Durango: el gobernador “vendió la plaza”

Patricia Dávila

El candidato opositor al gobierno de Durango, José Rosas Aispuro Torres, aprovecha la enumeración del rosario de irregularidades que hubo en la jornada electoral del 4 de julio para lanzar duras acusaciones contra el mandatario priista Ismael Hernández Deras. Afirma que éste se ha coludido con el narco y que “vendió” el estado a varios cárteles. Previamente había señalado que el mandatario utilizó el secuestro como fuente alterna de financiamiento para la campaña de su delfín. En un clima de violencia sin precedente en Durango, Rosas Aispuro dice que ahora teme por su seguridad...

MÉXICO, D.F., 2 de agosto (Proceso).- “El gobernador Ismael Hernández Deras vendió el estado a varios grupos de la delincuencia organizada. Ya no sólo opera ahí el cártel de Sinaloa, sino que abrió el lugar al de Juárez, al del Golfo y a Los Zetas. Es obvio que entregó la plaza”, asegura José Rosas Aispuro Torres, candidato al gobierno por la coalición Durango nos Une.

Rosas Aispuro Torres –quien impugna los resultados de los comicios del pasado 4 de julio– afirma que el mandatario de Durango cometió fraude electoral con ayuda de los grupos delictivos que operan en la región para hacer ganar a Jorge Herrera Caldera, candidato priista.

Rosas Aispuro, primer candidato a gobernador que denuncia públicamente los presuntos vínculos de un mandatario estatal con el crimen organizado, asegura: “En Durango el narcotráfico y los secuestros se disparan en este gobierno, no me queda la menor duda. Fui alcalde de Durango de 2001 a 2004, participé en muchas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública como presidente de la Fenamm (Federación Nacional de Municipios de México) y el estado era el cuarto o quinto más seguro del país; hoy ocupamos el segundo lugar en asesinatos y secuestros”.

–¿Qué detonó esta violencia?

–La impunidad en Durango puede deberse a dos factores: incapacidad o complicidad del gobernador. Lo primero es muy grave porque no es posible que un mandatario desconozca lo que pasa en su estado. Lo segundo es terrible y lo peor es que cada día los signos son tan claros que apuntan a que se trata de una complicidad del gobernador con el crimen organizado. Lo señalé durante la campaña y pedí que las autoridades investigaran cómo estaban las cosas.

Comicios amañados

El candidato de la coalición habla de la jornada electoral: “Si algo tengo cierto es que gané la elección. No tengo la menor duda. No me quejo de todo lo que hicieron previo a los comicios, como la compra de sufragios que hizo el gobernador para que la gente votara por el PRI. Eso no me asusta, para eso ya estaba preparado porque sé cómo opera el sistema”, afirma y muestra copias de vales de cemento y de cheques por 400 pesos con la firma de Ismael Hernández Deras.

“Lo que no esperaba era que recurrieran a la delincuencia organizada para reventar la elección: a las 11 de la mañana la primera encuesta de salida nos puso 10 puntos arriba del PRI. Cuando le pasan esa información al gobernador da la orden de revertir los resultados y ordena al procurador Daniel García Leal detener a las personas que apoyaban a la coalición.”

Según información que afirma haber obtenido de agentes judiciales, Rosas Aispuro explica que el operativo lo coordinó el comandante Juan Segovia, quien detuvo a 80 integrantes de la coalición.

“En algunas casillas de El Mezquital, grupos armados prohibieron la entrada a nuestros representantes. La gente no protestó... con que les perdonaran la vida era suficiente. Tenemos testimonios notariados que incluimos en el juicio que promovimos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). No hay denuncias ante el Ministerio Público porque, por razones obvias, nadie se animó”, explica.

El expriista –quien se separó de su partido por la imposición de Jorge Herrera Caldera como candidato a gobernador– señala que mientras esto pasaba en El Mezquital, en 14 casillas de la capital estatal grupos armados amenazaron a electores y funcionarios y se llevaron las urnas. Incluso las televisoras locales mostraron imágenes de casquillos percutidos de las armas largas que se dispararon en esas acciones.

“Lo que hicieron no fue suficiente y en la encuesta de salida de las dos de la tarde seguíamos 8.5 puntos arriba. En ese momento cambian de estrategia. La orden de Hernández Deras fue: ‘Revienten la elección a como dé lugar’. Entonces pasaron de la detención de personas al robo de urnas, a la presencia de grupos armados y al disparo de armas de fuego, sobre todo en las casillas en donde nosotros llevábamos ventaja.

