Pasada la crisis internacional de la deuda de 1982, la colaboración entre el FMI y el Banco Mundial es fundamental para ejercer una presión máxima sobre los poderes públicos del país endeudado y obligar a la introducción de políticas neoliberales, en línea directa con el Consenso de Washington. Se organiza un ajuste en dos tiempos: la «reforma estructural» del Banco permite profundizar las políticas de choque preconizadas por el FMI.
En Ecuador, el cambio radical neoliberal se sitúa en los noventa, o sea, la década de la «consagración» del Consenso de Washington y de la entrada de la economía ecuatoriana en la economía globalizada, especialmente a partir de la presidencia de Sixto Durán Ballén, en 1992. Esto coincide con la agenda del Banco Mundial, el que aumenta en forma acusada su actividad y su influencia en Ecuador a partir de finales de los ochenta, comienzos de los noventa. [1] En este país, como en otros muchos otros países en desarrollo, el Banco Mundial concede préstamos ligados a medidas destinadas a abrir los mercados, a la reducción del papel del Estado en la gestión económica y al aumento del poder de los bancos privados en la regulación del flujo monetario.
El presente estudio tiene por objetivo contribuir al análisis de esta categoría de deudas, cuyo pago es reclamado por el Banco Mundial. Este Banco comparte con la clase política cómplice la responsabilidad del endeudamiento fraudulento e ilegítimo, contraído en detrimento de los derechos humanos fundamentales y de la soberanía del Estado.
La deuda de Ecuador con el Banco Mundial (BIRD)
Entre 1990 y julio de 2007, el Banco Mundial (BIRD) entregó a Ecuador 1.440 millones de dólares, mientras que en el curso del mismo período el gobierno ecuatoriano pagó a dicha institución 2.510 millones de dólares. Lo que significa que durante el período mencionado las relaciones financieras que Ecuador mantuvo con el Banco Mundial arrojaron un saldo neto negativo de 1.070 millones de dólares. En resumen, el Banco Mundial ya ha sido más que reembolsado. El saldo de la deuda pública con este organismo se elevaba a 704,4 millones de dólares al 30 de noviembre de 2007.
Si Ecuador decidiera en el año 2008 repudiar la totalidad de su deuda con el Banco Mundial, esta decisión permitiría economizar más de mil millones de dólares. [2] Tal suma permitiría financiar, durante 15 años, el desayuno y la comida de 1,28 millones de escolares. [3] La suma ahorrada representa cinco años de cobertura sanitaria para la población pobre y la indigente del país. [4]
El papel nefasto del banco mundial en la desregulacion financiera
La intervención del Banco Mundial en el diseño de las políticas económicas y sociales aplicadas en Ecuador ha sido muy intensa y permanente hasta el 2006. Varios préstamos importantes del BM que Ecuador tiene (supuestamente) que reembolsar hasta el 2025 son claramente dirigidos a apoyar cambios de las leyes del país. Estos cambios favorecieron, o más bien provocaron, varias crisis financieras en los años 90, incluida la gran crisis bancaria de 1999 y sus tremendas consecuencias por la economía y la ciudadanía del país.
La intervención del Banco Mundial ha sido claramente nefasta, y constituye, en resumen, un fraude y un dolo para el país.
La responsabilidad del Banco en la explosión de la crisis financiera se remonta a los años 1993-1994, cuando, en el marco del proceso de «modernización» del Estado, concedía préstamos destinados a financiar la adopción de reformas legales cuyo fin era la desreglamentación completa del sector bancario, lo que condujo a la quiebra.
- La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada de 1993 abrió la puerta a la participación del sector privado en dominios que anteriormente estaban reservados al Estado, así como a la fusión o la supresión de instituciones públicas. Además aumentó las atribuciones del Consejo Nacional de Modernización (COMAN), una entidad que se ocupa de la privatización de los servicios públicos, especialmente en materia de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y agua.
- La Ley de Régimen Monetario y Banco de Estado reforzó la independencia del Banco Central y consagró la libre determinación de los tipos de interés y el libre acceso al mercado de cambio.
- La Ley de Promociones de Inversiones de 1993 eliminó el control sobre el flujo de capitales.
- La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 continuó la realización de profundas transformaciones en la liberalización de las actividades bancarias —oficinas off shore, multiplicación de las entidades financieras, créditos del Banco Central a los bancos privados (que produjo una explosión de la inflación), etc.— y redujo las capacidades y atribuciones de la supervisión bancaria.
