El poder de la banca
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
"Este texto está publicado en el número 1677 de la revista Proceso, que ya está en circulación".
Ya desde mediados del siglo XIX, en la Prusia de Ferdinand Lasalle, era claro que los banqueros son uno de los factores reales de poder, independientemente de los instituidos en la legislación. En el México del siglo XXI esa circunstancia tiene plena vigencia: el verdadero Poder Legislativo no es el que ejerce el Congreso de la Unión sino los grandes consorcios, ya de las telecomunicaciones, ya de la intermediación financiera.
Esa realidad tuvo una manifestación contundente en las últimas sesiones de las cámaras, antes de clausurar sus trabajos el 12 de diciembre. En beneficio de los bancos quedaron congeladas reformas a la ley de instituciones de crédito. Se presume que el diferendo entre diputados y senadores, causa de que no prosperaran las modificaciones, será eliminado en el próximo período de sesiones ordinarias, el último de la LX legislatura, a partir de febrero. Es previsible que ese anuncio esperanzador sea en realidad engañoso, y que la minirreforma bancaria, destinada a frenar abusos de la intermediación financiera, haya sido aplazada ad calendas graecas (es decir, para nunca, puesto que los griegos no utilizaban las calendas como instrumento de medición del tiempo).
La reforma contenía dos tipos de normas diferentes. Unas concernían a la competencia entre bancos, y en el Senado la balanza se había inclinado hacia la protección de los bancos mayores, los que cuentan con sucursales muy esparcidas en la República. Otras pretendían establecer nuevas reglas a favor de los usuarios de los servicios financieros, esquilmados por altas tasas de interés y comisiones que encarecen el crédito al consumo, la principal fuente de ganancias de la banca.
El Senado legisló a favor de los grandes bancos, todos ellos extranjeros, al limitar el establecimiento de corresponsales bancarios. La banca media y pequeña, imposibilitada para mantener sucursales en poblaciones pequeñas donde, sin embargo, se realizan operaciones de importancia, ha pugnado por habilitar a establecimientos comerciales para que, en nombre y por cuenta de instituciones de banca múltiple realicen operaciones de crédito. Los senadores fijaron condiciones tan estrictas que prácticamente anulaban la posibilidad de tales corresponsalías.
Al mismo tiempo, sin embargo, aprobaron normas que constreñían a la banca a conducirse con respeto a su clientela. Se trataba no de fijar las tasas de interés por decisión gubernamental -no se llegó a tanto- pero sí de eliminar prácticas que han enviciado el mercado crediticio. Se buscaba que los bancos sólo otorguen tarjetas de crédito a quien compruebe que puede destinar el 30 por ciento de sus ingresos a cubrir sus obligaciones; que dejen de enviarse a la clientela tarjetas no pedidas y aprobadas a priori, que sólo sirven para incrementar el consumismo y el riesgo de la morosidad; y que fuera el Banco de México, y no cada institución privada, el que fije el monto de los pagos mínimos. Se establecieron sanciones hasta por 20 mil días de salario mínimo a quienes infringieran las nuevas reglas.
La Cámara de Diputados se disponía, al borde de la clausura de sus sesiones, a aprobar la minuta senatorial. Pero recibió una alerta de la Comisión Federal de Competencia Económica que, con rara oportunidad, pues debió emitirla antes, previamente a la aprobación senatorial, instó a los legisladores de San Lázaro a eliminar las condiciones impuestas a las corresponsalías, en aras de una mayor competencia (que se supone deriva en beneficio al usuario). Los diputados atendieron la recomendación de la comisión antimonopolios, modificaron la minuta llegada de Xicoténcatl y la devolvieron enmendada en espera de que los senadores cayeran en cuenta del error que en perjuicio de la competencia habían cometido. Pero el criterio de los senadores no se modificó, y al rehusar hacer suyos los cambios de la colegisladora, la reforma se detuvo. Pero no sólo en ese punto, sino en su totalidad. Es decir la intención de frenar los abusos bancarios, por tenue que fuera, también quedó frenada. Y aplazada para nunca.
Los banqueros no muestran la mínima disposición a abatir sus ganancias y a disminuir el costo del dinero. En dos momentos la Asociación de Bancos de México salió en defensa de las prácticas de sus agremiados, especialmente en lo que toca a las tasas de interés y el costo anual total de los créditos. La primera, el 10 de diciembre, fue en respuesta a la certera crítica que uno de los suyos -pues Inbursa es integrante de la ABM- el ingeniero Carlos Slim asestó a los abusos que distancian hasta 14 veces las tasas pasivas de las activas, es decir lo que pagan los bancos a quienes les confían sus recursos y las que demandan de sus acreditados. Slim dijo que una diferencia de tres o cuatro veces es admisible, pero condenó como una exageración los múltiplos mayores. El presidente de los banqueros, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, tornó a defender esa práctica una semana después, el 18 de diciembre, ahora ante la crítica de senadores a quienes nadie podrá acusar de bolcheviques, como el panista Rubén Camarillo y el priista Francisco Labastida.
