2008: las malas cuentas de Calderón


MÉXICO, D.F., 17 de abril.- El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa maquilló las cifras de su gasto de 2008, incurrió en subejercicios injustificados, realizó transferencias indebidas a diversos fondos e impidió que los millonarios recursos adicionales que obtuvo por ingresos excedentes llegaran a la población, destinándolos al mantenimiento del costoso aparato burocrático.
Desde la llegada del panismo al gobierno federal, los ingresos por excedentes petroleros y tributarios han alcanzado niveles sin precedente; para 2008 sumaban ya mil 282 millones de pesos. Sin embargo, gran parte de esos recursos ha ido a parar a los bolsillos de la alta burocracia: en los últimos 10 años, el número de plazas en el gobierno federal se incrementó en más de mil por ciento.
Lo anterior se desprende del análisis de la cuenta pública federal 2008 que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control de la misma cámara y los informes cuatrimestrales de ese año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la interpretación de los documentos que hacen legisladores del PRI y el PT, especializados en el manejo del gasto público.
Año tras año, la Cámara de Diputados autoriza una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos para el gobierno federal. En 2008, los legisladores autorizaron un gasto de 2 billones 894 mil 806 millones de pesos a la administración calderonista. De esta cantidad, 85% corresponde a pagos ineludibles como programas sociales, mantenimiento de escuelas, salarios de maestros y médicos y pago de la deuda, entre otros.
Por lo tanto, sólo 434 mil 220 millones de pesos pudieron ser etiquetados por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón realizó un manejo discrecional de esos recursos, e incluso fuera de la ley, para mantener el llamado “equilibrio presupuestal” al que está obligado como administrador de las contribuciones que pagan los mexicanos, de la venta de petróleo y la aplicación de programas sociales, y evitar que se dispare la inflación o que crezca la deuda.

Dinero perdido
De los 434 mil 220 millones de pesos que manejó libremente el gobierno calderonista, 315 mil 476 millones de pesos (el 72.6%) fueron captados por la venta de excedentes petroleros y recursos tributarios no previstos. Los legisladores no tienen certeza del uso de esos recursos, pues no cuentan con la justificación correspondiente.
Mario Di Costanzo, diputado federal del Partido del Trabajo y exfuncionario de Hacienda, detalla que más de la mitad de esos recursos fueron empleados en el gasto corriente de la administración de Calderón, esto es, pago de salario de altos funcionarios y el mantenimiento del aparto como compra de vehículos y gasolina. En contraste, la inversión pública cayó 40% y la deuda creció en 650 mil millones de pesos, asegura.
“Un ciudadano común no puede entender cómo con más ingresos en el país la inflación y la deuda crecieron en lugar de disminuir. Y la respuesta está en que poco más de la mitad de ese dinero se fue al pago de salarios y mantenimiento del aparato burocrático”, expone.
El informe de la ASF señala que la mayor parte del gasto neto devengado se destinó al gasto corriente, “en el que los servicios personales representaron la mayor parte”.
A su vez, el diputado del PRI Sebastián Lerdo de Tejada, especialista en la elaboración de presupuestos, acusa al gobierno panista de estar “engañando” a la población, pues el número de plazas de nivel superior –dice apoyado en datos de la Secretaría de Hacienda– ha crecido por encima de mil por ciento desde el arribo del PAN a la Presidencia. Por ejemplo, en 2001 había 89 funcionaros que ganaban como subsecretarios de Estado o titulares de entidad. Para 2009, el número aumentó a mil 11 funcionarios, es decir, un crecimiento de mil 36 por ciento.
En el mismo periodo, de 4 mil 446 directores de área que había en 2001, la cifra llegó a 38 mil 427 directores, y de 69 jefes de unidad o titular de entidad se pasó a mil 212.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, el costo total del aparato burocrático del gobierno federal en 2008 fue de 185 mil 44 millones de pesos, de los cuales 6 mil 500 millones se emplearon para el pago de salarios; el resto (134 mil millones) en gasto corriente.
La ASF encontró que el gobierno federal erogó 126 mil 877 millones de pesos (poco más del 40% de los excedentes petroleros y tributarios) para “otros gastos corrientes”.
Paradójicamente, la Cámara de Diputados obligó al gobierno federal a “racionalizar su gasto de operación” y le ordenó “compactar su estructura administrativa”, según estableció en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Lo anterior implica la reorganización del Poder Ejecutivo Federal, incluyendo la revisión de la duplicidad de funciones, la reducción de los niveles salariales equivalentes en subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales “que no tenga dichos cargos” y la posible reducción de direcciones generales adjuntas.
En lugar de cumplir con el mandato, el gobierno de Felipe Calderón envió lo que fue considerado por priistas y petistas como “una burla”: un plan de austeridad por tres años que comprende el ahorro de 40 mil 100 millones de pesos (13 mil 366 millones de pesos por año), cifra que contrasta con los 185 mil millones de pesos que gastó tan sólo en 2008 para el mantenimiento del aparato burocrático.

