Engaños mutuos


* Las extradiciones de jefes paramilitares son una muestra del fracaso del presidente Álvaro Uribe por desmovilizar y desarticular a estas fuerzas. Tanto él como los comandantes paramilitares se acusan mutuamente de traición: aquél asegura que no cumplieron con su compromiso de indemnizar a sus víctimas y cesar sus acciones delictivas; éstos señalan que el mandatario no respetó la promesa que les hizo: sancionarlos con penas mínimas y no extraditarlos a Estados Unidos.



Édgar Téllez/ Proceso


BOGOTÁ, 17 DE MAYO /Borrarla de la memoria colectiva será muy difícil… La dramática fotografía muestra a siete de los 14 poderosos jefes del paramilitarismo y el narcotráfico de Colombia a punto de ser extraditados a Estados Unidos.

La instantánea fue tomada a las 6:30 a.m. del martes 13 en el aeropuerto militar Catam –una unidad castrense situada en el costado sur occidental del aeropuerto internacional Eldorado de Bogotá– y muestra derrotados, entre otros, a Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y a Diego Fernando Murillo Bejarano, don Berna, los máximos jefes de los dos enormes aparatos criminales que manejaban a su antojo en la costa norte y en el centro del país. El primero lideraba el Bloque Norte de las Autodefensas; el segundo, el Bloque Cacique Nutibara.

La extradición de estos delincuentes, recluidos en cárceles de Bogotá, Cundinamarca; Itaguí, Antioquia; y Barranquilla, Atlántico, fue ordenada de manera sorpresiva por Uribe, quien activó con ello las solicitudes hechas por el gobierno estadunidense en 2005 para que le entregara a varios comandantes paramilitares. Los extraditados formaban parte del proceso de negociación con el gobierno colombiano que los llevó a desmontar sus redes delincuenciales –cerca de 16 mil hombres entregaron sus armas–, y a someterse a la justicia.

El presidente Álvaro Uribe mantuvo en suspenso las solicitudes de extradición de fiscales estadunidenses que requerían a los paramilitares colombianos para procesarlos por tráfico de drogas y lavado de dinero, a cambio de que colaboraran con la justicia e indemnizaran a más de 500 mil personas que resultaron afectadas por sus actos delictivos.

Sin embargo, los jefes paramilitares incumplieron sus promesas y manipularon las diligencias judiciales en las que debían confesar sus faltas y entregar sus bienes para que fueran repartidos entre las víctimas de sus delitos. Hace 10 meses Jorge 40 anunció en la Fiscalía que proporcionaría información para aclarar 2 mil 654 homicidios que le atribuyen las autoridades, pero no lo hizo.

“Los funcionarios judiciales se veían en apuros para lograr que aceptaran sus crímenes. Su enorme poder intimidaba”, dice a Proceso un fiscal especial asignado a los expedientes abiertos contra Salvatore Mancuso, uno de los líderes de los paramilitares extraditados.

Con las entregas de los bienes ocurría algo parecido. En Colombia no era secreto que los paramilitares amasaron sus fortunas con el tráfico de drogas y que adquirieron las mejores tierras del país a sangre y fuego. Por ello, fue una burla que los paramilitares entregaran fincas inservibles, aeronaves destruidas o haciendas arrendadas por 30 años a sus testaferros.



Reestruturación


Durante el último año los organismos de seguridad descubrieron que los paramilitares seguían operando desde la cárcel y habían rearmado algunas estructuras en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y de una amplia zona bananera en la frontera con Panamá.

Estas nuevas fracciones paramilitares, acusadas ahora del asesinato de por lo menos 24 sindicalistas en lo que va de 2008, fueron bautizadas por las autoridades como las Águilas Negras. “Las facilidades que tenían en sus celdas, como el uso de celular e internet, les permitían seguir traficando y manejar sus ejércitos privados sin problemas”, comenta a Proceso un alto oficial de la Policía.

En julio de 2007 Rosa Edelmira Luna, esposa del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, Macaco, fue sorprendida al término de la visita a su marido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en el departamento de Antioquia, cuando daba órdenes por teléfono: “El jefe dice que pongan el dinero de la vuelta en las empresas que tenemos y que esperemos nuevas instrucciones”. Este hecho y las evasivas de Macaco a colaborar con la justicia desencadenaron su extradición la madrugada del miércoles 7.

Ese día, el presidente Uribe citó en la Casa de Nariño a los ministros del Interior, Carlos Holguín; de Defensa, Juan Manuel Santos; al comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y a la cúpula de las fuerzas militares y de policía. Les ordenó que intensificaran los controles sobre los demás jefes paramilitares y les comentó que si comprobaba que éstos seguían delinquiendo, no le temblaría la mano para tomar decisiones de fuerza.

Dos días después, el mandatario se volvió a reunir en la base militar de Catam con jefes militares y policiacos. Ahí les manifestó su indignación porque, dijo, las autoridades carcelarias permitieron que Salvatore Mancuso concediera una extensa entrevista a reporteros de BBC, con la bandera de Colombia como fondo.

En su charla con los periodistas extranjeros, el paramilitar sostuvo que las autodefensas permearon todas las capas de la sociedad y cogobernaron en buena parte del país con la anuencia de las autoridades civiles, militares y policiacas.

