| Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos |
Las causas son conocidas: una profunda injusticia en la distribución de la riqueza, el acaparamiento de tierras por parte de una reducida minoría de grandes propietarios. Según la FAO[1], 963 millones de personas padecen hambre en 2008. Estructuralmente, estas personas pertenecen paradójicamente a la población rural. En su mayoría son productores agrícolas que no poseen propiedades o las tierras suficientes, ni los medios de sacarles partido.
¿Qué ha provocado al crisis alimentaria de 2007-2008?
Hay de destacar que en 2007-2008 hay 140 millones personas más que padecen hambre. Este aumento neto se debe a la explosión del precio de los productos alimenticios [2]. En muchos países este aumento del precio de venta de los alimentos al por menor es de aproximadamente un 50 %, a veces más.
¿Por qué un aumento semejante? Para responder a esta pregunta es necesario entender lo que ha pasado desde hace tres años y, a continuación, establecer unas políticas alternativas adecuadas.
Por una parte, los poderes políticos del norte han aumentado sus ayudas y sus subvenciones a los agrocarburantes (erróneamente llamados “biocarburantes”, aunque no tienen nada de bio). Por ello, se ha hecho rentable sustituir los cultivos alimenticios por cultivos de forraje y de oleaginosas, o desviar una parte de la producción de grano (maíz, trigo...) para la producción de agrocarburantes.
Por otra parte, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y después del rebote en el resto del mundo, la especulación de los grandes inversores (fondos de pensiones, bancos de inversión, hedge funds…) se ha desplazado a los mercados bursátiles donde se negocian los contratos de los productos alimenticios (principalmente tres Bolsas de Estados Unidos especializadas en mercados a plazo de los granos: Chicago, Kansas City y Minneapolis). Por consiguiente, es urgente que los ciudadanos actúen para que se prohíba por vía legal la especulación de los alimentos… Aunque la especulación a la alza haya acabado a mediados del año 2008 y los precios en los mercados a plazo hayan caído después en picado, los precios al por menor no han seguido el mismo movimiento. La aplastante mayoría de la población mundial dispone de unos ingresos muy bajos y sufre todavía las dramáticas consecuencias de la subida de los precios de los alimentos en 2007-2008. Las decenas de millones de pérdidas de empleos anunciados para 2009-2010 a escala mundial van empeorar la situación. Para contrarrestar esta situación es necesario que las autoridades públicas ejerzan un control de los precios de los alimentos para hacer que bajen.
El aumento del hambre en el mundo no se debe por el momento al cambio climático. Pero este factor tendrá unas consecuencias muy negativas en el futuro en términos de producción en ciertas regiones del mundo, en particular las zonas tropicales y subtropicales. La producción agrícola en las zonas templadas debería verse menos afectada. La solución consiste en una acción radical para reducir brutalmente las emisiones de gas de efecto invernadero (el GIEC [3] recomienda una disminución del 80 % de las emisiones para los países industrializados y del 20% para los demás).
¿Es posible erradicar el hambre?
Erradicar el hambre es totalmente posible. Las soluciones fundamentales para alcanzar este objetivo vital pasan por una política de soberanía alimenticia y una reforma agraria. Es decir, alimentar a la población a partir de los esfuerzos de los productores locales al tiempo que se eliminan las importaciones y exportaciones.
Es preciso que la soberanía alimentaria sea el centro de las políticas de las decisiones políticas de los gobiernos. Hay que basarse en explotaciones agrícolas familiares que utilicen técnicas destinadas a producir los productos denominados “bio” (u “orgánicos). Esto permitirá además disponer de una alimentación de calidad: sin Organismos Modificados Genéticamente (OMG), sin pesticidas, sin herbicidas, sin abonos químicos. Pero para lograr este objetivo es necesario que más de tres mil millones campesinos puedan acceder a una cantidad suficiente de tierra y trabajarla por cuenta propia en vez de enriquecer a los grandes propietarios, a las transnacionales de la agroindustria y a los comerciantes. También es necesario que dispongan, gracias a la ayuda pública, de medios para cultivar la tierra (sin agotarla).
Para ello es necesaria una reforma agrícola, reforma que siempre falta de manera cruel, ya sea en Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Asia o en algunos países de África. Esta reforma agraria debe organizar la redistribución de las tierras prohibiendo las grandes propiedades privadas y proporcionando apoyo público al trabajo de los agricultores.
Es importante destacar que el FMI y sobre todo el Banco Mundial tienen una enorme responsabilidad en la crisis alimentaria porque ellos recomendaron a los gobiernos del sur suprimir los silos de grano que servían para alimentar el mercado interior en caso de insuficiencia de oferta y/o de explosión de los precios. El Banco Mundial y la FMI presionaron a los gobiernos para que suprimieran los organismos de crédito público a los campesinos y han empujado a estos a las garras de prestamistas privados (con frecuencia grandes comerciantes) o de bancos privados que tienen unas tasas usureras. Esto ha provocado el endeudamiento generalizado de los pequeños campesinos, ya sea en India, Nicaragua, México, Egipto o en muchos países del África subsahariana. Según investigaciones oficiales, el fuerte endeudamiento que afecta a los campesinos indios ha sido la causa principal del suicidio de 150.000 campesinos en este país en los diez últimos años. Precisamente en este país el Banco Mundial se esforzó con éxito para convencer a las autoridades de que suprimieran las agencias públicas de crédito a los agricultores. Y eso no es todo: en el curso de los últimos 40 años, el Banco Mundial y el FMI también han presionado a los países tropicales para que reduzcan su producción de trigo, arroz y maíz y lo sustituyan por cultivos de explotación (cacao, café, té, plátano, cacahuete, flores...). Finalmente, para rematar su trabajo a favor de las grandes sociedades de la industria alimentaria y de los grandes países explotadores de cereales (empezando por Estados Unidos, Canadá y Europa occidental) han presionado a los gobiernos para que abran de par en par sus fronteras a las importaciones de alimentos que se benefician de generosas subvenciones por parte de los gobiernos del norte, lo que provoca la quiebra de muchos productores del sur y una reducción muy fuerte de la producción alimenticia local.
