La Laguna, secuestrada
ARTURO RODRíGUEZ GARCíA
Este texto está publicado en el número 1677 de la revista Proceso, que ya está en circulación.
Amedrentadas por los cárteles de Sinaloa y de Juárez, así como por los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas -que se disputan la plaza-, familias enteras de la región prefieren migrar a otras regiones, y las que se quedan están cansadas de vivir en el temor. En medio de la ola de secuestros no resueltos, el único consuelo es que "hasta ahora sólo ha muerto una persona". Y mientras los operativos federales contribuyen a la violencia, el gobernador Humberto Moreira sólo ofrece reestructurar al Grupo Especial Antisecuestros, cuyos últimos dos jefes fueron levantados y siguen desaparecidos.
TORREÓN, COAH.- La violencia que agobia a la Comarca Lagunera desde hace más de un año sigue cobrando víctimas. Homicidios, secuestros, levantones, extorsiones y robos, lo mismo a domicilios que a industrias y a comercios, han instaurado aquí un imperio de terror que se extiende pese a los operativos federales, estatales y municipales.
Mermadas, las propias instituciones públicas tienen parte de responsabilidad en la violencia, la inseguridad y el caos.
Ninguna escapa: al menos 35 policías municipales permanecen en la cárcel por su presunta colusión con Los Zetas; los últimos dos jefes del Grupo Especial Antisecuestros de la Policía Ministerial del estado están desaparecidos: presumiblemente fueron ejecutados en el lapso de un año; los señalamientos de la comunidad empresarial por complicidad de agentes del Ministerio Público y jueces con la delincuencia organizada apuntan cuando menos a la omisión, y, por si fuera poco, los operativos conjuntos del Ejército y la Policía Federal han motivado 36 denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por abusos contra ciudadanos ajenos a la delincuencia.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón, Félix Pérez Murillo, resume la situación ciudadana:
"Ya estamos cansados de tener miedo. Tenemos mucho miedo a que nos secuestren y más miedo tenemos a denunciar después de un secuestro. Sabemos que hay gente que en la Procuraduría les avisa de inmediato. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo."
Sólo en el municipio de Torreón, la Procuraduría General de Justicia en el estado (PGJE) tiene registrados alrededor de 100 homicidios a lo largo de 2008, sin contar los del resto de la región ni los de la zona conurbada de Durango.
Según las cifras del procurador de Justicia en la entidad, Jesús Torres Charles, este año se perpetraron 24 secuestros en Torreón, de los cuales sólo nueve fueron denunciados, mientras que 11 se acreditaron mediante actas circunstanciadas y partes informativos. Por lo demás, factores como la falta de denuncia impiden la intervención de los cuerpos policiacos.
Para la comunidad empresarial, la estadística es otra. Pérez Murillo cita versiones de sus agremiados de acuerdo con las cuales este año suman más de 200 los casos de levantones, secuestros y secuestros exprés, que, además, no se denuncian por miedo.
El líder de la Canaco señala que los rescates exigidos son por un monto mínimo de 1 millón de pesos, pero indica que desde hace algunas semanas se han registrado secuestros de gente con menos posibilidades económicas, por los que se cobra entre 10 mil y 30 mil pesos.
"Sabemos que los criminales tienen gente en la Procuraduría, que les avisa apenas se interpone una denuncia. Muchas familias están migrando por miedo. En lo personal, conozco al menos 25 familias que se han ido definitivamente de Torreón", afirma.
El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), que agrupa a 20 organismos empresariales de la región, contabiliza 86 secuestros en 2008, según su presidente Omar Gutiérrez de Anda, quien advierte que el problema es más grave, pues hay un incremento sustancial en los robos residenciales, lo mismo que a industrias y comercios.
Las quejas de la comunidad empresarial se han concretado en marchas, desplegados y declaraciones públicas. De hecho, en agosto, luego de la Marcha por la Paz en la que participaron 8 mil personas convocadas por la Canaco al margen de Iluminemos México, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, dio una respuesta a la comunidad empresarial en la que esbozó por primera vez su propuesta de pena de muerte a secuestradores.
Pero ni eso aplacó los señalamientos del CLIP, con la simpatía de la Canaco, cuyo presidente, Félix Pérez, considera que los daños y secuelas de un secuestro son permanentes e irremediables. Actualmente, en esta cámara tienen un consuelo respecto de los secuestros registrados:
"Hasta ahora sólo ha muerto una persona en un secuestro."
