IFE: Desastre en ciernes
JOHN M. ACKERMAN
"Este texto está publicado en el número 1677 de la revista Proceso, que ya está en circulación".
Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) ya preparan su salida por la puerta trasera. Siguiendo el guión establecido por Luis Carlos Ugalde durante las elecciones de 2006, desde ahora buscan pretextos para no poner en acción todas las herramientas legales y políticas a su alcance durante las campañas de 2009. En un símil del ahora clásico "¿y yo por qué?" pronunciado por Vicente Fox en el contexto de la toma de las instalaciones de Canal 40, hoy en el tema del blindaje contra el narcotráfico, entre otros ilícitos, el IFE abandona su responsabilidad de asegurar la equidad y la legalidad del proceso electoral en curso.
Por mandato constitucional, el IFE tiene la obligación de defender la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de los comicios federales. Así mismo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) indica que debe "contribuir al desarrollo de la vida democrática" y "preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos" en el país. Se equivocan quienes, como Néstor Martínez Cristo, flamante coordinador nacional de Comunicación Social del IFE, quisieran verlo reducido a un organismo "encargado de organizar y arbitrar los procesos electorales que se realizan cada tres años en México" (Elecciones 2009: cada quien su tarea, La Jornada, 16 de diciembre).
Las reformas de 2007-2008 nos obligan a renovar el concepto que tenemos de las autoridades electorales. El IFE no es cualquier organismo burocrático que deba limitarse a administrar procesos electorales, sino la institución responsable de tutelar los principios democráticos y defender el espacio público en México. No puede ser visto como un simple árbitro de un partido de futbol o, peor aún, como réferi de una pelea de box.
Al contrario, el IFE es ante todo un regulador de la vida política. Guste o no a los que quisieran ver campañas electorales más "libres", al estilo de las que realizan los vecinos del norte, el instituto tiene la responsabilidad legal de asegurar condiciones de competencia leal entre los partidos, así como de blindar el espacio público en contra de intervenciones indebidas del sector privado, el gobierno, los medios de comunicación y, por supuesto, el narcotráfico. Así como demandamos que organismos reguladores como la Comisión Federal de Competencia (CFC) intervengan en el mercado ejerciendo todas las herramientas a su alcance para asegurar la libre competencia, habría que exigirle al IFE que hiciera todo lo necesario para garantizar la calidad de nuestra democracia.
El éxito que los órganos electorales tuvieron en el pasado se cifró precisamente en su disposición a aplicar la norma con arrojo. El exhorto a las autoridades para suspender la difusión de obras durante las campañas electorales, las investigaciones en los casos "Pemexgate" y "Amigos de Fox", la defensa de los derechos político-electorales de los militantes de los partidos políticos, y la construcción de la causal abstracta de nulidad, por citar algunos ejemplos históricos, todos dependieron de una firme disposición de las autoridades a defender los principios constitucionales.
Sin embargo, en lugar de retomar este legado histórico, Leonardo Valdés se empeña en repetir los errores de Ugalde al disminuir el mandato del instituto electoral e intentar transferir la responsabilidad a terceros. Así mismo, en las últimas semanas un grupo de destacados académicos, periodistas y exfuncionarios del IFE han creado una burbuja de opinión que busca validar y legitimar esta preocupante señal de pasividad, culminando con el artículo arriba citado escrito por el mismo titular de Comunicación Social del instituto.
María Amparo Casar lamenta que "de organizadores de la elección y promotores de la democracia, se les ha convertido (a los consejeros) en administradores, contralores, intermediarios, vigilantes, censores, impartidores de justicia y hasta legisladores" (Reforma, 26 de noviembre). Mauricio Merino reclama que "se le exige al IFE que actúe por encima de sus facultades legales (...) Que cada quien haga lo suyo" (El Universal, 10 de diciembre). En opinión de Salvador García Soto, "ni el IFE es la PGR ni sus consejeros y comisiones son ministerios públicos para hacer funciones que competen a otras áreas del Estado mexicano" (El Universal, 11 de diciembre). Jorge Alcocer está dispuesto a ir más lejos, liberando al IFE no solamente de la investigación de las contribuciones del narco, sino también de su deber de vigilar los mensajes del sector privado: "No hay que llevar la lectura del Cofipe y de la Constitución al extremo que el legislador no quiso dar. La libertad de los privados para contratar tiempo, para manifestar sus opiniones sobre temas de políticas públicas, no viola la Constitución, no viola el Cofipe" (Reforma, 26 de noviembre).
Todas estas declaraciones embonan perfectamente con la postura que siempre ha tenido el mismo Luis Carlos Ugalde. Hace un mes, unos días después de regresar al país, el expresidente del IFE afirmó que la reforma electoral de 2007-2008 "es una reforma ingenua (...) en donde se construye, desde mi punto de vista, un modelo equivocado, porque se coloca al IFE como árbitro que tiene que sacar la tarjeta a todos los integrantes de la sociedad; un árbitro entre partidos, entre particulares, entre distintos sectores de la sociedad" (Reforma, 27 de noviembre).
