OFICIALES DEL EJÉRCITO VENDÍAN ARMAS A BANDAS RIVALES


Ricardo Ravelo

--Desde el 12 de agosto pasado, un testigo protegido de la PGR reveló que un mayor del Ejército adscrito a Guardias Presidenciales, quien tuvo responsabilidades especiales en la seguridad de Felipe Calderón, proporcionaba al cártel de Sinaloa información sobre las actividades y viajes del jefe del Ejecutivo. Además, por 100 mil dólares mensuales, y en compañía de un capitán, vendía armas decomisadas tanto a los Beltrán Leyva como a sus rivales Los Zetas, entrba sicarios y detallaba las acciones y programas de las secciones Séptima y Segunda de la Sedena. Pese a dichos testimonios –a los que tuvo acceso este semanario–, la Operación Limpieza de la PGR no ha tocado enaa estos mandos militares que, en el expediente, están servido claramente identificados. Ni siquiera los ha citado.


MÉXICO, D.F., 20 de diciembre (proceso).- En las investigaciones que derivaron en la llamada Operación Limpieza de la PGR, mandos del Ejército Mexicano aparecen implicados como presuntos cómplices del cártel de Sinaloa desde el año 2005, y actualmente son relacionados con los hermanos Beltrán Leyva, a quienes presuntamente rendían informes sobre las actividades y los viajes del presidente Felipe Calderón dentro y fuera del país.

En el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, integrado por la SIEDO a raíz de que el procurador general de la República anunció la Operación Limpieza, el mayor Arturo González Rodríguez –quien fue miembro del grupo de seguridad personal del presidente Calderón– y el capitán Mateo Juárez Espinoza son acusados de lo anterior y de la venta de armas, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para abastecer tanto a la célula de los hermanos Beltrán Leyva como a Los Zetas, cerco protector del cártel del Golfo.
A través de una empresa de seguridad privada, entrenaban a los gatilleros que utilizaban los Beltrán Leyva para ejecutar a sus rivales, y les brindaban apoyo logístico para el transporte de cargamentos de droga, según afirmó en una ampliación de sus declaraciones, el pasado 12 de agosto, en las instalaciones de la SIEDO, el testigo protegido Jennifer, excolaborador de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Con base en ese testimonio, al que Proceso tuvo acceso y que forma parte de la averiguación previa citada, la célula de los hermanos Beltrán Leyva no sólo penetró a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la SIEDO, sino también a la Presidencia de la República y a la Sedena, pues el mayor González Rodríguez recibía un pago de 100 mil dólares mensuales por mantener informados a los Beltrán de las tareas presidenciales y de las actividades de las secciones Séptima y Segunda, respectivamente, de la Sedena
Hace poco menos de un mes, el procurador Eduardo Medina Mora anunció un proyecto de saneamiento de la PGR que denominó Operación Limpieza, con el fin de limpiar a la PGR de la corrupción y desarticular las redes que tendió el narcotráfico en esa institución. Pero los tentáculos del crimen organizado parecen estar conectados en casi todas las instituciones responsables de su combate, según se desprende de la investigación de la PGR.
Y, peor aún, los militares Arturo González y Mateo Juárez no han sido citados a declarar con respecto a las imputaciones que en su contra realiza Jennifer, pues en el expediente referido no aparecen citatorios ni declaraciones suyas sobre las actividades criminales que, según el testigo protegido, realizaban en beneficio de los hermanos Beltrán Leyva.
En dicha indagatoria, el testigo revela las complicidades de algunos militares cercanos al presidente Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa y Los Zetas, hechos que dentro de la PGR –y a pesar de la Operación Limpieza– se han mantenido distantes de los escándalos que envuelven a los funcionarios civiles que despachaban en la SIEDO, en la Interpol y en la SSP –Rodolfo de la Guardia, Ricardo Gutiérrez, Noé Ramírez Mandujano, entre otros– y que se hallan arraigados presuntamente por recibir pagos hasta de 450 mil dólares, también de los Beltrán Leyva, a cambio de información y protección.
En su descripción del contubernio de los militares con el narco, Jennifer afirma que al iniciar el gobierno de Felipe Calderón el mayor Arturo González Rodríguez, quien llegó a ser uno de los responsables de la seguridad del presidente, aceptó colaborar con el cártel de Sinaloa y que le pagaban 100 mil dólares mensuales por informar sobre las actividades del mandatario.
