El temor de los mal portados

jorge carrasco araizaga Ciudad Victoria, Tamps. (apro).- En esta entidad, aceptar la imposición y saber callarse es conservar la vida.

El silencio es la mejor defensa ante el secuestro, la extorsión, el pago de “renta” o de protección. Y a pesar de que las autoridades locales aseguran que sólo son víctimas quienes “se portan mal”, lo cierto es que políticos, dirigentes sociales y representantes empresariales coinciden: el estado está cada vez más bajo el dominio del cártel del Golfo.

La Gente, como se conoce a esa organización delictiva, rebasó ya al poder político. Hace años se enquistó en los cuerpos policiacos del estado, luego silenció a los medios de comunicación y coartó la libertad de expresión; ahora, a nombre de ella, ejerce el control social, e incluso organiza manifestaciones contra el Ejército.

El gobierno estatal no sólo minimiza la situación en un afán por delimitar su responsabilidad frente al narcotráfico, sino que reta y somete ante los tribunales a quienes implican a funcionarios en esa actividad delictiva. Es el caso del procurador general de Justicia del estado, José Guadalupe Herrera Bustamante, quien ante las acusaciones en su contra publicadas en Proceso 1610 sentencia:

“A mí nunca me van a poder probar nada”. Es más: deja entrever que demandará a quienes lo señalan, como lo hizo recientemente el gobernador Eugenio Hernández Flores contra un grupo de panistas.

Las elecciones del 11 de noviembre ratificaron el monopolio político del PRI, pero también allanaron el camino para que llegaran a las alcaldías personas vinculadas con el narcotráfico, como las mencionadas por el aspirante del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo (Proceso 1623). El petista fue ejecutado el 29 de ese mes junto con cinco personas.

Al igual que Guajardo, durante el proceso electoral los panistas tamaulipecos denunciaron ante el gobierno federal la presencia del narco, pero fue hasta la ejecución del político del PT cuando Felipe Calderón y su procurador, Eduardo Medina Mora, admitieron “indicios” de la injerencia del crimen organizado en los comicios mediante los cuales se renovó el Congreso y las 43 alcaldías de Tamaulipas.

“El problema ya no es que (los narcos) sean nuestros vecinos; ahora van a estar en los palacios municipales. Ya no se van a arreglar con la autoridad, ya son la autoridad municipal”, dice Tomás Vanoye Carmona, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Con el temor concentrado en su mirada esquiva, asegura: “Nosotros sentimos que el problema está fuera de control. Se puede matar a cualquier político, cantante, funcionario, dirigente, habitante. Tamaulipas está sobrepasado. Yo no sé cómo se esté viviendo esto en el resto del país, pero aquí la sociedad está aterrorizada. Nadie quiere hablar del tema”.

La ley del silencio

A los tamaulipecos no les queda más que guardar silencio, ser prudentes. Y seguir simulando que viven en democracia, enfrentar los chantajes económicos y leer en la uniformada prensa local el discurso oficial, según el cual sólo deben tener miedo quienes están en mala compañía.

Jorge Pensado Robles, representante de la Coparmex en el estado, asegura que empresas, negocios y oficinistas son presionados o chantajeados por La Gente. Hay personas a las que les han quitado sus negocios, sobre todo bares, discotecas y restaurantes, para quedarse “ellos” con la operación.

“Es un fenómeno que se vivía sólo en ciertos sitios de la frontera. Pero cuando en 2005 entró el programa México Seguro de Fox, muchos de 'ellos' emigraron a diferentes puntos del estado. Aquí, en Victoria, empezaron con cosas pequeñas y hoy el problema es cada vez más grande”.

Todavía peor es que ya no sólo piden dinero o amenazan, sino que “la misma sociedad los ha empezado a contratar como golpeadores.”

Eduardo Alcalá Ruiz, presidente del Consejo Cívico de Ciudadanos e Instituciones Sociales (CCCIS), organismo al que llega la información de asociaciones de empresarios, profesionistas, productores y organizaciones no gubernamentales, abunda:

“Llegaron primero a dedicarse a sus negocios. Luego comenzaron a recorrer los bares para llevarles botellas de whisky y cocaína: 'Allí está. Venimos después por el dinero. Tú vende; nadie te va a molestar. Tú vas a trabajar para nosotros'”. Todos se quejan; nadie denuncia; todos pagan.

