alvaro delgado México, D.F., 3 de marzo (apro).- Germán Martínez, quien como secretario de la Función Pública impartió la línea de Felipe Calderón para absolver a Vicente Fox de corrupción --“meto las manos al fuego” por él--, quien se fascina con las campañas sucias --“es tan aceptable una campaña de miedo como una de alegría”-- y quien ha reconocido que “el panismo se equivocó” desde su fundación al condenar la subordinación del priismo al presidente de la República en turno --y que por eso imita tal comportamiento, cuya mejor muestra es él mismo-- ha emitido una nueva sentencia.
Se trata de otro fallo absolutorio a un miembro del mismo clan de la derecha, Juan Camilo Mouriño, el empresario español convertido a la política para seguir haciendo negocios y que ha sido exhibido, con documentos, en una inequívoca conducta delincuencial, conforme a lo que establece el Código Penal, algo que el propio Martínez Cázares, en tanto abogado, debería saber.
Martínez, quien integró el gabinete de Calderón Hinojosa durante una anodina gestión de nueve meses --apenas superado por priistas como Jaime Serra Puche, Fausto Alzati y Esteban Moctezuma--, hizo una encendida defensa de Mouriño, que concluyó en absolución, en el diario El Universal de hoy lunes 3 de febrero.
“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”, exclamó Martinez sobre Mouriño, a quien identificó como “orgullo” del PAN.
Pero Martínez, quien había estado oculto entre los muros del edificio del PAN y había dejado la defensa de Calderón a sus amanuenses, apareció públicamente no sólo para defender a Mouriño --con quien comparte la ambición de ser presidente de México-- ni para mentir a sabiendas sobre el “profesionalismo” y la “decencia” de la “nueva clase política”, sino sobre todo para anticipar el desenlace sobre este caso de tráfico de influencias y uso indebido de facultades y atribuciones: la impunidad.
Porque exactamente eso ocurrirá: Mouriño mismo lo adelantó cuando el jueves 28, forzado por la difusión de los documentos en ese mismo diario --que ya habían sido publicados por la revista Contralínea--, dijo que entregaría a las “autoridades competentes” toda la información que se le requiera para que sean éstas las que emitan “una opinión en el plano legal”, que en palabras ajenas a leguleyos significa carpetazo.
Ya se sabe que la Secretaría de la Función Pública (SFP) actúa como tapadera institucional y quien ahí despacha, el expriista michoacano Salvador Vega, procede en la misma dirección que sus antecesores, Eduardo Romero y sobre todo Francisco Barrio, “un hombre llamado fracaso”, habilitado ahora justamente como asesor de Martínez en el PAN.
Tampoco puede esperarse siquiera trámite en la Procuraduría General de la República (PGR) que, por mandato legal, debería investigar violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en el caso de Mouriño se actualizan, y al Código Penal, que en su artículo 221 establece que incurre en tráfico de influencias “el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión”.
El propio Código Penal, en el artículo 220, tipifica también el uso indebido de funciones:
“I. El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;
“II. El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción.”
Los panistas, que alguna vez se ufanaron de promover el respeto al estado de derecho, saben --porque así lo reconocen en corto-- que se trata de un golpe rotundo a Mouriño, mayor a su nacionalidad a conveniencia, porque si en ésta eludió la legalidad --que es lo fundamental-- y se refugió en un discurso xenofóbico para el encubrimiento, en el caso de Ivancar SA y Petróleos Mexicanos (Pemex) no hay posibilidad de equívocos.
Los documentos que acreditan que usó la influencia de sus cargos como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como funcionario de la Secretaría de Energía para obtener contratos, por la vía de la adjudicación directa, han dejado sin argumentos inclusive a los jilgueros del grupo de interés que encabeza Calderón, cuyo proyecto de privatización del petróleo le ha aumentado los costos políticos.
Por eso tiene que ser Martínez el que, en acatamiento a la instrucción de su jefe, salga en defensa de Mouriño, en una frase que es ejemplo de la demagogia de la derecha: “Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”
Sí, y así lo escribimos la semana pasada, Mouriño es representante de una nueva clase política, pero idéntico en las mañas como Carlos Hank González, por lo visto también su profesor.
Por eso la pretensión de legisladores y dirigentes perredistas de exigir la renuncia de Mouriño es de risa: que ahí siga en su cargo de Secretario de Gobernación, exhibiendo la rapacidad de siempre.
Apuntes
Claro que, desde el poder, se ha procurado ocultar la ilegal e inmoral conducta de Mouriño y el plan privatizador que sólo Cuauhtémoc Cárdenas y los que ahora le aplauden ignoran ladinamente, y parte de ese plan es el video propagandístico de Pemex, cuya autoría es del propio gobierno, que no tiene ni la gallardía para desmentirlo con un comunicado o con un funcionario con nombre y apellidos… Ahora que Calderón se ha propuesto como mediador entre Colombia y Ecuador, en cuyo territorio tropas colombianas reventaron cualquier posibilidad de paz con la insurgencia, a nadie debe extrañar que se ofrezca como mediador para unificar a las dos Coreas. Sí, como Fox. Al fin ramas del mismo tronco.