Como explica Piedad Mancero [5] , « Las consecuencias no tardaron en manifestarse: crecimiento desmesurado de empresas financieras, una primera crisis de las mismas en diciembre de 1995, especulación con las divisas, presión sobre el tipo de cambio, fuga de capitales ecuatorianos y el gran colapso bancario de 1998-1999. [...] Es evidente que los recursos del Banco Central para dichos créditos provenían de emisiones monetarias que generaban un crecimiento galopante del medio circulante e incontrolable presión inflacionaria, así como la demanda especulativa de divisas, lo cual contribuyó a la gran crisis financiera de 1999 y la precipitada adopción de la dolarización en enero del año 2000 ».
Ley de Mercado de Capitales y la Ley de Reordenamiento en Materia Económica remataron el trabajo destructor del Banco Mundial. Se creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que garantiza los depósitos, off shore y on shore , de forma ilimitada, y posibilita que el Banco Central conceda créditos a los bancos en dificultades y adquiera bonos AGD [6] . Aunque esta agencia fue creada oficialmente para evitar el contagio de la crisis y proteger a los pequeños ahorristas, su función en realidad ha sido favorecer a los propietarios y grandes deudores de los bancos privados, en particular los bancos Filanbanco y FINAGRO. [7]
En Liberalización financiera, crisis y destrucción de la moneda nacional en Ecuador , [8] Pedro Páez explica con claridad el proceso de liberalización financiera que llevó a la crisis. Como ejemplo podemos citar: « Conjuntamente con otros procesos de liberalización, en particular aquellos relacionados con los mercados cambiarios, cuyas características (flotación de las tasas de interés y nueva variedad de instrumentos) trasladan la mayoría de los riesgos de mercado al capital productivo, en agudo contraste con el anterior modo de regulación, que tendía a concentrarlos en un sistema financiero fuertemente controlado, con un versátil soporte del estado. Por otro lado, la apertura de nuevas opciones para los ahorros mejoraría la evolución del ahorro financiero, pero no necesariamente del ahorro real, que es la fuente efectiva del financiamiento de la inversión real, y esto puede ir acompañado por una tendencia general de menor crecimiento. [...] Problemas de coordinación con las autoridades de supervisión de los centros off-shore y la falta de una supervisión consolidada en el Ecuador crearon el ambiente ideal para la elusión y la evasión de impuestos y para la circunvención regulatoria, con el resultado de un gran espacio para el comportamiento estratégico de riesgo de algunas entidades financieras. La banca off-shore adquirió grandes proporciones (2/3 de los activos on shore ) y una actividad febril justo antes de que la crisis explotara».
La crisis financiera tuvo consecuencias desastrosas para el pueblo ecuatoriano. El costo total de la crisis está estimado por la AGD en 8.072 millones de dólares, o sea, el equivalente del 83 % del presupuesto general del Estado en 2007, o incluso el equivalente de dos décadas de cobertura médica para toda la población. Estos recursos del Estado, utilizados en forma abusiva, no pudieron ser invertidos en educación, sanidad, creación de empleo, etc. Y sobre todo, el Estado debió financiar el rescate bancario contrayendo nuevas deudas. El nivel de pobreza aumentó en forma espectacular, y un millón de ecuatorianos y ecuatorianas se vieron obligados a emigrar entre 1999 y 2005. [9]
La responsabilidad del Banco Mundial en la crisis ecuatoriana está claramente comprometida, ya que su intervención activa ante las autoridades del país para que introdujeran unas reformas neoliberales en el marco legal que provocaron la crisis de finales de los años noventa.
Pedro Páez menciona que « las reformas ubicaron al Ecuador como uno de los ambientes más radicalmente desregulados en América latina. Para la primera mitad los años noventa, ni siquiera los Estados Unidos habrían permitido este tipo de banca universal. »
En efecto, es oportuno poner en evidencia la relación entra las medidas impuestas al Ecuador, que condujeron a la crisis de 1999, y el desarrollo económico de los países del Norte, especialmente Estados Unidos, que también conocieron varias crisis. La desregulación en favor del mundo de las finanzas, en el marco del Consenso de Washington, y que responde a los deseos de la Casa Blanca y de Wall Street (como ha denunciado muchas veces Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía del año 2001), se impuso tanto en EEUU como en el Sur, y ha producido los mismos efectos catastróficos.