Simulaciones
La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el llamado ramo 23 (“previsiones salariales”) existió un sobregiro de 126 mil 877 millones de pesos, según el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2008.
De acuerdo con el informe, Hacienda “autorizó la reasignación de gasto por 9 mil 538 millones de pesos a diversas entidades y fideicomisos, aun cuando, por lo avanzado del ejercicio fiscal, no era factible que dichos recursos se devengaran”.
Además “se realizaron transferencias de recursos por 67 mil 587 millones de pesos a diversos ramos, sin que para ello hubiesen justificado las contingencias o gastos urgentes en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
El ramo 23 concentra recursos para contingencias como desastres naturales o aumentos salariales no previstos, y su aplicación debe estar siempre justificada. En realidad, el gobierno federal lo utiliza como una caja chica, considera el diputado federal Mario Di Costanzo.
“En este caso, nada de los más de 126 mil millones de pesos utilizados fue justificado”, puntualiza.
La auditoría también llama la atención sobre el registro de recursos que el gobierno federal transfiere a diferentes fondos como “inversión física”, pero que “son destinados al gasto corriente por sus ejecutores finales, como son los gobiernos estatales o municipales, razón por la cual se sobreestima el gasto de inversión”.
Un ejemplo: según el informe de la auditoría, se dejaron de invertir 41 mil 331 millones de pesos en infraestructura; sin embargo, a esta cantidad hay que restarle 5 mil millones de pesos que supuestamente habían pasado al llamado Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y que debían de haberse utilizado para la infraestructura rural y urbana. Aunque fueron registrados en las cuentas del gobierno federal como inversión física y etiquetados para ese propósito, fueron usados “para gasto corriente”.
A esto se suman los llamados subejercicios, es decir, dinero que la federación dejó de ejercer injustificadamente en diversos programas sociales, dice por su parte el diputado priista Sebastián Lerdo de Tejada, lo que para él es “una muestra plena de la ineficiencia en el ejercicio de los ingresos y el gasto público de parte del gobierno panista”.
Peor aún: dice que las cuentas de la administración calderonista contienen “simulaciones y ajustes realizados por el Ejecutivo Federal para ocultar millonarios subejercicios en el gasto”.
Reclama que el gobierno federal recurrió a la alquimia financiera “para que se alcanzara el equilibrio presupuestario y no se reflejara un subejercicio mayor al cierre de 2008”.
Denuncia que Hacienda autorizó distribuir remanentes presupuestales por 44 mil 542.3 millones de pesos, de los cuales 9 mil 537.7 millones fueron transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de depósitos en la Tesorería de la Federación (Tesote)”.
Ofrece otros datos que él llama “preocupantes” sobre el manejo de las finanzas federales:
“En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encontraron recursos no devengados de los convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos a entidades federativas por 2 mil 100 millones de pesos.
“En el Programa Enciclopedia, la ASF detectó que la Secretaría de Educación Pública reportó indebidamente mil 300 millones de pesos como ejercidos, siendo que hasta octubre de 2009 se encontraban depositados en la Tesofe en una cuenta a favor de esa dependencia. También se realizaron transferencias por mil 73 millones de pesos a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados para cubrir los capítulos de servicios personales y gastos de operación.”
Lo que es más, la administración calderonista recurrió a la figura de fideicomisos para ejercer dinero de manera discrecional, sin la autorización de la Cámara de Diputados, como lo demuestran las auditorias financieras y de cumplimiento con el manejo de los llamados “aprovechamientos” (el dinero que ingresa a la federación por el cobro de usufructo de algunos bienes, al margen de la tributación que paga cada ciudadano) y de la recuperación de capital por venta de bienes.
El gobierno federal reportó a la ASF 353 fidecomisos, cifra menor a los existentes durante la administración de Vicente Fox. Sin embargo, los recursos depositados en estos instrumentos ascienden a 506 mil 946 millones de pesos.
Sin embargo, dice Lerdo de Tejada, en 2008 “había 992 instrumentos jurídicos con disponibilidad de 601 mil 681 millones de pesos”, según la información proporcionada por los tres poderes, órganos autónomos, instituciones públicas de educación superior y gobiernos estatales.
El “escándalo” –como lo llaman tanto el priista Lerdo de Tejada como el petista Di Costanzo– radica en el manejo discrecional de esos recursos.
Lerdo de Tejada sostiene que estos instrumentos financieros han servido al gobierno para “desviar recursos” y utilizarlos con fines distintos para los que fueron autorizados.
Un ejemplo de lo anterior es el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP), constituido por Hacienda “en una cuenta de depósito de terceros en la Tesofe, mediante un acto que denominaron ‘acto jurídico análogo a mandato’, figura no prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar de formalizarlo como un fideicomiso público. Una parte de los recursos del FARP los destinó Hacienda para atender la insuficiencia en el presupuesto original del ISSSTE en el rubro de pensiones y jubilaciones. Además, los rendimientos financieros de los recursos del FARP fueron depositados en cuentas distintas a las de dicho fondo”, reportó la Auditoría Superior de la Federación.
El colmo, según el legislador Sebastián Lerdo de Tejada, es que “Hacienda obligó a Banobras a retirar 5 mil millones de pesos de su capital –depositado en el Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral de 2006–, y que lo regresara a la Tesofe para que ésta lo inscribiera en la Ley de Ingresos de la Federación como si fuera parte de los ingresos que se obtienen por impuestos o aprovechamientos o excedentes petroleros”.
Lerdo de Tejada califica esta maniobra financiera como “una simulación para lograr un equilibrio presupuestal”, como lo evidencia la propia ASF:
“La SHCP utilizó posteriormente dichos recursos para alcanzar un equilibrio presupuestal en las finanzas públicas, y en el ejercicio siguiente para autorizar un mayor gasto, sin la intervención y aprobación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Hacienda continuó manejando discrecionalmente los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes enterados en la Tesofe y resignados en la Ley de Ingresos de la Federación.”
“A esto sólo se le puede llamar un fraude a la nación”, sostiene el diputado petista Mario Di Costanzo, en tanto que el priista Lerdo de Tejada especula sobre la posibilidad de que los millonarios recursos manejados discrecionalmente en distintos fideicomisos, sostenidos con subejercicios, formen parte del “guardadito” para utilizarlo en la elección presidencial de 2012.
(APRO/Jesusa Cervantes)