La violencia
El procurador Torres Charles sostiene que los casos denunciados se han logrado esclarecer. Y menciona las dos bandas de secuestradores detenidas en septiembre pasado: una, el día 12, que operaba en el conflictivo sector oriente de la ciudad y cuyas víctimas no tenían grandes capitales. A ese grupo se le acreditaron cinco plagios.
La otra cayó el día 24, una banda familiar integrada por los hermanos Obed y Perla Chacón Carrillo, y su madre, María Magdalena Carrillo Mora. Originarios y radicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, con ellos también participaba la pareja de Perla, José Armando Valdez Alvarado, así como Carlos Alfonso Ramos Fuentes. Conocidos como La Banda del Sammy, el Ministerio Público les acreditó 15 secuestros.
Torres Charles provoca:
"Hay algunos empresarios que dicen que hay secuestros todos los días, pero hasta ahorita nadie nos ha dicho de quién ni cómo ni cuándo. No sólo no hay denuncia, no hay información.
"Lo que hemos dicho a los empresarios es que no necesitamos denuncia por escrito. Les ofrecí atenderlos yo personalmente, que nos permitan intervenir, pero con conocimiento de causa, para poder apoyar en la negociación, el rescate de la víctima, el pago del rescate. Lo principal es el rescate de la víctima. Luego lo demás."
Y si el secuestro es la principal preocupación entre empresarios, los enfrentamientos entre bandas delictivas por el control regional mantienen un clima de zozobra entre toda la población. El propio procurador Torres Charles expuso en una entrevista con Proceso, efectuada en septiembre, que la presencia de los cárteles de Sinaloa, Juárez, los Beltrán Leyva y Los Zetas es la causante de la escalada violenta.
El enfrentamiento entre estas organizaciones criminales se extiende al Centro de Readaptación Social (Cereso) de esta ciudad y ha llevado, inclusive al CLIP, a expresar al gobernador Humberto Moreira, entre otras propuestas, que se eliminen los celulares y privilegios en la cárcel, pues los reos se comunican al exterior y siguen operando desde adentro.
La preocupación de varios empresarios consultados por el corresponsal va más allá, pues en el Cereso de Torreón también están recluidos los expolicías detenidos por su presunta relación con la delincuencia organizada. Todos juntos tras las rejas podrían estar generando una escuela del crimen.
Policía amedrentada o corrupta
La rivalidad de los grupos delictivos que operan aquí (como la que mantienen los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas, cuyo jefe de la plaza de Torreón es conocido como El Armadillo) inició en marzo de 2007, pero no fue sino hasta este año cuando empezó a afectar a la ciudadanía, coinciden en señalar los dirigentes de los organismos citados.
El 15 de mayo de 2007, el jefe del Grupo Especial Antisecuestros de La Laguna, Enrique Ruiz Arévalo, fue levantado mientras desayunaba en un restaurante de esta ciudad.
Durante un año, el puesto de Ruiz Arévalo permaneció acéfalo, y no fue sino hasta junio pasado cuando entró al relevo el policía ministerial de carrera Gerardo Valdez Segura, quien el 14 de julio, apenas tres semanas después de haber sido nombrado, fue sacado de su casa por un comando,
Según el procurador Torres Charles, el plagio de Ruiz Arévalo coincide con los hechos violentos que se empezaban a generar en La Laguna. Ruiz Arévalo fue levantado dos días después del ataque armado contra el empresario Carlos Herrera Araluce; por esas mismas fechas fueron privadas de la libertad varias personas que tenían una relación con la delincuencia organizada, dice.
"Fue la llegada de los miembros de ese grupo (Los Zetas) a Torreón. Y esos hechos formaron parte de un plan estratégico: se dedicaban a amedrentar, o como dicen ellos, a 'alinear' a vendedores de droga al menudeo; atentaron contra personajes legendarios, algunos identificados con otros grupos delictivos, y contra un personaje que también era significativo, el policía de mayor prestigio en La Laguna (Ruiz Arévalo).
"El secuestro fue aclarado. Fue una célula de Los Zetas la que lo privó de su libertad. Esto se aclara porque un mes después secuestran a un abogado de Torreón; se inician las investigaciones, se solicita la colaboración de la Policía Federal, que detuvo a 27 personas, logrando aclarar el secuestro, y entonces se sabe que ellos tuvieron a don Enrique."