El dirigente de la banca privada argumentó que ésta maneja dinero ajeno, que debe ser garantizado, por lo cual debe asegurar adecuadas condiciones de retorno de los créditos, pues de lo contrario se perdería la confianza de inversionistas y depositantes, confianza que es la materia prima de la intermediación financiera. Preservarla exige, según ese razonamiento, operar con anchos márgenes entre las tasas, de modo que las pasivas, las que se pagan a los depositantes, no queden nunca en riesgo. Igualmente se manifestó contrario a establecer techos a las tasas activas, pues hacerlo redundaría en disminución del crédito, justamente lo contrario de lo que se necesita en este momento.
Los hechos, sin embargo, contradicen esa posición de los banqueros. El crédito se ha restringido ya, y no como resultado de una regulación indeseable. La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices han informado que los bancos han rehusado 3 mil millones de dólares que los distribuidores requieren para tener vehículos a disposición de los compradores. Los fabricantes solían facilitar ese crédito, pero sus actuales condiciones, cada vez más precarias, les impiden hacerlo esta vez, y los bancos se niegan a cubrir esa ausencia, si no cuentan con el aval de Nacional Financiera, que sólo puede otorgarlo parcialmente y no al ciento por ciento como exigen los banqueros.
El alto costo del crédito al consumo, justificado por la ABM por su necesidad de garantizar el dinero que se les confía, va camino de generar el efecto contrario, por la creciente morosidad de los deudores, que de convertirse en plena insolvencia dañaría a los depositantes. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cartera vencida de los usuarios de tarjetas de crédito aumentó, en sólo el mes de noviembre, en 4.29%, pues en números absolutos llegó a 32 mil millones de pesos, cifra superior en mil 321 millones a la observada en octubre.
Eso no obstante, como factor real del poder, la banca seguirá montada en su macho, sin temor a que la bestia, alebrestada, lo derribe.
Ya desde mediados del siglo XIX, en la Prusia de Ferdinand Lasalle, era claro que los banqueros son uno de los factores reales de poder, independientemente de los instituidos en la legislación. En el México del siglo XXI esa circunstancia tiene plena vigencia: el verdadero Poder Legislativo no es el que ejerce el Congreso de la Unión sino los grandes consorcios, ya de las telecomunicaciones, ya de la intermediación financiera.
Esa realidad tuvo una manifestación contundente en las últimas sesiones de las cámaras, antes de clausurar sus trabajos el 12 de diciembre. En beneficio de los bancos quedaron congeladas reformas a la ley de instituciones de crédito. Se presume que el diferendo entre diputados y senadores, causa de que no prosperaran las modificaciones, será eliminado en el próximo período de sesiones ordinarias, el último de la LX legislatura, a partir de febrero. Es previsible que ese anuncio esperanzador sea en realidad engañoso, y que la minirreforma bancaria, destinada a frenar abusos de la intermediación financiera, haya sido aplazada ad calendas graecas (es decir, para nunca, puesto que los griegos no utilizaban las calendas como instrumento de medición del tiempo).
La reforma contenía dos tipos de normas diferentes. Unas concernían a la competencia entre bancos, y en el Senado la balanza se había inclinado hacia la protección de los bancos mayores, los que cuentan con sucursales muy esparcidas en la República. Otras pretendían establecer nuevas reglas a favor de los usuarios de los servicios financieros, esquilmados por altas tasas de interés y comisiones que encarecen el crédito al consumo, la principal fuente de ganancias de la banca.
El Senado legisló a favor de los grandes bancos, todos ellos extranjeros, al limitar el establecimiento de corresponsales bancarios. La banca media y pequeña, imposibilitada para mantener sucursales en poblaciones pequeñas donde, sin embargo, se realizan operaciones de importancia, ha pugnado por habilitar a establecimientos comerciales para que, en nombre y por cuenta de instituciones de banca múltiple realicen operaciones de crédito. Los senadores fijaron condiciones tan estrictas que prácticamente anulaban la posibilidad de tales corresponsalías.
