“La lucha no va a parar…”


verónica espinosa

Absuelto tras un año y dos meses de prisión, el líder ejidal José Guadalupe Cruz Pacheco se refiere a tierras ejidales que tiene la familia de Vicente Fox

San Cristobal, Gto., 19 de mayo (apro).- El líder ejidal y exregidor del PRD en San Francisco del Rincón, José Guadalupe Cruz Pacheco permaneció en prisión preso 14 meses, y recibió una sentencia condenatoria por un delito que el Ministerio Público nunca pudo acreditar.

De vuelta a la libertad, gracias al fallo absolutorio que, por apelación, resolvió un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, advierte que “la lucha por las tierras ejidales que tienen los Fox no va a parar”.

Por lo pronto, sus abogados preparan dos demandas para exigir al Estado la reparación del daño, y contra quienes lo acusaron de despojo.

“Estamos revisando todos los daños y perjuicios que le causaron sus acusadores. Hay responsabilidad del Estado, de la juez, del Ministerio Público”, afirma, en entrevista telefónica, Augusto Juárez Lugo, uno de los abogados que, junto con el penalista Néstor Raúl Luna Hernández, ganó la apelación en la segunda instancia.

Cruz Pacheco también se está poniendo al tanto del conflicto legal que, junto con 50 vecinos de San Cristóbal, promovieron ante el Tribunal Agrario por sus tierras y por el cumplimiento de la resolución presidencial que dotó al ejido de 2,214 hectáreas, parte de la cuales están en posesión de la familia Fox Quesada.

“Vamos a seguir peleando porque fue un asunto de nuestros padres y ahora es de nosotros. Para ello, se retomará el asunto con los diputados de la Comisión Especial del Congreso de la Unión que investigan el presunto enriquecimiento ilícito del expresidente Fox y sus familiares”, afirma.

Ese grupo de vecinos pretende “tumbar” el deslinde efectuado por el Procede (Programa Federal de Certificación Ejidal) en San Cristóbal durante los últimos meses del sexenio de Vicente Fox.

“Lo del deslinde lo vamos a pelear. La resolución dice que corresponden 221 hectáreas de riego al ejido, y nunca las hemos tenido. Dice que le corresponde la presa, y la tienen los Fox. Y no dice que el caserío sea de los Fox, y ahora aparece en el deslinde, como por arte de magia”, dice Cruz Pacheco en entrevista a su regreso a la comunidad.

En su reaparición en el Tribunal Agrario, Cruz Pacheco se encontró con que el magistrado responsable se negó a enviar a los diputados de la Comisión Especial copias certificadas de los expedientes relativos al conflicto en San Cristóbal. “El magistrado dijo que los diputados no tienen personalidad jurídica para solicitarlas”, añade.

“Preso de conciencia”

“Necesito engancharme otra vez con todos los asuntos”, señala Cruz Pacheco en la entrevista realizada en un tendajón situado sobre la carretera León-Cuerámaro, donde se localiza la comunidad de San Cristóbal.

Explica que, durante su estancia en la cárcel, se agravó la situación económica de su familia. “Batallaron mucho… Mi hermano dejó el taller mecánico y mi hijo también desatendió su trabajo por andar en mi asunto y con los compañeros. Algunas obras no pudieron continuar, pero seguimos unidos”.

Cuenta que su familia le llevaba comida y dinero a la cárcel. “Ahora sé que no tuvieron ingresos durante meses; quién sabe cómo le hicieron”.

Cruz Pacheco afirma que fue golpeado en tres ocasiones en la cárcel de San Francisco por un recluso que también había agredido a otros internos. “El director del penal decía que era un enfermo mental y que ya no iba a volver a pasar”, indica.

Señala que la última vez que fue golpeado terminó en el hospital. Añade que se presentaron denuncias ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, debido a que el director del penal municipal se había negado a escucharlo y a brindarle la atención médica que necesitaba.

En la cárcel, indica, tampoco tuvo acceso a su expediente, además de que le restringían las visitas y no podía hablar con la juez. “Me limitaban mucho…”, dice, y asegura que su situación mejoró cuando lo trasladaron al Cereso de León, aunque fue en contra de su voluntad y sin el conocimiento de sus abogados, por lo que también se recurrió a esa procuraduría.

“Es hora de que aún no tengo una respuesta de esa procuraduría; en realidad, no hicieron nada. Un funcionario me visitó en la cárcel una semana antes de que yo saliera. Me dijo que ya iba a salir una resolución a mi favor, pero todavía estoy esperándola”, señala.

Y dice: “Dos veces fue a verme un hombre que decía que trabajaba en Gobernación. Me dijo que sus jefes lo mandaban a ver cómo estaba mi situación y a pedirme que no diera información a nadie más para que se arreglara mi asunto. Nunca me enseñó una credencial y me decía que las cárceles eran muy peligrosas y que estábamos expuestos a muchas cosas”.

Agrega que, durante el proceso judicial, en más de una ocasión su hijo Víctor Cruz denunció la presencia de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) en el juzgado, los cuales presionaban a la juez y al Ministerio Público “y eran mandados por los Fox”.

Finalmente, el 20 de febrero, Cruz Pacheco fue sentenciado por la juez María del Carmen Pérez Guzmán a cuatro años y ocho meses de prisión y a pagar una multa de 882 pesos por el delito de “despojo agravado, pues la juez consideró que Cruz Pacheco “instigó” a sus compañeros a cometer ese delito.

“Cruz Pacheco es un `preso de conciencia`, y detrás está el poder de Vicente Fox”, dijo entonces su abogado Néstor Raúl Luna Hernández.

