Cabos sueltos

Carlos Fazio

Uno. En vísperas de que se concrete la llegada del primer paquete de armamento, software de inteligencia y asesoría militar estadunidense en el marco del Plan México, la llamada Operación Limpieza de Felipe Calderón asume la forma de un tributo a la Casa Blanca y al Capitolio. Más allá de la connotación religiosa del nombre del operativo, que remite a un discurso cristiano maniqueo: bueno/malo, limpio/sucio, el mandatario de las “manos limpias”, quien se declaró admirador del generalísimo Francisco Franco, parece llevar a cabo un ritual de purificación.

La limpieza purificadora de Calderón, en “guerra” contra los malos y los sucios, ha impactado el aparato de espionaje y contraespionaje de la División Antidrogas de la Policía Federal en la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), órgano antimafia por excelencia de la Procuraduría General de la República. Hasta ahora sobreviven los anticontaminados jefes de ambas corporaciones, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora. La poda afectó también al director de Interpol-México, Ricardo Gutiérrez, y al general brigadier Roberto Aguilera –uno de los militares más cercanos del ex secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Vega–, quien en el sexenio foxista se desempeñó como jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (Cian) de la Sedena. En la actualidad, Aguilera era el agregado militar de la embajada de México en Argentina.

Dos. No parece un dato baladí que la purga de cuadros de inteligencia policial y militar de México haya tenido como origen la delación de un “testigo protegido” de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), detenido en Washington el 2 de julio pasado. Se trata del ex agente de la policía federal José Alberto Pérez Guerrero, “bautizado” como Felipe. Es decir, son los organismos de inteligencia de Estados Unidos, no los de México, los que controlan una investigación plagada de anomalías e inconsistencias. Por lo que la llamada Operación Limpieza de Calderón –que remite bis a bis a la “Murambatsvina” de don Robert Mugabe en Zimbabue– es sólo un tributo al Congreso de Estados Unidos, que en mayo pasado condicionó la aprobación de la raquítica “ayuda” contrainsurgente de la Iniciativa Mérida (200 millones de dólares en especie para 2008) a la fiscalización de las unidades policiales y militares mexicanas, y a una serie de “reformas legales y judiciales” de neto corte injerencista.

Tres. Ambos hechos, la Operación Limpieza y el Plan México (definido por un funcionario de la administración Bush como un “salto cuántico” en la relación con Estados Unidos en materia de seguridad), tienen que ver con un elemento que pocas veces se aborda. Esto es, la red de relaciones formales e informales que históricamente establece el grupo militar de la embajada de Estados Unidos (agregaduría de defensa, Agencia Nacional de Seguridad, CIA, DEA, FBI, etcétera), bajo el manto de “acuerdos de colaboración” con sus contrapartes locales, incluidos los subsistemas de inteligencia de las fuerzas armadas y las distintas policías del país. La colaboración, que muchas veces adopta la forma de “convenios de tipo verbal”, incluye asistencia en infraestructura, vehículos, equipos, capacitación y gastos operacionales, incluido el pago de “fuentes humanas de información” (espías). Asimismo, permite que agentes mexicanos sean sometidos a chequeos con equipos de detección de mentiras y monitoreados por especialistas de la embajada estadunidense.

Cuatro. Resulta obvio el papel determinante de los organismos de seguridad estadunidenses en el diseño de la arquitectura de la inteligencia mexicana. Ergo, en su penetración. Lo cual deriva en una subordinación dependiente. Con un agregado: la Iniciativa Mérida (símil del Plan Colombia) es el componente operativo de tipo contrainsurgente establecido en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el TLC militarizado. Bajo supervisión del Comando Norte del Pentágono, la ASPAN surgió en marzo de 2005 al calor de la “guerra al terrorismo” de George W. Bush y pone un énfasis excesivo en la seguridad de Estados Unidos, tal como establece la Secretaría de Seguridad de la Patria de Michael Chertoff. La alianza busca imponer una Norteamérica sin fronteras, disolviendo las soberanías nacionales. Para ello esgrime el discurso del miedo, según el cual la principal amenaza que enfrenta América del Norte es trasnacional y de tipo asimétrico. Es decir, no remite ya al clásico modelo westfaliano donde sólo había confrontación entre dos estados, sino que alude a entidades terroristas, estados fallidos o naciones deshonestas, en cuyo seno se desarrollan individuos o pequeños grupos marginales que pueden contar con materiales de destrucción dotados de sofisticación técnica.

Cinco. Más allá del golpeteo, vía filtraciones a la prensa, entre los mandos de las fuerzas armadas, la PGR y la SSP en pugna por los recursos de la Iniciativa Mérida y del Presupuesto nacional, la “guerra” de Calderón contra los malos responde al libreto y al tipo de amenaza asimétrica elaborado por el discurso imperial. En ese contexto, un análisis titulado La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico define a los cárteles como una “amenaza interna” que pone en riesgo la “viabilidad” de la nación y prevé una simbiosis entre las mafias y “grupos armados desafectos al gobierno”, así como un incremento sustancial del grado de violencia. Ante la configuración de una narcoguerrilla, sugerida también por el zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters, la solución final de la Sedena es el “aniquilamiento”. Una larga guerra de exterminio. O sea, la colombianización del país. El lugar donde Washington quería posicionar a México, con un Ejército ocupado en tareas policiales y distraído de sus tareas de vigilancia y protección del territorio nacional.