Después de enfrentar sin éxito las instancias de justicia municipales, estatales y federales, la indígena Valentina Rosendo logró llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su denuncia por la violación que padeció a manos de militares en una comunidad guerrerense. La respuesta del gobierno de Felipe Calderón es reveladora: en vez de cumplir las medidas precautorias dictadas a favor de la víctima, envió ante la Corte una delegación que no defendió el buen nombre del Ejército Mexicano, sino la impunidad de un grupo de soldados transgresores.
SAN JOSÉ, 1 de junio (Proceso).- Sin titubeos y firme la voz, desde el estrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la indígena guerrerense Valentina Rosendo Cantú se dirigió a los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón presentes en la sesión señalándolos con el índice de su mano derecha:
“Lo que quiero, aquí que está el gobierno, que escuche, que reconozca lo que a mí me pasó: que fueron militares los que me violaron. Y que deje de mandar gente para que me vigile, porque yo no he hecho nada (…). Ellos (los agresores) están bien en su trabajo y viven con tranquilidad. ¿Y yo qué? También tengo derecho a vivir con tranquilidad, con mi hija.”
Así dejó pasmados a los aproximadamente 30 integrantes de la delegación mexicana, que encabezó Armando Vivanco Castellanos, director adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la cual forman parte funcionarios de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, además de la Procuraduría General de la República (PGR) y del gobierno de Guerrero.
La representación gubernamental decidió no interrogar a la joven indígena me‘phaa que, desde la agresión del 16 de febrero de 2002, se ha enfrentado al aparato de Estado en su búsqueda de justicia.
Apenas el 15 de abril último, la Corte Interamericana llevó a cabo la audiencia del caso de Inés Fernández Ortega, otra indígena de la misma etnia que fue violada sexualmente por militares, en marzo de 2002, en una comunidad de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El asunto de Valentina Rosendo llegó a la Corte Interamericana el 2 de agosto de 2009. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra el Estado mexicano porque no atendió sus recomendaciones: reparar los daños, garantizar que no se repitieran los abusos y emprender una investigación imparcial fuera del ámbito castrense.
La CIDH pidió al tribunal interamericano declarar culpable al Estado mexicano por la violación y tortura de Valentina Rosendo; por la falta de diligencia en la investigación y sanción a los responsables de esos hechos; por los daños causados a ella y a su hija Yenis Bernandino Rosendo; por la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, y también por las dificultades que enfrentó la indígena guerrerense para tener acceso a los servicios de justicia y salud.
La denuncia fue respaldada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), representantes de Valentina Rosendo y de su hija.
A la audiencia en la ciudad de San José acudió el primer visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos guerrerense (Coddehum), Hipólito Lugo Cortés. Ante los jueces de la Corte Interamericana rindió su testimonio sobre las diligencias que como servidor público realizó en 2002 al recibir la queja por la violación, para que Valentina recibiera atención médica y se formalizara, el 8 de marzo de ese año, una denuncia penal en el Ministerio Público de Ayutla contra los militares señalados.
Expuso que el caso de Valentina fue turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no formuló recomendación, y dio cuenta del incremento de las violaciones a derechos humanos cometidos por militares en Guerrero:
“De 2002 a 2007 –dijo Lugo Cortés– la Coddehum recibió entre tres y ocho quejas en contra de miembros del Ejército Mexicano cada año; en 2008 fueron 35 quejas; en 2009, 155, y en lo que va de este año llevamos un registro de 35”. Los respectivos expedientes se turnaron a la CNDH por tratarse de una denuncia contra autoridades federales.
En calidad de perito se presentó Roxana Arroyo Vargas, consultora permanente del Programa Mujer, Justicia y Género de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), quien señaló que la violación sexual cometida por agentes del Estado, en este caso del Ejército, se consideraba como “tortura”, y que la regla general es que las mujeres, sobre todo las indígenas pobres, no denuncien los atropellos por temor, ya que implica “enfrentar un escenario desventajoso; el ambiente del Ejército es de total impunidad”.