En Estados Unidos, la crisis de 1929, precedida por una oleada de desreglamentaciones y por la especulación, condujo a la ley bancaria de 1933, la Glass-Steagall Act , que prohibía el ejercicio simultáneo de varias actividades financieras e hizo surgir dos tipos de establecimientos bancarios totalmente separados. En 1999, con la presidencia de Clinton, esta ley fue derogada bajo la presión de los grandes bancos. Por lo tanto, vemos que una misma orientación se ha aplicado en Ecuador y en Estados Unidos.
En el meollo de los factores que explican la crisis inmobiliaria estadounidense de 2007 —que todavía no ha terminado— se encuentra la desreglamentación bancaria radical que comenzó en 1999, en una situación de especulación creciente en los mercados financieros y en la multiplicación de productos financieros derivados y de instituciones financieras que escapan al control de los poderes públicos (por ejemplo los hedge funds ).
El Banco mundial brindó su apoyo a las fuerzas financieras nacionales que actúan como si fueran dueñas del país y que aprovechan el Estado y el gobierno para llegar a sus fines egoístas. El Banco Mundial intervino para desestabilizar gobiernos que intentaron aplicar políticas económicas y sociales buscando más justicia social y soberanía frente a Estados Unidos.
Es esto lo que ocurrió en 2005 cuando la intervención del Banco Mundial contra las medidas tomadas por Rafael Correa, en ese momento ministro de Economía del gobierno de Palacios. El Banco bloqueó un préstamo prometido de 100 millones de dólares en represalia por las reformas que afectaban el FEIREP (Fondo de Estabilización, de Inversiones y de Reducción del Endeudamiento Público).
Crítica de otros préstamos concedidos por el Banco Mundial
Desde comienzos de los años 90, el Banco Mundial concede préstamos [10] a diferentes sectores económicos y sociales clave. Los ejes prioritarios son la reforma del marco legal para reducir la intervención del Estado, las privatizaciones de las empresas públicas, la flexibilización del mercado de trabajo, la desreglamentación y la liberalización financieras.
Una serie de préstamos concedidos por el Banco —préstamos de ajuste estructural (3819-EC/BM-Ajuste Estructural), de reducción de la deuda y de modernización del Estado (3820-EC, 3821-EC-Asistencia Técnica para la Reforma de las Empresas Públicas, 3822-EC-Asistencia Técnica para la Modernización del Estado)— fueron concebidos para reducir los márgenes de maniobra del Estado, para dejar el campo libre a los actores privados (en particular en los sectores de las telecomunicaciones y de la electricidad) y para garantizar el pago de la deuda ecuatoriana contraída con acreedores comerciales mediante la financiación de las garantías del Plan Brady. El ataque contra los salarios del sector público es constante. El proyecto Asistencia Técnica para la Modernización del Estado provocó la supresión de 10.000 puestos de trabajo en la función pública. Los despidos representaron un coste asumido por el Estado de 396,3 millones de dólares. [11] El gobierno se endeudó así en casi 20 millones de dólares por este proyecto de reestructuración del sector público, con el fin especial de reducir los costes, y ¡le costó 20 veces más en reducción de personal!
El Banco Mundial prestó a Ecuador para que éste modificara sus políticas fiscales y comerciales conforme a la mundialización neoliberal y reorientara sus actividades productivas hacia la exportación, en perjuicio del mercado local. Un primer préstamo (3609-Desarrollo Sector Privado), pensado para esos fines, fue desembolsado en 1993, [12] seguido en 1998 de otro destinado a sostener la capacidad exportadora del sector privado y suprimir las trabas al comercio por medio de la implantación de políticas comerciales conformes a las decisiones de la OMC, y la firma de nuevos acuerdos comerciales [13] (4346-Comercio Exterior e Integración-21 millones de dólares).
Al promover el cultivo intensivo de productos agrícolas destinados a la exportación (plátanos, camarones, flores), estos préstamos tuvieron consecuencias desastrosas sobre el ambiente, algunas irreversibles. Un ejemplo notable: la cría de camarones, el 90 % de cuya producción es exportado, produjo la destrucción de los manglares (en la actualidad arrasados en un 70 %), un ecosistema rico del que las comunidades locales obtenían sus ingresos, que constituían una barrera natural que evitaba las inundaciones y la salinización del terreno. Esta actividad ha sido incluso desarrollada en zonas donde estaban prohibidas, por ley, la construcción de piscinas de cultivo.
