domingo, 01 de junio de 2008
Reportaje
Si los ciudadanos no contaran con las tranquilizadoras expresiones de funcionarios como Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República, para quien, “aunque no lo parezca”, la guerra antinarco está siendo “ganada” por las fuerzas federales, pensarían lo contrario… Esto se infiere a juzgar por la mortífera capacidad de fuego mostrada en los últimos días por los narcotraficantes. Sin armas, sin estrategia y sin inteligencia, las corporaciones federales prácticamente se encuentran a merced del narcotráfico, como ocurrió el pasado 26 de mayo en Culiacán, Sinaloa...
Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República del gobierno espurio...
Una simple llamada telefónica evidenció a la publicitada policía científica del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de paso ocasionó el más duro golpe a los operativos antinarco del gobierno espurio con el asesinato de ocho policías federales.
La noche del pasado 26 de mayo, a las 10:50, hora local, la denominada Policía Federal que participa en el Operativo Culiacán-Navolato recibió una llamada anónima en la que se denunciaba la presencia de un grupo armado en una casa de la colonia Las Vegas, al oriente de Culiacán.
Una veintena de policías se trasladó en tres camionetas pick up al número 1100 de la calle Alba de Acosta, la casa de seguridad en que los esperaba una célula de los hermanos Beltrán Leyva, quienes disputan el control del cartel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán.
Se trata del mismo grupo que ordenó la ejecución de Edgar Eusebio Millán Gómez. El coordinador de seguridad regional de la Policía Federal fue asesinado el pasado 8 de mayo, en represalia por el fallido operativo que dirigió para capturar a Arturo Beltrán Leyva, conocido como El Barbas; en la acción detuvo a nueve de sus guardaespaldas.
Pese a otras sensibles bajas que el cuerpo policial ha registrado en semanas recientes a manos de los Beltrán y sin ponderar la información anónima, los agentes destacados en Culiacán se trasladaron la noche del lunes a la casa reportada, en un populoso barrio de la ciudad.
Sin datos fidedignos y procesados mediante un sistema de inteligencia se presentaron en una de las zonas más conflictivas de la capital sinaloense, sector de “picaderos” donde dos semanas atrás detuvieron a siete delincuentes en posesión de armas largas y vehículos con reportes de robo.
La trampa estaba tendida. En cuanto los policías llegaron fueron recibidos a tiros por sicarios que los atacaron desde la casa de seguridad reportada. Algunos de ellos, incluso, estaban apostados como francotiradores en la parte alta del inmueble. Construida en dos niveles y de gran tamaño, la casa se convirtió en un refugio para los agresores, quienes dispararon también desde todas las ventanas de la construcción.
Pero el ataque letal también ocurrió desde un inmueble de la acera de enfrente. Ahí se encontraba otro grupo de agresores. Los policías que acudieron a la llamada anónima desconocían la manera en que se encontraban organizados los pistoleros.
En los primeros momentos de la balacera cuatro agentes fueron acribillados. De acuerdo con la secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), de la que depende la denominada Policía Federal, varios policías recibieron tiros de frente y por la espalda. Tres más murieron en el hospital. Uno más, que alcanzó a subir en donde se encontraban los francotiradores, quedó en esa parte de la casa que sirvió de señuelo.
En total, fallecieron ocho uniformados y tres quedaron heridos. Son las bajas más numerosas que la Policía Federal ha sufrido en una sola acción desde que comenzaron los operativos antinarco, en diciembre del 2006, en Michoacán.
Del otro bando, sólo uno de los sicarios murió y tres fueron detenidos, incluida una menor de 14 años. Se estima que más de 20 sujetos huyeron antes de que llegaran cientos de refuerzos policiales y militares. En el ataque, los sicarios utilizaron por lo menos fusiles AK-47 y granadas de fragmentación. Las casas vecinas resultaron dañadas y sus habitantes vivieron una noche de terror.
La manera en que fueron asesinados los agentes federales revela que hubo una grave falla de inteligencia, el elemento que García Luna presume, de manera insistente, en su labor de reestructuración de las policías federales.
Menos riesgos y más fuerza
El director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia -organización dedicada a la capacitación policial y de propuestas de políticas de seguridad y justicia-, Ernesto López Portillo Vargas, afirma: “Hechos de tal magnitud revelan que los sistemas de inteligencia policial y militar están rebasados”.