Integrantes de la Comisión Especial, encabezados por su presidente Víctor Valencia de los Santos, lo visitaron a principios de marzo en el Cereso de León, y posteriormente acudieron ante el magistrado del Tribunal Agrario, Jorge Lara Martínez, a quien le pidieron información sobre el expediente del grupo de ejidatarios y el presunto despojo que cometen los Fox con tierras de la comunidad.

“En ese entonces, tenía la posibilidad de firmar y salir bajo fianza, pero sabía que si lo hacía me iba a poner en manos de los Fox y de quienes en el gobierno todavía los siguen ayudando. Por eso preferí quedarme a cumplir la sentencia”, dice Cruz Pacheco.

Pruebas sin fundamento

Lo cierto es que la denuncia interpuesta por el presidente del comisariado ejidal contra Cruz Pacheco y otros ejidatarios ni siquiera debió proceder, de acuerdo con la sentencia de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Según los abogados de Cruz Pacheco, sin adentrarse en las pruebas, testimoniales, careos u otros elementos contenidos en la sentencia emitida por Pérez Guzmán, juez primero de lo penal en San Francisco del Rincón, el magistrado de la Segunda Sala Penal, Juan José González Quesada, resolvió la apelación y absolvió a Cruz Pacheco.

El abogado Augusto Juárez dice a Apro:

“La apelación destruyó la denuncia, el delito, al denunciante. El delito no existe ni era un delito grave como lo determinó la juez. Está muy claro. Francamente no le vemos posibilidades de revertir el fallo”.

Según la denuncia presentada en noviembre de 2005 por Gil Atanasio Ruiz en su calidad de presidente del comisariado ejidal de San Cristóbal, Cruz Pacheco, Melchor Pérez Oliva, Federico Pacheco, Alberto Pacheco y Jorge Pacheco “invadieron un predio perteneciente al Ejido San Cristóbal sin el consentimiento del legítimo poseedor” instigados o dirigidos por el primero de los mencionados.

Sin embargo, la primera consideración del magistrado de la Segunda Sala Penal fue que, “de ninguna manera, el presidente del comisariado ejidal en lo individual tiene la representatividad del núcleo ejidal de que se trata; tal órgano se encuentra constituido (según la Ley Agraria) por un presidente, un secretario y un tesorero, de donde deviene que su actuación necesariamente debe ser conjunta, y no de manera individualizada”.

Aun cuando el presunto despojo se hubiera perseguido sin una denuncia presentada por el comisariado ejidal, señala el magistrado, la propia juez reconoció que, tanto el comisariado como el grupo que encabeza Cruz Pacheco, se disputan legalmente la propiedad del predio que supuestamente fue invadido por el exregidor perredista.

“Corresponderá a la autoridad agraria determinar la propiedad del predio”, señala Juárez, quien afirma que la situación no está definida, lo que, dice, fue reconocido por el Ministerio Público, por los denunciantes y por la propia juez, quien, a pesar de ello, decidió que Cruz Pacheco sí había cometido el delito de despojo.

Agrega que, finalmente, el magistrado no encontró en el expediente evidencia alguna que probara que Cruz Pacheco hubiera instigado o dirigido a sus compañeros para “invadir” el predio en conflicto. “Ninguna de las pruebas lo demostró”, ni siquiera las declaraciones de los testigos que el presidente del comisariado ejidal llevó para sostener su acusación contra Cruz Pacheco, mismas que el magistrado calificó como “ambiguas”.

Por el contrario, indica, el magistrado puso en tela de juicio las conclusiones de la juez en este punto, porque fueron diferentes a las imputaciones hechas por el Ministerio Público. “La juez se excedió al atribuir al acusado un carácter (instigador) que no fue señalado por el Ministerio Público al formalizar la acusación”, añade.

Con estos argumentos revocó el fallo y absolvió a Cruz Pacheco “al no acreditarse plenamente el cuerpo del delito de despojo agravado”, señala.

En la entrevista, Cruz Pacheco afirma que, luego de haber estado preso en la cárcel municipal de San Francisco y después en el Cereso de León, entre el 7 de febrero de 2007 y el pasado 30 de abril, siente miedo.

“Cómo no tener miedo después de eso… Pero mi conciencia está tranquila; por eso vamos a seguir”, agrega.

Junto con sus compañeros, Cruz Pacheco se presentó hoy en el Tribunal Agrario Unitario, en Guanajuato capital, para ponerse al tanto del avance de su proceso. Luego acudió a la sede del Poder Judicial del estado por una copia de su sentencia absolutoria. En todo momento lo siguió una camioneta blanca, con policías estatales uniformados, hasta que enfiló por la carretera de regreso a la comunidad.

Señala que, en su visita al Tribunal Agrario Unitario, se encontró con la sorpresa de que el magistrado Jorge Lara Martínez se negó a enviar copias certificadas del expediente solicitadas por la Comisión Especial del caso Fox en el Congreso, con el pretexto de que ésta carece de personalidad jurídica para recibirlas.

“Nos vamos a poner en contacto otra vez con los diputados, a los que les vamos a pedir una reunión para ponerlos al tanto”, señala.

Y agrega que, al mismo tiempo, en el Tribunal se buscará conocer la sucesión de José Fox Pont –padre de los hermanos Fox Quesada-- “para que establezcan cómo está repartido el rancho entre los hermanos, porque eso ninguna otra autoridad nos lo quiere decir. Vamos contra el deslinde del Procede. Tenemos confianza en probar legalmente que los Fox tienen tierras ejidales; defenderemos lo defendible”.