Se trata de otro fallo absolutorio a un miembro del mismo clan de la derecha, Juan Camilo Mouriño, el empresario español convertido a la política para seguir haciendo negocios y que ha sido exhibido, con documentos, en una inequívoca conducta delincuencial, conforme a lo que establece el Código Penal, algo que el propio Martínez Cázares, en tanto abogado, debería saber.
Martínez, quien integró el gabinete de Calderón Hinojosa durante una anodina gestión de nueve meses --apenas superado por priistas como Jaime Serra Puche, Fausto Alzati y Esteban Moctezuma--, hizo una encendida defensa de Mouriño, que concluyó en absolución, en el diario El Universal de hoy lunes 3 de febrero.
“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”, exclamó Martinez sobre Mouriño, a quien identificó como “orgullo” del PAN.
Pero Martínez, quien había estado oculto entre los muros del edificio del PAN y había dejado la defensa de Calderón a sus amanuenses, apareció públicamente no sólo para defender a Mouriño --con quien comparte la ambición de ser presidente de México-- ni para mentir a sabiendas sobre el “profesionalismo” y la “decencia” de la “nueva clase política”, sino sobre todo para anticipar el desenlace sobre este caso de tráfico de influencias y uso indebido de facultades y atribuciones: la impunidad.
Porque exactamente eso ocurrirá: Mouriño mismo lo adelantó cuando el jueves 28, forzado por la difusión de los documentos en ese mismo diario --que ya habían sido publicados por la revista Contralínea--, dijo que entregaría a las “autoridades competentes” toda la información que se le requiera para que sean éstas las que emitan “una opinión en el plano legal”, que en palabras ajenas a leguleyos significa carpetazo.
Ya se sabe que la Secretaría de la Función Pública (SFP) actúa como tapadera institucional y quien ahí despacha, el expriista michoacano Salvador Vega, procede en la misma dirección que sus antecesores, Eduardo Romero y sobre todo Francisco Barrio, “un hombre llamado fracaso”, habilitado ahora justamente como asesor de Martínez en el PAN.
Tampoco puede esperarse siquiera trámite en la Procuraduría General de la República (PGR) que, por mandato legal, debería investigar violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en el caso de Mouriño se actualizan, y al Código Penal, que en su artículo 221 establece que incurre en tráfico de influencias “el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión”.
El propio Código Penal, en el artículo 220, tipifica también el uso indebido de funciones:
“I. El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;
“II. El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción.”
Los panistas, que alguna vez se ufanaron de promover el respeto al estado de derecho, saben --porque así lo reconocen en corto-- que se trata de un golpe rotundo a Mouriño, mayor a su nacionalidad a conveniencia, porque si en ésta eludió la legalidad --que es lo fundamental-- y se refugió en un discurso xenofóbico para el encubrimiento, en el caso de Ivancar SA y Petróleos Mexicanos (Pemex) no hay posibilidad de equívocos.
Los documentos que acreditan que usó la influencia de sus cargos como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como funcionario de la Secretaría de Energía para obtener contratos, por la vía de la adjudicación directa, han dejado sin argumentos inclusive a los jilgueros del grupo de interés que encabeza Calderón, cuyo proyecto de privatización del petróleo le ha aumentado los costos políticos.
Por eso tiene que ser Martínez el que, en acatamiento a la instrucción de su jefe, salga en defensa de Mouriño, en una frase que es ejemplo de la demagogia de la derecha: “Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”
Sí, y así lo escribimos la semana pasada, Mouriño es representante de una nueva clase política, pero idéntico en las mañas como Carlos Hank González, por lo visto también su profesor.
Por eso la pretensión de legisladores y dirigentes perredistas de exigir la renuncia de Mouriño es de risa: que ahí siga en su cargo de Secretario de Gobernación, exhibiendo la rapacidad de siempre.
Apuntes
Claro que, desde el poder, se ha procurado ocultar la ilegal e inmoral conducta de Mouriño y el plan privatizador que sólo Cuauhtémoc Cárdenas y los que ahora le aplauden ignoran ladinamente, y parte de ese plan es el video propagandístico de Pemex, cuya autoría es del propio gobierno, que no tiene ni la gallardía para desmentirlo con un comunicado o con un funcionario con nombre y apellidos… Ahora que Calderón se ha propuesto como mediador entre Colombia y Ecuador, en cuyo territorio tropas colombianas reventaron cualquier posibilidad de paz con la insurgencia, a nadie debe extrañar que se ofrezca como mediador para unificar a las dos Coreas. Sí, como Fox. Al fin ramas del mismo tronco.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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