Leonardo Valdés y sus aliados continúan preparando el terreno para un verdadero desastre el año que se avecina. Si el IFE no asume, de una vez por todas, su responsabilidad histórica como órgano regulador garante de la democracia, 2009 nos podría deparar escenarios de desestabilización social y conflictividad política de mayores alcances que el mismo 2006. Nadie le pide al IFE que encarcele a los capos del cártel de Sinaloa o que cancele las concesiones de Televisa, sino que únicamente utilice todas las nuevas herramientas que están a su alcance para proteger el espacio público de los constantes embates de los poderes fácticos, públicos y privados, que tienen nuestra frágil convivencia democrática al borde del colapso.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) ya preparan su salida por la puerta trasera. Siguiendo el guión establecido por Luis Carlos Ugalde durante las elecciones de 2006, desde ahora buscan pretextos para no poner en acción todas las herramientas legales y políticas a su alcance durante las campañas de 2009. En un símil del ahora clásico "¿y yo por qué?" pronunciado por Vicente Fox en el contexto de la toma de las instalaciones de Canal 40, hoy en el tema del blindaje contra el narcotráfico, entre otros ilícitos, el IFE abandona su responsabilidad de asegurar la equidad y la legalidad del proceso electoral en curso.
Por mandato constitucional, el IFE tiene la obligación de defender la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de los comicios federales. Así mismo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) indica que debe "contribuir al desarrollo de la vida democrática" y "preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos" en el país. Se equivocan quienes, como Néstor Martínez Cristo, flamante coordinador nacional de Comunicación Social del IFE, quisieran verlo reducido a un organismo "encargado de organizar y arbitrar los procesos electorales que se realizan cada tres años en México" (Elecciones 2009: cada quien su tarea, La Jornada, 16 de diciembre).
Las reformas de 2007-2008 nos obligan a renovar el concepto que tenemos de las autoridades electorales. El IFE no es cualquier organismo burocrático que deba limitarse a administrar procesos electorales, sino la institución responsable de tutelar los principios democráticos y defender el espacio público en México. No puede ser visto como un simple árbitro de un partido de futbol o, peor aún, como réferi de una pelea de box.
Al contrario, el IFE es ante todo un regulador de la vida política. Guste o no a los que quisieran ver campañas electorales más "libres", al estilo de las que realizan los vecinos del norte, el instituto tiene la responsabilidad legal de asegurar condiciones de competencia leal entre los partidos, así como de blindar el espacio público en contra de intervenciones indebidas del sector privado, el gobierno, los medios de comunicación y, por supuesto, el narcotráfico. Así como demandamos que organismos reguladores como la Comisión Federal de Competencia (CFC) intervengan en el mercado ejerciendo todas las herramientas a su alcance para asegurar la libre competencia, habría que exigirle al IFE que hiciera todo lo necesario para garantizar la calidad de nuestra democracia.
El éxito que los órganos electorales tuvieron en el pasado se cifró precisamente en su disposición a aplicar la norma con arrojo. El exhorto a las autoridades para suspender la difusión de obras durante las campañas electorales, las investigaciones en los casos "Pemexgate" y "Amigos de Fox", la defensa de los derechos político-electorales de los militantes de los partidos políticos, y la construcción de la causal abstracta de nulidad, por citar algunos ejemplos históricos, todos dependieron de una firme disposición de las autoridades a defender los principios constitucionales.
Sin embargo, en lugar de retomar este legado histórico, Leonardo Valdés se empeña en repetir los errores de Ugalde al disminuir el mandato del instituto electoral e intentar transferir la responsabilidad a terceros. Así mismo, en las últimas semanas un grupo de destacados académicos, periodistas y exfuncionarios del IFE han creado una burbuja de opinión que busca validar y legitimar esta preocupante señal de pasividad, culminando con el artículo arriba citado escrito por el mismo titular de Comunicación Social del instituto.
María Amparo Casar lamenta que "de organizadores de la elección y promotores de la democracia, se les ha convertido (a los consejeros) en administradores, contralores, intermediarios, vigilantes, censores, impartidores de justicia y hasta legisladores" (Reforma, 26 de noviembre). Mauricio Merino reclama que "se le exige al IFE que actúe por encima de sus facultades legales (...) Que cada quien haga lo suyo" (El Universal, 10 de diciembre). En opinión de Salvador García Soto, "ni el IFE es la PGR ni sus consejeros y comisiones son ministerios públicos para hacer funciones que competen a otras áreas del Estado mexicano" (El Universal, 11 de diciembre). Jorge Alcocer está dispuesto a ir más lejos, liberando al IFE no solamente de la investigación de las contribuciones del narco, sino también de su deber de vigilar los mensajes del sector privado: "No hay que llevar la lectura del Cofipe y de la Constitución al extremo que el legislador no quiso dar. La libertad de los privados para contratar tiempo, para manifestar sus opiniones sobre temas de políticas públicas, no viola la Constitución, no viola el Cofipe" (Reforma, 26 de noviembre).
Todas estas declaraciones embonan perfectamente con la postura que siempre ha tenido el mismo Luis Carlos Ugalde. Hace un mes, unos días después de regresar al país, el expresidente del IFE afirmó que la reforma electoral de 2007-2008 "es una reforma ingenua (...) en donde se construye, desde mi punto de vista, un modelo equivocado, porque se coloca al IFE como árbitro que tiene que sacar la tarjeta a todos los integrantes de la sociedad; un árbitro entre partidos, entre particulares, entre distintos sectores de la sociedad" (Reforma, 27 de noviembre).
Leonardo Valdés y sus aliados continúan preparando el terreno para un verdadero desastre el año que se avecina. Si el IFE no asume, de una vez por todas, su responsabilidad histórica como órgano regulador garante de la democracia, 2009 nos podría deparar escenarios de desestabilización social y conflictividad política de mayores alcances que el mismo 2006. Nadie le pide al IFE que encarcele a los capos del cártel de Sinaloa o que cancele las concesiones de Televisa, sino que únicamente utilice todas las nuevas herramientas que están a su alcance para proteger el espacio público de los constantes embates de los poderes fácticos, públicos y privados, que tienen nuestra frágil convivencia democrática al borde del colapso.
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