Margarita Rojas y el infierno duranguense

Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 2 de agosto.- Margarita Rojas Rodríguez, una abogada que dirigió durante 10 meses un penal peligrosísimo con tanto éxito que lo había pacificado y conseguido con ello ser nombrada La Mujer del Año, está bajo arraigo durante 40 días por orden de un juez federal, solicitada por la Procuraduría General de la República. Se le señala –y se espera probar que lo es– como responsable de una operación increíble y atroz: permitir la salida de presos bajo su custodia para que, armados con el arsenal de la prisión situada en Gómez Palacio, Durango, y acompañados por personal de la cárcel en vehículos oficiales, asesinaran a por lo menos 36 personas en Torreón.

Hasta el sábado 24 de abril la licenciada Rojas Rodríguez tenía un historial limpio, en cargos de tono menor. Licenciada en derecho por la Universidad de Coahuila, fue agente del Ministerio Público de Durango, en la Comarca Lagunera. Era presidenta del Comité de Integración Ciudadana para la Seguridad Pública de Ciudad Lerdo, su lugar de origen, cuando estalló la crisis en el Centro de Readaptación Social número 2 del estado, con sede en Gómez Palacio. En sólo un mes, sendos motines hicieron reventar a dos directores del penal, el segundo de los cuales salió tras una rebelión que dejó 20 muertos, entre reclusos y custodios.

El gobernador Ismael Hernández Deras, o su secretario de Gobierno Oliverio Reza, o el de Seguridad Pública, general Valentín Romano, designaron directora a Margarita Rojas, aunque ninguno de ellos acudió a darle posesión. Era un desafío enorme para la abogada ser la primera mujer en ese cargo y recibir la penitenciaría en ruinas, con el orden interno roto. Pero al parecer lo enfrentó con donaire. Promovió la libertad preparatoria de muchos reos que no debían estar presos, y al disminuir la población se abatió también la tensión interna. Durante meses apenas hubo uno que otro incidente (aunque en uno de ellos fueron asesinados cuatro custodios). Ese resultado hizo que Hernández Deras la nombrara Mujer del Año en abril de 2010.

Ya para entonces, si se atiende a la velocísima averiguación emprendida por la PGR, la directora de la cárcel había dejado de ser la funcionaria modelo que se suponía. Se presume que ya había entrado en comunicación con Gente Nueva, un grupo armado que presta servicios al cártel de Sinaloa. El 31 de enero se habría realizado la primera operación pactada con esa banda, que le otorgaba un sueldo mensual de hasta 25 mil pesos. Un grupo de matones presos recibió autorización para salir y matar indiscriminadamente a 11 personas en el bar Ferrie. El crimen colectivo escandalizó menos de lo que ameritaba, opacado por la matanza de Salvárcar, en Ciudad Juárez, ocurrida el mismo día, y de la que se ocupó desde Japón el presidente Felipe Calderón, quien no tuvo una palabra para los asesinados en Torreón

El 15 de mayo el mecanismo entró en operación de nuevo. El saldo fue de ocho personas muertas en el bar Juana’s. Y se repitió el 18 de julio, un domingo negro en que una fiesta en la quinta torreonense Italia Inn fue interrumpida a balazos por matones salidos para ese efecto de la cárcel. Esa vez, 17 personas fueron asesinadas.

El jueves siguiente apareció en YouTube un video en que un agente de la policía municipal de Lerdo, interrogado por miembros de Los Zetas, describió las operaciones citadas y reveló que fueron posibles por la autorización de la directora. En menos de 48 horas, a partir de ese documento visual al que concedió crédito, la PGR pidió el arraigo de Rojas Rodríguez, que le fue concedido a partir del sábado. Horas después, en una insólita rueda de prensa encabezada por el flamante secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, el vocero de la PGR Ricardo Nájera ofreció pormenores sobre esa mecánica criminal. La prestísima investigación federal había encontrado ya que las balas disparadas en los tres asaltos en Torreón procedían de armamento oficial de los custodios. E incriminó a la directora, que fue juzgada traidora a las instituciones estatales por el gobernador Hernández Deras, quien con esa calificación ha de creer que ya cumplió su deber.

Apenas difundida la asombrosa noticia, se produjo una no menos sorprendente movilización, dentro y fuera del penal dejado acéfalo. El lunes 26 por la mañana grupos de presos en el interior del Cereso, y sus parientes a las afueras, pretendieron reivindicar a la directora depuesta y arraigada. Se convirtieron en sus valedores y demandaron su reinstalación, asegurando que era inocente de los hechos que se le imputan. Ante la gravedad de los cargos difundidos el domingo, y la insólita movilización del lunes, la prensa local y enviados de la nacional se concentraron en Gómez Palacio, a las afueras de la prisión singularizada para siempre.

Allí se inició otro episodio de esta serie de horrorosas peculiaridades. Dos camarógrafos de la televisión lagunera –Jaime Canales, de Milenio, y Alejandro Hernández, de Televisa, así como el reportero de este consorcio, Héctor Gordoa, enviado del equipo de Denise Maerker– fueron levantados hacia las tres de la tarde, y por la noche corrió la misma suerte Óscar Solís, reportero del diario local El Vespertino. Sus captores ordenaron que se difundieran videos donde presuntos presos acusan a policías municipales de colaborar con Los Zetas. Según Elisabeth Malkin, de The New York Times, Milenio Televisión puso al aire las escenas, sin recibir en respuesta la liberación de los levantados. El jueves al mediodía fue liberado uno de los ellos, Héctor Gordoa, quien informó que sus compañeros se encontraban tan bien como se puede estar privado ilegalmente de la libertad.

Menos mal. Porque por unas horas en la madrugada del martes pudo parecer que los periodistas contaban en el grupo de ocho personas, probablemente levantados también el lunes, cuyas cabezas, separadas de sus cuerpos, fueron colocadas en las vías de acceso a Gómez Palacio. Horas después, ese mismo martes, el secretario de Gobierno Oliverio Reza dio cuenta de la suerte de los comunicadores, en información tomada de inmediato por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que inició de oficio una queja y condenó la desaparición de los representantes de los medios.

La doble difusión irritó sobremanera a Ciro Gómez Leyva, el director de Milenio Televisión, quien despotricó contra Reza y contra la CNDH por no haber supuesto que los secuestradores estaban en negociación con los medios. Su iracundo texto apareció el miércoles en la edición impresa de Milenio, que dedicó su espacio principal en la primera plana al secuestro múltiple, simultáneamente a la inclusión de los videos enviados por los levantadores.

Erupciones aparte, al anochecer del jueves quedaba pendiente la libertad de los tres periodistas todavía retenidos. Y quedaba en curso la diligente averiguación federal contra la directora del Cereso que funcionaba como hotel de matones. Asombra tanta celeridad en una indagación de la PGR, que suele actuar con enorme parsimonia. No contamos con elementos para suponer un montaje contra Margarita Rojas y sus superiores, uno de los cuales, el general Romano, tuvo un agitado paso por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Pero al menos habrá que congelar el juicio sobre la directora depuesta hasta que cese su arraigo y la consignación al juez incluya datos que otorguen mayor certeza a la acusación. Tan poderosas son las bandas de la delincuencia organizada y sus cómplices que no sería extravagante suponer que perfeccionen el diseño de su monstruosa operación en el Cereso incriminando a quien no tiene responsabilidad en el caso.

Ciertamente los huéspedes de un penal no cuentan con la autoridad moral para avalar a su directora. Pero quizá la funcionaria estaba realmente limpiando la cárcel y fue preciso impedir que llevara adelante su higiénica labor.