Ismael Bojórquez
A Culiacán llegaron miles de soldados y policías federales. Los militares tomaron el mando de las corporaciones locales y el gabinete de Seguridad anunció el enésimo operativo que esta vez sí aca-baría con la violencia. Como respuesta, el ejército del narco se ensaña e impone el miedo. “Cuídense”, es lo mejor que puede decir el secretario de Gobernación a los sinaloenses.
CULIACÁN, SIN.- “Cuídense, esto se está poniendo muy pesado”, les dijo Juan Camilo Mouriño a los representantes empresariales y del gobierno con los que se reunió el 13 de mayo en esta ciudad. Todavía no se cumplían dos semanas completas de mayo y ya se habían acumulado aquí 52 asesinatos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.El secretario de Gobernación tenía razón. En los siguientes ocho días se perpetraron 25 homicidios más, dos de ellos policías ministeriales. Para el 19 de mayo, la cifra había crecido a 77. Mouriño encabezó la reunión del gabinete de seguridad que se llevó a cabo aquí a petición del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla. Después del encuentro fue anunciado el Operativo Culiacán-Navolato, como parte del cual llegaron al centro del estado mil 433 soldados, 740 policías federales, 500 marinos y 50 elementos de la PGR, entre peritos, fiscales y agentes del Ministerio Público: en total, 2 mil 723 elementos federales más.Sin embargo, el despliegue resultó inútil para contener la violencia. Para el jueves 29 la cifra subió a 108 crímenes, cantidad que nunca había alcanzado Sinaloa en un período similar.También el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, vaticinó: “La guerra sigue y caerán más policías y gente inocente”, les dijo a los empresarios. Un día después de anunciado el operativo, un grupo de gatilleros baleó la base de la Policía Ministerial en Guamúchil. El ataque no causó heridos. El lunes 19 fueron acribillados dos policías ministeriales en Guasave. A raíz de esto, un comandante de la corporación, Rufino Aispuro Soto, fue trasladado a Culiacán. Pero la muerte lo venía siguiendo. El 28 de mayo por la mañana fue encontrado su cadáver en un barrio residencial. Tenía su arma de cargo a un lado y el rostro cubierto con una bolsa de plástico.El 25 por la noche, mientras hacían un rondín por la zona rural de la sindicatura El Tamarindo, de Culiacán, dos policías municipales descubrieron en un maizal a la patrulla 0702, que había desaparecido junto con cuatro agentes desde el 1 de mayo. Los cuerpos estaban en la cajuela. De acuerdo con el reporte del forense, fueron asesinados el mismo día que los levantaron.
Militarización y miedo
El 19 de mayo, sin que la violencia hubiese mermado ante los operativos federales, el gobierno de Aguilar Padilla anunció que tres militares tomaban el mando de la policía municipal de Culiacán, de la Ministerial y de la Estatal Preventiva. La respuesta de los narcotraficantes fue recrudecer la violencia; en los primeros ocho días de los nuevos mandos cometieron 30 asesinatos más. En uno de éstos, la noche del 27, ocho policías federales cayeron acribillados durante la persecución de un grupo de gatilleros que ejecutaron a dos jóvenes en la colonia Rubén Jaramillo. Los policías los persiguieron pero los sicarios les tendieron una trampa. Llegaron a una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Vegas y ahí los estaba esperando otra célula de gatilleros. Cuatro de los policías fueron abatidos en cuanto se bajaron de la unidad, otro de ellos cayó cuando pretendía sorprender a los sicarios entrando por una azotea, dos más murieron en la batalla y uno en el hospital, el día siguiente. Tres quedaron heridos. Sólo murió un gatillero. El tiroteo duró cuatro horas y, pese a que fuerzas del Ejército se unieron a los policías federales, los delincuentes rompieron el cerco y huyeron.Por todo esto, en todas las policías se respira el miedo. Lo dicen los agentes, los comandantes y hasta los directivos, y se hacen recomendaciones: no anden solos, no se expongan, salgan de sus bases sin el uniforme. El signo más reciente de ese miedo es que en la base central de la Policía Ministerial, ubicada en Culiacán, se construyeron barricadas. En todas las oficinas que dan a la calle se colocaron barreras de costales de arena. Los empleados dicen que fue por órdenes del procurador, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, quien pidió que se protegieran todas las instalaciones y se reforzara la vigilancia.De igual forma, después del atentado que sufrió la base de la Policía Ministerial en la ciudad de Guamúchil, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvador Alvarado cubrió con ladrillos las ventanas que dan a la calle.No es gratuito ese miedo. El viernes 30 de mayo por la mañana, un comando armado atacó a dos comandantes cuando charlaban a 30 metros de la base de la Policía Ministerial en Mazatlán. Uno de ellos, Antonio Ibarra Castañeda, es el jefe de esta corporación en el puerto y sobrevivió; el otro, Ramón Castro Maldonado, era comandante de la Policía Estatal Preventiva adscrito a Mazatlán y murió en el ataque.