En resumen, es necesario poner en marcha la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Hay que abandonar la producción de los agrocarburantes industriales y prohibir las subvenciones públicas a quienes los producen. También hay que volver a crear en el sur almacenes públicos de reservas de alimentos (en particular, de granos: arroz, trigo, maíz…), (re)crear organismos públicos de crédito a los agricultores y restablecer una regulación de los precios de los alimentos. Hay que garantizar que las poblaciones de bajos ingresos se pueden beneficiar de precios bajos para alimentos de calidad. El Estado debe garantizar a los pequeños productores agrícolas unos precios de venta suficientemente altos para permitir mejorar netamente sus condiciones de vida. El Estado debe desarrollar también los servicios públicos en los medios rurales (sanidad, educación, comunicaciones, cultura, “bancos” de semillas…). Los poderes públicos son perfectamente capaces de garantizar a los consumidores de alimentos unos precios subvencionados y, a la vez, a los pequeños productores agrícolas unos precios de venta lo bastante elevados como para que dispongan de unos ingresos suficientes.
¿Este combate contra el hambre no forma parte de un combate mucho mas vasto?
No se puede pretender seriamente luchar contra el hambre sin atacar las causas fundamentales de la situación actual. La deuda es una de ellas y los efectos anuncio sobre este tema, frecuentes en los últimos años, como durante las cumbres del G8 o del G20, apenas enmascaran que este problema sigue existiendo. La crisis global que afecta hoy al mundo agrava la situación de los países en desarrollo frente al coste de la deuda al tiempo que en el sur se preparan nuevas crisis de la deuda. Esta deuda ha llevado a un empobrecimiento general de los pueblos del sur, que con frecuencia están provistos de considerables riquezas humanas y naturales. La deuda es un saqueo organizado al que es urgente poner fin.
En efecto, el mecanismo infernal de la deuda pública es un obstáculo esencial para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, entre las que está el acceso a una alimentación decente. La satisfacción de las necesidades humanas fundamentales debe primar, sin duda alguna, sobre cualquier otra consideración, geopolítica o financiera. En el plano moral, los derechos de los acreedores, rentistas o especuladores carecen de peso en relación a los derechos fundamentales de seis mil millones de ciudadanos, avasallados por este mecanismo implacable que representa la deuda.
Es inmoral pedir a los países empobrecidos por una crisis global de la que ellos no son en absoluto responsables que consagren una gran parte de sus recursos a reembolsar a acreedores acomodados (ya sean del norte o del sur) en vez de a satisfacer estas necesidades fundamentales. La inmoralidad de esta deuda se desprende también del hecho de que con frecuencia ha sido contraída por regímenes no democráticos que no han utilizado las sumas recibidas en el interés de sus poblaciones y que con frecuencia han desviado masivamente el dinero, con el acuerdo tácito de los Estados del norte, del Banco Mundial y del FMI. Los acreedores de los países más industrializados han prestado dinero con conocimiento de causa a regímenes con frecuencia corruptos. No tienen derecho a exigir a los pueblos que reembolsen estas deudas inmorales e ilegítimas.
En resumen, la deuda es uno de los principales mecanismos por medio de los cuales se opera una nueva forma de colonización en detrimento de los pueblos. Viene a añadirse a ataques históricos por parter también de los países países ricos: la esclavitud, el exterminio de las poblaciones indígenas, el yugo colonial, el saqueo de materias primas, de la diversidad, de la experiencia de los campesinos (por medio del patentado en beneficio de las multinacionales de la industria alimenticia del norte de los productos agrícolas del sur, como el arroz basmati indio) y de los bienes culturales, la fuga de cerebros, etc. Definitivamente, es el momento de sustituir la lógica de la dominación por una lógica de la redistribución de riqueza en una preocupación por la justicia.
El G8, el FMI, el Banco Mundial y el Club de París imponen su propia verdad, su propia justicia, de la que ellos son juez y parte a la vez. Frente a la crisis, el G20 ha tomado el relevo y trata de volver a situar a un FMI desacreditado y deslegitimado en el centro del juego político y económico. Hay que acabar con esta injusticia que beneficia a los opresores, ya sean del norte o del sur.
[1] Organismo de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, www.fao.org
[2] Véase Damien Millet y Eric Toussaint, “Retour sur les causes de la crise alimentaire mondiale”, 2008, http://www.cadtm.org/spip.php?
[3] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolición del Climal, véase www.ipcc.ch/languages/french.
Damien Millet, matemático, es portavoz del CADTM Francia (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo,www.cadtm.org). Eric Toussaint, doctor en ciencias políticas, es presidente del CADTM Bélgica. Han escrito juntos el libro 60 Questions 60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, CADTM/Syllepse, noviembre de 2008.
Damien Millet colaboradora regularmente con Mondialisation.ca
Enlace con el original: http://www.mondialisation.ca/
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