Para completar el desastre ecológico, el Banco financió directamente proyectos devastadores en los ámbitos de la agricultura y de la gestión de los recursos naturales (mineros, hídricos, etc.). Señalemos, entre otros, [14] el proyecto PRODEMICA, en 1994 (3655-Asistencia Técnica Medio Ambiente), que comprendía la introducción de un nuevo código minero y reformas favorables a los inversionistas. Dos leyes (Trole I y II) crearon las condiciones para el saqueo de los recursos por las multinacionales al organizar el debilitamiento del papel del ministerio de Medio Ambiente y al permitir la actividad minera en áreas protegidas.
El Banco también elaboró un proyecto relativo a los pueblos indígenas (Préstamo 4277-O-EC-Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros de Ecuador). La finalidad del proyecto era favorecer las inversiones privadas, reducir el papel del Estado y modificar el marco legal. Además de endeudar el país, también hicieron endeudar a las comunidades indígenas. El proyecto trató, e incluso tuvo éxito, de aumentar la dependencia de las comunidades indígenas y campesinas de las semillas, los herbicidas y los pesticidas provistos por compañías transnacionales. Este proyecto tenía aires racistas y discriminatorios con respecto a los pueblos indígenas y afrodescendientes. También contenía, sin ninguna duda, una agenda oculta cuyo objetivo podría ser el debilitamiento del poderoso movimiento indígena.
Para que Ecuador salga de la crisis, el Banco Mundial aportó «sus soluciones»: continuar, e incluso reforzar, la orientación que condujo a la crisis (7024-0-EC-Ajuste Estructural, 7174-0-EC-Asistencia Técnica Modernización del Estado, 4567-0-EC-Asistencia Técnica Sector Financiero).
La acción global del Banco Mundial no ha mejorado la vida de la población, todo lo contrario. La intervención del Banco Mundial fue claramente nefasta y constituye en resumen un fraude y un dolo para el país. Estas políticas de ajuste tuvieron consecuencias funestas para la mayoría de la población, que manifestó en numerosas ocasiones su descontento, lo que llevó a la caída de varios presidentes en el transcurso de los años noventa y comienzos de la década del 2000 e hizo fracasar algunos de los objetivos del Banco, en particular, las tentativas de privatización.
En conclusión:
Es evidente que los préstamos del Banco Mundial, lejos de ser gestos desinteresados, son, por el contrario, un medio para someter un país política y económicamente al orden internacional de los poderosos, de «modelarlo» según sus necesidades y las del grupo dominante local, para tratar de conseguir el máximo beneficio. Esta comunidad de intereses entre la oligarquía local y los acreedores permite comprender por qué los dirigentes ecuatorianos a menudo se plegaron sin pestañear al diktat del Banco Mundial, aunque para ello tuvieran que pisotear los derechos de los ciudadanos ecuatorianos.
La imposición de las políticas por parte del Banco Mundial, mediante los programas que el propio Banco financió y las condicionalidades adjuntas a estos préstamos, constituye una negación de la soberanía y una flagrante ingerencia en los asuntos públicos de un Estado, violando así el artículo 2, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que plantea el principio de igualdad soberana de los Estados y el derecho de decidir libremente sus regímenes económicos, sociales y políticos. El Banco también violó el derecho al desarrollo de los pueblos, inscripto en el Pacto relativo a los derechos económicos, sociales y culturales de 1966, que enuncia en el artículo 1: «Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de ellos mismos. En virtud de este derecho, pueden determinar libremente su estatus político y asegurar libremente su desarrollo económico, social y cultural», así como en la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986.
No es sorprendente que las políticas dictadas por el Banco, con el mayor desprecio de la voluntad del pueblo, hayan llevado a graves atentados a los derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a un nivel de vida suficiente, a la salud, a la educación, al trabajo.
El gobierno, la presidencia de Ecuador y el nuevo poder constituyente legislativo tienen el derecho de repudiar la deuda reclamada por el Banco Mundial, y pueden exigir reparaciones y restituciones.
