Control absoluto

* Los cárteles del narcotráfico se apoderaron de todos los cuerpos policiacos de la entidad / La organización de los Beltrán Leyva infiltró las corporaciones federales y la Secretaría de Seguridad Pública estatal / Por su parte, “Los Zetas” coparon las policías municipales de Benito Juárez y Solidaridad / Los Beltrán Leyva también establecieron una extensa red de lavado de dinero en negocios turísticos e inmobiliarios

De la Redacción

II y última parte

CANCUN, Q.ROO, 31 de mayo.-Los cuerpos policíacos federales en Quintana Roo, así como la Secretaría de Seguridad Pública estatal, le rendían cuentas directas a Edgar Valdez Villareal alias “La Barbie”, principal lugarteniente del fallecido Arturo Beltrán Leyva alias “El Barbas” y/o el “Jefe de Jefes”.
A “La Barbie” le entregaban a detalle toda la información sobre operativos, dispositivos y acciones que en determinado momento llevaban a cabo las fuerzas militares en torno a la batalla contra el narcotráfico en el estado.
Así, los Beltrán Leyva podían operar de manera tranquila y sin ningún tipo de restricción. Los jefes policíacos recibían a cambio grandes cantidades de dinero por informar y evadir su trabajo. Su labor, era redituablemente sencilla.
En tanto, “Los Zetas” coparon los cuerpos policíacos municipales. Desde la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún y la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Solidaridad, el grupo delictivo controlaba a placer el narcomenudeo y expandía ese negocio en la zona Norte del estado.
Más de mil 200 efectivos municipales, se registraron en las filas del crimen organizado vía “Los Zetas”. Muchos sólo servían como pantalla y equipo de seguridad para brindar facilidades en los operativos que llevaba a cabo esta célula delictiva.
Otros, los más avanzados y “avivados”, fueron reclutados para ser sicarios, extorsionadores y secuestradores, para así ejercer presión sobre la población económicamente activa de los principales destinos turísticos de México: Cancún y la Riviera Maya.
Todo lo anterior consta en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009 de la Procuraduría General de la República sobre la entrada al crimen organizado a Quintana Roo.

Los nombres
Dentro del expediente de la Unidad Especializada de Investigación sobre Delitos Contra la Salud, UEIDCS, se revelan dos nombres de jefes policíacos que en su momento negaron su participación con la delincuencia organizada y que actualmente se encuentran presos por esta razón.
Se trata del ex delegado de la Procuraduría General de Quintana Roo, PGR, Nicolás Hernández quien tuvo su primer contacto con el grupo de los Beltrán Leyva en mayo del 2007, según la averiguación previa.
En ese momento, uno de los emisarios del grupo delictivo, pactó con la gente de la PGR en el estado para proteger las cerca de 200 narcotienditas que tenía en servicio los Beltrán Leyva en Cancún, Playa del Carmen y en Cozumel.
El pacto se inició con el trabajo de “cabildeo” entre Jesús Vega Romero, quien en ese entonces fungía como subdelegado de la PGR en el estado, y el emisario de los Beltrán Leyva.
Según consta en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009, Vega Romero recibió 20 mil dólares por dar la apertura de operación al cártel de los Beltrán Leyva en la zona Norte de Quintana Roo.
Posteriormente, fue Nicolás Hernández Mendoza quien recibió 900 mil pesos de manos del emisario del crimen organizado, a finales de mayo del 2007 en Plaza la Isla en la Zona Hotelera.
Asimismo, ambos también habían pactado con “Los Zetas” al mismo tiempo, dando protección a alrededor de 600 narcotienditas en la zona Norte – incluyendo Cozumel – en ese grupo.
La “tolerancia” de las autoridades federales, incluía a “Los Zetas” y a los Beltrán Leyva. No había más. Cualquier otro grupo que intentaba entrar a la plaza era reventado de manera doble.
Lo peor del caso, es que todas las acciones que del 2007 al 2009 implementó el Ejército para combatir el narcotráfico y la delincuencia en Quintana Roo - principalmente Cancún y la Riviera Maya -, no servían de mucho pues todos los sicarios, vendedores y tiradores de los dos grupos mencionados, eran liberados pasados dos o tres días de la detención por parte de la delegación estatal de la PGR.
Por esta razón, el 2 de septiembre del 2009, el delegado de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo, Nicolás Hernández Mendoza y el subdelegado de esa dependencia en la entidad, Jesús Vega Romero, fueron detenidos por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
A ambos funcionarios se les relaciona con el crimen organizado, motivo por el cual fueron internados en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.
Asimismo, integrantes del Ejército mexicano detuvieron a tres servidores públicos estatales que presuntamente guardan relación con el caso de Nicolás Hernández, a quien se vinculó con “Los Zetas” y con los Beltrán Leyva.
Pero los dos delegados de la PGR no fueron los únicos en ser detenidos en el mes de septiembre del 2009. El ex secretario de Seguridad Pública en el estado, Salvador Rocha Vargas también fue aprendido por la SIEDO días después de que cayeran Nicolás Hernández Mendoza y Jesús Vega Romero.
Rocha Vargas fue acusado de recibir dinero del cártel de los Beltrán Leyva. Un emisario de ese grupo lo visitó en Chetumal en mayo del 2007 y su interlocutor fue el capitán de la Policía Federal Preventiva, Ricardo Flores.
En el expediente que maneja la investigación, se afirma que Salvador Rocha Vargas recibió 100 mil dólares y que incluso, al momento de recibirlos, habló con Edgar Valdez Villareal alias “La Barbie” a quien saludó de manera afectiva según los testigos protegidos de la PGR.