Asegura que no se previó la magnitud del ataque al que serían sometidas las fuerzas federales en un contexto como el de Sinaloa. “El proceso de inteligencia policial debiera dar los elementos necesarios para reducir los riesgos e incrementar la fuerza; no de manera indiscriminada, sino la clave del despliegue táctico para estar lo mejor preparado posible ante el embate y en su caso anticiparse”.
La acción contra la policía de la SSP confirmó también la denuncia hecha por el ex comisario regional Javier Herrera Valles, recientemente destituido como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), componente principal de lo que García Luna presenta ya como Policía Federal, pese a que el Congreso aún no reforma la Ley Orgánica de la SSP para dar existencia legal de ese cuerpo.
Separado de la SSP por órdenes del propio García Luna, Herrera Valles no sólo acusó al funcionario federal de lucrar con los operativos en beneficio de sus amigos, sino que lo responsabilizó de la ineficiencia de los operativos debido a que no se realiza trabajo de inteligencia.
En entrevista, Herrera Valles aseguró: “Nos mandaron a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia; andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos por las órdenes y contraórdenes que nos giraban nuestros jefes”.
Refiere que en las primeras semanas de los operativos ordenados por Felipe Calderón, había una total confusión entre los mandos de la secretaría:
“El área de inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información. No sabíamos a quién estábamos persiguiendo. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘váyanse para allá’, ‘ahora para acá’. Más tarde dijeron: ‘coloquen retenes y hagan presencia en las calles’… todo aquello era la total descoordinación”.
En Culiacán el problema no fue de descoordinación, sino algo también grave: la falta de información de inteligencia para actuar en una de las zonas más conflictivas por la presencia de la delincuencia organizada.
Tal era el desconocimiento del lugar al que llegaron los policías federales que la propia SSP en su comunicado oficial aseguró que los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Hidalgo, cuando en realidad se trataba de Las Vegas.
Apenas llegaron los federales, los pistoleros les comenzaron a disparar causándoles las bajas. Desatado el tiroteo, varios sicarios salieron por el portón en dos camionetas abriendo fuego contra los policías. Una de ellas, tipo Chevrolet Tahoe, chocó contra un poste. Otros salieron por las dos puertas frontales de la casa.
Ante el fuego cruzado, los federales pidieron refuerzos. Llegaron más camionetas con numerosos elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) y de Fuerzas Federales de Apoyo, destacados por la SSP en el Operativo Culiacán-Navolato. El operativo fue echado a andar el pasado 13 de mayo, como respuesta al incremento de la violencia en el estado, que desde comienzos de mayo mantiene en zozobra a la población.
Los elementos del Gope y de Fuerzas Federales rescataron a los policías heridos que se habían arrastrado hacia una de las esquinas, así como los cuerpos de los policías abatidos enfrente del inmueble donde fueron emboscados.
También llegaron agentes de las policías de Seguridad Pública estatal y municipal, así como un destacamento de la IX Zona Militar, ubicada a sólo unas cuadras del lugar de la celada. En total, se estima que llegaron entre 300 y 400 elementos entre civiles y militares armados. Pero cuando se presentaron, los policías federales ya habían caído.
Mutismo castrense
En el Distrito Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional no informó nada sobre la participación de los elementos castrenses en el enfrentamiento que duró casi cuatro horas, con tiroteos espaciados.
Hacia las 3:00 de la madrugada del martes, elementos del Gope pudieron entrar a la casa. Ahí aseguraron 7 fusiles AK-47, 36 cargadores, cuatro cargadores de disco y 25 cajas de cartuchos calibre 7.62, de 20 unidades cada una. De la otra casa, los sicarios huyeron por la azotea. Ese inmueble fue asegurado por la PGR. Los militares activaron una granada que no estalló durante el ataque.
Horas después, en la tarde del martes, García Luna negó que sus elementos hayan sido ejecutados y los presentó como víctimas de un enfrentamiento debido a la superioridad de fuego de los narcotraficantes. Aseguró que las armas de los delincuentes eran de calibre superior a los 50 milímetros.
Peor aún, en una muestra de la poca preparación con la que están actuando sus elementos en los operativos, dijo que la SSP va a “identificar los patrones de conducta que ellos generan en la parte criminal…”.