Dada la responsabilidad del Banco Mundial en el deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de la población ecuatoriana, se debería entablar una acción judicial contra él, ya que a diferencia del FMI, el Banco no goza de inmunidad jurídica. [15]
Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz
[1] En Ecuador, el FMI impone desde 1983 su programa, que tiende a conseguir la estabilidad macroeconómica a corto plazo a fin de reestablecer la capacidad del país de pagar sus deudas. Este programa se materializa con la firma de una «carta de intención» entre el país endeudado y el FMI, que exige una política antisocial (austeridad presupuestaria, devaluación, liberalización de los precios, etc.). Entre 1983 y 2003, Ecuador firmó 13 cartas de intención. Los gobiernos que se sucedieron hasta la elección en noviembre de 2006 de Rafael Correa no dudaron en firmar esos documentos, a pesar del impacto muy negativo sobre la mayoría de la población de las medidas que propugna.
[2] Entre el 1º de enero de 2008 y el 2025, el gobierno ecuatoriano debería pagar al Banco Mundial 1.110 millones de dólares (la amortización del capital representa 825 millones de dólares y los intereses 285 millones de dólares).
[3] Cálculos del autor sobre la base del documento de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera Síntesis de los resultados de la investigación, julio de 2007, p. 45.
[4] Ídem.
[5] El debilitamiento institucional en la década de los 90. Investigación y análisis del préstamo BIRF-3822-EC/Proyecto de modernización del Estado.
[6] Esta última parte de la ley viola el artículo 265 de la Constitución. Este artículo dispone que el Banco Central no puede adquirir bonos emitidos por instituciones del Estado ni conceder créditos a instituciones privadas que no sean créditos de liquidez a corto plazo. La sanción de esta ley fue posible gracias a la Disposición Transitoria 42 de la Constitución de 1998, que autoriza durante dos años al Banco Central a conceder créditos a los bancos en crisis. Esta Disposición Transitoria entra en contradicción con el artículo 265 de esta misma Constitución.
[7] Informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, julio de 2007.
[8] Revista Cuestiones Económicas, Vol. 20. No.1, Primer cuatrimestre 2004, Banco Central de Ecuador.
[9] Informe de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, julio de 2007.
[10] Préstamos de ajuste estructural (Structural Ajustment Loan), sectorial (Sectorial Adjustment Loan), o facilidades para la reducción de la pobreza, y el crecimiento (FRPC, Poverty Reduction and Growth Facilities, PRGF)
[11] Piedad Mancero, El debilitamiento institucional en la década de los 90. Investigación y análisis del préstamo BIRF -3822 -EC/Proyecto de modernización del Estado .
[12] Estaban previstas una serie de condicionalidades: entre otras, la búsqueda de la liberalización de los tipos de interés, la creación de un marco favorable para las inversiones extranjeras, la liberalización comercial y una nueva legislación laboral.
[13] El proyecto preveía para esto la reorganización del ministerio de Comercio, de Industria y Pesca (MICIP) y la creación de una nueva entidad pública-privada de promoción de las exportaciones, la Corporación para la Promoción de las Exportaciones e Inversiones (CORPEI). El proyecto financió la «formación» de funcionarios del MICIP y de representantes del sector privado en la negociación de los acuerdos financieros internacionales. Por otra parte, el Banco exigió la reducción del personal del MICIP de 400 a 190 funcionarios. El gobierno había aprobado previamente un código de buena conducta para la adopción y aplicación de las normas de los acuerdos con la OMC relativos a las barreras técnicas al comercio.
[14] El Banco Mundial financió numerosos proyectos que atentaron contra el ambiente y /o produjeron perjuicios a la soberanía alimentaria y a los recursos naturales de Ecuador: los proyectos Asistencia Técnica al Subsector Riego PAT (Préstamos 3730), PROMSA (Préstamo 4075-0-EC), PRAGUAS I y II (Préstamos 7035-O-EC, 7401-O-EC), Control de inundaciones Cuenca Bajas Río Guayas (Préstamos 3276), entre otros.
[15] Dado que el Banco Mundial toma préstamos en los mercados financieros y en otros bancos, debía dar garantías de que pueden procesarlo si no reembolsa los créditos concedidos. La sección 3 del artículo VII dice: «Sólo podrá seguirse acción contra el Banco ante un tribunal de jurisdicción competente en los territorios de un miembro donde el Banco tuviere establecida una oficina, en que hubiere designado un apoderado con el objeto de aceptar emplazamiento o notificación de demanda judicial, o donde hubiere emitido o garantizado títulos...» Ver Eric Toussaint, Banco Mundial. El Golpe de Estado Permanente, Abya-Yala, Quito, 2007, capítulo 23.
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