La red financiera de los Beltrán Leyva en Quintana Roo
Dentro de la investigación de la PGR, también se habla de la red financiera de lavado de dinero que opera aquí en Quintana Roo, para el cártel de los Beltrán Leyva, la cual incluye hoteles y diversos establecimientos dedicados a los servicios turísticos, casas de cambio y del ramo inmobiliario.
Lo anterior se desprende de una investigación de autoridades judiciales federales, las cuales han detectado al menos a dos centros de hospedaje categoría gran turismo, en donde se han incrustado integrantes de esta banda delictiva en altos puestos ejecutivos para lavar millonarias sumas de dinero.
Esta organización delictiva desde hace más de cuatro años que convirtió a Quintana Roo, Cancún y Playa del Carmen, en un paraíso para el lavado de dinero, producto de los grandes cargamentos que se reciben aquí en el aeropuerto internacional de este centro vacacional y posteriormente por vía terrestre se trasladan por carretera a diversas ciudades fronterizas del Norte del país.
De acuerdo a la investigación federal, en al menos cuatro destinos vacacionales del país, se han detectado fortunas sospechosas que se han invertido en la actividad turística para blanquear las millonarias ganancias que se adquieren producto del narcotráfico.
Los Cabos, Baja California Sur, Acapulco, Cancún y Playa del Carmen, son los destinos en donde las autoridades federales han incrementado sus investigaciones, luego de recopilar declaraciones de detenidos, los cuales han mencionado a diversas empresas hoteleras e inmobiliarias, así como casas de cambio, las cuales de manera sospechosa manejan grandes cantidades de dinero que no se justifican y más en el último cuatrimestre del año pasado, cuando México enfrentó su peor crisis económica, producto del mal manejo que le dio el espurio gobierno federal así como la contingencia sanitaria.
Y es que en el caso de Quintana Roo, la organización de los Beltrán Leyva, gracias a la poderosa red de ingenieros financieros a su servicio, han tejido una poderosa y bien relacionada red de “empresarios” que manejan sus activos para blanquear sus millonarias ganancias, los cuales en coordinación con los expertos financieros mueven diariamente numerosos depósitos que distribuyen en diversas sucursales bancarias para no despertar sospechas, pues las mismas se hacen en pocos minutos después de realizar los depósitos.
Estos “empresarios” reciben dinero sucio de parte de la mencionada organización criminal, la cual ocupan para adquirir bienes y servicios que son destinados para la actividad turística e inmobiliaria principalmente.
En esta entidad, las autoridades federales han detectado el mayor número de casos de lavado de dinero en esta modalidad, producto de la complicidad de las autoridades fiscales, quienes a través de millonarias mordidas, evitan las auditorías a los capitales que aquí se invierten a diario, lo que genera mayor impunidad por parte del crimen organizado.
Algunos capitales empleados en el desarrollo de las empresas turísticas principalmente son campo fértil para el blanqueo de dinero y estas las utilizan como préstamos al capital, mismo que devuelven luego de utilizarlas en remodelaciones y ampliaciones de sus negocios, quedándose ellos con un importante porcentaje y que hace que dichas inversiones pese a las bajas ocupaciones operen con números negros