En el caso de Gerardo Valdez, quien antes había ocupado la jefatura estatal de Investigación Antisecuestro y de Delincuencia Organizada, había desarrollado diferentes actividades en La Laguna antes de su desaparición, e incluso esclareció un plagio en San Pedro de las Colonias. La víctima perdió la vida, pero se detuvo a tres de sus captores.
"Hay indicios de que pudieron ser personas de Chihuahua. El caso sigue en investigación", dice el procurador.
-¿Del cártel de Juárez? -se le pregunta.
-Quien hizo la llamada al 066 se identificó como del cártel de Juárez, pero no quiere decir que eso sea cierto -comenta.
El lunes 8 de septiembre, elementos de la Policía Federal detuvieron a policías municipales que presuntamente protegían un vehículo cargado con droga. El parte de prensa de la Procuraduría General de la República expuso que otros policías municipales intentaron liberar a los detenidos, a raíz de lo cual se desató un enfrentamiento que culminó con la muerte del policía César Moreno Valero, con heridas a cinco personas y con la detención de otras 35 que siguen presas.
Lo anterior motivó la destitución del cuestionado jefe de policía de Torreón, Alfredo Castellanos, y luego la aplicación de exámenes de confianza al resto de los elementos de la policía municipal que quedaron en activo.
El alcalde de Torreón, José Ángel Pérez Hernández, asegura que después de la limpia en la corporación se ha registrado una tendencia "a la baja" en la comisión de delitos en los que colabora su policía municipal.
Reconoce que el problema de la inseguridad ha sido el más difícil de su administración, toda vez que tras este fenómeno se encuentra la corrupción policiaca. Sin embargo, el funcionario también alude al amedrentamiento del que son víctimas los policías, quienes, afirma, no estaban preparados ni tuvieron forma de enfrentar un problema que, por sí mismo, parece superar a todos los niveles de gobierno.
"La policía está rebasada, pero no nos vamos a rendir. Sabemos que tenemos que depurarla porque no son los mejores elementos, vemos que andan muy bajos en su capacitación y no cumplen con la calidad indispensable", dice el alcalde. Por lo pronto, los exámenes de confianza dejaron fuera de la policía municipal a casi 50% de los agentes, en la mayoría de los casos por no cumplir con el perfil necesario.
Además de las agresiones e infiltración contra los cuerpos de seguridad local, la presencia de la Policía Federal y del Ejército en el Operativo Conjunto Laguna ha provocado otro tipo de violencia.
Según datos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), se han turnado casi 40 denuncias a la CNDH por detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, lesiones y tortura.
La CNDH emitió la primera recomendación por tortura contra la Policía Federal, la 03/2008, precisamente en esta ciudad. Y apenas el pasado 28 de noviembre emitió otra a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque una persona fue privada de la libertad y torturada.
La solución final
Luego de diferentes llamados de la iniciativa privada de la región, el gobernador Humberto Moreira se reunió con los dirigentes de cámaras y organismos, el jueves 4 de diciembre, en medio de la polémica por su propuesta de pena capital a secuestradores que maten a sus víctimas.
La reunión inició con fricciones. En el exterior de la Casa de Gobierno, en Torreón, se impidió el acceso del decano de los organismos empresariales, Alejandro Gurza Obregón; en solidaridad, el presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en La Laguna, Roberto Rodríguez -él mismo víctima de un secuestro- abandonó el sitio.
Alejandro Gurza repudió la cerrazón al diálogo del gobernador y expuso las preocupaciones que quería externar en la reunión. Entre otras cosas, recordó que en diciembre de 2005, a unos días de iniciada la administración de Moreira, se aprobó la acumulación de penas a quienes cometieran secuestro, violación, mutilaciones y homicidio, pero hasta ahora no se han aplicado.
En el mismo tono, el senador panista Ernesto Saro Boardman recordó que este año en Coahuila han ocurrido más de 200 secuestros que no han sido resueltos, y demandó: "Primero que agarren a los secuestradores".
En sus convocatorias, el gobernador ha excluido a otras organizaciones. El presidente de la Canaco, Félix Pérez Murillo, comentó que, en otra ocasión, a ellos los dejaron fuera. El dirigente empresarial considera que existen serias deficiencias en el gabinete de seguridad del gobierno estatal que se reflejan en la descomposición que se vive en La Laguna.
Por lo pronto, en la reunión del 4 de diciembre el gobernador Humberto Moreira se comprometió a reestructurar el Grupo Especial Antisecuestros, así como a elevar la inversión en seguridad.
