¿Escarnio injustificado o escrutinio legal?
MIGUEL áNGEL GRANADOS CHAPA
El gobierno federal, y en particular el presidente de la República y el secretario de Gobernación, acusan una extraña dependencia respecto de las fuerzas armadas. Desde que al comenzar su gobierno Felipe Calderón sacó a las tropas de sus cuarteles para garantizar la seguridad pública, se puso en manos de los mandos militares, más allá de lo que el Ejecutivo suele hacer a través del Estado Mayor Presidencial. Material y políticamente parecería que la estabilidad y fortaleza del Ejecutivo es función del apoyo castrense. Por ello, en lo que ha de parecer a las partes involucradas una justa retribución, la Presidencia ofrece entera impunidad a los uniformados, y aun llega, por medio de sus colaboradores, al extremo de requerir que no se toque al Ejército ni con el pétalo de una rosa.
Donde quiera que se aborda el tema de la injerencia militar en la seguridad pública, o se denuncian violaciones a los derechos humanos, el secretario Gómez Mont está presto a decir una palabra para “proteger” al Ejército, para “preservarlo de la maledicencia”. Ya sea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en diálogos en los medios, o en respuesta a informes de organizaciones civiles nacionales o internacionales, el responsable de la política interior manifiesta una sensibilidad exacerbada cuando se habla del tema, como si temiera faltar a un compromiso con sólo guardar silencio ante denuncias o abusos.
Así lo hizo en la Cámara de Diputados el jueves 17. Compareció conforme a la ley para referirse a la política interior reseñada en el Tercer Informe de Gobierno. A pesar de que desde 2000 la seguridad pública no es ya atribución del ministerio de Bucareli, el propio abogado penalista indujo al abordamiento de esa materia, al referirse a ella como si estuviera en las esferas de su competencia. Por lo tanto, muchas de las preguntas, y de los discursos de toma de posesión de los legisladores versaron sobre ese género de asuntos. El tema del injerencismo militar no fue exclusivo de los opositores más radicales al gobierno. Lo abordó, por ejemplo, una diputada nayarita perteneciente a Nueva Alianza, Cora Cecilia Pinedo Alonso, quien alertó sobre el riesgo, “demasiado alto”, a que se expone al Ejército en el combate a la delincuencia, y pidió a Gómez Mont señalar el plazo para la vuelta de los militares a sus espacios propios (y de paso lo interrogó sobre un fondo de reparación para las víctimas de abusos en esa área). La diputada no es una provocadora. Ha sido dirigente de la sección 49 del SNTE, fue alcaldesa de Tepic y hasta abril pasado era secretaria del gobierno del priista Ney González, cuando tersamente renunció para ser candidata no del PRI, su partido, sino del Panal a la diputación federal que ahora ejerce.
Se refirió al informe de Human Rigths Watch sobre impunidad militar, en que también fundó sus preguntas, inmediatamente después, el activista Gerardo Fernández Noroña, quien ha añadido a su amplia panoplia de instrumentos de protesta contra el “gobierno de facto”, como lo llama, sus hasta ahora ignoradas habilidades parlamentarias, para desesperación de sus antagonistas. En su respuesta y sin necesidad de emplear esa expresión, Gómez Mont reiteró su propósito de “no exponer” al Ejército, a partir de un prejuicio que concluye en un objetivo intimidante: la crítica al Ejército puede surgir del interés de aquellos a los que combaten las fuerzas armadas, para atacar el honor militar, que es uno de los activos de esa institución.