Al anunciar la guerra contra los cárteles de la droga, el presidente Felipe Calderón echó mano del Ejército Mexicano porque, según los diagnósticos que recibió tras tomar posesión como jefe del Ejecutivo, el 1 de diciembre de 2006, la Policía Federal no era competente debido a que poco más del 50% de las más de mil 600 corporaciones policiacas del país estaban coludidas con el crimen organizado: narcotráfico, secuestros, trata de blancas, tráfico de personas, entre otras modalidades.
Pero de acuerdo con el expediente referido, y con base en declaraciones de los testigos protegidos –cuyos testimonios forman parte de la indagatoria citada–, varios militares de mediano y alto rango se beneficiaron, desde el arranque de la guerra contra el narco anunciada por Calderón, del millonario reparto de dinero que realizaban los hermanos Beltrán Leyva y otros cárteles a cambio de información y protección por parte de elementos de la SIEDO, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Sedena.
Un ejemplo de lo anterior es precisamente el caso de González Rodríguez y Juárez Espinoza.
Exintegrante de la célula de los Beltrán Leyva, Jennifer es la clave que identifica en la SIEDO a quien dentro de esa organización criminal se identificaba como Lázaro o El 19.
Se trata de otro de los testigos protegidos de la PGR –junto con Saúl (Milton Cilia Pérez), Moisés (Fernando Rivera Hernández, excoordinador de Inteligencia de la SIEDO), David (Roberto García García) y Felipe (José Alberto Pérez Guerrero)– que sirvieron para iniciar la Operación Limpieza, la cual mantiene bajo arraigo a varios exfuncionarios de la SIEDO, entre ellos, a Miguel Colorado, coordinador técnico; el propìo Fernando Rivera, jefe de Inteligencia, y Noé Ramírez Mandujano, extitular de esa dependencia, así como a policías de la AFI y a militares adscritos a distintas áreas de la PGR.
En su testimonio, rendido ante la SIEDO el pasado 12 de agosto como ampliación de declaración, Jennifer destapa la tarea de varios militares en la protección del cártel de Sinaloa y, en particular, de la célula de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas.
El documento asienta que el testigo …también conoce a un mayor del Ejército Mexicano adscrito a Guardias Presidenciales de nombre Arturo González Rodríguez… (que) lo conoció por medio de un primo de nombre Rodolfo y de un capitán primero de Infantería retirado de nombre Mateo Juárez Espinoza, ostentándose el mayor Arturo como sobrino del general Riviello (Arturo Riviello Bazán), exsecretario de la Defensa Nacional (en el sexenio de Carlos Salinas).
Tras señalar que él y Arturo González Rodríguez fueron presentados en el estacionamiento de la tienda Gigante ubicada sobre la avenida Ejército Nacional, empezaron a trabajar en 2006… cuando el capitán retirado Mateo Juárez Espinoza y el mayor Arturo vendieron armas para la organización de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, y Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, transacción de cuatro armas, las que le vendieron, una MP5, tres ametralladoras G3 del Ejército Mexicano (…) Se les pagó por las armas 20 mil dólares; el dinero se lo entregó directamente a Mateo Juárez en McDonals en la Plaza Satélite, (y las armas) las sacaban de la Sedena.
De acuerdo con Jennifer, esa operación con los Beltrán Leyva fue concretada por los militares a pesar de que antes servían a los intereses de Los Zetas. Prosigue el testigo:
Esta venta la hicieron pese a que se dedicaban a abastecer grandes cantidades de armas mayoritariamente a Los Zetas, y que de esto se enteró el declarante por dicho de los propios Arturo González Rodríguez y Mateo Juárez Espinoza.
Agrega que, al iniciar la administración del presidente Felipe Calderón –cuando arrancó la guerra contra el narcotráfico mediante los operativos Michoacán, Tijuana, Nuevo León, entre otros que resultaron un fiasco–, el mayor González Rodríguez llegó a tener responsabilidades especiales en el equipo de seguridad presidencial. Y en seguida Jennifer refiere pormenores de sus nuevos encuentros con González Rodríguez:
Por lo que el declarante se reunió nuevamente con éste en el estacionamiento de la tienda de autoservicio Gigante, ubicada en la avenida Ejército Nacional esquina con la calle de Moliere. (A la cita) el mayor llegó a bordo de una camioneta modelo Nitro versión no totalmente equipada, y que en esa ocasión le propuso al mayor que trabajara para el cártel de Sinaloa proporcionando información de todo lo relacionado con el presidente de la República.