La extorsión ya alcanzó incluso al comercio ambulante. “Los vendedores de la calle Hidalgo (la principal de esta capital) pagan protección de 300 pesos semanales y nadie los molesta”, dice Alcalá. Y en lo que empieza a convertirse en anécdota pese a lo extremo de la situación, cuenta el caso de un famoso restaurante que ha perdido clientela por la visita de los barones de la droga. Ese fenómeno también se observa en otros establecimientos.

La infiltración

Cuando comenzaron las extorsiones y venta de protección, el CCCIS envió una carta a Vicente Fox cuando era presidente. El mandatario, sin embargo, nunca contestó.

Al principio, el Consejo era interlocutor de la autoridad, pero dejó de serlo cuando el gobierno de Eugenio Hernández empezó a ser cuestionado por el incremento de la inseguridad. No sólo eso: el mandatario ordenó que se realizaran auditorías a algunos de los organismos del CCCIS.

Enrique Benítez Garza, fundador y presidente honorario vitalicio del Consejo, critica el dominio que ejerce el gobierno de Tamaulipas sobre la prensa: “Los medios –dice-- están controlados. Es lamentable ver cómo se despilfarra el dinero para eso”.

Pero si el gobierno controla a la prensa, más fuerte es el silencio impuesto por la delincuencia organizada. En septiembre, por ejemplo, ningún periódico quiso publicar un desplegado del CCCIS a favor de acciones contra el narco, que pese a la campaña mediática nacional sigue intacto.

Para el presidente de la Coparmex en la entidad, Jorge Pensado, “el silencio es parte de la simulación. Todo ocurre y nada ocurre. Se han perdido todas las formas de hacer política y gobierno; de lo escrito y lo no escrito”.

La política, dice, ya perdió frente al narcotráfico. Y asevera: “En todo el estado está muy consolidado el poder de esos grupos”. Es el resultado de más de 30 años de su incursión en la política.

Carlos F. Salinas, quien fue delegado de la desaparecida Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (Disen) --antecedente del Cisen-- en Tamaulipas a finales de los ochenta, asegura que el gobierno de Manuel Ravizé Richer (1969-1975) fue el primero en ser señalado por tener entre sus colaboradores de primer nivel a narcotraficantes.

El también politólogo dice que, siempre en ascenso, el narcotráfico se enquistó en las administraciones de Enrique Cárdenas González, Emilio Martínez Manautou y Américo Villarreal Guerra. Y se extendió en los sexenios de Manuel Cavazos Lerma y Tomás Yarrington, antecesor de Eugenio Hernández Flores.

“La diferencia es que la delincuencia organizada ahora participa con su propio peso y recursos en las campañas electorales, convirtiéndose en un instrumento político con su propia fuerza”, dice Salinas.

“No me recomendó el cártel”

Los panistas de Tamaulipas aseguran que los grupos herederos de Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas impusieron su orden en el pasado proceso electoral. Fueron ellos quienes bloquearon candidaturas e inhibieron a votantes para terminar imponiendo el silencio tras la ejecución de Guajardo.

El empresario Jorge Pensado considera que “ese asesinato fue para decir que aquí no es válida la disidencia. Es un mensaje claro para todos los que podemos hablar de más o señalar cosas. Después de eso, ¿quién va a querer hacer algo?”.

De lo que pasa aquí, la mayoría no dice nada porque tiene miedo. “Hay que tener miedo. Desde hace muchos meses que hay que tener mucho miedo, cuidarse de qué se dice, cómo se dice, con quién se dice y dónde se dice”, comenta el representante patronal.

Y Tomás Vanoye, secretario general del PAN en Tamaulipas, sostiene que no hay más regla que el silencio. E ilustra el caso: “De lo de Guajardo nadie pregunta. En las conferencias de prensa parece que entre los periodistas y nosotros hay un pacto: no tratar ese tema”.

Alejandro Sáenz, presidente estatal del PAN y diputado local, asegura: “No veo cómo explicar con manzanitas lo que está pasando, cuando se tiene la vida pendiendo de un hilo”.

Aclara sin embargo que no se trata de poner de un lado a los buenos y del otro a los malos. Duda que todos los priistas ganadores en las alcaldías tengan como padrino al gobernador.

--¿Está capturada la política del estado por el narcotráfico?

--¿A qué municipio quiere ir? --responde el dirigente panista.

Por su parte, el procurador José Guadalupe Herrera Bustamante niega en entrevista que la sociedad tamaulipeca viva con miedo. “El miedo es personal. Lo trae cada quién respecto a lo que desarrolla”, dice.

