas, que se augura dejarán de estarlo en breve porque les asiste la misma razón que al resto de los encarcelados el 26 de mayo de 2009.

Como si una mente perversa, o sumamente torpe, quisiera señalar esa efeméride, ese día, un año después, Sánchez Martínez fue llevado a Tepic a esperar que se le inicie proceso luego de que casi al término de la jornada anterior se ejerció orden de aprehensión en su contra. La Procuraduría lo pensó dos veces antes de acudir de nuevo a Elorza Amores, que le merece confianza, aunque sus decisiones no resistieron a la justicia de amparo. Por eso la PGR hizo un ensayo previo. Acudió el 7 de mayo a otro juzgado de distrito, el Sexto Penal, con sede en Toluca. El juez Roberto Hoyos encontró llena de agujeros la petición de la Procuraduría y no obsequió la orden de aprehensión solicitada. Faltó a la PGR un estudio lógico-jurídico que permitiera “comprobar el grado de participación de Sánchez en el delito de lavado de dinero, por lo que al analizar en su conjunto y de manera individual los argumentos para detenerlo, no se podía comprobar ese ilícito”. (Reforma, 27 de mayo.)

Claro que entre el 7 y el 26 de mayo mediaron 19 días que acaso fueron aprovechados por la Procuraduría federal para subsanar las deficiencias establecidas por el juez Hoyos. Pero en vez de volver ante este juzgador con un pedido más sólido, atendible, la PGR resolvió ir sobre seguro y presentó su nueva petición en Nayarit, ante el menos exigente juez Elorza Amores, que no defraudó al ministerio público. Esta vez importa menos que hace un año si la Federación pierde el proceso que pretende iniciar contra Greg, el popular candidato que con sus dotes personales se hizo de una fortuna en pocos años y es exitoso predicador religioso y más exitoso todavía intérprete de música de la misma índole. Porque con toda claridad de lo que se trata es de eliminarlo de la contienda electoral quintanarroense. Si Sánchez Martínez no obtiene suspensión provisional contra la orden de aprehensión, o son inútiles otros mecanismos de defensa que despliegue junto con el PRD (como el juicio de protección de garantías político-electorales ante el tribunal federal de esa materia), ese partido y sus aliados se quedarán sin candidato, porque habrá ya transcurrido el plazo para reemplazarlo (con lo que también se evitaría que políticamente lo sustituya su esposa, la señora Niurka Sáliva, que no puede ser candidata por su oriundez cubana, y a pesar de su discurso elocuente aunque no convincente).

Hay una controversia política entre el PRD y la PGR respecto del albazo que significó la detención del candidato opositor, que lo iba a ser también del PAN, partido que oportunamente se distanció de la coalición alegando que no avalaría la postulación de Greg Sánchez. Asegura la Procuraduría General de la República que hace varios meses dio aviso al PRD sobre el curso de sus investigaciones, que podrían desembocar en la aprehensión del candidato, a fin de que tomaran sus providencias electorales. Jesús Ortega, el dirigente perredista, niega haber recibido tal alerta. Por la naturaleza del asunto es seguro que, de haberse dado tal comunicación, ésta habría sido verbal y que no consta por escrito, de donde resulta que se oponen palabra contra palabra. Y ninguna de las partes de esa diferencia suscita confianza al grado de aceptar como bueno su dicho.

Si Sánchez Martínez es mantenido preso y el PRD se queda sin candidato, no sólo éste, sino el partido mismo resentirá un grave problema, que en la fragilidad partidista actual será de consecuencias funestas. Y dentro del PRD la ya debilitada Nueva Izquierda padecerá en mayor medida las consecuencias de confiar en alguien que tal vez no merecía, en estos tiempos y en un lugar como Quintana Roo –regido hasta hace poco más de una década por quien es ahora el primer gobernador extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico–, tanta confianza, resultante por añadidura del cálculo convenenciero.