Puro circo
Una de las demandas de los empresarios cuando se reunieron con el gabinete de seguridad fue que se combatiera el lavado de dinero. Veremos qué se puede hacer, dijo Mouriño. Un día después fueron cerradas 26 casas de cambio que operaban en una zona de Culiacán donde desde hace 25 años se venden y compran dólares en la calle sin recibos ni registros, nada, sólo el dinero, mano a mano. Pueden ser 10, 20 dólares, o 200 mil, la cantidad no importa. La mayoría de estos negocios están registrados en Hacienda, pagan impuestos y tienen el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo menos dos de ellos aparecen registrados en la Asociación Nacional de Casas de Cambio.Fue esta zona donde se inició Blanca Margarita Cázares Salazar, a quien la DEA rebautizó como La Emperatriz y la acusó de dirigir empresas en las que se lava dinero del narcotráfico.Para el presidente de la Cámara del Comercio de Culiacán, José Luis Aispuro, esta medida es insuficiente y busca más bien un impacto mediático, pues dice que el grueso del dinero proveniente del narcotráfico no está en esas casas de cambio, sino en otras ramas de la economía que han permanecido intocadas:“Mientras sigamos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Tenemos que ir al fondo. Afuera de Culiacán lo primero que te preguntan es cuántos muertos hubo esta semana. Es el último cartucho que le queda al gobierno federal y la sociedad ya no está para aguantar mucho. Y la verdad, hasta ahora los resultados son más bien pobres. Lo que han logrado en decomisos de armas y drogas, no son suficientes.“Hay que darle seguimiento al dinero. ¿Que hay secreto bancario? Sí, pero de todas formas te puedes meter a la información y descubrir las redes del lavado. Hay empresas que nacen y de repente crecen, y dices: ah, cabrón, ¿de dónde? Se tiene que hacer inteligencia en cuanto al lavado del dinero; en la medida que lo haga el gobierno podrá dar golpes contundentes; lo que hizo en el mercadito con los vendedólares no es más que espectáculo; esa no es una medida contra el lavado de dinero. Tenemos tres semanas y hasta ahora no han cerrado ninguna empresa importante, por tanto no es creíble que estén combatiendo el lavado.”Para Carlos Raúl Pimentel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Culiacán, los niveles de violencia que hay en Sinaloa afectan las inversiones: “Hay empresarios que se iban a venir a Sinaloa y que ya de plano no vienen; otras empresas ya instaladas se están yendo; hay empresas que van a cerrar, que dicen: aquí no se puede, mejor nos vamos. Unos empresarios de Guadalajara que estaban a punto de venirse dijeron no, mejor no vamos”. Las razones están a la vista. Por ejemplo, durante la balacera del 30 de abril, en la colonia Guadalupe, varios proyectiles se impactaron en una bodega que acababan de abrir.