Durante la entrevista, el procurador --quien ocupa este cargo por segunda ocasión; la primera vez lo fue durante el gobierno de Manuel Cavazos Lerma-- evita pronunciar las palabras narcotráfico o cártel.

Asegura que la ejecución de Guajardo “fue un crimen más” de los cometidos en el estado.

Y respecto del secuestro del candidato del PAN a regidor en el ayuntamiento de Reynosa, Rodrigo Moreno Ricart, que los panistas atribuyeron al gobierno de Eugenio Hernández, Herrera sostiene que el asunto se utilizó “para obtener un beneficio político inmediato”.

Cuando se le pregunta sobre la modificación que hizo a su acta de nacimiento, la muerte violenta de uno de sus hermanos en Estados Unidos y la ubicación inicial de otro más en un atentado del narcotráfico contra la abogada regiomontana Silvia Raquenel, Herrera se molesta.

“A mí nadie me puede tachar de corrupto, mucho menos me lo puede probar. Hablar es muy fácil. Probar es muy difícil. Nunca me van a probar con hechos, con una foto, con una declaración una relación o un vínculo con alguna persona indeseable”, responde el procurador.

Y antes de lanzar la advertencia --“en su oportunidad ya veremos qué hacemos” ante esas acusaciones--, en el punto más ríspido de la entrevista, el funcionario rechaza que su designación como procurador haya sido por encargo del cártel del Golfo:

“Niego categóricamente este tipo de cuentos ridículos. Es hasta absurdo. El que pretendan involucrar directamente al gobernador con el crimen organizado también me parece ridículo, y si lo quieren afectar a través de mi persona resulta doblemente ridículo.”

El miedo de los mal portados

La entrevista con el gobernador Eugenio Hernández resulta menos tensa que la realizada al procurador Herrera. De entrada, el mandatario asienta que sólo tienen miedo “los que se portan mal”, y explica que él no sucumbió ante las tentaciones del narcotráfico cuando fue candidato, menos aún acepta que el cártel del Golfo le haya impuesto a autoridades.

“Como candidato, siempre sostuve que prefería no ser gobernador a llegar con ese tipo de delincuentes. Alguna vez me mandaron un mensaje en el que decían si podían hacer algo por mí; siempre dije que no.”

Dice que ya como gobernador no ha sido sujeto de imposiciones por parte del narcotráfico.

--Sin embargo, la sociedad tiene miedo.

--Una parte puede tener miedo. Igual que en todo el país. Yo siempre he dicho que en Tamaulipas el que se porta bien no tiene nada que temer.

--¿Pero las extorsiones, el derecho de piso, el despojo?

--Por lo regular ocurre en gente que está en negocios ilícitos. Hay otros estados en los que la violencia es más marcada. Lo que pasa es que aquí, con motivo de la elección, ese tema se usó como bandera política.

--El miedo también está en los medios de comunicación.

--No sólo es Tamaulipas.

--El hecho es que un poder fáctico atenta contra la libertad de expresión.

--Pueden darse casos. No digo que no. Pero no hay denuncias. Además, no es privativo de Tamaulipas.

--¿Cómo explica que Proceso sea confiscada en su estado?

--No, pues quién sabe. Yo siempre la veo en los estanquillos.

--Esto ocurre cuando publica información sobre Tamaulipas.

--Habría que preguntarle a la gente que la maneja. Nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión.

--Su estado es asiento de uno de los cárteles más poderosos del país.

--Aquí tiene su origen (el cártel del Golfo), pero supongo que está integrado por gente de todo el país. Gran parte, por militares desertores. Pero la presencia que tienen aquí la pueden tener en otros estados.

--¿Finge que no pasa nada?

--Yo me dedico a hacer mi trabajo como gobernador. A mis responsabilidades constitucionales nunca les he sacado la vuelta. Siempre las he enfrentado. El crimen organizado no es una responsabilidad que tenga el gobierno de Tamaulipas. Sí, la de coadyuvar, y lo hemos hecho en lo que podamos. Yo tengo que dedicarme a lo que a mí me corresponde.

--¿La sociedad tamaulipeca es cautiva del narcotráfico?

--Más que otros estados no lo es. Repito: la gente que se porta bien no tiene nada que temer.

--¿Estas organizaciones mandan en Tamaulipas?

--Pues mandan entre ellos, en su gente, me imagino. Aquí en el gobierno no se mete ni una gente de esas.

--¿Y con la sociedad?

--Con la gente de bien, no. A lo mejor con los delincuentes tienen alguna influencia, pero con la sociedad no.