Pero al ser cuestionado sobre su propuesta de pena de muerte, explicó que ya no opinaría, pues ahora el debate debía quedar en manos de los legisladores.
Amedrentadas por los cárteles de Sinaloa y de Juárez, así como por los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas -que se disputan la plaza-, familias enteras de la región prefieren migrar a otras regiones, y las que se quedan están cansadas de vivir en el temor. En medio de la ola de secuestros no resueltos, el único consuelo es que "hasta ahora sólo ha muerto una persona". Y mientras los operativos federales contribuyen a la violencia, el gobernador Humberto Moreira sólo ofrece reestructurar al Grupo Especial Antisecuestros, cuyos últimos dos jefes fueron levantados y siguen desaparecidos.
TORREÓN, COAH.- La violencia que agobia a la Comarca Lagunera desde hace más de un año sigue cobrando víctimas. Homicidios, secuestros, levantones, extorsiones y robos, lo mismo a domicilios que a industrias y a comercios, han instaurado aquí un imperio de terror que se extiende pese a los operativos federales, estatales y municipales.
Mermadas, las propias instituciones públicas tienen parte de responsabilidad en la violencia, la inseguridad y el caos.
Ninguna escapa: al menos 35 policías municipales permanecen en la cárcel por su presunta colusión con Los Zetas; los últimos dos jefes del Grupo Especial Antisecuestros de la Policía Ministerial del estado están desaparecidos: presumiblemente fueron ejecutados en el lapso de un año; los señalamientos de la comunidad empresarial por complicidad de agentes del Ministerio Público y jueces con la delincuencia organizada apuntan cuando menos a la omisión, y, por si fuera poco, los operativos conjuntos del Ejército y la Policía Federal han motivado 36 denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por abusos contra ciudadanos ajenos a la delincuencia.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón, Félix Pérez Murillo, resume la situación ciudadana:
"Ya estamos cansados de tener miedo. Tenemos mucho miedo a que nos secuestren y más miedo tenemos a denunciar después de un secuestro. Sabemos que hay gente que en la Procuraduría les avisa de inmediato. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo."
Sólo en el municipio de Torreón, la Procuraduría General de Justicia en el estado (PGJE) tiene registrados alrededor de 100 homicidios a lo largo de 2008, sin contar los del resto de la región ni los de la zona conurbada de Durango.
Según las cifras del procurador de Justicia en la entidad, Jesús Torres Charles, este año se perpetraron 24 secuestros en Torreón, de los cuales sólo nueve fueron denunciados, mientras que 11 se acreditaron mediante actas circunstanciadas y partes informativos. Por lo demás, factores como la falta de denuncia impiden la intervención de los cuerpos policiacos.
Para la comunidad empresarial, la estadística es otra. Pérez Murillo cita versiones de sus agremiados de acuerdo con las cuales este año suman más de 200 los casos de levantones, secuestros y secuestros exprés, que, además, no se denuncian por miedo.
El líder de la Canaco señala que los rescates exigidos son por un monto mínimo de 1 millón de pesos, pero indica que desde hace algunas semanas se han registrado secuestros de gente con menos posibilidades económicas, por los que se cobra entre 10 mil y 30 mil pesos.
"Sabemos que los criminales tienen gente en la Procuraduría, que les avisa apenas se interpone una denuncia. Muchas familias están migrando por miedo. En lo personal, conozco al menos 25 familias que se han ido definitivamente de Torreón", afirma.
El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), que agrupa a 20 organismos empresariales de la región, contabiliza 86 secuestros en 2008, según su presidente Omar Gutiérrez de Anda, quien advierte que el problema es más grave, pues hay un incremento sustancial en los robos residenciales, lo mismo que a industrias y comercios.
Las quejas de la comunidad empresarial se han concretado en marchas, desplegados y declaraciones públicas. De hecho, en agosto, luego de la Marcha por la Paz en la que participaron 8 mil personas convocadas por la Canaco al margen de Iluminemos México, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, dio una respuesta a la comunidad empresarial en la que esbozó por primera vez su propuesta de pena de muerte a secuestradores.
Pero ni eso aplacó los señalamientos del CLIP, con la simpatía de la Canaco, cuyo presidente, Félix Pérez, considera que los daños y secuelas de un secuestro son permanentes e irremediables. Actualmente, en esta cámara tienen un consuelo respecto de los secuestros registrados:
"Hasta ahora sólo ha muerto una persona en un secuestro."