A Culiacán llegaron miles de soldados y policías federales. Los militares tomaron el mando de las corporaciones locales y el gabinete de Seguridad anunció el enésimo operativo que esta vez sí aca-baría con la violencia. Como respuesta, el ejército del narco se ensaña e impone el miedo. “Cuídense”, es lo mejor que puede decir el secretario de Gobernación a los sinaloenses.
CULIACÁN, SIN.- “Cuídense, esto se está poniendo muy pesado”, les dijo Juan Camilo Mouriño a los representantes empresariales y del gobierno con los que se reunió el 13 de mayo en esta ciudad. Todavía no se cumplían dos semanas completas de mayo y ya se habían acumulado aquí 52 asesinatos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.El secretario de Gobernación tenía razón. En los siguientes ocho días se perpetraron 25 homicidios más, dos de ellos policías ministeriales. Para el 19 de mayo, la cifra había crecido a 77. Mouriño encabezó la reunión del gabinete de seguridad que se llevó a cabo aquí a petición del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla. Después del encuentro fue anunciado el Operativo Culiacán-Navolato, como parte del cual llegaron al centro del estado mil 433 soldados, 740 policías federales, 500 marinos y 50 elementos de la PGR, entre peritos, fiscales y agentes del Ministerio Público: en total, 2 mil 723 elementos federales más.Sin embargo, el despliegue resultó inútil para contener la violencia. Para el jueves 29 la cifra subió a 108 crímenes, cantidad que nunca había alcanzado Sinaloa en un período similar.También el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, vaticinó: “La guerra sigue y caerán más policías y gente inocente”, les dijo a los empresarios. Un día después de anunciado el operativo, un grupo de gatilleros baleó la base de la Policía Ministerial en Guamúchil. El ataque no causó heridos. El lunes 19 fueron acribillados dos policías ministeriales en Guasave. A raíz de esto, un comandante de la corporación, Rufino Aispuro Soto, fue trasladado a Culiacán. Pero la muerte lo venía siguiendo. El 28 de mayo por la mañana fue encontrado su cadáver en un barrio residencial. Tenía su arma de cargo a un lado y el rostro cubierto con una bolsa de plástico.El 25 por la noche, mientras hacían un rondín por la zona rural de la sindicatura El Tamarindo, de Culiacán, dos policías municipales descubrieron en un maizal a la patrulla 0702, que había desaparecido junto con cuatro agentes desde el 1 de mayo. Los cuerpos estaban en la cajuela. De acuerdo con el reporte del forense, fueron asesinados el mismo día que los levantaron.
Militarización y miedo
El 19 de mayo, sin que la violencia hubiese mermado ante los operativos federales, el gobierno de Aguilar Padilla anunció que tres militares tomaban el mando de la policía municipal de Culiacán, de la Ministerial y de la Estatal Preventiva. La respuesta de los narcotraficantes fue recrudecer la violencia; en los primeros ocho días de los nuevos mandos cometieron 30 asesinatos más. En uno de éstos, la noche del 27, ocho policías federales cayeron acribillados durante la persecución de un grupo de gatilleros que ejecutaron a dos jóvenes en la colonia Rubén Jaramillo. Los policías los persiguieron pero los sicarios les tendieron una trampa. Llegaron a una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Vegas y ahí los estaba esperando otra célula de gatilleros. Cuatro de los policías fueron abatidos en cuanto se bajaron de la unidad, otro de ellos cayó cuando pretendía sorprender a los sicarios entrando por una azotea, dos más murieron en la batalla y uno en el hospital, el día siguiente. Tres quedaron heridos. Sólo murió un gatillero. El tiroteo duró cuatro horas y, pese a que fuerzas del Ejército se unieron a los policías federales, los delincuentes rompieron el cerco y huyeron.Por todo esto, en todas las policías se respira el miedo. Lo dicen los agentes, los comandantes y hasta los directivos, y se hacen recomendaciones: no anden solos, no se expongan, salgan de sus bases sin el uniforme. El signo más reciente de ese miedo es que en la base central de la Policía Ministerial, ubicada en Culiacán, se construyeron barricadas. En todas las oficinas que dan a la calle se colocaron barreras de costales de arena. Los empleados dicen que fue por órdenes del procurador, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, quien pidió que se protegieran todas las instalaciones y se reforzara la vigilancia.De igual forma, después del atentado que sufrió la base de la Policía Ministerial en la ciudad de Guamúchil, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvador Alvarado cubrió con ladrillos las ventanas que dan a la calle.No es gratuito ese miedo. El viernes 30 de mayo por la mañana, un comando armado atacó a dos comandantes cuando charlaban a 30 metros de la base de la Policía Ministerial en Mazatlán. Uno de ellos, Antonio Ibarra Castañeda, es el jefe de esta corporación en el puerto y sobrevivió; el otro, Ramón Castro Maldonado, era comandante de la Policía Estatal Preventiva adscrito a Mazatlán y murió en el ataque.