En Catam, Uribe les dijo a los altos oficiales que desde su desmovilización los comandantes paramilitares no habían entregado ni siquiera el 10 % de sus bienes para compensar a las víctimas por los daños que les causaron.

Tras una larga conversación y varias charlas telefónicas con el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, el mandatario autorizó poner en marcha la operación para extraditar a 14 jefes paramilitares en un solo envío.

El director de la Policía, general Óscar Naranjo, fue encargado por el mandatario de coordinar el traslado a Bogotá de los detenidos y el arribo al país del avión y los agentes de la DEA que debían trasladar a Estados Unidos a los paramilitares. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior destinó siete funcionarios para preparar las resoluciones administrativas por medio de las cuales el gobierno colombiano descongelaba las solicitudes de extradición y autorizaba el traslado a suelo estadunidense de los 14 delincuentes solicitados.

Así, en medio de un enorme sigilo, la tarde del lunes 12 quedó lista la documentación para enviar a Estados Unidos a Diego Fernando Murillo Bejarano, Francisco Javier Zuluaga Lindo, Manuel Enrique Torregrosa, Salvatore Mancuso Gómez, Diego Ruiz Arroyave, Guillermo Pérez Alzate, Ramiro Vanoy Ramírez, Juan Carlos Sierra, Martín Peñaranda Osorio, Edwin Gómez Luna, Rodrigo Tovar Pupo, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea Mola.


“Por cobardes”


La madrugada del martes 13, los extraditables fueron sacados de sus celdas y trasladados en aviones de la DEA a Bogotá, donde fueron notificados de la decisión gubernamental. Acto seguido fueron introducidos a la aeronave estadunidense matrícula ATR 43, con 20 agentes de la DEA a bordo.

Trece de los comandantes paramilitares no ocultaron su desconcierto; sólo uno de ellos, Tovar Pupo, se puso furioso y soltó una frase contra el presidente Uribe: “Por cobardes negociamos y por eso nos están extraditando. Esto lo hace Uribe para tapar los escándalos que se le vienen encima”. En realidad, Tovar Pupo se refería al supuesto ofrecimiento que el comisionado de paz les habría hecho en 2005 de no extraditarlos y aplicarles condenas menores a ocho años de prisión si participaban en el proceso de desmantelamiento de sus estructuras paramilitares y ponían fin a la violencia.

Con el paso del tiempo diversas organizaciones de derechos humanos, en particular la influyente Human Rights Watchs, de Estados Unidos, criticaron con dureza al gobierno colombiano por su permisividad con los grupos de autodefensa.

Los momentos culminantes del proceso de extradición fueron registrados por camarógrafos y fotógrafos de la policía, que captaron el notorio contraste entre la arrogancia con la que los paramilitares aceptaron participar en el proceso de paz y el desconcierto y temor que se veía en sus rostros cuando subían las escaleras del avión que los conduciría a Miami, Houston, Washington y Nueva York, donde desde hace años los esperan magistrados y fiscales para someterlos a juicio.

La extradición de los más representativos voceros de los grupos paramilitares, de los cuales sólo quedaron nueve en Colombia, entre ellos los legendarios Ramón Isaza y Luis Eduardo Cifuentes, produjo de inmediato una polémica en torno a la oportunidad y la conveniencia de la operación.

Diversas organizaciones no gubernamentales lamentaron la decisión de Uribe, porque consideran que se perdió la posibilidad de que centenares de víctimas de los paramilitares conozcan el paradero de sus seres queridos. Según estadísticas de la Fiscalía, los 14 extraditados habían confesado su participación en 2 mil 400 de los 16 mil crímenes que se les adjudica. Además, sus confesiones y las de sus lugartenientes habían permitido la localización de mil 400 cadáveres sepultados en fosas comunes.

Aún cuando consideró que esa colaboración era insuficiente, Eduardo Carreño, vocero del colectivo de abogados José Alvear, dijo que la extradición masiva de paramilitares constituía un golpe directo a cientos de afectados por los grupos de extrema derecha. Y dice a Proceso: “Los casos quedan debilitados de manera grave y en adelante será casi imposible saber qué pasó”.

La prestigiosa senadora Gina Parody, quien dijo que el presidente Uribe le propinó un duro golpe al narcotráfico pero, al mismo tiempo, sepultó el proceso de la parapolítica y dejó en el aire las investigaciones por los crímenes de los paramilitares.

Para amainar la tormenta, el gobierno y el embajador de Estados Unidos en Bogotá se esforzaron en explicar que los fiscales que procesarán a los paramilitares colaborarán con las autoridades colombianas para facilitar el desplazamiento a Estados Unidos de aquellos que deseen interrogarlos sobre los procesos que dejaron pendientes.

En ese sentido, el fiscal general Mario Iguarán dijo que “le corresponde a la Fiscalía seguir con los procesos judiciales e insistir para que a través de esa cooperación fiscales y representantes de víctimas y testigos puedan asistir a las diligencias programadas”.

Sólo falta esperar si, como prevén el gobierno y las autoridades de Estados Unidos, los procesos por la muerte de miles de personas quedan sin resolver o, por el contrario, se produce un cruce de información que permita saber qué pasó en realidad en Colombia entre 1995 y 2005, cuando los paramilitares arrasaron campos y ciudades con la excusa de luchar contra las guerrillas izquierdistas.