La violencia
El procurador Torres Charles sostiene que los casos denunciados se han logrado esclarecer. Y menciona las dos bandas de secuestradores detenidas en septiembre pasado: una, el día 12, que operaba en el conflictivo sector oriente de la ciudad y cuyas víctimas no tenían grandes capitales. A ese grupo se le acreditaron cinco plagios.
La otra cayó el día 24, una banda familiar integrada por los hermanos Obed y Perla Chacón Carrillo, y su madre, María Magdalena Carrillo Mora. Originarios y radicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, con ellos también participaba la pareja de Perla, José Armando Valdez Alvarado, así como Carlos Alfonso Ramos Fuentes. Conocidos como La Banda del Sammy, el Ministerio Público les acreditó 15 secuestros.
Torres Charles provoca:
"Hay algunos empresarios que dicen que hay secuestros todos los días, pero hasta ahorita nadie nos ha dicho de quién ni cómo ni cuándo. No sólo no hay denuncia, no hay información.
"Lo que hemos dicho a los empresarios es que no necesitamos denuncia por escrito. Les ofrecí atenderlos yo personalmente, que nos permitan intervenir, pero con conocimiento de causa, para poder apoyar en la negociación, el rescate de la víctima, el pago del rescate. Lo principal es el rescate de la víctima. Luego lo demás."
Y si el secuestro es la principal preocupación entre empresarios, los enfrentamientos entre bandas delictivas por el control regional mantienen un clima de zozobra entre toda la población. El propio procurador Torres Charles expuso en una entrevista con Proceso, efectuada en septiembre, que la presencia de los cárteles de Sinaloa, Juárez, los Beltrán Leyva y Los Zetas es la causante de la escalada violenta.
El enfrentamiento entre estas organizaciones criminales se extiende al Centro de Readaptación Social (Cereso) de esta ciudad y ha llevado, inclusive al CLIP, a expresar al gobernador Humberto Moreira, entre otras propuestas, que se eliminen los celulares y privilegios en la cárcel, pues los reos se comunican al exterior y siguen operando desde adentro.
La preocupación de varios empresarios consultados por el corresponsal va más allá, pues en el Cereso de Torreón también están recluidos los expolicías detenidos por su presunta relación con la delincuencia organizada. Todos juntos tras las rejas podrían estar generando una escuela del crimen.
Policía amedrentada o corrupta
La rivalidad de los grupos delictivos que operan aquí (como la que mantienen los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas, cuyo jefe de la plaza de Torreón es conocido como El Armadillo) inició en marzo de 2007, pero no fue sino hasta este año cuando empezó a afectar a la ciudadanía, coinciden en señalar los dirigentes de los organismos citados.
El 15 de mayo de 2007, el jefe del Grupo Especial Antisecuestros de La Laguna, Enrique Ruiz Arévalo, fue levantado mientras desayunaba en un restaurante de esta ciudad.
Durante un año, el puesto de Ruiz Arévalo permaneció acéfalo, y no fue sino hasta junio pasado cuando entró al relevo el policía ministerial de carrera Gerardo Valdez Segura, quien el 14 de julio, apenas tres semanas después de haber sido nombrado, fue sacado de su casa por un comando,
Según el procurador Torres Charles, el plagio de Ruiz Arévalo coincide con los hechos violentos que se empezaban a generar en La Laguna. Ruiz Arévalo fue levantado dos días después del ataque armado contra el empresario Carlos Herrera Araluce; por esas mismas fechas fueron privadas de la libertad varias personas que tenían una relación con la delincuencia organizada, dice.
"Fue la llegada de los miembros de ese grupo (Los Zetas) a Torreón. Y esos hechos formaron parte de un plan estratégico: se dedicaban a amedrentar, o como dicen ellos, a 'alinear' a vendedores de droga al menudeo; atentaron contra personajes legendarios, algunos identificados con otros grupos delictivos, y contra un personaje que también era significativo, el policía de mayor prestigio en La Laguna (Ruiz Arévalo).
"El secuestro fue aclarado. Fue una célula de Los Zetas la que lo privó de su libertad. Esto se aclara porque un mes después secuestran a un abogado de Torreón; se inician las investigaciones, se solicita la colaboración de la Policía Federal, que detuvo a 27 personas, logrando aclarar el secuestro, y entonces se sabe que ellos tuvieron a don Enrique."
En el caso de Gerardo Valdez, quien antes había ocupado la jefatura estatal de Investigación Antisecuestro y de Delincuencia Organizada, había desarrollado diferentes actividades en La Laguna antes de su desaparición, e incluso esclareció un plagio en San Pedro de las Colonias. La víctima perdió la vida, pero se detuvo a tres de sus captores.
