José Carreño Carlón

El derecho a tener miedo


22 de septiembre de 2010



En memoria del ministro José de Jesús Gudiño

El manejo oficial de la crisis del editorial de El Diario de Juárez está por romper el récord del ahora recordado terremoto de 1985 como el más fallido episodio de manejo de crisis en una historia plagada de malos manejos de crisis por los gobiernos mexicanos.

Dos similitudes tiene el discurso del gobierno del presidente Calderón ante la crisis de inseguridad con el discurso del gobierno del presidente De la Madrid ante la crisis del sismo del 19 de septiembre de hace 25 años. Por una parte, la pretensión de minimizar la magnitud del problema. Y por otra, una actitud gubernamental que deja en las personas una percepción de desprotección al mismo tiempo que de inhibición de los impulsos de la gente por ponerse a salvo por sí mismos, o para recobrar el control de la situación alterada.

Minimizar la magnitud de los estragos va contra un principio básico de manejo de crisis: el de que una estimación alta de los daños, modificada a la baja, es mucho más aceptable para la población que una estimación baja de los saldos, modificada más tarde al alza.

Y en el caso del terremoto de 1985 el discurso oficial ofreció en todo momento estimaciones a la baja del número de muertos, que se tuvieron que ir modificando al alza con el agravante de que fue el gobierno de Estados Unidos el que dio la más alta y la más creíble estimación de fallecidos.

Derecho al miedo

En la actual crisis de inseguridad la minimización no se da tanto en el número de caídos sino en la pretensión de restarles trascendencia bajo el supuesto de que en su mayoría se trata de caídos en choques entre pandillas. O, como en el caso de Luis Carlos Santiago Orozco, en que el gobierno federal se acogió a la versión del gobierno local de que el asesinato se habría debido a problemas personales del joven fotógrafo de El Diario de Juárez. Como si aun bajo esa hipótesis pudiera atenuarse la gravedad de los crímenes, amagos y controles que ejercen los capos sobre el ejercicio periodístico en el norte del país.

Todos los estudios en este campo muestran que pretender minimizar los alcances de las crisis sólo genera controversia, incredulidad y la sensación de que se está tratando de sobretranquilizar a los considerados menores de edad. Es un rescoldo paternalista, pero de un paternalismo desobligado con la responsabilidad elemental de garantizar la vida y los derechos fundamentales. Y, por cierto, entre tales derechos los expertos en crisis incluyen el derecho de la gente a sentir miedo y por tanto recomiendan no pretender que la gente no lo tenga, ni asegurarle que no debería tenerlo porque allí está el gobierno supuestamente protector, que en las siguientes horas violará esa expectativa.

No espectadores

Y en cuanto la percepción de desprotección y, al mismo tiempo, de inhibición de los impulsos de las personas para ponerse a salvo por sí mismos, o para recobrar el control de la situación alterada, tanto en la crisis del sismo como en el de la violencia criminal, los dos gobiernos han pasado por alto lo que espera la gente en el curso de las crisis: respuestas creíbles sobre lo ocurrido, información que otorgue capacidad de tomar decisiones, de empoderamiento, de opción de involucrarse como participante, no como espectadores expectantes de respuestas de arriba, y, finalmente, mensajes que permitan vislumbrar que se recobrará la normalidad perdida.

En 1985, la sociedad finalmente se empoderó y rebasó al gobierno y sus mensajes. Y hoy, El Diario de Juárez, desde su percepción de desprotección, se dirige a los capos con la idea de acordar cómo poner a salvo a sus reporteros, asumiendo que no puede permanecer expectante de respuestas oficiales que no llegan. Mientras que la reprimenda oficial al editorial de El Diario parece ignorar otro principio elemental del manejo de crisis: que en las crisis la gente atiende la información de manera diferente y la procesa y la retiene de manera diferente. Y por tanto actúa sobre la información de manera diferente.