Al día siguiente del ataque 200 policías federales más fueron desplazados a Culiacán, con lo que llegaron a 800 los destacados por la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa. Ese desplazamiento colocó a ese estado como el segundo con el mayor número de elementos de la SSP que forman parte de los operativos ordenados por Calderón. Casi igual que Sinaloa, está Tamaulipas, donde hay 817 policías federales. En tercer lugar se encuentra Michoacán, con 584 y le sigue Ciudad Juárez con 469.
De acuerdo con la SSP, hasta antes de que se enviaran los refuerzos a Culiacán, la Policía Federal tenía 4 mil 766 policías en diferentes estados como parte de los operativos. La actual cifra representa la cuarta parte de los 20 mil elementos con que cuenta en total, en su mayoría integrantes de la PFP.
Los elementos adicionales llegaron a Culiacán la mañana del 28 de mayo pasado en dos aviones de la corporación tipo Boeing 727, con matrícula XC FPA, al mando del general Rodolfo Cruz López, coordinador operativo de las Fuerzas Federales de Apoyo de la SSP.
En declaraciones a la prensa, el militar aseguró que luego de una llamada anónima, un grupo de inteligencia de la corporación alertó a los uniformados de que un grupo armado se encontraba en la zona del ataque.
Dijo que la agresión se dio desde diferentes casas, por lo que los uniformados quedaron en medio de varios fuegos desde distintos ángulos. Explicó así las bajas: Los agentes recibieron “fuego de al lado, de enfrente; al ver que oponíamos resistencia o que les íbamos ganando fue cuando llegaron por la parte posterior, salieron de otras casas”.
Su versión de la resistencia o de que “iban ganando” se contradice con el hecho de que los policías de la SSP no sabían cuantos sicarios había en la zona, cómo estaban distribuidos y el armamento con que contaban. El propio general, un día después de los hechos aún no sabía cuántos sicarios estuvieron involucrados en el tiroteo.
Al igual que García Luna, negó que se tratara de una ejecución y dijo que los sicarios utilizaron armamento más potente que el de los elementos de la SSP: “Nos arrojaron granadas, nos atacaron con armas de calibres superiores, normalmente el que maneja el Ejército y las fuerzas especiales”. Precisó que por lo menos les lanzaron cinco granadas.
En el ataque, añadió, se utilizaron “AK-47 automático (calibre) 7.62, con punta de acero. Penetra el blindaje y penetra todo. Son ametralladoras y se diferencian en que su cadencia de tiro es de casi 200, 500 cartuchos por minuto… Los cargadores que nuestra gente trae son de 20 cartuchos. La desventaja es horrible”. El general Cruz López insistió en que no fue una ejecución, “simplemente tuvieron más parque del otro lado y se acabó”.
Enseguida se refirió a lo que no tuvieron los agentes emboscados en Culiacán: “Nosotros tenemos que actuar con la inteligencia de blancos específicos; necesitamos aquí, ¿cuántos, 50 mil, 60 mil hombres para estar en las calles día a día? Sería materialmente imposible. Entonces hay que privilegiar la inteligencia”.
Sin indicar a partir de cuándo ni cómo, dijo que la Policía Federal elevará el calibre de las armas que utiliza, de 2.23 a 7.62; aunque aseguró que la SSP tiene 4 mil de esas piezas que disparan en ráfaga, la mitad de las que se requieren en la actualidad.
Sobre los responsables del ataque, se limitó a decir: “Se supone que es una célula derivada de otra célula de los Beltrán”.
Mantas acusadoras
El mismo día en que llegaron los refuerzos policiales desde la Ciudad de México, el miércoles 28, amanecieron en distintos puntos de la capital sinaloense cinco mantas en contra de García Luna y del comandante de la III Región Militar y exjefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Ernesto Zedillo, general de división Roberto Miranda Sánchez, quien también tiene un programa de denuncia anónima.
Firmados por “policías honestos de Culiacán”, en uno de los mensajes se acusa al secretario y al general de proteger a Arturo Beltrán Leyva y a Vicente Carrillo, quienes según la PGR se unieron en contra de El Chapo Guzmán. Fue la segunda ocasión en menos de un mes que aparecieron mantas en contra el general Miranda y García Luna.