La representación del Estado mexicano pidió a los jueces que desestimen las acusaciones por violación y tortura atribuidos a los soldados y entregó el expediente del caso que se lleva en la Procuraduría de Justicia Militar. Sin embargo, aceptó la responsabilidad del Estado en lo que atañe al retraso en las investigaciones y la falta de atención médica oportuna y de acceso a la justicia a una menor de edad, como era Valentina cuando fue agredida.
Al término de su exposición, compartida entre Armando Vivanco y Luis Manuel Jardón Piña, jefe del Departamento de Litigios de la Consultoría Jurídica de la cancillería, la juez jamaiquina Margarette May Macaulay cuestionó cómo podían negar la participación de miembros del Ejército cuando reconocían deficiencias en la investigación, retrasos y dilaciones, y cuando todavía está abierto el caso.
Las contradicciones en que cayeron los enviados del Estado mexicano tuvieron un efecto insólito: provocaron risas en los asistentes, sobre todo de estudiantes de derecho que acudieron a la audiencia pública.
El gobierno pide impunidad
Sostener su denuncia durante todos estos años le costó a Valentina Rosendo el repudio de su comunidad, ubicada en el municipio de Acatepec, Guerrero, así como el abandono de su marido, Fidel Bernardino Sierra. Peor aún, ha padecido persecución, hostigamiento y amenazas de muerte contra su familia, ella y su hija Yenis, de ocho años. Por eso la Corte Interamericana dictó medidas provisionales a favor de ella, de su familia y sus defensores desde el 2 de febrero pasado.
Menuda, vestida de blusa blanca y falda negra, Valentina Rosendo compareció en una sesión privada ante la Corte, presidida por el juez de origen peruano Diego García-Sayán. Ahí expuso que el 16 de febrero de 2002 terminó de lavar ropa en un arroyo cercano a su domicilio, a las afueras de la comunidad Barranca Bejuco, cuando la rodearon ocho soldados, que le preguntaron agresivamente por unos “encapuchados” mientras le mostraban una fotografía y una lista de 11 personas.
Valentina tenía 17 años y sintió miedo. Entendía español pero no lo hablaba bien, por lo que no respondió el interrogatorio. Un soldado la golpeó con la culata de su fusil en el estómago, le pegó en la cara y le jaló el cabello. Luego la violó. Después otro soldado le hizo lo mismo mientras los seis restantes “se burlaban”.
La denunciante dio pormenores de los obstáculos que enfrentó para que el sistema de salud del estado de Guerrero le diera atención médica, que al final fue deficiente. Detalló las trabas para formalizar su queja en el municipio de Ayutla, que logró interponer el 8 de marzo de 2002 por mediación de la Coddehum, y el acoso permanente de los militares, que rodearon su casa y le gritaron que saliera a identificar a quienes la violaron entre los soldados que le apuntaban con sus armas. Ante tales amenazas, se vio obligada a firmar un documento que no leyó.
En otra ocasión, relató, la interceptó en un camino un grupo de soldados a bordo de tres vehículos militares. Le gritaron que “cuánto dinero quería para dejar la denuncia”. Pero algo tiene claro: “Yo no busco dinero, yo quiero que castiguen a quienes abusaron de mí”.
Continuó su declaración: ella y sus padres sufren discriminación en su propia comunidad. Ahora es “la mujer violada”, “la mujer de los militares”, “la mujer que ya no vale”. Su gente la abandonó en su búsqueda de justicia ante la advertencia que les hizo el entonces presidente municipal priista de Acatepec, Gerónimo Godoy, a los pobladores de Barranca Bejuco: no les entregaría apoyos gubernamentales mientras Valentina sostuviera su queja contra los militares.
A pregunta del juez argentino Leonardo Franco, la indígena describió la experiencia de los pueblos indígenas con la presencia de los soldados: “Hay muchas mujeres que han sido violadas por militares, pero no denuncian por no saber hablar en español, por el miedo de que le pase algo a sus familias y porque nadie nos cree”.
Valentina narró la zozobra en que vive desde que se atrevió a denunciar. Dice que, conforme su queja avanzó en el sistema interamericano de justicia, se ha sentido más amenazada, sobre todo después de que –por recomendación de la CIDH– en 2007 su expediente fue llevado del fuero militar al fuero común, aunque los defensores de la agraviada exigían que la PGR investigara el caso.