Como enlace del cártel de Sinaloa, Jennifer también encargó al mayor González Rodríguez, de acuerdo con su testimonio, que lo mantuviera bien informado de las actividades del Ejército Mexicano, específicamente (de) lo que tuviera que ver con la Sección Segunda y Séptima de Inteligencia de ese instituto armado, sobre todo lo de los operativos, a lo que el mayor Arturo González Rodríguez aceptó, acordando que se le pagarían 100 mil dólares mensuales por sus servicios.
Según el organigrama de la Sedena, la Sección Segunda se encarga de las tareas de inteligencia, y la Séptima de planear, coordinar y supervisar las operaciones de erradicación e intercepción de las actividades del narcotráfico. Ambas dependen del Estado Mayor de la Sedena.
Según Jennifer, luego de amarrar el trato con Arturo González Rodríguez …a partir de esa fecha se le hicieron diversos pagos con el propósito de que proporcionara información constante sobre los movimientos del presidente de la República, con el fin de que los miembros de la organización de Arturo Beltrán Leyva (El Barbas) y Édgar Valdez Villarreal (La Barbie) pudieran evitar encontrarse con el personal de seguridad del presidente.
De esa manera, en varias ocasiones se obtuvo información anticipada –relata Jennifer– que permitió el desplazamiento de miembros de la organización de Arturo Beltrán y Valdez Villarreal, para alejarse de sitios visitados por el presidente, como sucedió en el año 2007 cuando éste viajó a Guatemala.
Conforme a lo dicho por Jennifer, el mayor González Rodríguez aceptó realizar otras tareas para los Beltrán Leyva: reclutar personal militar para esa organización criminal.
Así quedó asentado:
Además, en dicha función el mayor ayudaba a reclutar personal militar para las filas de la organización de los hermanos Beltrán Leyva, que contaban con las mejores curriculas (sic) para cubrir tareas de seguridad como sicarios, así como (para) transportar cargamentos de droga y como “halcones” que alertaban a la organización sobre el movimiento de las autoridades.
Así mismo, el testigo protegido de la PGR dice haberse enterado de que el mayor González Rodríguez y el capitán Mateo Juárez Espinoza son propietarios de una empresa de seguridad privada –cuyo nombre no refiere en el testimonio– que proporciona capacitación a los grupos de escoltas de diversos narcotraficantes y también llevan a cabo venta de parte del armamento que es asegurado por personal militar y que no es reportado ante las autoridades ministeriales.
A continuación, el testigo Jennifer describe la media filiación del mayor Arturo González Rodríguez:
Era una persona de aproximadamente 45 años de edad, de estatura baja, como de un metro 60 centímetros, de tez blanca, de nariz pequeña un poco chata, de cabello corto oscuro, que usa lentes y es de complexión un poco robusto.
También describe al capitán Mateo Juárez Espinoza como una persona de unos 50 años, de un metro 60 centímetros de estatura, de tez morena clara, nariz chata y complexión robusta. Frecuentemente viste con ropa deportiva tipo pants del equipo de futbol los Pumas, y asegura que a ambos individuos los podría reconocer sin temor a equivocarse en caso de que se me pusieran a la vista sus fotografías.

Los pagos y las diferencias
Estos testimonios de Jennifer fueron rendida ante la SIEDO el 12 de agosto, tres meses y 12 días antes de que fueran arraigados los altos mandos o exfuncionarios de la SIEDO, entre ellos el exsubprocurador Noé Ramírez Mandujano, quien renunció al cargo el 31 de julio y fue nombrado representante de México en el área antidrogas de la ONU con sede en Viena.
Con esa información, la PGR comenzó a dimensionar el nivel de infiltración que enfrentaba la administración del presidente Calderón –la Presidencia de la República, la Sedena, la SSP y la propia PGR–, pero no actuó contra los militares incriminados por el testigo, a pesar de que aportó más detalles sobre las operaciones de los hermanos Beltrán en distintas áreas del Gabinete.
Dice Jennifer:
En cuanto al mayor Arturo González Rodríguez, recuerdo que pese a que se había acordado originalmente que se harían pagos de 100 mil dólares mensuales, se realizaron por medio de mi persona solamente cinco pagos, siendo el primero y el segundo en efectivo; el tercero y cuarto pago fueron de 50 mil dólares cada uno y el último de 20 mil dólares.
En cuando al capitán Mateo Juárez, se le hicieron diversos pagos por cantidades menores, entre 2 mil y 3 mil dólares en efectivo, ya que auxiliaba al mayor Arturo, además de que fue por su conducto que se estableció y se mantuvo el contacto con él.
