Precisiones de CSG a Martí Batres

Con relación a la entrevista del señor Martí Batres reproducida el día 17 de mayo, me permito hacer las siguientes precisiones, las cuales agradecería fueran publicadas en su diario por disposición de las leyes correspondientes.

Como es su costumbre, el señor Batres afirma, sin probar, que la apertura comercial “vino a agravar la situación en el campo mexicano”, así como la reforma al artículo 27 constitucional y la sustitución de lo que él llama “subsidios directos por indirectos como Procampo”, para de allí pretender hacer a Carlos Salinas “el responsable del desastre alimentario”. Y lo que él llama la sustitución de subsidios.

Los hechos son diferentes. Como se documenta en el libro La década perdida, durante la negociación del TLCAN se determinó que maíz, frijol y leche en polvo estarían protegidos por 15 años, cinco más que el máximo permitido por la OMC. A pesar de eso, a partir de 1995 el campo se vio afectado por importaciones masivas de maíz y frijol autorizadas por el régimen neoliberal, por encima de los cupos establecidos. Sin embargo, al momento de la apertura al inicio de este año no se dieron importaciones masivas de alimentos a precios bajos que desplomaran el ingreso campesino. Además, el FMI ha probado que la migración rural explotó a partir de 1997 por los efectos de la crisis económica de los años previos y para 2002 30 por ciento de esos migrantes se iban a Estados Unidos (contra 19 por ciento en 1994).

Hubo un TLCAN anterior a la crisis de 1995 y otro diferente a partir de ella.

Procampo fue establecido en la administración del presidente Salinas en 1994 y es un pago directo a los campesinos, exactamente al revés de lo afirmado por el señor Batres. La OECD ha reconocido que “Procampo es el primer instrumento de política pública en la historia agraria posrevolucionaria en la que los campesinos de subsistencia han obtenido una proporción mayor de las transferencias… Las transferencias de Procampo representan hasta 40 por ciento del ingreso de los ejidatarios en el decil más pobre”. Recuérdese que 35 por ciento de los campesinos mexicanos tienen predios de temporal menores a 2 hectáreas, por lo que no producen excedentes para beneficiarse de precios de garantía: Procampo significó por primera vez un ingreso adicional para ellos. Además, durante el periodo 1990-1994 aumentó la producción de alimentos en el país: los analistas han documentado que la producción por habitante de alimentos aumentó por encima de los niveles de 1980-1990. Por el contrario, las políticas neoliberales entre 1995 y 2006 debilitaron Procampo (sus beneficios cayeron 40 por ciento en términos reales), además de que se redujo en casi un millón el número de campesinos apoyados; durante ese periodo las transferencias totales al sector rural “decrecieron en más de 50 por ciento en términos reales” de acuerdo a la OCDE, y el crédito rural cayó en 45 por ciento. Estas fueron las políticas neoliberales adversas que afectaron al campo mexicano.

Por último, en lo que respecta a la reforma al artículo 27, desde la introducción de la reforma, las encuestas mostraron que, contrario a lo sostenido por los populistas autoritarios, 76 por ciento de los ejidatarios se manifestó en contra de vender sus parcelas y casi 70 por ciento se mostró de acuerdo en recibir de manera personal y directa la titulación de sus parcelas. Además, los estudios de Muñoz Piña, de Janvry y Sadoulet han comprobado que el método para la titulación de tierras que permitió esa reforma fue “notablemente transparente y democrático” y permitió crear una nueva institución, la Procuraduría Agraria. Antes de la reforma la única manera de obtener tierra del régimen comunal era por medios informales e ilegales. Con la reforma, 53 por ciento de los ejidatarios reportaron una extensión adicional de tierras bajo su control individual de 2.6 hectáreas en promedio. La reforma permitió aumentar los activos de tierras para beneficio directo mediante la subdivisión de las comunales, si la asamblea lo aprobaba. Además, ahora los ejidatarios pueden comprar legalmente tierras a otros ejidatarios, e incluso fuera del ejido. Cuando no existían tierras comunales, el aumento de tierras provino de reasignación interna de las existentes. Fue un método dentro del liberalismo social para empoderar a la comunidad, pues exigió su participación organizada para llevar a cabo la titulación, y para reducir la pobreza (al permitir a los pobres acceso a la tierra) y también igualitario (acceso a más tierra a aquellos con dotaciones pequeñas).

Sirvan estas breves consideraciones como un ejemplo de lo desvirtuado y desinformado de la aseveración del señor Batres.

Atentamente,

Oficina del licenciado Carlos Salinas de Gortari





Respuesta de Martí Batres a CSG

Firmando como “oficina”, Carlos Salinas de Gortari remite a La Jornada supuestas precisiones a la entrevista que me realizó Angel Bolaños. En su interminable intento por autoexculparse por la grave crisis que atraviesa México, hace afirmaciones que causan hilaridad. Así, quien encabezó una de las gestiones más autoritarias y represivas se atreve a hablar de “populismo autoritario” para criticar a otros. Quien privatizó más de mil empresas de la nación quiere convencernos de que su gobierno no fue neoliberal pero el de Ernesto Zedillo sí. El que firmó el Tratado de Libre Comercio nos dice que “en 1994 hubo un TLC y en 1995 hubo otro”. El que propuso la contrarreforma al artículo 27 constitucional para quitarle al ejido el carácter inalienable e imprescriptible nos dice cínicamente que “76 por ciento de los ejidatarios se manifestó en contra de vender sus parcelas”.

Las contrarreformas agrarias de Carlos Salinas tuvieron como propósito lograr una nueva concentración de tierras coherente con un proyecto basado en la agroexportación vinculada al TLC. Por eso promovió su contrarreforma constitucional, vendió o desapareció las agroempresas públicas, desmanteló Conasupo y abrió las puertas del país a un “libre comercio” con una poderosa nación que en 10 años ha entregado subsidios por 180 mil millones de dólares a sus productores agropecuarios.

Y no hemos hablado de la ley eléctrica, la privatización de la educación superior, la descentralización educativa sin recursos, la entrega de los bancos a sus amigos que fueron rescatados después por el Fobaproa y el manejo artificial del crédito y de la paridad del peso, por razones políticas, que llevó al “error de diciembre”. Me parece una actitud cobarde culpar a los gobiernos posteriores que sólo siguieron la ruta del neoliberalismo salinista, del desastre económico. Carlos Salinas de Gortari es el sembrador del desastre.

Martí Batres Guadarrama