“General Roberto Miranda; secretario que vende y entrega a sus policías, Genaro García Luna; en su memoria y conciencia, si es que tienen, llevarán la muerte de tantos policías y gente inocente y todo por ser fieles de Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo. Señor presidente, en manos de quién estamos”, decía uno de los mensajes colocados el miércoles 28.
Otro apuntaba: “En estos operativos los resultados son: pueblo pierde vidas y Miranda gana dólares, ¡que bien! Pudiera pagar la nómina aquí en la corporación”.
Más directa, en otra manta se leía: “General Miranda sólo faltaba que a los delincuentes matapolicías les dieran asilo y respaldo en el cuartel militar. ¿Qué no tiene un grupo de inteligencia, por qué no lo había detectado si estaban a dos cuadras del cuartel…” El mensaje aludió a la cercanía de las instalaciones de IX Zona Militar con las casas de seguridad desde las que la célula de Los Beltrán Leyva atacó a los federales.
La manta agregaba: “… Y te lo decimos a ti, porque también sabemos que estás de planta en Culiacán por instrucciones de Arturo y Vicente para atacar a sus rivales. Qué lástima general corrupto, dónde quedó su lealtad a la patria y su honestidad. La verdad soy yo mil veces más honesto que tú. General vendido”.
Ernesto López Portillo dice que con las mantas, “esas organizaciones nos avisan a todos que están por encima de cualquier institución del Estado. No tengo duda de que alguien que hace ese acto opera sobre la base de esa certeza. Estamos en un momento dramático que nos debería llevar a una revisión total de la respuesta de las instituciones y de la sociedad frente a la delincuencia organizada”.
Añade que si bien la respuesta violenta era previsible, pues incluso las mejores policías pueden verse rebasadas por la delincuencia en hechos específicos, lo que está ocurriendo es que las organizaciones delictivas han demostrado su capacidad para desafiar al Estado mexicano.
Lo peor, añade, es que cada hecho de violencia de la delincuencia organizada que no es castigado alienta a que se realice otro. Pero además de la impunidad, dice, estamos ante una compleja suma de fallas, que pasa por la inteligencia y la profesionalización de las policías.
Cauto, considera que en este momento no se puede afirmar que la estrategia contra el narcotráfico, centralizada en el uso de la fuerza, sea un fracaso y menos un éxito. “No existen elementos suficientes para afirmarlo, lo que sí se puede decir es que es insuficiente”.
(Jorge Carrasco Araizaga/APRO)
Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República del gobierno espurio...
Una simple llamada telefónica evidenció a la publicitada policía científica del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de paso ocasionó el más duro golpe a los operativos antinarco del gobierno espurio con el asesinato de ocho policías federales.
La noche del pasado 26 de mayo, a las 10:50, hora local, la denominada Policía Federal que participa en el Operativo Culiacán-Navolato recibió una llamada anónima en la que se denunciaba la presencia de un grupo armado en una casa de la colonia Las Vegas, al oriente de Culiacán.
Una veintena de policías se trasladó en tres camionetas pick up al número 1100 de la calle Alba de Acosta, la casa de seguridad en que los esperaba una célula de los hermanos Beltrán Leyva, quienes disputan el control del cartel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán.
Se trata del mismo grupo que ordenó la ejecución de Edgar Eusebio Millán Gómez. El coordinador de seguridad regional de la Policía Federal fue asesinado el pasado 8 de mayo, en represalia por el fallido operativo que dirigió para capturar a Arturo Beltrán Leyva, conocido como El Barbas; en la acción detuvo a nueve de sus guardaespaldas.
Pese a otras sensibles bajas que el cuerpo policial ha registrado en semanas recientes a manos de los Beltrán y sin ponderar la información anónima, los agentes destacados en Culiacán se trasladaron la noche del lunes a la casa reportada, en un populoso barrio de la ciudad.
Sin datos fidedignos y procesados mediante un sistema de inteligencia se presentaron en una de las zonas más conflictivas de la capital sinaloense, sector de “picaderos” donde dos semanas atrás detuvieron a siete delincuentes en posesión de armas largas y vehículos con reportes de robo.