"Hay indicios de que pudieron ser personas de Chihuahua. El caso sigue en investigación", dice el procurador.
-¿Del cártel de Juárez? -se le pregunta.
-Quien hizo la llamada al 066 se identificó como del cártel de Juárez, pero no quiere decir que eso sea cierto -comenta.
El lunes 8 de septiembre, elementos de la Policía Federal detuvieron a policías municipales que presuntamente protegían un vehículo cargado con droga. El parte de prensa de la Procuraduría General de la República expuso que otros policías municipales intentaron liberar a los detenidos, a raíz de lo cual se desató un enfrentamiento que culminó con la muerte del policía César Moreno Valero, con heridas a cinco personas y con la detención de otras 35 que siguen presas.
Lo anterior motivó la destitución del cuestionado jefe de policía de Torreón, Alfredo Castellanos, y luego la aplicación de exámenes de confianza al resto de los elementos de la policía municipal que quedaron en activo.
El alcalde de Torreón, José Ángel Pérez Hernández, asegura que después de la limpia en la corporación se ha registrado una tendencia "a la baja" en la comisión de delitos en los que colabora su policía municipal.
Reconoce que el problema de la inseguridad ha sido el más difícil de su administración, toda vez que tras este fenómeno se encuentra la corrupción policiaca. Sin embargo, el funcionario también alude al amedrentamiento del que son víctimas los policías, quienes, afirma, no estaban preparados ni tuvieron forma de enfrentar un problema que, por sí mismo, parece superar a todos los niveles de gobierno.
"La policía está rebasada, pero no nos vamos a rendir. Sabemos que tenemos que depurarla porque no son los mejores elementos, vemos que andan muy bajos en su capacitación y no cumplen con la calidad indispensable", dice el alcalde. Por lo pronto, los exámenes de confianza dejaron fuera de la policía municipal a casi 50% de los agentes, en la mayoría de los casos por no cumplir con el perfil necesario.
Además de las agresiones e infiltración contra los cuerpos de seguridad local, la presencia de la Policía Federal y del Ejército en el Operativo Conjunto Laguna ha provocado otro tipo de violencia.
Según datos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), se han turnado casi 40 denuncias a la CNDH por detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, lesiones y tortura.
La CNDH emitió la primera recomendación por tortura contra la Policía Federal, la 03/2008, precisamente en esta ciudad. Y apenas el pasado 28 de noviembre emitió otra a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque una persona fue privada de la libertad y torturada.
La solución final
Luego de diferentes llamados de la iniciativa privada de la región, el gobernador Humberto Moreira se reunió con los dirigentes de cámaras y organismos, el jueves 4 de diciembre, en medio de la polémica por su propuesta de pena capital a secuestradores que maten a sus víctimas.
La reunión inició con fricciones. En el exterior de la Casa de Gobierno, en Torreón, se impidió el acceso del decano de los organismos empresariales, Alejandro Gurza Obregón; en solidaridad, el presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en La Laguna, Roberto Rodríguez -él mismo víctima de un secuestro- abandonó el sitio.
Alejandro Gurza repudió la cerrazón al diálogo del gobernador y expuso las preocupaciones que quería externar en la reunión. Entre otras cosas, recordó que en diciembre de 2005, a unos días de iniciada la administración de Moreira, se aprobó la acumulación de penas a quienes cometieran secuestro, violación, mutilaciones y homicidio, pero hasta ahora no se han aplicado.
En el mismo tono, el senador panista Ernesto Saro Boardman recordó que este año en Coahuila han ocurrido más de 200 secuestros que no han sido resueltos, y demandó: "Primero que agarren a los secuestradores".
En sus convocatorias, el gobernador ha excluido a otras organizaciones. El presidente de la Canaco, Félix Pérez Murillo, comentó que, en otra ocasión, a ellos los dejaron fuera. El dirigente empresarial considera que existen serias deficiencias en el gabinete de seguridad del gobierno estatal que se reflejan en la descomposición que se vive en La Laguna.
Por lo pronto, en la reunión del 4 de diciembre el gobernador Humberto Moreira se comprometió a reestructurar el Grupo Especial Antisecuestros, así como a elevar la inversión en seguridad.
Pero al ser cuestionado sobre su propuesta de pena de muerte, explicó que ya no opinaría, pues ahora el debate debía quedar en manos de los legisladores.
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