Al mismo tiempo, sin embargo, aprobaron normas que constreñían a la banca a conducirse con respeto a su clientela. Se trataba no de fijar las tasas de interés por decisión gubernamental -no se llegó a tanto- pero sí de eliminar prácticas que han enviciado el mercado crediticio. Se buscaba que los bancos sólo otorguen tarjetas de crédito a quien compruebe que puede destinar el 30 por ciento de sus ingresos a cubrir sus obligaciones; que dejen de enviarse a la clientela tarjetas no pedidas y aprobadas a priori, que sólo sirven para incrementar el consumismo y el riesgo de la morosidad; y que fuera el Banco de México, y no cada institución privada, el que fije el monto de los pagos mínimos. Se establecieron sanciones hasta por 20 mil días de salario mínimo a quienes infringieran las nuevas reglas.
La Cámara de Diputados se disponía, al borde de la clausura de sus sesiones, a aprobar la minuta senatorial. Pero recibió una alerta de la Comisión Federal de Competencia Económica que, con rara oportunidad, pues debió emitirla antes, previamente a la aprobación senatorial, instó a los legisladores de San Lázaro a eliminar las condiciones impuestas a las corresponsalías, en aras de una mayor competencia (que se supone deriva en beneficio al usuario). Los diputados atendieron la recomendación de la comisión antimonopolios, modificaron la minuta llegada de Xicoténcatl y la devolvieron enmendada en espera de que los senadores cayeran en cuenta del error que en perjuicio de la competencia habían cometido. Pero el criterio de los senadores no se modificó, y al rehusar hacer suyos los cambios de la colegisladora, la reforma se detuvo. Pero no sólo en ese punto, sino en su totalidad. Es decir la intención de frenar los abusos bancarios, por tenue que fuera, también quedó frenada. Y aplazada para nunca.
Los banqueros no muestran la mínima disposición a abatir sus ganancias y a disminuir el costo del dinero. En dos momentos la Asociación de Bancos de México salió en defensa de las prácticas de sus agremiados, especialmente en lo que toca a las tasas de interés y el costo anual total de los créditos. La primera, el 10 de diciembre, fue en respuesta a la certera crítica que uno de los suyos -pues Inbursa es integrante de la ABM- el ingeniero Carlos Slim asestó a los abusos que distancian hasta 14 veces las tasas pasivas de las activas, es decir lo que pagan los bancos a quienes les confían sus recursos y las que demandan de sus acreditados. Slim dijo que una diferencia de tres o cuatro veces es admisible, pero condenó como una exageración los múltiplos mayores. El presidente de los banqueros, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, tornó a defender esa práctica una semana después, el 18 de diciembre, ahora ante la crítica de senadores a quienes nadie podrá acusar de bolcheviques, como el panista Rubén Camarillo y el priista Francisco Labastida.
El dirigente de la banca privada argumentó que ésta maneja dinero ajeno, que debe ser garantizado, por lo cual debe asegurar adecuadas condiciones de retorno de los créditos, pues de lo contrario se perdería la confianza de inversionistas y depositantes, confianza que es la materia prima de la intermediación financiera. Preservarla exige, según ese razonamiento, operar con anchos márgenes entre las tasas, de modo que las pasivas, las que se pagan a los depositantes, no queden nunca en riesgo. Igualmente se manifestó contrario a establecer techos a las tasas activas, pues hacerlo redundaría en disminución del crédito, justamente lo contrario de lo que se necesita en este momento.
Los hechos, sin embargo, contradicen esa posición de los banqueros. El crédito se ha restringido ya, y no como resultado de una regulación indeseable. La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices han informado que los bancos han rehusado 3 mil millones de dólares que los distribuidores requieren para tener vehículos a disposición de los compradores. Los fabricantes solían facilitar ese crédito, pero sus actuales condiciones, cada vez más precarias, les impiden hacerlo esta vez, y los bancos se niegan a cubrir esa ausencia, si no cuentan con el aval de Nacional Financiera, que sólo puede otorgarlo parcialmente y no al ciento por ciento como exigen los banqueros.
El alto costo del crédito al consumo, justificado por la ABM por su necesidad de garantizar el dinero que se les confía, va camino de generar el efecto contrario, por la creciente morosidad de los deudores, que de convertirse en plena insolvencia dañaría a los depositantes. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cartera vencida de los usuarios de tarjetas de crédito aumentó, en sólo el mes de noviembre, en 4.29%, pues en números absolutos llegó a 32 mil millones de pesos, cifra superior en mil 321 millones a la observada en octubre.
Eso no obstante, como factor real del poder, la banca seguirá montada en su macho, sin temor a que la bestia, alebrestada, lo derribe.
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