La trampa estaba tendida. En cuanto los policías llegaron fueron recibidos a tiros por sicarios que los atacaron desde la casa de seguridad reportada. Algunos de ellos, incluso, estaban apostados como francotiradores en la parte alta del inmueble. Construida en dos niveles y de gran tamaño, la casa se convirtió en un refugio para los agresores, quienes dispararon también desde todas las ventanas de la construcción.
Pero el ataque letal también ocurrió desde un inmueble de la acera de enfrente. Ahí se encontraba otro grupo de agresores. Los policías que acudieron a la llamada anónima desconocían la manera en que se encontraban organizados los pistoleros.
En los primeros momentos de la balacera cuatro agentes fueron acribillados. De acuerdo con la secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), de la que depende la denominada Policía Federal, varios policías recibieron tiros de frente y por la espalda. Tres más murieron en el hospital. Uno más, que alcanzó a subir en donde se encontraban los francotiradores, quedó en esa parte de la casa que sirvió de señuelo.
En total, fallecieron ocho uniformados y tres quedaron heridos. Son las bajas más numerosas que la Policía Federal ha sufrido en una sola acción desde que comenzaron los operativos antinarco, en diciembre del 2006, en Michoacán.
Del otro bando, sólo uno de los sicarios murió y tres fueron detenidos, incluida una menor de 14 años. Se estima que más de 20 sujetos huyeron antes de que llegaran cientos de refuerzos policiales y militares. En el ataque, los sicarios utilizaron por lo menos fusiles AK-47 y granadas de fragmentación. Las casas vecinas resultaron dañadas y sus habitantes vivieron una noche de terror.
La manera en que fueron asesinados los agentes federales revela que hubo una grave falla de inteligencia, el elemento que García Luna presume, de manera insistente, en su labor de reestructuración de las policías federales.
Menos riesgos y más fuerza
El director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia -organización dedicada a la capacitación policial y de propuestas de políticas de seguridad y justicia-, Ernesto López Portillo Vargas, afirma: “Hechos de tal magnitud revelan que los sistemas de inteligencia policial y militar están rebasados”.
Asegura que no se previó la magnitud del ataque al que serían sometidas las fuerzas federales en un contexto como el de Sinaloa. “El proceso de inteligencia policial debiera dar los elementos necesarios para reducir los riesgos e incrementar la fuerza; no de manera indiscriminada, sino la clave del despliegue táctico para estar lo mejor preparado posible ante el embate y en su caso anticiparse”.
La acción contra la policía de la SSP confirmó también la denuncia hecha por el ex comisario regional Javier Herrera Valles, recientemente destituido como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), componente principal de lo que García Luna presenta ya como Policía Federal, pese a que el Congreso aún no reforma la Ley Orgánica de la SSP para dar existencia legal de ese cuerpo.
Separado de la SSP por órdenes del propio García Luna, Herrera Valles no sólo acusó al funcionario federal de lucrar con los operativos en beneficio de sus amigos, sino que lo responsabilizó de la ineficiencia de los operativos debido a que no se realiza trabajo de inteligencia.
En entrevista, Herrera Valles aseguró: “Nos mandaron a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia; andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos por las órdenes y contraórdenes que nos giraban nuestros jefes”.
Refiere que en las primeras semanas de los operativos ordenados por Felipe Calderón, había una total confusión entre los mandos de la secretaría:
“El área de inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información. No sabíamos a quién estábamos persiguiendo. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘váyanse para allá’, ‘ahora para acá’. Más tarde dijeron: ‘coloquen retenes y hagan presencia en las calles’… todo aquello era la total descoordinación”.
En Culiacán el problema no fue de descoordinación, sino algo también grave: la falta de información de inteligencia para actuar en una de las zonas más conflictivas por la presencia de la delincuencia organizada.
Tal era el desconocimiento del lugar al que llegaron los policías federales que la propia SSP en su comunicado oficial aseguró que los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Hidalgo, cuando en realidad se trataba de Las Vegas.
Apenas llegaron los federales, los pistoleros les comenzaron a disparar causándoles las bajas. Desatado el tiroteo, varios sicarios salieron por el portón en dos camionetas abriendo fuego contra los policías. Una de ellas, tipo Chevrolet Tahoe, chocó contra un poste. Otros salieron por las dos puertas frontales de la casa.