En noviembre de 2009, ella identificó a sus agresores en un álbum fotográfico del Ejército. Coincidió plenamente con su primera descripción, del 8 de marzo de 2002. Con ese pretexto, el caso fue retomado por el fuero castrense.
En la sala de la Corte Interamericana sostuvo que recibió de la procuraduría guerrerense la promesa de que “agarrarían a los militares que me hicieron daño y los iban a meter a la cárcel; pero fue al revés: me seguían, me sacaban fotos, me buscaban en mi trabajo, me decían que me dejara de denunciar. (…) Se quisieron llevar a mi hija al salir de la escuela y no tuve más remedio que huir de donde ya estaba construyendo mi vida, donde mi hija ya tenía escuela”.
El juez Eduardo Vio Grossi, de Chile, le preguntó sobre su ocupación y Valentina dijo que era empleada en una tienda, e insistió en su exigencia de justicia después de ocho años de “sufrimiento y de dolor, de cambiar de casa a donde nadie sepa lo que me pasó”. Sin que se le quebrara la voz en toda la audiencia, exigió a los representantes del gobierno calderonista que se castigue a los responsables y que la dejen vivir tranquila. Puntualizó:
“Yo no debería estar aquí (en la Corte Interamericana) si tan sólo el gobierno escuchara, y me dice mujer mentirosa (…). Yo no tengo por qué mentir (…). Tuve que dejar a mi hija de ocho años para poder venir aquí a buscar justicia (…). Este día tenía que firmar su boleta de calificaciones en la escuela, pero vine hasta acá para buscar justicia.”
Durante la audiencia, fue evidente la parcialidad de Alejandro Carlos Espinosa, juez ad hoc solicitado por el gobierno mexicano para ser integrado en la Corte Interamericana cuando se trataran los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega.
Ese juez le pidió a Valentina que describiera las insignias que llevaban los militares que la interceptaron para ofrecerle dinero a cambio de que dejara la denuncia, así como detalles de esa “plática”, cuando la víctima había dejado claro que cuando esto ocurrió ella estaba “llena de miedo”.
La misma actitud tendenciosa se observó cuando Espinosa interrogó al testigo Hipólito Lugo y a la representación de la CIDH, y en cambio fue condescendiente con la delegación mexicana, a la que pidió detalles sobre la capacitación en derechos humanos que reciben los miembros del Ejército.
El nombramiento de Alejandro Carlos Espinosa –profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1993 en las materias de derecho penal y militar, además de criminología– fue impugnado antes de la audiencia por los abogados del CDHM Tlachinollan porque su perfil académico y profesional es evidentemente favorable al Ejército.
Alejando Carlos Espinosa es autor de los libros Derecho militar mexicano y Derecho procesal penal militar, el primero prologado por el general Mario Guillermo Fromow García y el segundo por el general de brigada y maestro Juan José Castilla Ramos. Además, es colaborador de la revista Defensa Penal y Análisis Jurídico, cuyo presidente honorario del consejo editorial es el exprocurador y general Rafael Macedo de la Concha; fue funcionario de la PGR en el sexenio de Vicente Fox, y visitador adjunto en la CNDH durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar.
El próximo 28 de junio, las partes deberán entregar sus alegatos finales a la Corte Interamericana.
Al término de la sesión Valentina Rosendo seguía firme. No pareció afectarle que de nuevo los representantes del Estado mexicano pusieran en duda su palabra. Salió con esperanza. Ya no quiere volver a cambiarse de casa. Ya perdió la cuenta de las ocasiones que lo ha hecho en estos ocho años, huyendo del acoso.
No significa que haya perdido el miedo, pero confía en que va a encontrar la justicia porque tiene razones: “Yo no miento, no tengo por qué hacerlo. Yo no debería estar aquí, yo era una mujer feliz, pero cuando los militares abusaron de mí todo cambió, todo lo perdí”.
Dice a Proceso: “Estuve contando los días hasta que llegara éste; es muy importante, pero todavía falta. Tengo mucho miedo por mi hija, que le vaya a pasar algo. Ella es la que me ha dado fuerzas para vivir, yo creo que sin ella estaría bajo tierra”.
No comments:
Post a Comment