El testigo estelar de la PGR narra igualmente que, a mediados de diciembre de 2007, el mayor Arturo le marcó a su celular de la compañía Movistar (número 55-20-61-23-69) alrededor de las 23:00 horas. Y en seguida cuenta lo que pasó:
Quería que lo apoyara con la cantidad de 100 mil dólares, y al contestarle de manera negativa en virtud de que no se encontraba en ese momento mi jefe Édgar Valdez Villarreal, por lo que el mayor Arturo se molestó con el declarante diciendo que al declarante y a su jefe se los cargaría la chingada, contestando el declarante que era muy peligroso que le dijera ese tipo de palabras, ya que tenía un trato con ellos que no era de amistad, sino de dinero.
Ante esta respuesta, continúa Jennifer, el mayor Arturo González le expresó que si tenía muchos huevos lo fuera a ver en ese momento en la parte trasera del Auditorio Nacional, en la glorieta, a lo que el operador de Valdez Villarreal contestó que sí acudiría a la cita con la finalidad de resolver el problema con él. Antes el declarante le aclaró al militar que no le llevaría el dinero.
En ese momento, el ahora testigo de la PGR llamó a su jefe, Édgar Valdez Villarreal, y le comentó lo ocurrido. La Barbie, dice Jennifer en su declaración, le contestó que acudiera a la cita inmediatamente y le aclarara al mayor Arturo González la magnitud del trato que él tenía con ellos, y que si no entendía, se le advirtiera que podía meterse en un problema demasiado grave para él y su familia.
El declarante acudió a la cita (…) y el mayor Arturo se encontraba totalmente alcoholizado, ya que emanaba de él un fuerte olor a alcohol, se encontraba en pants y con una chamarra de color azul. Junto con él se encontraba un joven delgado, vestido de manera deportiva, al cual presentó ante el declarante como un subteniente que tenía como subordinado.
Según Jennifer, el mayor Arturo González le preguntó si le llevaba el dinero solicitado. Le contestó que no, puesto que su jefe no se hallaba en la ciudad, pero que después se le haría llegar. El testigo dice haber aclarado al militar que no era ese el trato, ya que a él se le estaban pagando 100 mil dólares mensuales en efectivo, a lo que su interlocutor respondió: que si él quería en ese momento deshacer el trato lo podía hacer, ya que bastaba solamente la orden de él para que le dispararan al declarante.
Y le dijo al declarante: “¿quieres ver que cuando levante la mano toda la gente que está escondida a tu alrededor se levante?, a lo que el declarante contestó que no quería problemas, y el mayor respondió que no, que lo iba hacer para que el declarante viera con quién estaba tratando, así que el mayor alzó la mano derecha y alrededor de las mallas ciclónicas que se encuentran en esa glorieta se levantaron alrededor de 30 elementos del Ejército Mexicano a los cuales el declarante identificó plenamente por su uniforme y porque en la cercanía de ese lugar se encuentran instalaciones militares.
De acuerdo con su testimonio, Jennifer le dijo al mayor González que no había problemas, que su intención no era molestarlo, pero que transmitiría el mensaje a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, de que cumpliera su compromiso con ellos, a lo que el militar contestó que estuviera tranquilo, que no iba a pasar nada, que sólo quería corroborar que el declarante tenía los huevos suficientes para tratar con él. Después el mayor dejó ir al ahora testigo protegido y a algunos militares que trabajaban con el declarante.

Involucrados de la SSP
La Operación Limpieza iniciada por la PGR también alcanzó a elementos de la SSP, entre otros a Gerardo Garay –quien encabezó el operativo en la residencia del Desierto de los Leones que terminó en orgía y saqueo de joyas–, Enrique Bayardo, Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez –los dos últimos exdirectores de Interpol–; a Miguel Colorado, coordinador técnico de la SIEDO, y a José Antonio Cueto, exabogado de la AFI, exagregado en la embajada de México en Estados Unidos y señalado como “el reclutador” de funcionarios de la SIEDO para servir a los Beltrán Leyva.
También están presuntamente implicados en la red de funcionarios sobornados por los Beltrán, el capitán Fernando Rivera Hernández, exjefe de Inteligencia de la SIEDO, y Noé Ramírez Mandujano. En contra de los militares Arturo González y Mateo Juárez, primeros acusados en proteger a los Beltrán, ni siquiera citatorios aparecían en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/0241 hasta el cierre de esta edición.