Ante el fuego cruzado, los federales pidieron refuerzos. Llegaron más camionetas con numerosos elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) y de Fuerzas Federales de Apoyo, destacados por la SSP en el Operativo Culiacán-Navolato. El operativo fue echado a andar el pasado 13 de mayo, como respuesta al incremento de la violencia en el estado, que desde comienzos de mayo mantiene en zozobra a la población.
Los elementos del Gope y de Fuerzas Federales rescataron a los policías heridos que se habían arrastrado hacia una de las esquinas, así como los cuerpos de los policías abatidos enfrente del inmueble donde fueron emboscados.
También llegaron agentes de las policías de Seguridad Pública estatal y municipal, así como un destacamento de la IX Zona Militar, ubicada a sólo unas cuadras del lugar de la celada. En total, se estima que llegaron entre 300 y 400 elementos entre civiles y militares armados. Pero cuando se presentaron, los policías federales ya habían caído.
Mutismo castrense
En el Distrito Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional no informó nada sobre la participación de los elementos castrenses en el enfrentamiento que duró casi cuatro horas, con tiroteos espaciados.
Hacia las 3:00 de la madrugada del martes, elementos del Gope pudieron entrar a la casa. Ahí aseguraron 7 fusiles AK-47, 36 cargadores, cuatro cargadores de disco y 25 cajas de cartuchos calibre 7.62, de 20 unidades cada una. De la otra casa, los sicarios huyeron por la azotea. Ese inmueble fue asegurado por la PGR. Los militares activaron una granada que no estalló durante el ataque.
Horas después, en la tarde del martes, García Luna negó que sus elementos hayan sido ejecutados y los presentó como víctimas de un enfrentamiento debido a la superioridad de fuego de los narcotraficantes. Aseguró que las armas de los delincuentes eran de calibre superior a los 50 milímetros.
Peor aún, en una muestra de la poca preparación con la que están actuando sus elementos en los operativos, dijo que la SSP va a “identificar los patrones de conducta que ellos generan en la parte criminal…”.
Al día siguiente del ataque 200 policías federales más fueron desplazados a Culiacán, con lo que llegaron a 800 los destacados por la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa. Ese desplazamiento colocó a ese estado como el segundo con el mayor número de elementos de la SSP que forman parte de los operativos ordenados por Calderón. Casi igual que Sinaloa, está Tamaulipas, donde hay 817 policías federales. En tercer lugar se encuentra Michoacán, con 584 y le sigue Ciudad Juárez con 469.
De acuerdo con la SSP, hasta antes de que se enviaran los refuerzos a Culiacán, la Policía Federal tenía 4 mil 766 policías en diferentes estados como parte de los operativos. La actual cifra representa la cuarta parte de los 20 mil elementos con que cuenta en total, en su mayoría integrantes de la PFP.
Los elementos adicionales llegaron a Culiacán la mañana del 28 de mayo pasado en dos aviones de la corporación tipo Boeing 727, con matrícula XC FPA, al mando del general Rodolfo Cruz López, coordinador operativo de las Fuerzas Federales de Apoyo de la SSP.
En declaraciones a la prensa, el militar aseguró que luego de una llamada anónima, un grupo de inteligencia de la corporación alertó a los uniformados de que un grupo armado se encontraba en la zona del ataque.
Dijo que la agresión se dio desde diferentes casas, por lo que los uniformados quedaron en medio de varios fuegos desde distintos ángulos. Explicó así las bajas: Los agentes recibieron “fuego de al lado, de enfrente; al ver que oponíamos resistencia o que les íbamos ganando fue cuando llegaron por la parte posterior, salieron de otras casas”.
Su versión de la resistencia o de que “iban ganando” se contradice con el hecho de que los policías de la SSP no sabían cuantos sicarios había en la zona, cómo estaban distribuidos y el armamento con que contaban. El propio general, un día después de los hechos aún no sabía cuántos sicarios estuvieron involucrados en el tiroteo.
Al igual que García Luna, negó que se tratara de una ejecución y dijo que los sicarios utilizaron armamento más potente que el de los elementos de la SSP: “Nos arrojaron granadas, nos atacaron con armas de calibres superiores, normalmente el que maneja el Ejército y las fuerzas especiales”. Precisó que por lo menos les lanzaron cinco granadas.