Puro circo
Una de las demandas de los empresarios cuando se reunieron con el gabinete de seguridad fue que se combatiera el lavado de dinero. Veremos qué se puede hacer, dijo Mouriño. Un día después fueron cerradas 26 casas de cambio que operaban en una zona de Culiacán donde desde hace 25 años se venden y compran dólares en la calle sin recibos ni registros, nada, sólo el dinero, mano a mano. Pueden ser 10, 20 dólares, o 200 mil, la cantidad no importa. La mayoría de estos negocios están registrados en Hacienda, pagan impuestos y tienen el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo menos dos de ellos aparecen registrados en la Asociación Nacional de Casas de Cambio.Fue esta zona donde se inició Blanca Margarita Cázares Salazar, a quien la DEA rebautizó como La Emperatriz y la acusó de dirigir empresas en las que se lava dinero del narcotráfico.Para el presidente de la Cámara del Comercio de Culiacán, José Luis Aispuro, esta medida es insuficiente y busca más bien un impacto mediático, pues dice que el grueso del dinero proveniente del narcotráfico no está en esas casas de cambio, sino en otras ramas de la economía que han permanecido intocadas:“Mientras sigamos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Tenemos que ir al fondo. Afuera de Culiacán lo primero que te preguntan es cuántos muertos hubo esta semana. Es el último cartucho que le queda al gobierno federal y la sociedad ya no está para aguantar mucho. Y la verdad, hasta ahora los resultados son más bien pobres. Lo que han logrado en decomisos de armas y drogas, no son suficientes.“Hay que darle seguimiento al dinero. ¿Que hay secreto bancario? Sí, pero de todas formas te puedes meter a la información y descubrir las redes del lavado. Hay empresas que nacen y de repente crecen, y dices: ah, cabrón, ¿de dónde? Se tiene que hacer inteligencia en cuanto al lavado del dinero; en la medida que lo haga el gobierno podrá dar golpes contundentes; lo que hizo en el mercadito con los vendedólares no es más que espectáculo; esa no es una medida contra el lavado de dinero. Tenemos tres semanas y hasta ahora no han cerrado ninguna empresa importante, por tanto no es creíble que estén combatiendo el lavado.”Para Carlos Raúl Pimentel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Culiacán, los niveles de violencia que hay en Sinaloa afectan las inversiones: “Hay empresarios que se iban a venir a Sinaloa y que ya de plano no vienen; otras empresas ya instaladas se están yendo; hay empresas que van a cerrar, que dicen: aquí no se puede, mejor nos vamos. Unos empresarios de Guadalajara que estaban a punto de venirse dijeron no, mejor no vamos”. Las razones están a la vista. Por ejemplo, durante la balacera del 30 de abril, en la colonia Guadalupe, varios proyectiles se impactaron en una bodega que acababan de abrir.
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