“Por ejemplo, en San Bernardino de Milpillas a eso de las cuatro de la tarde llegaron grupos armados y sacaron de las casillas a los votantes. A los representantes de partido y funcionarios les dijeron: ‘No se preocupen, a ustedes no les va a pasar nada, pero traemos indicaciones de que gane el PRI; de lo contrario, ya saben lo que les va a pasar. Nosotros vamos a armar esto, ustedes sólo nos ayudan firmando’, así cambiaron la votación a favor de ellos”, detalla Rosas Aispuro.

Narra que días después se encontró al párroco de San Bernardino de Milpillas quien le preguntó: “¿Ya sabe lo que hicieron allá?”. Aispuro pidió que hiciera la denuncia y el sacerdote respondió: “¡No..! ¿Quién se va a animar?”.

Aun así, explica, la tercera encuesta, la de las cinco de la tarde, lo tenía 4.5 puntos arriba, y una hora después, al cierre de las casillas, estaba 2.6 puntos sobre el candidato del PRI.

–¿Qué pasó después del cierre de casillas?

–En el municipio de El Mezquital, la noche del domingo, enviaron al síndico municipal a recorrer todas las comunidades y localizar a los representantes de partido para cambiar las actas. Algo similar hicieron en Pueblo Nuevo, Tamazula y San Dimas. Le dijeron a los representantes que había un error y necesitaban que les volvieran a firmar las actas, y la gente firmó de buena fe.

–¿Con qué papelería electoral se hizo?

–Ellos adjudicaron de manera directa la impresión de las actas y las boletas electorales a la empresa Litoformas, así que mandaron imprimir papelería de más para sustituir las boletas marcadas a favor de la coalición (Proceso 1756).

El 6 de julio, dos días después de la jornada electoral, la coalición tuvo otra evidencia de que el operativo de robo de urnas fue montado por el gobernador, según cuenta Rosas Aispuro: un efectivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el agente del Misterio Público Noé Moreno; y una empleada del área de Servicios Periciales, tenían las urnas dentro de una camioneta oficial.

Al día siguiente, en un intento por “desviar” la atención del tema de las urnas robadas, “Hernández Deras armó otro operativo: detienen a 21 personas originarias del Distrito Federal y les siembran armas y uniformes de la policía. ¡Un montaje que nadie les compró!”, señala.

“Lo más lamentable es que la procuraduría en lugar de investigar los delitos que se cometen a diario en Durango, se dedica a perseguir a los adversarios políticos del gobernador y a fabricar un fraude a través de la relación que mantienen con los grupos de la delincuencia organizada.”

Otra acusación

Días antes de las elecciones, en una entrevista con la radiodifusora La Tremenda, Rosas Aispuro declaró: “Herrera demostró cuál es su objetivo: llegar al poder amasando dinero para seguir apoyando sólo a unos cuantos. Seguir siendo cómplice de la delincuencia. Es una cosa muy grave. Tengo informes de que los rescates obtenidos de los secuestros que están haciendo (…) se los llevan a la campaña de Jorge Herrera Caldera”, (Proceso 1756).

–Antes de la declaración en La Tremenda, usted aseguró que en las comunidades rurales la delincuencia organizada, al servicio del gobernador, ayudó al PRI en las elecciones y que el dinero del narco se empleaba en campañas, ¿en qué se basa? –se le pregunta al candidato de la coalición.

–Personas que fueron secuestradas en el municipio de Vicente Guerrero me aseguran que el dinero de los secuestros era para las campañas del PRI. Una de las víctimas, quien me dijo que junto con ella había otras 10 personas retenidas, refiere: “Mientras me interrogaban, para tranquilizarme me dijeron que ellos trabajaban para el gobierno y que tenían la instrucción de hacer eso (secuestros); me decían, no te preocupes, tu cumple con entregar lo que te pedimos y no te va a pasar nada. Ya te dijimos, estamos bien protegidos”.

–¿Por qué dice que los signos más claros indican que el gobernador está detrás de los secuestros y coludido con la delincuencia organizada?

–Por los cientos, por no decir miles de secuestros en el estado. Ahora por lo ocurrido en el cereso número dos de Gómez Palacio, dirigido por una persona a quien el gobernador nombró Mujer del Año, es claro que se la llevó para realizar una tarea en específico.

“En Durango nada es casualidad. Nada se mueve sin la autorización del gobernador. Él controla todo lo que tiene que ver con dinero bien habido o mal habido; su mayor ambición es el poder político para, a través de él, tener el control económico”, afirma el expriista.

–En Durango, el control lo tenía el cártel de Sinaloa, ¿ahora qué sucede?

–Vendió la plaza a varios grupos. En todos los municipios la gente habla de La Línea, que son los sicarios del cártel de Juárez; del cártel del Golfo y de Los Zetas.

–¿A cambio de qué vendió el estado a los cárteles?

–De todo el dinero que han recibido él y su gente.

–¿Es mucho?