Aunque diga lo contrario, el secretario de Gobernación parte de dudar de la buena fe de los denunciantes, de Human Rights en este caso, pues “el puro informe no necesariamente prueba la existencia de las violaciones”; o sea que puede tratarse de falsedades emitidas dolosamente, aunque el documento de aquella organización civil se basa en investigación rigurosa. Ante la posibilidad de que haya algo de cierto en los hechos denunciados por ese u otros organismos y personas, Gómez Mont estableció una suerte de doctrina de punto medio para aproximarse a las violaciones a los derechos humanos derivadas del combate a la delincuencia: “no está en su interés (del gobierno mexicano) tolerar abusos, pero tampoco someter a los soldados, marinos y policías al escarnio injustificado, que muchas veces pueden obedecer a los fines e intereses de quienes son combatidos”.
El argumento es viejo, y de uso universal. Por ejemplo, los delitos y pecados de Marcial Maciel, conocidos desde décadas atrás, permanecieron ocultos e impunes alegando que se trataba de calumnias difundidas por enemigos de la Legión de Cristo o de la Santa Madre Iglesia. Pasar de ese punto a literalmente satanizar a los denunciantes –se ponían al servicio de Belcebú con sólo enjuiciar al Padre fundador– es muy sencillo. Por eso muchos guardaron silencio, por no ser identificados entre los enemigos de la fe.
Es propio del gobierno defender la reputación de sus corporaciones e individuos. Es acertado impedir que se les someta a escarnio, que es “befa tenaz” practicada “con el propósito de afrentar” (y por lo tanto no puede ser en ningún caso justificada). En ese objetivo, impedir el desprestigio de las fuerzas armadas, no faltará acompañamiento al gobierno, pues a todo interés legítimo conviene la salud de las instituciones. Pero precisamente por esa conveniencia no ha de vedarse el examen crítico de la actuación de la tropa, clases, oficiales, jefes y generales. Su desempeño debe estar estrictamente ceñido a la ley. No puede concedérseles protección ilegal ninguna. Bastante grave es ya la injustificada ampliación del fuero de guerra como para permitir que ni siquiera a esa jurisdicción queden sujetos quienes violen derechos humanos y cometen delitos.
Los 17 casos enumerados en el informe de Human Rigths Watch, presentado al gobierno mexicano en abril, distan de ser material para el escarnio. Lo mismo puede decirse de otros muchos lamentables episodios de abuso militar, documentados por diversas agrupaciones civiles que se proponen el respeto a las personas. Si en efecto el Estado mexicano no tiene interés en “tolerar abusos” ha de comenzar por no criminalizar la denuncia, por no sospechar de sus móviles.
Digamos no a la diatriba, al escarnio. Digamos sí, en cambio, al escrutinio legal.
Donde quiera que se aborda el tema de la injerencia militar en la seguridad pública, o se denuncian violaciones a los derechos humanos, el secretario Gómez Mont está presto a decir una palabra para “proteger” al Ejército, para “preservarlo de la maledicencia”. Ya sea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en diálogos en los medios, o en respuesta a informes de organizaciones civiles nacionales o internacionales, el responsable de la política interior manifiesta una sensibilidad exacerbada cuando se habla del tema, como si temiera faltar a un compromiso con sólo guardar silencio ante denuncias o abusos.
Así lo hizo en la Cámara de Diputados el jueves 17. Compareció conforme a la ley para referirse a la política interior reseñada en el Tercer Informe de Gobierno. A pesar de que desde 2000 la seguridad pública no es ya atribución del ministerio de Bucareli, el propio abogado penalista indujo al abordamiento de esa materia, al referirse a ella como si estuviera en las esferas de su competencia. Por lo tanto, muchas de las preguntas, y de los discursos de toma de posesión de los legisladores versaron sobre ese género de asuntos. El tema del injerencismo militar no fue exclusivo de los opositores más radicales al gobierno. Lo abordó, por ejemplo, una diputada nayarita perteneciente a Nueva Alianza, Cora Cecilia Pinedo Alonso, quien alertó sobre el riesgo, “demasiado alto”, a que se expone al Ejército en el combate a la delincuencia, y pidió a Gómez Mont señalar el plazo para la vuelta de los militares a sus espacios propios (y de paso lo interrogó sobre un fondo de reparación para las víctimas de abusos en esa área). La diputada no es una provocadora. Ha sido dirigente de la sección 49 del SNTE, fue alcaldesa de Tepic y hasta abril pasado era secretaria del gobierno del priista Ney González, cuando tersamente renunció para ser candidata no del PRI, su partido, sino del Panal a la diputación federal que ahora ejerce.
