Editorial

Periodismo: profesión de riesgo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer, mediante un comunicado, que durante 2007 se abrieron 84 expedientes de quejas por agravios a periodistas y se documentaron, además, 88 casos, los cuales se hiceron públicos en diversos medios, que “podrían constituir violaciones a las garantías fundamentales de los comunicadores”. Entre el cúmulo de atropellos que se cometen contra los informadores profesionales persisten algunos sumamente graves como el homicidio, las lesiones y la desaparición forzada; otros, como las intimidaciones, las amenazas y el espionaje, han proliferado de manera notable, al grado de formar parte del paisaje cotidiano del ejercicio periodístico.

Los datos que se revelan en el boletín son alarmantes e inaceptables en una nación que se pretende democrática: del año 2000 a la fecha han muerto 35 periodistas, seis se encuentran desaparecidos y las agresiones se han vuelto cada vez “más violentas”. Este panorama reafirma los señalamientos que, de manera constante, diversas organizaciones han hecho en los últimos meses respecto del riesgo que enfrenta el desempeño de esta actividad: en 2006 –año particularmente trágico para el gremio a escala mundial– México ocupó el segundo lugar entre las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, tan sólo después de Irak, por la violencia sostenida que enfrentan los comunicadores profesionales, sobre todo quienes investigan e informan sobre temas relacionados con el narcotráfico y la corrupción de los gobernantes.

En efecto, el avance del crimen organizado y el grado de infiltración que ha alcanzado en las instituciones gubernamentales, en conjunción con una impunidad imperante y lastimosa, ha sido factor determinante para que el periodismo se consolide como una de las profesiones más peligrosas en México. Sin embargo, los grupos delictivos no son las únicas amenazas para los trabajadores de la información: el propio gobierno –solo o en complicidad con los poderes fácticos– representa uno de los principales peligros para los periodistas, situación paradójica si se toma en cuenta que son precisamente las autoridades quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad necesaria para el ejercicio profesional de los comunicadores.

Al respecto, un caso proverbial es la ofensiva emprendida por Kamel Nacif contra la escritora y periodista Lydia Cacho Ribeiro: para sustentar la embestida criminal que emprendió en perjuicio de la periodista, el empresario textilero contó no sólo con enormes recursos económicos, sino también con el apoyo del gobernador de Puebla, Mario Marín. El reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la participación del mandatario estatal en una conjura para atentar contra Cacho, y su inexplicable absolución posterior, develó ante los ojos de la opinión pública el grado de indefensión en que se pueden encontrar los comunicadores cuando llegan a tocar los intereses de quienes se mueven en los altos círculos del poder político o de sus aliados. Este caso es excepcional porque fue de conocimiento público, pero es de imaginarse, a la luz de las cifras reveladas por la CNDH, que habrá otros tanto o más oprobiosos.

Por lo demás, el hecho de que en nuestro país proliferen amenazas, atropellos y violencia en contra de los comunicadores, así como falta de compromiso de las autoridades para esclarecer esos crímenes, constituye a su vez un indicador de la situación que enfrenta el conjunto de la sociedad mexicana al respecto y un reflejo de la condición lamentable que guardan la legalidad y la impartición de justicia mexicanas. En tanto que esa situación prevalezca, no se podrá afirmar que éste es un país donde se respetan las garantías ciudadanas y el Estado de derecho.