–¡Imagínese!, para comprar la isla de La Piedra en Mazatlán y ser dueño de grandes ranchos como el Victoria y el Atotonilco. Incluso en el balneario La Joya, en el municipio de El Mezquital, de donde el gobernador es originario, los ejidatarios dicen que les quitó el agua porque no quisieron venderle. (...) Yo diría que está metido en grandes actos de corrupción que deben investigarse.

–¿El secuestro es un negocio alterno del gobernador?

–No tengo ningún comentario posterior a la elección, pero si se siguen registrando, ¡claro que hay complicidad!

–¿Hace cuánto que abrió la plaza?

–En los últimos tres años de su gobierno llegaron los cárteles a disputarse el estado; incluso en las comunidades rurales han crecido células al amparo de la autoridad. El problema es que la gente habla de que llegan los grupos armados a presionarlos pero no identifican a cuál pertenecen. Todo está muy contaminado. A donde vayas, la gente te habla de la presencia de estas bandas, pero no te dicen cuál controla. Por ejemplo, en Santiago Papasquiaro la gente tenía claro que el candidato del PRI a la alcaldía estaba siendo financiado por Los Zetas.

Aispuro entrega a la reportera una carpeta con algunos informes de seguridad. En uno –“Estudio sobre secuestro y crimen organizado 2009”, realizado por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI) – se ubica a Durango en el segundo lugar nacional en secuestros, con 2.6 casos por casa 100 mil habitantes, sólo superado por Chihuahua, con 3.5. De acuerdo con el estudio, sólo se denuncian 15 de los aproximadamente 55 casos reales.

Además, de acuerdo con la PGJE, a mayo de 2010 habían ocurrido 455 homicidios, sin contar las ocho cabezas localizadas el pasado martes 27 en diversos puntos de la ciudad y el asesinato del cirujano plástico Guillermo Burciaga Alvarado, acribillado el pasado 13 de julio.

Por si fuera poco, de acuerdo con el estudio La competitividad de los estados mexicanos 2010, Durango es la entidad con mayor crecimiento en delitos del fuero federal.

A esta documentación Aispuro agrega copias de las actas notariadas que prueban el fraude electoral: “El gobernador Hernández Deras maniobra a través de la procuraduría y a través de esta corporación opera con los grupos de la delincuencia organizada. La autoridad debe investigar. Yo informé de todo a la PGR y a la Secretaría de Gobernación, y queremos que el resultado de esa investigación pase al Tribunal Estatal o en su caso al federal, para que puedan tener un criterio más amplio al valorar lo que sucedió en Durango. Todo esto es vox populi, no invento”.

Para el candidato de la coalición hay otro hecho que prueba que las autoridades estatales cometieron fraude y están coludidas con el narco: se trata de los amparos “bajo reserva” que solicitaron el secretario de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar; el procurador Daniel García Leal; Raymundo Hernández, presidente del IEPC, y dos subsecretarios más. Con excepción de Reza Cuéllar, quien solicitó el amparo en Durango, los demás lo obtuvieron en Zacatecas.

Aispuro, quien antes de la entrevista con Proceso se reunió con los panistas Josefina Vázquez Mota y Gustavo Madero, coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado, se siente respaldado: “Ni está perdido ni está solo, seguimos peleando”, le dijeron.

El temor de Rosas Aispuro

En Durango, al tema de los reos del cereso de Gómez Palacio –que tenían permiso de salir a matar por las noches–, al levantón de los periodistas de Televisa, Multimedios y Vanguardia y a las ocho cabezas humanas encontradas en varios puntos de la entidad, al cierre de esta edición se agregó la desaparición de Alfonso Peña Peña, diputado electo por el octavo distrito, y de sus escoltas quienes –según trascendió entre la prensa local– previamente habían sido desarmados por agentes de la Dirección Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

En este contexto, Rosas Aispuro acepta que teme por su seguridad y la de su familia: “Antes veía las cosas diferentes pero ahora, con lo que está sucediendo, le diría que sí veo un riesgo. Aunque a mí los narcotraficantes no me pueden reclamar nada. No tengo pacto con nadie”.

–¿Ni con el cártel de Sinaloa? –se le inquiere, pues se comenta que es familiar de Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán y presuntamente sobrina de Ignacio Coronel.

–Si tuviera pacto con el de Sinaloa hubiera ganado en Tamazula (lugar de nacimiento del candidato) cuatro a uno. Pero no, ahí perdí. ¿Tú crees que si tuviera pacto con alguno de ellos estaría aquí, en la Ciudad de México, peleando por que se respete el voto de los duranguenses?

“¡Es claro! En Durango actuaron los grupos del crimen organizado, pero no lo hicieron a favor de Aispuro porque el compromiso de ellos es con el gobernador”, señala.