Se refirió al informe de Human Rigths Watch sobre impunidad militar, en que también fundó sus preguntas, inmediatamente después, el activista Gerardo Fernández Noroña, quien ha añadido a su amplia panoplia de instrumentos de protesta contra el “gobierno de facto”, como lo llama, sus hasta ahora ignoradas habilidades parlamentarias, para desesperación de sus antagonistas. En su respuesta y sin necesidad de emplear esa expresión, Gómez Mont reiteró su propósito de “no exponer” al Ejército, a partir de un prejuicio que concluye en un objetivo intimidante: la crítica al Ejército puede surgir del interés de aquellos a los que combaten las fuerzas armadas, para atacar el honor militar, que es uno de los activos de esa institución.
Aunque diga lo contrario, el secretario de Gobernación parte de dudar de la buena fe de los denunciantes, de Human Rights en este caso, pues “el puro informe no necesariamente prueba la existencia de las violaciones”; o sea que puede tratarse de falsedades emitidas dolosamente, aunque el documento de aquella organización civil se basa en investigación rigurosa. Ante la posibilidad de que haya algo de cierto en los hechos denunciados por ese u otros organismos y personas, Gómez Mont estableció una suerte de doctrina de punto medio para aproximarse a las violaciones a los derechos humanos derivadas del combate a la delincuencia: “no está en su interés (del gobierno mexicano) tolerar abusos, pero tampoco someter a los soldados, marinos y policías al escarnio injustificado, que muchas veces pueden obedecer a los fines e intereses de quienes son combatidos”.
El argumento es viejo, y de uso universal. Por ejemplo, los delitos y pecados de Marcial Maciel, conocidos desde décadas atrás, permanecieron ocultos e impunes alegando que se trataba de calumnias difundidas por enemigos de la Legión de Cristo o de la Santa Madre Iglesia. Pasar de ese punto a literalmente satanizar a los denunciantes –se ponían al servicio de Belcebú con sólo enjuiciar al Padre fundador– es muy sencillo. Por eso muchos guardaron silencio, por no ser identificados entre los enemigos de la fe.
Es propio del gobierno defender la reputación de sus corporaciones e individuos. Es acertado impedir que se les someta a escarnio, que es “befa tenaz” practicada “con el propósito de afrentar” (y por lo tanto no puede ser en ningún caso justificada). En ese objetivo, impedir el desprestigio de las fuerzas armadas, no faltará acompañamiento al gobierno, pues a todo interés legítimo conviene la salud de las instituciones. Pero precisamente por esa conveniencia no ha de vedarse el examen crítico de la actuación de la tropa, clases, oficiales, jefes y generales. Su desempeño debe estar estrictamente ceñido a la ley. No puede concedérseles protección ilegal ninguna. Bastante grave es ya la injustificada ampliación del fuero de guerra como para permitir que ni siquiera a esa jurisdicción queden sujetos quienes violen derechos humanos y cometen delitos.
Los 17 casos enumerados en el informe de Human Rigths Watch, presentado al gobierno mexicano en abril, distan de ser material para el escarnio. Lo mismo puede decirse de otros muchos lamentables episodios de abuso militar, documentados por diversas agrupaciones civiles que se proponen el respeto a las personas. Si en efecto el Estado mexicano no tiene interés en “tolerar abusos” ha de comenzar por no criminalizar la denuncia, por no sospechar de sus móviles.
Digamos no a la diatriba, al escarnio. Digamos sí, en cambio, al escrutinio legal.
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