En el ataque, añadió, se utilizaron “AK-47 automático (calibre) 7.62, con punta de acero. Penetra el blindaje y penetra todo. Son ametralladoras y se diferencian en que su cadencia de tiro es de casi 200, 500 cartuchos por minuto… Los cargadores que nuestra gente trae son de 20 cartuchos. La desventaja es horrible”. El general Cruz López insistió en que no fue una ejecución, “simplemente tuvieron más parque del otro lado y se acabó”.
Enseguida se refirió a lo que no tuvieron los agentes emboscados en Culiacán: “Nosotros tenemos que actuar con la inteligencia de blancos específicos; necesitamos aquí, ¿cuántos, 50 mil, 60 mil hombres para estar en las calles día a día? Sería materialmente imposible. Entonces hay que privilegiar la inteligencia”.
Sin indicar a partir de cuándo ni cómo, dijo que la Policía Federal elevará el calibre de las armas que utiliza, de 2.23 a 7.62; aunque aseguró que la SSP tiene 4 mil de esas piezas que disparan en ráfaga, la mitad de las que se requieren en la actualidad.
Sobre los responsables del ataque, se limitó a decir: “Se supone que es una célula derivada de otra célula de los Beltrán”.
Mantas acusadoras
El mismo día en que llegaron los refuerzos policiales desde la Ciudad de México, el miércoles 28, amanecieron en distintos puntos de la capital sinaloense cinco mantas en contra de García Luna y del comandante de la III Región Militar y exjefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Ernesto Zedillo, general de división Roberto Miranda Sánchez, quien también tiene un programa de denuncia anónima.
Firmados por “policías honestos de Culiacán”, en uno de los mensajes se acusa al secretario y al general de proteger a Arturo Beltrán Leyva y a Vicente Carrillo, quienes según la PGR se unieron en contra de El Chapo Guzmán. Fue la segunda ocasión en menos de un mes que aparecieron mantas en contra el general Miranda y García Luna.
“General Roberto Miranda; secretario que vende y entrega a sus policías, Genaro García Luna; en su memoria y conciencia, si es que tienen, llevarán la muerte de tantos policías y gente inocente y todo por ser fieles de Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo. Señor presidente, en manos de quién estamos”, decía uno de los mensajes colocados el miércoles 28.
Otro apuntaba: “En estos operativos los resultados son: pueblo pierde vidas y Miranda gana dólares, ¡que bien! Pudiera pagar la nómina aquí en la corporación”.
Más directa, en otra manta se leía: “General Miranda sólo faltaba que a los delincuentes matapolicías les dieran asilo y respaldo en el cuartel militar. ¿Qué no tiene un grupo de inteligencia, por qué no lo había detectado si estaban a dos cuadras del cuartel…” El mensaje aludió a la cercanía de las instalaciones de IX Zona Militar con las casas de seguridad desde las que la célula de Los Beltrán Leyva atacó a los federales.
La manta agregaba: “… Y te lo decimos a ti, porque también sabemos que estás de planta en Culiacán por instrucciones de Arturo y Vicente para atacar a sus rivales. Qué lástima general corrupto, dónde quedó su lealtad a la patria y su honestidad. La verdad soy yo mil veces más honesto que tú. General vendido”.
Ernesto López Portillo dice que con las mantas, “esas organizaciones nos avisan a todos que están por encima de cualquier institución del Estado. No tengo duda de que alguien que hace ese acto opera sobre la base de esa certeza. Estamos en un momento dramático que nos debería llevar a una revisión total de la respuesta de las instituciones y de la sociedad frente a la delincuencia organizada”.
Añade que si bien la respuesta violenta era previsible, pues incluso las mejores policías pueden verse rebasadas por la delincuencia en hechos específicos, lo que está ocurriendo es que las organizaciones delictivas han demostrado su capacidad para desafiar al Estado mexicano.
Lo peor, añade, es que cada hecho de violencia de la delincuencia organizada que no es castigado alienta a que se realice otro. Pero además de la impunidad, dice, estamos ante una compleja suma de fallas, que pasa por la inteligencia y la profesionalización de las policías.
Cauto, considera que en este momento no se puede afirmar que la estrategia contra el narcotráfico, centralizada en el uso de la fuerza, sea un fracaso y menos un éxito. “No existen elementos suficientes para afirmarlo, lo que sí se puede decir es que es insuficiente”.
(Jorge Carrasco Araizaga/APRO)
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